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Por Juanita Vélez · 28 de Agosto de 2018

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La entrevista del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, con María Isabel Rueda que publicó ayer El Tiempo y varias declaraciones de otros ministros del Gobierno Duque, dejaron claro que los cuatro ajustes al Acuerdo de La Habana que han anunciado, y que fueron promesas de campaña, serán más simbólicos que reales.

Duque difícilmente modificaría lo práctico porque las cuatro propuestas (“temas”, como los llama Ceballos) son a futuro y no modifican lo pactado, por lo que no afectarían a la Farc, aunque sí al ELN.

El narcotráfico dejaría de ser amnistiable, pero después: Para que no exista conexidad entre el delito político de rebelión, el secuestro y el narcotráfico, Duque ya presentó una reforma constitucional en el Congreso.

Si pasa no afectaría a los demovilizados porque, como lo explicamos en esta historia, el principio constitucional básico de favorabilidad obliga a que al procesado o condenado se le aplique la ley más favorable que exista a partir del momento en que comete el delito.

Eso significa que los exguerrilleros de las Farc que por el Acuerdo fueron amnistiados o que podrían serlo por haber secuestrado o traficado en conexidad con su delito político, mantendrían esa amnistía así se endureciera la norma (y, si lo hicieron después de firmado el Acuerdo, serán procesados con o sin el cambio).

A quienes tocaría esa reforma es a los miembros del ELN, que no han firmado un acuerdo. Como lo explicó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, "es un mensaje para el Eln y otros grupos que persisten en esos delitos y tratan de enmascararlos bajo una bandera ideológica"

Los que sigan delinquiendo perderían los beneficios del Acuerdo, como ya ocurre: El segundo cambio que propone Duque, según su Alto Comisionado de Paz, es que “frente a delitos continuados como tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico, las personas que los sigan cometiendo perderán los beneficios”.

Eso no toca en lo más mínimo al Acuerdo. Como explicó la Corte en la sentencia de la ley de amnistía que desarrolló el Acuerdo, y ha reiterado dos veces, los incumplimientos a los compromisos de quienes se sometan a la JEP, como seguir delinquiendo, “deberán ser objeto de estudio y decisión por la JEP (...)  lo que supone analizar, en cada caso, si existe justificación y la gravedad del incumplimiento (...) y podrá dar lugar a la pérdida de los beneficios previstos en esta ley”

No podrían ser elegidos los responsables de delitos de lesa humanidad, si la Corte deja: Ceballos dijo que ese cambio “no solamente se refiere al Congreso, porque ya vienen las elecciones locales”, con lo cual también queda claro que la idea es que aplique para las elecciones regionales del año entrante.

No es claro ni que puedan hacer el cambio ni que, si se hace, aplique para los que ya están en el Congreso.

Lo primero porque el acto legislativo que crea la JEP, la ley estatutaria para su funcionamiento y las decisiones de la Corte Constitucional en los dos casos dejan abierta la puerta para que sí puedan ser sancionados y ejercer las funciones para las que pueden haber sido elegidos.

De hecho, la ley estatutaria incluso habla de un “esquema para la armonización de las sanciones con las actividades políticas” que, si bien está sujeto a condiciones, muestra que la idea es que haya un camino para que la sanción no impide que sean elegidos y actúen como tales.

Si Duque intenta modificarlo, es probable que la Corte se interponga, pues ya ha dicho que “ampliar la inhabilidad para participar en política (...) sería contrario al artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, en los términos en que fue interpretado en la sentencia C-674 de 2017”. Es decir, que no se puede restringir más su participación en política.

E incluso si el gobierno Duque logra hacer el cambio y reducir esa posibilidad, hay un debate jurídico sobre si afectaría a los ya posesionados en el Congreso.

Para Yesid Reyes, ex ministro de Justicia y uno de los cerebros del punto de justicia del Acuerdo, los actuales congresista de la Farc “se posesionaron con normas que les permiten estar en el Congreso. Si Duque lograra hacer realidad su propuesta, no los tocaría para nada a ellos porque tener una curul ya es un derecho adquirido”.

Erradicación forzosa y no voluntaria, como en el Acuerdo:  El Presidente propone que la erradicación y la sustitución de cultivos de coca sean “obligatorias y no voluntarias”, y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, lo reiteró al decir que “se acaba la erradicacióin voluntaria y vuelve la obligatoria”.

Esa idea esconde una falacia porque hoy la erradicación no es voluntaria y la sustitución tampoco es opcional.

El Acuerdo dice textualmente que “en los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible”. 

De hecho, Ceballos dijo que “se van a respetar los acuerdos de sustitución voluntaria que hasta el inicio del gobierno estaban pactados”.  Lo que significa que así no firmen nuevos acuerdos, el Gobierno se compromete a cumplir los que firmaron más de 120 mil familias en el gobierno Santos y solo erradicarán sus cultivos si esos cocaleros incumplen.

El único cambio sería retomar la fumigación aérea con drones, un tema en el que, según le dijo a La Silla una fuente que lo sabe de primera mano, hay debate en el Gobierno por los costos económicos y las movilizaciones que probablemente harían los cocaleros.

Duque sí cambiaría en lo simbólico y así ayudaría a reforzar la narrativa de que bajo su gobierno se construyó la “verdadera paz” de la que habló en campaña y de que aplica su frase de “sin risas ni trizas”

  • Asume que falta legalidadporque como lo explicó Ceballos, “sin el respeto y cumplimiento de la ley, aunque haya acuerdos de paz, no va a haber una verdadera reconciliación entre los colombianos” y por eso Duque rebautizó la política de paz como política de legalidad.
     
  • Deja el mensaje de que el Acuerdo fue muy laxo:Al endurecer las normas manda el mensaje de que las del Acuerdo eran poco exigentes. Así no le apliquen a la Farc cierra la puerta para que, por lo menos durante su gobierno, se repita una negociación en las mismas condiciones.
     
  • No le haría conejo a las bases farianas:Duque ya a ha dicho varias veces que le cumplirá a las bases ex guerrilleras. Ceballos, en su visita a los Espacios de Capacitación en Guaviare y La Guajira, dijo que el Gobierno respetará el Acuerdo. Eso le permite mostrar un gobierno que no va a asumir el riesgo de empujarlos de nuevo a la guerra y que la paz que se logre será gracias a esa generosidad..
     

Comentarios (1)

Kamilo Gaviria

29 de Agosto

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El Uribismo acabo el acuerdo con las FARC en 2016 y 2017 sin necesidad de ser Gobierno, ayudando a tumbar los acuerdos en el Congreso, las leyes que salieron no son lo pactado y eso acabo el riesgo que sentia el uribismo de que "las farc hicieran las leyes" porque ellos las terminaron cambiando, el error del acuerdo de Paz fue ese tener que pasar por el congreso, ya no les preocupan en lo minimo

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