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Por Andrés Bermúdez Liévano · 29 de Diciembre de 2019

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Tres años después del plebiscito que demostró cuan divididos están los colombianos en torno al acuerdo de paz que llevó al desarme de la guerrilla de las Farc, una de sus promesas más significativas aún está lejos de cumplirse.

Los responsables por buena parte de la violencia, incluyendo la Farc, no han demostrado aún su compromiso a dar un paso hacia delante y reconocer el daño que le causaron a millones de colombianos.

Por qué el reconocimiento importa

El reconocimiento de responsabilidad ocupa un lugar central en el innovador sistema de justicia transicional colombiano que está intentando satisfacer simultáneamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y al tiempo ayudar a los colombianos a sanar las heridas dejadas por medio siglo de conflicto.

“Es indiscutible: es necesario que en ese trasegar del proceso, reconozcan y hagan público ese compromiso de no volver a esas acciones. Y es más creíble cuando se le da la cara a la sociedad y a las víctimas”, dice Pastora Mira, una líder social y víctima de las Farc del oriente antioqueño. Su pueblo, San Carlos, es un símbolo del desplazamiento forzado causado tanto por las Farc como por los grupos paramilitares.

Una admisión explícita del daño causado es doblemente importante. Por un lado, los ex guerrilleros pueden recibir penas menos severas por crímenes graves y representativos, como asesinato o secuestro, si cumplen con tres condiciones: reconocen su responsabilidad ante la justicia transicional, cuentan la verdad y personalmente ayudan a reparar a las víctimas.

La idea detrás de este incentivo es que los responsables den un paso al frente y reconozcan su rol, permitiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) construir sus casos más rápidamente que en la justicia ordinaria. Esto ayudaría a su vez a evitar que el tribunal colapse por cuenta del gigantesco legado de atrocidades que debe investigar en un país donde ya hay 8,8 millones de víctimas registradas oficialmente.

El estado actual de cosas

Más allá de su importancia legal, amplios sectores de la sociedad colombiana e incluso políticos que se han opuesto al proceso de paz concuerdan en la relevancia de las admisiones públicas sobre lo que ocurrió.

La realidad, sin embargo, ha sido esquiva. Tres años tras la firma del acuerdo, los colombianos siguen sin ver actos generalizados de perdón y los antiguos líderes guerrilleros parecen  reticentes a hacer muestras públicas de sinceridad y humildad.

Hubo un impulso inicial. En diciembre de 2015, las Farc pidieron perdón en público a una comunidad en Bojayá, el poblado ribereño del Chocó donde en 2002 lanzaron una pipeta de gas contra la iglesia donde los lugareños se estaban resguardando de un enfrentamiento entre esa guerrilla y los paras. El ataque dejó 119 muertos y se convirtió en una de las masacres más emblemáticas cometidas por las Farc.

Dos ceremonias similares se dieron un año después, alrededor de la época de la firma. En septiembre de 2016, las Farc pidieron perdón a los familiares de 35 ex desmovilizados del EPL que asesinaron en la masacre de La Chinita en Urabá. Dos meses después admitieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle. Ambas, sin embargo, quedaron inmersas en la polarización que rodeó al plebiscito, viendo seriamente limitado su impacto.

Apenas un puñado han tenido lugar desde entonces – a pesar de que multiplicar estos actos está en el interés de los ex guerrilleros, no porque les permita sanciones menos severas pero porque está considerada una de las formas válidas de reparar a las víctimas. Muchos de esos actos fueron relativamente cerrados o se dieron en zonas rurales, por lo que tuvieron poco c cubrimiento mediático o visibilidad pública.

Esta realidad ha reforzado la percepción de que la Farc no está dispuesta a ponerle la cara a sus víctimas y a expresar su arrepentimiento.

“Nunca van a admitir responsabilidad. Las FARC no son así. Eso es pensar con el deseo. Usan discursos justificatorios de la violencia desde su fundación”, dice Ximena Ochoa, una ganadera huilense cuya madre fue secuestrada por las Farc. Ella terminó oponiéndose al acuerdo y fue candidata al Congreso del Centro Democrático, pese a haber sido una de las 60 víctimas que compartió sus expectativas con los dos equipos negociadores en La Habana en 2015.

¿Perdones locales o nacionales?

En momentos en que los colombianos esperan más muestras públicas de contrición de la ex guerrilla, muchas víctimas los han buscado a ellos para planear esas ceremonias.

“Tienen una deuda histórica con nosotros en Huila y Caquetá. No estamos reclamando que los echen a la cárcel de por vida, sino que hagan un acto de perdón y reconciliación. Eso nos permite dignificar nuestras vidas. Lo moral y lo psicológico tiene mayor impacto”, dice Holmes Fabián Ordóñez, un joven de 27 años que perdió su pierna derecha cuando era adolescente, tras pisar una mina antipersonal probablemente sembrada por las Farc.

Hace un año, Ordóñez viajó al campo de reincorporación de Miravalle, cerca al pueblo de El Pato donde creció, para intentar persuadir al ex comandante local Hernán Darío Velásquez de hacer un acto de perdón a las víctimas de minas. Su idea era hacerlo en Algeciras, uno de los pueblos más golpeados del Huila y pueblo de paso hacia el Caguán, donde hasta hace unos meses él trabajó en desminado humanitario con la Campaña Colombiana contra Minas.

Velásquez, más conocido por su alias de ‘El Paisa’ y su responsabilidad por episodios emblemáticos como el carro bomba del Nogal o el secuestro masivo en el edificio Miraflores, se negó a recibirlo. Terminó uniéndose hace un mes al grupo liderado por Iván Márquez que abandonó el acuerdo de paz y se rearmó.

Sin inmutarse, Ordóñez buscó a Carlos Antonio Lozada, otro ex comandante militar de las FARC y ex negociador de paz que ahora está en el Senado. “Trabajemos en eso”, le dijo, aunque poco ha sucedido desde entonces.

Como él, Pastora Mira también ha estado trabajando en un acto de reconocimiento de responsabilidad en su pueblo de San Carlos.

“Yo lo miro con una visión de futuro: porque las nuevas generaciones ven que no tiene presentación participar en acciones que causan ese daño y entienden que no vale la pena recorrer esos caminos cuyos resultados tienen ahí a la vista”, dice Mira, que lo viene haciendo con la Iglesia Católica y organizaciones locales. Se han reunido con Pastor Álape, que estuvo en la negociación y que probablemente ha sido el líder de la Farc más activo en actos de contrición. Ya le había pedido perdón al vecino pueblo de Granada, en un acto en el que Mira estuvo, por los frecuentes desplazamientos forzados. 

Para ella, la relevancia de estas ceremonias es sobre todo local, dado que es allí donde más pueden disminuir la desconfianza en el acuerdo de paz y promover la reconciliación dentro de la comunidad. Ella es consciente que, aunque las víctimas quieren ver a la Farc pidiendo perdón, con frecuencia es difícil satisfacer sus expectativas. Cuando ex comandantes lideran estos actos se les dificulta responder preguntas específicas por alguna persona que continúa desaparecida, pero cuando van ex guerrilleros más rasos mucha gente siente que no hay una representación significativa del grupo que les causó el daño.

A medida que estos actos han dejado de multiplicarse, los integrantes de la Farc no han sido capaces de desmontar la percepción generalizada de que han sido arrogantes y no se han arrepentido.

¿Son mejores los perdones públicos o privados?

A pesar de que los actos públicos pueden jugar un papel sanador para todos los colombianos, muchas víctimas prefieren los cara a cara más privados con los ex guerrilleros.

“Para mí fue más importante el personal y privado, porque sentí que salían mis palabras. Los que han estado hablando de forma activa –hablando públicamente, poniendo bombas, matando- han sido las FARC. En el privado la víctima es quien está activa, diciendo lo que sintió, lo que le dolió, haciendo catarsis, liberando los demonios que ha tenido tantos años”, dice Sebastián Arismendy, un estudiante universitario de 22 años cuyo padre, el diputado Héctor Arismendy, fue secuestrado por las Farc en 2002 y asesinado por ellos cinco años después.

Los parientes de los doce diputados del Valle se reunieron en privado con las Farc tres veces, para planificar la ceremonia solemne hecha a finales de 2016 en la iglesia justo al lado del edificio de la Asamblea donde los secuestraron en medio de un simulacro de una bomba. Arismendy recuerda que les gritó iracundo la primera vez que estuvo con ellos en la misma habitación, haciéndolos responsables por haber visto por última vez a su padre cuando tenía cinco años.

En la última reunión, el día antes de la ceremonia, Arismendy sintió que algo había cambiado. Recuerda sentirse extrañamente extático y más tranquilo, tras haber crecido imaginando a la guerrilla literalmente como “un monstruo”.

También recuerda que Iván Márquez, el ex negociador de paz convertido de nuevo en prófugo y líder de un grupo criminal, se sentó al lado suyo y de la hija de otro diputado. Tras decirles que entendía su dolor porque él también era padre, Márquez les ofreció un abrazo. Arismendy lo declinó, sintiendo que no estaba listo.

Hoy defiende que las víctimas pueden sanar al encontrarse con sus perpetradores en espacios cuidadosamente planeados y dirigidos por ellos. “El público es para que la sociedad vea que algo está pasando, el privado es para mí. Utilizaban palabras más reales que en el público, menos leídas y jurídicas. En el público se hablaba de reconocimiento de responsabilidad, en el privado decían ‘Perdóneme, la cagué’”, reflexiona, describiendo la actitud de los ex guerrilleros como “arrogante” y añadiendo que tiene una lista de preguntas sobre su padre que espera le respodan.

Cuando no basta el reconocimiento solo

Algunas víctimas esperan el arrepentimiento de la Farc, siempre y cuando venga acompañado por alguna forma de reparación.

“Expresar perdón público es bueno, pero veo que no es suficiente. Son actos fríos, cuando el perdón y la reconciliación ameritan más tiempo para sanar y compartir en los distintos espacios comunitarios”, dice Hernando Chindoy, líder de una comunidad indígena inga en Nariño que por años sufrió asesinatos selectivos, amenazas y desplazamientos por parte de las Farc, en una región donde la guerrilla controlaba el comercio de látex de amapola destinado a la producción de heroína.

Chindoy, que hace un año fue elegido como líder de los 27 mil ingas del país, dice sentirse prevenido aún por la actitud de la Farc, que no ve como suficientemente generoso. “Es como si un martillo le pega en el dedo y pierde una uña. Cuando una persona pierde a una persona, pierde una parte del cuerpo. Así de doloroso es y de importante la sanación”, añade.

A pesar de las reservas de Chindoy, su comunidad está dando un sorprendente ejemplo de reconciliación con sus antiguos victimarios. Hace dos años abrieron un café en el centro histórico de Bogotá para vender el café especial que producen en su montañoso resguardo, tras haberse convertido en un modelo nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Hace un par de meses su Café Wuasikamas comenzó a vender la cerveza La Roja, que están produciendo ex guerrilleros de las Farc en Icononzo como parte de su reincorporación a la vida civil.

Para Chindoy y muchas otras víctimas, la admisión de responsabilidad debería venir acompañada por acciones robustas de reparación en tiempo real. “Ahora que muchos de ellos están terminando la universidad, esa es una manera de reparar los daños. Si pudieron hacer daños con armas, ¿por qué no resarcirlos con sus conocimientos?”, pregunta.

La crisis del rearme parcial y el reconocimiento

Para muchas víctimas, la actual crisis política generada por el rearme de un grupo pequeño pero significativo de líderes de la Farc significa que el restante 92% de ex combatientes que aún están comprometidos con la paz deberían meterle el acelerador a sus actos de contrición. Es la única manera, argumentan, de mantener la confianza en el acuerdo y en su compromiso.

Estas acciones voluntarias son aún más importantes dado que no es probable que el primer macrocaso de la JEP –el de secuestro- llegue a la etapa de resolución de conclusiones sino hasta mediados del 2020. Esto quiere decir que las víctimas no oirán mensajes sentidos de arrepentimiento en audiencias públicas organizadas por el tribunal especial pronto.

Hace dos semanas, la Farc entregó su informe a la JEP sobre secuestros. Ese día Rodrigo Londoño, el ex jefe de la guerrilla y líder actual de su partido, dijo que “reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos nuestra responsabilidad colectiva por el daño a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica”. Su admisión, una de las más claras de la Farc hasta la fecha, se vio ensombrecida por la polémica lingüística, dado que muchos colombianos sienten que la palabra ‘retención’ termina aguando el horror del crimen más odiado de la guerrilla.

Parte del problema es que otros actores, incluyendo el Estado, también deben reconocer su responsabilidad en varios casos, algo que también dejó de suceder después del perdón que el presidente Juan Manuel Santos pidió a la Unión Patriótica por el exterminio al que fue sometido.

“El acuerdo es del Estado y de la sociedad colombiana. No podemos ponernos en este banquillo para decir aquí está el Gobierno y aquí las FARC para que acusen o hagan reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento lo tiene que hacer toda la sociedad colombiana. ¿Dónde están los terceros, los partidos políticos, los empresarios, los ganaderos? ¿Dónde están los demás que han producido –y siguen produciendo- victimización sobre este pueblo?”, dijo Victoria Sandino, otra ex negociadora de paz de las Farc que ahora está en el Senado, durante una audiencia de la Comisión de la Verdad en Montería hace dos semanas.

Contactamos a tres líderes del partido Farc, incluyendo a Álape, para entender su visión del tema, pero no recibimos ninguna respuesta.

“Lo que han hecho no tiene nada que ver con estándares internacionales, al insistir en que había justificaciones para hacer lo que hicieron y eso es inaceptable. Ellos no pueden justificarlo”, dice Ximena Ochoa.

Esa percepción ha hecho más difícil que las pocas y solitarias expresiones de arrepentimiento le lleguen a audiencias más amplias. Hace tres semanas Rodrigo Londoño estuvo en San Adolfo, corregimiento de Acevedo en el Huila, pidiendo perdón por el brutal sitio de esa guerrilla en 2001. Pero ningún medio nacional mencionó el evento. Él mismo no publicó su discurso ni trinó lo que dijo a las víctimas. La mayoría de ellas nunca escucharon su solicitud de perdón.

“Ante una crisis de inestabilidad como esta en las FARC tienen que mostrar que están fuertes en lo que pactaron y lo que quieren –dice Sebastián Arismendy- ¿Y cómo demostrarlo? Reconociendo y pidiendo perdón, diciendo que están firmes y que están trabajando en eso”.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

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