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Por Juanita Vélez | Adelaida Ávila Cabrera · 09 de Septiembre de 2019

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Hasta este viernes los terceros con un proceso o una condena penal por delitos dentro del conflicto armado podían ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que ese proceso o condena se cambie por uno de la justicia transicional. 

En total, 657 personas lo hicieron (540 terceros y 117 agentes del estado), entre ellos más de 40 parapolíticos, y todavía pueden llegar personas a los que la Fiscalía impute otro delito. La JEP ya está estudiando 513 casos, que han ido avanzando en este camino. Los otros 144 están en proceso de reparto. 

 


1.El que quiera puede pedir a la JEP que lo juzgue

La JEP juzga los casos más graves de los delitos más representativos del conflicto, y en ellos busca la condena de sus máximos responsables. Puede hacerlo con los militares y exguerrilleros de las Farc responsables de ellos,  y también, sólo si quieren, con terceros civiles como comerciantes o ganaderos, o agentes del Estado no armados. 

El dato más reciente es que 609 personas habían tocado la puerta a través de una solicitud de sometimiento.

 

 

 
 

2. La Sala de Definición revisa la solicitud y decide si entra

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas revisar si la persona que tocó la puerta de la JEP sí puede entrar. Solo debe aceptar a las personas que participaron en hechos cometidos dentro del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016 y que no hayan hecho parte de grupos armados diferentes a las Farc.

La Sala ha rechazado solicitudes de paramilitares porque no cumplen con esas condiciones. Sin embargo, la Sección de Apelación, que es la máxima instancia de la JEP, dijo en un auto de 2018 que puede haber excepciones: “puede ser que existan circunstancias que justifiquen excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en los eventos en que el interés superior a las víctimas, especialmente el de obtener verdad, así lo exija”.

Por ahora no las han aplicado, pero la puerta sigue abierta.

Otra complejidad es que cuando hay personas condenadas no por un juez normal sino por la Corte Suprema de Justicia porque tenían fuero, como los congresistas, esa Corte es la que decide si su caso puede entrar a la JEP. 

Es el caso del general en retiro y exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez y el excongresista Alberto Santofimio Botero, pues ambos solicitaron su sometimiento a la JEP por el asesinato de Luis Carlos Galán. En abril la Sala le envió su solicitud a la Corte. 

 
 

3. La Sala decide que sí entra

Si la Sala encuentra que la JEP sí puede tramitar el caso, pide un ‘Plan de verdad, reparación y garantías de no repetición’ en el que la persona cuenta en concreto cuáles van a ser sus aportes a la verdad, cuál es su plan para reparar a las víctimas y que garantías de no repetición dará, incluyendo su compromiso expreso de evitar cualquier acción contra las víctimas o contra otra persona que esté en la JEP que busque que no se sepa la verdad. 

Este es otro embudo del proceso porque dependiendo de qué tan detallado, concreto y sobre todo extraordinario es el aporte frente a lo que ya tiene la JEP por informes de la Fiscalía, de organizaciones sociales y de víctimas y por su propia investigación, pueden pedirle que lo amplíen.

Este es uno de los puntos más delicados del proceso.

Si la Sala pone la vara muy baja, la JEP tendrá menos elementos para avanzar en la verdad y lograr la reparación de las víctimas. Pero si la sube demasiado y muchos terceros terminan de vuelta en la justicia ordinaria, tampoco tendrá tantos elementos para lograr esos objetivos.

El caso del excongresista David Char Navas, a quien la Corte Suprema capturó y acusó por aliarse con paramilitares para llegar al Congreso, es un buen ejemplo.

Char presentó un plan de verdad y reparación en septiembre pasado que, tras recibir comentarios de la Procuraduría, la Sala devolvió. Lo presentó otra vez en diciembre y se lo volvieron a rebotar. En marzo presentó la tercera última propuesta y en abril la Sala se la aceptó. 

La Silla supo que la propuesta final incluía una USB con información concreta y detallada sobre la relación entre paramilitares y congresistas, y un programa de reparación que incluye organizar y pagar una audiencia de perdón a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (incluyendo viáticos a las víctimas y conseguir que vayan medios) y a construir un centro educativo en Repelón (un municipio del Atlántico especialmente golpeado por la violencia paramilitar) para madres cabeza de familia en cultivos de ají y maíz, entre otras.

Char también se comprometió a hablar ante la Comisión de la Verdad y se comprometió a contar, entre otras cosas, cómo se vio obligada la población de Piojó, Atlántico, a abandonar sus tierras por cuenta de las acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia.

 
 

La Sala decide que no entra

Si la Sala encuentra que la JEP no puede tramitar el caso, la persona puede apelar ante la Sección de Apelación, que cierra cualquier discusión y puede terminar sacando a una persona de la JEP y enviando su caso a la justicia ordinaria.

 
 

5. El tercero da su versión ante la Sala de Reconocimiento

Con el plan de verdad y reparación aceptado, la persona da una versión libre, en la que cuenta su verdad y se enfrenta a las preguntas de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, que antes las definen a partir de los informes de la Fiscalía, organizaciones sociales y de víctimas y la Procuraduría.

Es la misma Sala que abre macrocasos contra exguerrilleros y militares, que explicamos en detalle en esta historia, y el plan del tercero puede encajar en uno o más de ellos. 

Por ejemplo, si es un empresario del Urabá que tiene información sobre secuestros de las Farc, probablemente lo llamarían a versión en el macrocaso de secuestro pero también en el de Urabá, que la JEP abrió aparte porque es una de las regiones más golpeadas por el conflicto. 

 
 

6. El tercero da su versión ante la Sala de Definición

Si lo que el tercero se compromete a contar no cabe en ninguno de los macrocasos que la Sala de Reconocimiento haya abierto hasta ese momento, dará su versión ante la Sala de Definición.

Así, por ejemplo, si es un empresario que hablará sobre despojo de tierras en la costa Caribe y siguen sin haber un macrocaso sobre despojo de tierras o sobre el Caribe, hablaría ante esta Sala. 


7. La Sala comprueba que sí hay aporte 

La Sala de Reconocimiento o de Definición, según el caso, contrasta la versión libre con la información que tenga de otras fuentes como los informes de Fiscalía o de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, o de su la misma Unidad de Investigación de la JEP.

Si encuentra que la versión hace un aporte extraordinario a la verdad, presenta una resolución de conclusiones a la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento de Responsabilidad del Tribunal de Paz

Con los datos que le envíe la Sala, la Sección emite una sentencia que incluye la obligación de hacer a lo que se comprometió para la reparación, más una sanción de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad pero no cárcel. 

La sanción debe permitirle que repare.


9. La Sala comprueba que no hay aporte

Si luego de contrastar la versión libre con las otras fuentes de información, la Sala encuentra que la persona no hizo un aporte extraordinario a la verdad, le manda el proceso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Luego de eso, la Unidad debe acusar ante la Sección de No Reconocimiento del Tribunal de Paz, que hará un juicio con debate pruebas y demás, y en donde la persona se expone mínimo a las llamadas sanciones alternativas, de 5 a 8 años de cárcel, si acepta su responsabilidad en ese punto; o de hasta 20 años de cárcel si no la acepta y termina condenado. 

NOTA: Esta historia fue actualizada después de la rueda de prensa del lunes 9 de septiembre en la JEP, donde habló la presidenta de esa justicia, Patricia Linares, y esl Fiscal General (e) Fabio Espitia. 

Contexto

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