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Por Laura Ardila Arrieta · 13 de Diciembre de 2018

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Tras tres meses de tira y afloje: un debate de control político, una subcomisión para hacerle ajustes, la objeción del Gobierno y la férrea oposición de un sector político de Antioquia, ayer en la plenaria de la Cámara se realizó el último debate a la Ley de Regiones, que fue aprobada 108 votos contra 26.

Con ello, a la iniciativa, determinante en el proceso de descentralización del país, sólo le falta la conciliación de textos y la sanción presidencial para ser una realidad firme.

Este último trámite, sin embargo, mantiene el suspenso porque al terminar el debate se conoció que los reparos gubernamentales al proyecto continúan, con lo cual el presidente Iván Duque tendrá que decidir entre lo que pide el Ministerio de Hacienda (objetarlo) y lo que les prometió a los gobernadores del país (impulsar esa Ley).

Que los reparos gubernamentales se mantienen lo reveló en micrófonos al término de la votación el representante uribista por Antioquia, Jhon Jairo Berrío, quien aseguró que acababa de hablar con Ana Lucía Villa, la jefa de la Dirección de Apoyo Fiscal DAF del MinHacienda, y que ella le había “ratificado” que la Ley de Regiones puede llegar a “afectar el Sistema General de Participaciones”.

El Congresista Berrío hace parte del sector político de Antioquia que lidera la oposición a la Ley de Regiones, en cabeza de los también uribistas: Óscar Darío Pérez (representante) y Luis Pérez (gobernador).

Como lo contamos en La Silla hace unos días, la molestia paisa con la iniciativa está motivada por dos asuntos principalmente:

Primero, el hecho de que Antioquia no esté integrado aún a ninguna de las asociaciones de departamentos que se han creado para que las regiones comiencen a planificar su desarrollo social y económico como un solo territorio (que es lo que facilita la Ley). Y, segundo, que algunos políticos antioqueños creen que eventualmente la Ley de Regiones puede afectar la distribución del SGP.

El representante Pérez argumentó en el debate, entre otras cosas, que “los municipios más pobres terminarían pagando proyectos de otros departamentos”. Y también intervinieron los dos representantes liberales antioqueños, John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría.

Ellos dijeron, en resumen, que el proyecto lo querían aprobar “de forma ágil y rápida”, “sin amplio debate”, y que tenían dudas de la financiación porque para sus proyectos podrían arañarle plata a otros entes territoriales.

Dos congresistas conservadores antioqueños le dijeron a La Silla por aparte que estaban seguros de que la mayor parte de la bancada antioqueña (17) votó negativo.

En la orilla de enfrente están: el resto de gobernadores del país, representados por la Federación de Departamentos, que presentó el proyecto; y encabezados por Eduardo Verano del Atlántico, quien incluso ayudó a redactarlo. Y la Bancada Caribe, que de manera activa lo ha defendido.

Todos esos impulsores responden que la Ley de Regiones no afectará el SGP porque cualquier cambio en la distribución de esos recursos sólo podría hacerse vía una reforma constitucional.

Lo que el Ministerio de Hacienda dijo puntualmente cuando la objetó es que el proyecto tiene unos posibles impactos fiscales y que del presupuesto general de la Nación no podían salir partidas obligatorias ni para los proyectos regionales ni para el funcionamiento de las asociaciones de departamentos, bautizadas por la Constitución como Regiones Administrativas de Planificación RAP.

Hacienda también dijo que sería inconveniente que las RAP participaran, como lo propone la iniciativa, en los órganos colegiados de decisión de las regalías OCAD. Y que el club de buenas prácticas de la Ocde, al que entró hace poco Colombia, considera que la planificación del desarrollo de las regiones debe hacerse en pequeñas y no macro regiones.

Por todo eso, al final, en la Ley quedó que los gobiernos podrán asignar partidas del presupuesto de la Nación para estas asociaciones, pero sin que sea obligatorio. Y que las RAP financiarán sus proyectos regionales con recursos propios de los entes territoriales, créditos públicos o presentando proyectos por regalías.

Como también lo hemos contado, 19 departamentos de Colombia ya se han unido para constituir cuatro RAP (Centro, Pacífico, Caribe y Eje Cafetero), y ocho más están en proceso de hacerlo (RAP de la Amazonía).

La Ley de Regiones les dará los dientes a estas asociaciones, pues abrirá la puerta para que puedan conseguir recursos, desarrollar con ellos proyectos regionales y así ser mucho más que unas instancias de planificación.

La iniciativa también incluye que, eventualmente, las RAP puedan convertirse en entes autónomos, con personería y patrimonio propios, llamados Región Ente Territorial RET.

Si Duque la objeta no significa automáticamente que se hunda, pues sus objeciones tendrían que ser aprobadas o no por la plenaria en la que ya pasó el proyecto con amplia diferencia de votos.

Aunque si al final se hunde, sí implicaría un retraso más para el país de regiones que contempla la Carta Política.

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