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Por Nohora Celedón · 25 de Noviembre de 2020

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El 20 de julio, el día de la instalación del Congreso, el presidente Iván Duque se comprometió a sacar adelante varios proyectos de ley con mensaje de urgencia para impulsar la reactivación económica del país. Uno de ellos, la ley de turismo.

El proyecto ha pasado un poco de agache pero seguramente esta semana lo aprobará el Senado, la semana pasada superó el trámite en la Cámara, y solo quedará pendiente conciliar las diferencias que haya entre los dos textos. 

 

Como está hasta hoy, la ley combina la promesa de un turismo más verde, que cuide su huella medioambiental; estímulos tributarios para reactivar a la industria, y una reglamentación a las plataformas y páginas de intermediación como Booking y Airbnb, que deja contentos a los gremios de hoteleros y agencias turísticas, y descontentas a las plataformas.

Con el proyecto, el “nuevo petróleo”, como le llama Duque al turismo, se pinta más de verde, pero molesta a un sector de su economía naranja.

La promesa de reactivación verde

El proyecto arrancó a planearse el año pasado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza del viceministro de turismo, Julián Guerrero.

La idea era actualizar la ley de turismo, que no se ajustaba desde 2012, e incorporar en ella el concepto de sostenibilidad ambiental.

“Colombia no fue un gran destino turístico por razones que ya sabemos (el conflicto armado); hoy tenemos una oportunidad gigante, y no nos podemos dar el lujo de que el turismo crezca de cualquier manera”, dijo a La Silla Guerrero, quien antes de entrar al Gobierno fue consultor independiente en conservación ambiental y turismo de naturaleza.

Este concepto aterrizó en la ley de varias maneras, entre ellas: 

  • La suspensión,o incluso pérdida, del Registro Nacional de Turismo de los operadores turísticos (hoteles, agencias y guías turísticos) que tengan una sanción ambiental.

  • La creación de un incentivo tributario a los nuevos proyectos hoteleros que inviertan en conservación de recursos naturales no renovables, siempre y cuando solo usen el 20 por ciento de su área para construcción y el resto sea para conservación. A esa inversión se le descontará el 25 por ciento del impuesto de renta.

  • La inclusión de los conceptos de capacidad de carga (cuánta gente puede soportar un atractivo turístico sin que dañe el ambiente) y límites de cambio aceptable (hasta qué punto se puede permitir que un ecosistema se transforme por la llegada de visitantes).

  • La obligación para que el Ministerio haga un inventario de atractivos turísticos, naturales, culturales y de memoria, como base para planear mejor y definir condiciones, como capacidad de carga y límites de cambio aceptable, de cada uno.

  • El permiso para que los concejos y asambleas declaren atractivos turísticos, a los que deberán poner controles de acceso para medir cuánta gente entra a cambio de poder cobrar una tarifa para conservarlos.

  • El ingreso de Colombia a la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos, que da directrices para que en 2025 se eliminen envoltorios y artículos de plástico problemáticos o innecesarios y de un solo uso.

  • La orden al Consejo Consultivo de la Industria Turística de desarrollar una estrategia público-privada para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Como en cualquier ley, estas medidas solo garantizarán un turismo sostenible si el Ministerio las aterriza en una reglamentación que funcione, pero son una promesa que ya genera efectos en el corto plazo.

De acuerdo con la directora de Buró Bogotá, la agencia del Distrito para traer eventos como ferias y convenciones a la capital, Liliana Orbegozo, en la era poscovid los turistas le dan prioridad a las normas de bioseguridad y a la sostenibilidad.

Es decir, ahora les importa más si su viaje beneficia, y no daña, a las comunidades y al ecosistema que visita.

“Estamos dando un paso que nos va a volver un referente en materia internacional, porque esto es lo que nos van a pedir los turistas”, dice. Añade que aunque hay que esperar a que reglamenten la ley, y por eso no se puede decir que el proyecto sea la panacea, solo el incluir el concepto de sostenibilidad es una innovación.

En esto coincide César Ángel, quien dirige una empresa de turismo de naturaleza y hace consultoría, entre otras, para la Fundación Transforma, que trabaja temas de desarrollo sostenible.

Ángel agrega que el el país viene trabajando en herramientas para que el turismo crezca de manera sostenible por lo menos desde 2004, cuando salieron las normas Icontec para sostenibilidad de la industria. Pero al poner los principios de sostenibilidad en la ley queda generalizado, no solo para algunas empresas. "Es un logro muy valioso para el sector y va a permitir que haya condiciones para el desarrollo local", dijo a La Silla.

Más allá de este punto, que para el Ministerio y expertos en turismo consultados para esta nota es lo más transformador, en el Congreso la discusión se ha concentrado en la reactivación económica.

Duque lo presentó con mensaje de urgencia justamente como un salvavidas para las empresas del sector, que están muy afectadas por la pandemia: el país pasó de recibir 211.295 visitantes extranjeros en marzo a 551 en abril, y de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo tardará de dos a cuatro años en recuperarse.

Para el paquete de ayudas, el Gobierno Duque acudió a su fórmula ya conocida de dar auxilios y alivios tributarios a las empresas, incluyendo varios que venían en sus decretos de emergencia y que la ley extiende:

  • Impuesto de renta de 9 por ciento (en vez de la tarifa general del 31) a nuevos proyectos de hotelería y turismo.

  • Eliminación del impuesto de consumo del 8 por ciento sobre las ventas para los restaurantes.

  • Exención del IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 a los servicios de hotelería y turismo, y las ventas de artesanías.

  • Vía libre a los concejos de dar alivios de impuestos locales a empresas del sector para 2021 y 2022.

  • Extensión del IVA a los tiquetes aéreos en 5 por ciento, y no 19 como estaba antes de la pandemia.

  • Autorización al Ministerio de Transporte a dar subvenciones a aerolíneas que abran rutas a destinos apartados y de difícil acceso.

Aunque dar estímulos tributarios a un sector en particular hace que el estatuto tributario sea más desigual y enredado, como lo explicó Leopoldo Fergusson en esta entrada de La Silla Llena, en el Congreso esto solo se discutió en un debate en la Cámara que dio la representante verde Juanita Goebertus, y dejó contentos en general a los congresistas y a los gremios del sector.

Incluso Cotelco, gremio de los hoteleros, presionó para que una exclusión del IVA que iba en el proyecto se convirtiera en una exención que los beneficia más porque con esta la Dian debe devolverles el IVA que pagaron a sus proveedores.

A pesar de eso, no todos quedaron contentos en la otra parte transformadora del proyecto, que pega directamente a un sector clave de la economía naranja de Duque.

La naranja aporreada

Para Cotelco y el gremio de agencias de turismo, Anato, dos de los más de 50 artículos que tiene la ley son los más importantes, y no son los alivios tributarios, sino las nuevas normas para las plataformas de intermediación.

Lo que dice la nueva ley es que estas empresas, con operaciones en Colombia, deben registrarse como prestadores de servicios turísticos. 

Eso implica que tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), un trámite gratis, y pagar un aporte al Fondo de Promoción Turística de 2,5 de cada mil pesos que reciban por hacer intermediación entre visitantes y sitios de hospedaje.

Además les pone otras obligaciones, como asegurarse de que todos los hospedajes que ofrecen tienen el RNT; garantizar que cada uno de ellos ponga en la plataforma la información sobre los servicios que ofrece, las condiciones, las políticas de confirmación y cancelación; pasar los datos de los operadores al Ministerio; o tener mecanismos de atención de quejas y reclamos para los operadores y para los turistas.

Por último, la ley pone a las plataformas a responder si algunos de esos hoteles o agencias ofrecen publicidad engañosa, o si utilizan la plataforma sin tener un registro activo y vigente en el RNT.

“Esa es la parte que más valoro de la ley, me parece un paso muy importante para la regulación del sector turístico”, dijo a La Silla Gustavo Toro, presidente de Cotelco.

Pero hay otro Toro al que esa regulación le parece un adefesio. 

Para el congresista Mauricio Toro se trata de una reglamentación que no entiende que las plataformas ofrecen una intermediación de un servicio turístico, y que el responsable del servicio es quien lo presta, no quien hace el contacto.

“Si tu compras un apartamento por metrocuadrado.com y el vendedor te queda mal, tu demandas al vendedor, no a metrocuadrado. Aquí la plataforma tendría que hacerse responsable por todas las fallas del servicio y eso no pasa en ninguna parte del mundo”, dijo el congresista verde a La Silla Vacía.

María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que tiene entre sus afiliadas a plataformas de este tipo como Despegar.com y Atrápalo.com, coincide con Toro, y agrega que en la práctica la ley le pone a las plataformas una responsabilidad que es del Estado.

“Trasladar esa carga a la plataforma lo que hace es crear complicaciones en el modelo de negocios y entregar facultades al Gobierno para que pueda sancionarlas”, dijo a La Silla.

Para el viceministro Guerrero esa crítica era válida para la versión original del proyecto, pero no para lo que se acordó en el Congreso, que dice que el Gobierno tiene que poner a funcionar un sistema electrónico en el que las plataformas puedan verificar si hoteles o agencias están activos en el RNT, y dio un plazo de doce meses para tener listo el sistema y que los operadores puedan cumplir.

“Eso se puede hacer, no es física nuclear. Y si el gobierno no lo hace y no funciona, las plataformas no tienen que cumplir con esto”, aseguró el Viceministro.

Estos cambios se hicieron después de que una de las plataformas más visibles del sector, Airbnb, se pronunciara en contra del proyecto y publicara este comunicado en el que pedía justamente doce meses de transición para cumplir con los nuevos requisitos de la ley.

Consultamos a los voceros de la empresa por su opinión sobre el proyecto después de los cambios y nos dijeron que se pronunciarían después de que la ley fuera aprobada.

En todo caso, cualquier tipo de regulación va a ir en contra de sus intereses, más si tienen que pagar un aporte adicional y cambiar la forma como operan.

La paradoja es que este tipo de aplicaciones son uno de los pilares de la bandera distintiva del Presidente, la economía naranja, y esta ley, una de sus propuestas para la reactivación económica, les pone más cargas. 

El viceministro Guerrero no ve paradoja.  Dice que el Gobierno es “absolutamente amigo de las plataformas”, que los escucharon y que atendieron algunas de sus recomendaciones. Pero que Colombia necesita equilibrar la cancha entre las nuevas formas de ofrecer servicios turísticos y las tradicionales, y que las medidas protegen al consumidor.

Eso no quita el hecho de que con la implementación de esta ley el Gobierno termine enemistándose con otro sector de la economía naranja (donde ya tiene molestos a emprendedores culturales y aplicaciones de transporte). 

Aunque por otro lado, abre la posibilidad de que lo verde de la ley le permita ganarse un punto con defensores del medio ambiente, un área en la que el Gobierno no ha tenido grandes méritos más allá de reducir el ritmo de deforestación.

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