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Por Ever Mejía · 18 de Febrero de 2021

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La semana pasada la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, aliada del exalcalde y actual gobernador Carlos Caicedo, le dio un nuevo contrato de prestación de servicios a la comunicadora Diana Russo, la hija del fiscal Álvaro Russo. 

Russo es el fiscal encargado de investigar los presuntos delitos de funcionarios alrededor de la construcción de la megabiblioteca de Santa Marta, adjudicada en 2014 por la Alcaldía de Carlos Caicedo, fundador del poderoso movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana, del que también hace parte la alcaldesa Johnson. 

Russo, además, fue abogado defensor de Carlos Caicedo en 2007 por una investigación cuando era rector de la Universidad del Magdalena. 

 

Si bien el fiscal ha avanzado en la imputación de cargos por corrupción en la contratación de la megabiblioteca, el nuevo contrato a su hija, vuelve a poner los focos sobre cómo Fuerza Ciudadana entrega puestos y contratos donde hay posibles conflictos de interés, como hemos contado. 

Con este nuevo contrato, que recoge la Silla Vacía de denuncias en redes sociales, llegan a cuatro los contratos para una familiar del fiscal. En 2019 y 2020 su otra hija Oriana Russo recibió uno en la Administración de Rafael Martínez, también de Fuerza Ciudadana, y otro en la de Virna Johnson. Y Diana Russo había recibido un contrato de Johnson el año pasado. Los montos de los contratos oscilan entre los 6 y 18 millones de pesos.

La megabiblioteca que investiga Russo fue uno de los proyectos bandera de Caicedo, en su intento de convertir a Santa Marta en la capital cultural del Caribe. Cuando puso la primera piedra, en 2015, prometió que sería terminada en 2016. Pero a la fecha aún no ha sido inaugurada y pasó de costar 17 mil millones a 27 mil millones.

Los vínculos del fiscal Russo con Caicedo como su antiguo defensor, y los contratos para sus hijas, han generado cuestionamientos éticos y legales sobre su imparcialidad, en un proceso que, sin embargo, muestra avances.

El fiscal Russo

Álvaro Russo es un abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas que se desempeña como fiscal de la seccional de Santa Marta. 

Russo asumió el caso de la megabiblioteca en 2018, e imputó delitos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra cuatro funcionarios de Fuerza Ciudadana en 2020. Si bien el ex alcalde Caicedo hizo parte de los funcionarios investigados por Russo, desde que se posesionó como gobernador su caso lo lleva el fiscal delegado ante la Corte Suprema, donde está en etapa de audiencia preparatoria.

Pero desde que Russo asumió la investigación ha causado suspicacia.

En concreto, en 2007 Russo fue defensor de Caicedo en un proceso por el delito de peculado cuando era rector de la Universidad del Magdalena.

La situación fue cuestionada hasta por uno de los aliados de Caicedo, el senador verde Antonio Sanguino, quien dijo en su momento que el fiscal “ha tenido la doble condición de ser defensor de Caicedo y ahora acusador, y a mí me parece que esas cosas no son buenas para la justicia”.

En cuanto a lo jurídico, el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal señala que es causal de impedimento “Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. 

El fiscal Russo sostiene que ese numeral se refiere a personas que hayan sido defensoras de las partes en el mismo proceso.

Por el contrario, el abogado penalista Francisco Bernate le dijo a La Silla que el numeral se refiere al apoderado en cualquier proceso del investigado. En el mismo sentido, una exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura que prefirió no ser citada para evitar un futuro impedimento, nos dijo que “Por haber sido defensor yo creo que sí concurría una causal de impedimento para llevar la investigación”. 

En redes sociales también han circulado trinos del fiscal en los que elogia a Caicedo. El fiscal Russo nos dijo que cerró tras las críticas  de la prensa y bodegas que se “ensañaron a diario”. 

Durante el tiempo que Russo investigó a Caicedo lo citó, junto a los otros investigados, a audiencia de imputación de cargos, pero fue aplazada en varias ocasiones por motivos menores. 

El 10 de septiembre de 2019 porque el juez encargado del proceso, Andrés Lafaurie, se encontraba de vacaciones. Y el nueve de diciembre de ese año se aplazó porque hubo una confusión en las salas: Carlos Caicedo y los otros investigados asistieron a una sala, el fiscal y el juez acudieron a otra. 

Pese a que el fiscal Russo ya no investiga a Carlos Caicedo, sí lo hace con funcionarios que hicieron parte de su Administración y que siguen vinculados a Fuerza Ciudadana. 

Una de las investigadas, por ejemplo, es la exsecretaria de Educación y quien firmó el contrato de la megabiblioteca como alcaldesa encargada, Ingris Padilla. Ella ha sido una de las personas de confianza de Caicedo y en 2019 hizo parte de la terna que envió Fuerza Ciudadana para reemplazar a Rafael Martínez en la Alcaldía mientras estaba suspendido. 

También es investigado Jorge Guevara, quien hasta el año pasado fue secretario General de Caicedo en la Gobernación del Magdalena. 

Los contratos a las hijas de Russo

Mientras el fiscal Russo ha llevado el caso sus hijas han recibido contratos de prestación de servicios en las administraciones de los caicedistas Rafael Martínez y Virna Johnson.

En septiembre de 2019 Martínez le adjudicó un contrato a Oriana Russo por la prestación de servicios para formular planes y actividades para fomentar la gestión cultural. Y en marzo de 2020 Johnson le adjudicó otro para desarrollar la estrategia gráfica de comunicaciones de la Secretaría de Cultura.  

En marzo del año pasado, Johnson también le otorgó un contrato a Diana Russo por la prestación de servicios para fortalecer las comunicaciones. Hace una semana le dio otro nuevo con el mismo objeto de contrato. 

“Llama profundamente la atención que familiares cercanos del fiscal hayan tenido a su vez vínculos contractuales con una Administración o con personas cercanas a quien él investiga cuando ellos fueron funcionarios públicos...es difícil decir que ahora va a desempeñar esa tarea de forma imparcial e independiente”, le dijo a La Silla el abogado Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

El fiscal Russo le dijo a La Silla que no está inhabilitado ni tiene conflicto de interés. También dijo que no tiene amistad con Caicedo y que no le pueden quitar el derecho a trabajar a sus hijas. 

“Qué de malo tiene que las hijas mías o cualquier familiar mío trabaje en la Administración Distrital o Departamental. ¿Ellas están impedidas para trabajar en la Administración mientras yo dure 20 años como fiscal, ellas deben morirse de hambre? Eso es absurdo y eso lo resuelve la ley”, señaló Russo.  

Más allá de Russo y de los avances de la investigación, ya son cinco años que los samarios esperan sin éxito la inauguración de la megabiblioteca.

La megabiblioteca

La megabiblioteca de Santa Marta fue uno de los proyectos bandera del  mandatario de izquierda Carlos Caicedo. La obra de 20.282 metros cuadrados y de cinco edificios fue anunciada con bombos y platillos. 

Su adjudicación se hizo en dos fases (dos contratos) que sumaban 17 mil millones de pesos y la obra debía estar lista a principios de 2016. 

En septiembre de 2015 se realizó un evento simbólico y masivo para dar pie al inicio de la construcción, pero ya arrancaba con retrasos.  

El contrato de la fase uno fue adjudicado inicialmente por 10 mil millones de pesos en diciembre de 2014, y en agosto de 2015 tuvo una modificación por “concepto de obras adicionales” que elevó el costo a 1.897 millones de pesos y dio un plazo de 90 días hábiles más. 

Ese fue solo el primero de los nueve otrosí que se firmaron, dos en el periodo de Caicedo y siete en el de su aliado político Rafael Martínez, quien lo sucedió. Esa primera fase de la biblioteca terminó costando 6.547 millones de más. Pese a que desde 2019 en la Alcaldía de Santa Marta manifiestan que ya está terminada, aún no entra en funcionamiento. 

De hecho, en varias ocasiones han anunciado su inauguración, pero nunca se ha realizado. El 30 de diciembre del 2019, a dos días de acabarse su periodo como alcalde, Rafael Martínez prometió un evento, pero tampoco se hizo. 

Un informe de la Contraloría señaló que la fase uno de la megabiblioteca presuntamente no se aplicó el principio de planeación conforme a las necesidades de la ciudadanía y no se hicieron estudios previos que pudieran precisar la duración del contrato. 

En cuanto a la fase dos del contrato de la megabiblioteca también ha habido retrasos: el contrato se firmó en septiembre de 2015 y tenía un plazo de ejecución de tres meses, pero sigue sin terminar. La obra ha tenido un costo adicional de 3.494 millones de pesos. 

En este contrato la Contraloría también señala “debilidades en las etapas del proceso contractual referente al principio de planeación, lo que genera incumplimiento del objeto contractual frente al plazo de ejecución y mayor destinación de recursos”. 

El fiscal Russo le dijo a La Silla que por el contrato de fase II están en etapa de indagación y se solicitó audiencia de formulación de imputación por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. No nos dio los nombres de los indagados por reserva del proceso.

Esta semana hubo un nuevo incumplimiento en la entrega de la megabiblioteca. El año pasado, la alcaldesa Virna Johnson se comprometió con la Contraloría a entregarla este 15 de febrero, pero no se concretó.

En la Alcaldía de Santa Marta nos dijeron que solo hacen falta la instalación del sistema de aire acondicionado en el auditorio y que la obra no se entregó el 15 de febrero “por los tiempos de entrega de los insumos y materiales por parte de los proveedores”.

La nueva fecha de entrega es el 19 de abril, y los samarios esperan que esta sí sea la vencida, mientras la investigación por los presuntos delitos que han acompañado estos retrasos está en manos de un fiscal con ruidos.

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