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Por Juanita Vélez | Jineth Prieto · 18 de Octubre de 2018

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Mientras el paro de los estudiantes se calienta en varias ciudades, al presidente Iván Duque se le puede abrir otro frente de movilizaciones en el campo. En Caquetá y Norte de Santander, dos de las regiones más cocaleras del país, los campesinos cultivadores de coca salieron a paro hace unos días para decirle al Gobierno, entre otras cosas, que si no dejan entrar más familias al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, van a paralizar las carreteras.

Esa petición es nueva y el lío es que además es una de las líneas rojas del Gobierno, pues el Presidente Duque ha dicho que solo honrará los acuerdos que ya están suscritos y su alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, ha repetido en varios escenarios que el Pnis está desfinanciado y que incluso están haciendo una “maroma presupuestal” para cumplirles a las más de 54 mil familias a las que ya les comenzaron a pagar.

Aunque Duque también ha dicho que va “a darles alternativas productivas a las regiones” con más coca, aún no es clara esa propuesta, y en su lugar la incertidumbre está cocinando un paro cocalero que además de ser una mostrada de dientes al Gobierno, puede llegar a sitiar el país como pasó en 2013. Todo eso, sin que haya volado todavía el primer avión con glifosato, la carta de la fumigación aérea que quiere retomar el nuevo Gobierno.

La papa caliente

Hoy en Norte de Santander se acaba el plazo que se dieron cocaleros, delegados de los gobiernos locales y Ejército y Policía para suspender por ocho días la erradicación forzada de coca en el Zulia y Cúcuta.

 

Aunque esos dos municipios no hacen parte del Catatumbo, subregión en la que se concentran la mayoría de hectáreas sembradas en ese departamento, en los últimos años han tenido un crecimiento exponencial de cultivos de coca, y se convirtieron en el epicentro de la mostrada de dientes de los campesinos cocaleros de la zona.

Hace una semana miembros de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam (que es afín a la Farc) y de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, bloquearon la vía que conecta a Cúcuta con Tibú, y se declararon en asamblea permanente para protestar porque la Fuerza Pública llegó a las veredas de Cerro León y Cerro González en El Zulia a arrancar las matas.

El paro duró pocas horas debido a que, además de acordar con el Ejército y Policía que suspendería la erradicación por ocho días, el gobernador de Norte, William Villamizar, se comprometió a hacer acercamientos con Presidencia para lograr que más familias fueran incluidas en el Programa de Sustitución.

Eso es clave porque en ese departamento el programa solo llegó a Tibú y a una vereda de Sardinata en el Gobierno Santos, pese a que allí hay 16 municipios cocaleros.

Ese mismo argumento de meter nuevas familias al programa como condición para no convocar un gran paro regional fue el que llevaron los campesinos cocaleros de la Coccam en Caquetá cuando se sentaron con Claudia Salcedo, encargada de la Dirección de Drogas de Presidencia, que depende del alto consejero Archila.

Como contó La Silla Sur, hace dos semanas 200 campesinos de la inspección de Puerto Nuevo Zabaleta del municipio de San José de Fragua, en límites con el Cauca, bloquearon las vías de la zona y se declararon en asamblea permanente.

Allí, tal como pasó en Norte de Santander, los cocaleros también lograron que el Ejército suspendiera la erradicación por unos días.

“Hicimos un alto en el camino y les dijimos a los campesinos que vamos a revisar bien quién se acogió al Programa y quién no”, dijo a La Silla el general César Augusto Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, que es la que hace presencia en Caquetá.

Además de suspender la erradicación, los campesinos le dijeron al General que querían hablar con alguien del Gobierno y fue así como Claudia Salcedo viajó hasta allá para “bajarle la temperatura al tema”, como nos dijo una fuente de Presidencia.

La Silla supo que en esa reunión Salcedo se comprometió a llevarles el 15 de noviembre un diagnóstico a los campesinos sobre en qué van los pagos de cada familia y qué ha pasado con las más de 5 mil familias cocaleras que están suspendidas en el sistema de Presidencia porque, por ejemplo, al cruzar datos sus nombres no coinciden, o no han estado en el predio cuando van a verificar que sí han arrancado las matas.

De hecho, el mismo Duque viajó la semana pasada a presidir un consejo de seguridad en Caquetá y habló de la sustitución, pero para reiterar el punto del Gobierno y es que van a cumplirles solo a los que ya tienen acuerdos firmados sin incluir a nadie más.

Mientras en estas regiones ya salieron a las carreteras y mostraron la primera chispa de un eventual paro cocalero, en otras como Antioquia y Cauca no han salido pero sí están calentando motores.

En esos dos departamentos no tienen fecha para salir a la calle a protestar, pero entre las bases de la Coccam se está cocinando una manifestación, porque al igual que en Caquetá y en Norte, el Pnis va atrasado en los pagos en algunas veredas y hay soldados erradicando en otras.

En Antioquia ya doce asociaciones campesinas del Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Sur de Córdoba, que son casi todas de Coccam, se reunieron esta semana en Montería y hablaron del tema. Las de Cáceres, Tarazá, Anorí e Ituango se declararon en asamblea permanente.

“Las bases de nuestras organizaciones van a estar preparados para una movilización. Cuando lleguen los drones vamos a ser una sola voz en todos los municipios de la región”, le dijo a La Silla José David Hernández, coordinador de la Coccam en Antioquia.

La referencia a los drones tiene que ver con que en ese departamento en el Bajo Cauca les respira en la nuca un piloto de erradicación con glifosato de la Gobernación de Luis Pérez.

Los drones, según le dijo a La Silla la gerente del programa de erradicación de la Gobernación de Antioquia, Lina de los Ríos, comenzaron ayer a asperjar, pero no hay información sobre los sitios donde lo están haciendo porque “hay mucha gente a la que no les gustan y los pueden tumbar”.

En Cauca la tensión pasa por la unión de todos los sectores cocaleros.

Cristobal Guamanga, campesino de la Coccam, nos dijo que se volvieron a unir los pequeños cultivadores que desde el inicio estaban de acuerdo con entrar al programa de sustitución, con los grandes cultivadores que no entraron al programa porque no les parecía rentable.

“Así la pelea con el Gobierno va ser más dura, la gente va a a salir a pelear y taponar la Panamericana si es necesario”, le dijo Guamanga a La Silla.

A eso se suma que, según nos contó un funcionario del Pnis que nos pidió no citarlo, los campesinos cocaleros están llegando a las Personerías y Alcaldías locales diciendo que quieren entrar al programa de sustitución Pnis y se hacen registrar para evitar la erradicación y argumentar que el Gobierno no les cumple.

Así que a pocas horas de que se cumpla el plazo en Norte, cuando en Caquetá están a la expectativa de lo que va a suceder, y en Antioquia y Cauca están calentando motores, lo que por ahora está claro es que todos los ingredientes están servidos para que en cualquier momento estalle una movilización.

El 'stand by' del Gobierno

En el lado del Gobierno aún no hay nada concreto sobre cómo van a capotear la situación.  

No solo por las declaraciones del Presidente Duque y de Archila, sino porque La Silla confirmó que, más allá de que no hay plata para financiar la entrada de nuevas familias en el Pnis, por ahora la instrucción es revisar y diagnosticar el programa que dejó Santos montado, y hasta que no hagan eso, no van a ni a pensar en inscribir a nadie más.

El chicharrón que dejó Santos es grande porque su gobierno firmó acuerdos colectivos con 130 mil familias y de esas, 97 mil firmaron acuerdos individuales. Eso quiere decir que hay más de 30 mil familias en el limbo (porque apenas les comenzaron a pagar a 54 mil).

Pero además, esas 130 mil familias viven en 52 de los 118 municipios con coca, según cifras del Gobierno.

Eso significa que el Pnis no ha entrado ni a la mitad de los sitios donde está el problema y, según supo La Silla, dentro del Gobierno creen que pagarles 36 millones de pesos a cada familia, que es el compromiso del Pnis, es insostenible.

Por eso están pensando crear un nuevo modelo para entrar a los territorios donde no han entrado.

El problema para el Gobierno es que mientras hacen el diagnóstico y piensan en un plan B para la sustitución, los cocaleros están a punto de bloquearles las carreteras.

 

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