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Por Jerson Ortiz · 28 de Julio de 2020

Luis Fernando Almario, excongresista conservador (Foto Cable Sur)

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El viernes la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que es la columna vertebral de los Acuerdos de Paz, aceptó el sometimiento del excongresista caqueteño Luis Fernando Almario para establecer si -como ya lo han dicho algunos exguerrilleros y otros testigos- él se alió con las Farc para exterminar a la familia de políticos liberales Turbay Cote a finales de los años noventa.

Dado que, para acceder de manera permanente a los beneficios de esa Justicia Especial, Almario tiene que, entre otras, decir efectivamente la verdad, el hecho promete remover los lazos que logró concretar la vieja guerrilla con políticos en las regiones y vuelve a poner de presente la verdad que deben las Farc frente a uno de sus crímenes más atroces.

Pero, esto tendrá varios retos.

Comenzando porque Almario no piensa aceptar esas acusaciones en la JEP, según le dijo a La Silla Vacía.

El político nos dijo que cree que, a diferencia de la justicia ordinaria, ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz sí tendrá garantías para demostrar que todo por lo que lo han acusado es supuestamente un montaje de testigos falsos. 

Esa es la misma tesis que usó en la investigación por vínculos con paramilitares por la que, en 2016; fue condenado a diez años de cárcel que aún está pagando, aunque en libertad. 

Eso, y el hecho de que otros exguerrilleros clave en el proceso han muerto o están en las disidencias, hace más grande el reto de la JEP de entender por qué las Farc se ensañaron con desaparecer a los Turbay Cote.

El exterminio de una familia

La JEP accedió a estudiar el proceso de Almario porque, además del compromiso de aportar al esclarecimiento de los hechos, excomandantes del Bloque Sur lo mencionan en las versiones individuales y colectivas que han presentado sobre los crímenes cometidos en ese departamento.

Además, la Fiscalía entregó un voluminoso expediente con pruebas que señalan al político como autor intelectual del crimen.

 

Una vez arrancó a funcionar oficialmente en marzo de 2018, la JEP decidió priorizar el caso de la familia de Turbay Cote porque lo enmarcó dentro del caso 001 que se refiere a las retenciones ilegales -como se llama el delito- hechas por las Farc. 

La relación hace referencia al secuestro en 1995 del dirigente liberal Rodrigo Turbay Cote, en ese momento presidente de la Cámara de Representantes. Almario ocupaba la otra curul que la Constituyente del 91 le dio al Caquetá, en representación del partido conservador.

Aunque en medio del secuestro se conoció una prueba de supervivencia en la que Rodrigo hablaba de los avances de un acuerdo político para su liberación, su cadáver apareció dos años después en un río del Caquetá. 

El ensañamiento de las Farc con la familia no paró ahí.

Cinco años después, el 29 de diciembre de 2000, en un retén entre Florencia y Doncello, esa guerrilla mató a Diego Turbay Cote (quien había relevado a Rodrigo en el Congreso en 1998 y buscaba su reelección con Almario), y a su mamá Inés Cote, una líder regional que tenía un programa de radio muy influyente, llamado ‘La Conga’, desde donde cuestionaba con frecuencia a la guerrilla. 

Otros cinco acompañantes (Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos), también fueron obligados a bajarse de las camionetas, y asesinados en el piso.

De esa manera, las Farc acabaron con una de las fuerzas políticas más poderosas del sur del país matando no solo a sus líderes más visibles, como era la familia Turbay Cote, sino a varios de los políticos que integraban esta vertiente del Partido Liberal.

La conexión con Almario

Dos jueces de Florencia, con fallos en 2002 y 2009, condenaron a 40 años de cárcel a los integrantes del Secretariado de las Farc por ser los responsables materiales de los secuestros y las muertes de los Turbay Cote.

Dijo la justicia que, según testimonios de exguerrilleros, ‘Joaquín Gómez’ dio la orden del ataque, ‘Rubén Polanco’ lo ejecutó y ‘Fabián Ramírez’ estuvo en la escena de los hechos.

Pero un debate en el Congreso de la República en el 2007 que lideró el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, dio pistas para entender que detrás del crimen hubo razones políticas más allá de las Farc. 

Ahí se empezó a hablar de ‘Farcpolítica’ y salió el nombre de Almario. 

En ese debate, se conocieron unos testimonios de exguerrilleros, entre ellos el de un desmovilizado que se llama Gerardo Aguirre Ballesteros, que dice que fue testigo de una conversación entre el exjefe guerrillero de las Farc, ‘Fabián Ramírez’, y otro comandante con el alias del ‘Guara’, en la que mencionan que Almario mandó razón de atacar a la familia Turbay porque ellos habían traído a los paramilitares al departamento.  

El fallo del 2009 del juzgado penal de Florencia contra el Secretariado, advierte que en el año 2000 las Farc habían declarado objetivo militar a todos los políticos de partidos tradicionales o que estaban señalados de ser aliados de los paramilitares. 

La relación entre paramilitares y la familia Turbay nunca se comprobó. 

Pero meses después de ese debate de Petro, la Fiscalía sí encontró pruebas para señalar a Almario de instigar el ataque, y ordenó su captura a finales de 2008.

Como lo contó La Silla, Almario logró dilatar ese proceso apelando a sus relaciones en la judicatura, y en 2009 un juez lo dejó libre porque encontró errores de procedimiento en la investigación de la Fiscalía.   

En 2012, el proceso revivió y volvió a la Corte. 

Desde entonces, la Fiscalía ha documentado más testimonios de otros exguerrilleros que le dan peso a la versión de que Almario implantó en las Farc la idea de que los Turbay eran promotores del paramilitarismo.   

Además, en 2011 circuló un video de las Farc en el cual dos de los comandantes en el Caquetá conocidos como ‘Mauricio Gareca’ y ‘Rubén Polanco’ confesaron el crimen de la familia Turbay Cote y volvieron a vincular a Almario. 

“El señor Almario nos dio la información que nos permitió conocer los movimientos de la familia Turbay”, dice Gareca.

Los señalamientos fueron de tal magnitud que, en el 2012, el entonces procurador Alejandro Ordoñez destituyó e inhabilitó a Almario por 18 años por sus nexos con grupos armados. 

“Las alianzas establecidas entre las Farc y líderes políticos tenían fines criminales, económicos y políticos”, dice el fallo.

En ese momento, paralelamente, Almario fue vinculado al proceso con los paramilitares. En 2016, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a diez años de cárcel porque probó que se alió con ellos  entre 2001 y 2006 para ganar las elecciones

En 2017, el excongresista quedó en libertad condicionada porque cumplió dos terceras partes de la condena y consiguió beneficios por buen comportamiento. 

Un año después, pidió pista en la JEP por la investigación de farcpolítica que aún la Corte no había resuelto. Así, no solo le quitó el expediente al juez que ya lo había condenado por parapolítica, sino que ganó tiempo para preparar la estrategia con la que cree puede demostrar su inocencia en otra instancia.

La estrategia de Almario

A pesar de todo el material probatorio que lo vincula, Almario sostiene que es inocente y que tiene pruebas que desvirtúan los señalamientos. 

“Yo sí estoy agradecido de que me escuchen en la JEP, tengo todo para comprobar que nunca fui enemigo de la familia Turbay Cote, que nunca me beneficié de su desaparición, y que nunca me apoyé en las Farc o los paramilitares para poder hacer mi carrera política”, le dijo a La Silla Vacía, cuando lo consultamos para esta historia. 

El político empezará a contar su versión desde el 1 de septiembre. 

Dice que hablará del contexto político que antecedió el secuestro de Rodrigo Turbay y la masacre de los demás miembros de la familia porque eso daría pistas para entender qué motivó a las Farc.

Que, por ejemplo, hay sentencias y testimonios que relacionan el crimen a un interés propio de las Farc por mantener el control territorial atacando a la clase política tradicional.

Que había disputas al interior del turbayismo que desencadenaron en una pelea que las Farc terminó zanjando a punta de bala. Y que eso le permitió a otros dirigentes crecer políticamente.

O que había enfrentamientos políticos fuertes en algunos municipios como Puerto Rico en el que los Turbay y las Farc tenían candidatos. 

Hipótesis que no son novedosas porque son las mismas que salieron al aire en el debate de 2007 de Petro, pero que Almario dice que la justicia ordinaria nunca quiso indagar. 

En esa línea, serán clave los testimonios de los excomandantes del Bloque Sur que están condenados por la masacre. El lío para el proceso y para Almario, es que las Farc están divididas y las versiones entre los sobrevivientes del Secretariado no siempre coinciden.

Por un lado está ‘Fabián Ramírez’, que está alejado del partido y está liderando su propia implementación

Él ya rindió versión individual a la JEP sobre su participación en los hechos. Inicialmente aceptó su responsabilidad en el caso del secuestro y muerte de Rodrigo Turbay, porque dijo que era el responsable de garantizar el traslado de Rodrigo a otro campamento cuando  supuestamente se presentó un accidente, y el político cayó y se ahogó. 

En entrevistas con medios locales, ha dado a entender que no es cierto que Almario los haya instigado para atacar a los Turbay. 

Pero eso contradice lo que dijeron en su momento otros excomandantes del Bloque Sur como ‘Mauricio Gareca’ y ‘Rubén Polanco’, los del video de 2011.

Los dos actualmente están encargados de coordinar el espacio de reincorporación que montaron excombatientes en Putumayo y han estado en las versiones colectivas que ha hecho el Bloque Sur, como la de Miravalle, Caquetá, el año pasado.  

Los detalles de ese relato colectivo hacen parte de la reserva del proceso, y por eso no está claro si entregaron más datos que terminen de hundir a Almario. Pero dado que ellos también firmaron actas de compromiso de verdad para obtener beneficios jurídicos, lo lógico sería que se ratificaran si tienen las pruebas.

El cruce de versiones entre los exfarc, ha dado paso en Caquetá a especulaciones como que Almario se ha acercado a ‘Fabián Ramírez’ y a ‘Joaquín Gómez’ para que le ayuden en su versión. 

Almario dice que nunca se ha reunido con ‘Ramírez o ‘Gómez’’, que se los ha encontrado en eventos académicos o foros de paz, y que está preparado para un ‘cara a cara’ con Gareca y Polanco o “los que sean”.

Más allá de las contradicciones y los detalles, la JEP cree que la variedad de testimonios son funcionales para esclarecer la relación de Almario. 

“(...) los hechos por los cuales es investigado el señor Almario Rojas fueron expuestos en la ampliación de la versión colectiva correspondiente al Bloque Sur, llevada a cabo en Miravalle el 10 de diciembre de 2019 . Igualmente, hubo menciones sobre el secuestro del señor Rodrigo Turbay Cote y los hechos victimizantes ejecutados contra la familia Turbay Cote en la versión voluntaria del compareciente Fabián Ramírez Cabrera”, señala el auto que acepta el sometimiento.

Eso dobla la apuesta porque, 20 años después de la masacre, han muerto o desaparecido más de 38 testigos, entre exguerrilleros, taxistas que presenciaron los hechos y otros civiles. 

Por ejemplo, alias ‘Patamala’, quien perpetró el ataque, murió en 2009 y se llevó a la tumba muchos secretos de los grandes crímenes políticos de los últimos años en este país como lo contó La Silla en su momento.

‘Iván Márquez’, que era del Caquetá, conocía detalles de las relaciones políticas e incluso en 2014 les pidió perdón a los sobrevivientes de los Turbay, ya no está en la JEP y montó una banda con ‘El Paisa’, comandante de la columna ‘Teófilo Forero’.

Al margen de lo que digan los exguerrilleros que quedan, Almario también va a plantear que él fue víctima y no socio de grupos armados. 

De las Farc porque, dice, le hicieron 15 atentados, como el del 2003 cuando le pusieron una bomba en su casa. Que llegó a tener hasta cien escoltas cuando se movía por el departamento.

Y de los paramilitares porque ellos no tenían capacidad para intervenir en política en el departamento y por eso resultaría ilógico el argumento de beneficiarse de una alianza con ellos. 

“Los paramilitares nunca hicieron política en Caquetá, ellos se dedicaron al narcotráfico, a la extorsión, a la delincuencia. Lo han dicho varios excomandantes”, añade. 

Un argumento que se cae de su peso no solo por la condena que tiene encima y revela el entramado con esa relación, sino porque, como contamos, otro político de la región como el exgobernador liberal Álvaro Pacheco también fue condenado por aliarse con los paramilitares para crecer electoralmente. 

En medio de su convencimiento, Almario dice que una vez empiece su tránsito por la JEP dará más detalles de sus compromisos de verdad.

Para la Sala de Reconocimiento, que lo aceptó con el salvamento de voto de dos de los seis magistrados, lo que ha propuesto hasta ahora el excongresista es prometedor porque representa una oportunidad de “comprender el conflicto desde una perspectiva amplia que supere su entendimiento como simples confrontaciones armadas entre actores o grupos armados”. 

Si lo encontraran culpable y él no reconociera su culpa, Almario volvería a la justicia ordinaria y pagaría cárcel hasta por 20 años.

CONTEXTO

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