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Por Jerson Ortiz · 29 de Mayo de 2020

Jesús Galdino, médico y gobernador de Amazonas

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Además de ser uno de los departamentos más críticos del país en contagios y muertes por coronavirus -al punto que ya están pensado allí construir otro cementerio-, y de toda la precariedad de su sistema de salud que ha quedado en evidencia, Amazonas también es centro de cuestionamientos por la manera en que se ha gastado la plata para enfrentar la emergencia.

Esta semana, la Procuraduría y la Fiscalía General anunciaron investigaciones disciplinarias y penales, respectivamente, contra el gobernador Jesús Galdino, que es del Centro Democrático, y algunos de sus funcionarios, por supuestos sobrecostos en la contratación de más de 17 mil mercados.

Los entes no dieron todos los detalles de lo que encuentran sospechoso, pero La Silla Vacía los averiguó. 

Los contratos

Los reflectores de los dos entes apuntan contra Galdino y sus secretarios de Gobierno, Cristian Camilo Aldana Salazar; y Educación, Víctor Manuel Mora; y la funcionaria Marcela Velásquez, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de dos contratos de suministro de alimentos. 

El procurador Fernando Carrillo mencionó que se está averiguando si la Gobernación usó la figura de urgencia manifiesta para contratar directamente con un proveedor que, al parecer, carece de idoneidad. Además, si los contratos mencionados se derivarían de acuerdos previos entre políticos y contratistas del departamento.

Pero no entregó detalles.

 

Lo que encontró La Silla es que la investigación arrancó por una denuncia anónima que se envió por correo electrónico y va más allá de lo anunciado por Carrillo. 

Puntualmente, son dos contratos que suman más de 1.860 millones de pesos y fueron firmados directamente por el Gobernador Galdino y entregados a una misma empresa a dedo: Representaciones Amazonas SAS. 

Ambos son del 6 de abril.

El primero es por 429 millones de pesos y su objeto es entregar un suministro alimenticio a 6.280 niños del Programa de Alimentación Escolar, el famoso PAE.

De entrada, llama la atención que la Gobernación haya decidido contratar un nuevo PAE, cuando a fines del año pasado el departamento había firmado este negocio por 4 mil millones de pesos con un consorcio llamado Alimentación Infantil 2020 y el objeto de cubrir todo el calendario escolar de este año.

Ese contrato lo entregó en una licitación el en ese momento saliente gobernador liberal Víctor Hugo Moreno, cuyo grupo político buscó mantener el cargo con Érik Peláez pero perdió las elecciones contra Galdino. 

Aunque, con el aislamiento físico impuesto por la pandemia, la ejecución no se podía hacer exactamente igual, la Gobernación podía ajustar ese contrato que venía andando para que, en vez de los almuerzos en los colegios, el contratista entregara un mercado con un valor equivalente a los almuerzos de un mes. 

Así lo permite una resolución del Ministerio de Educación, y así se ha hecho, por ejemplo, en otros casos como en la Gobernación de Boyacá

La Gobernación de Amazonas, no obstante, no lo hizo justificando que un nuevo contrato  “es una forma más ágil y expedita de garantizar el derecho como beneficiarios del programa de derecho escolar PAE”, como lo dijo en los estudios previos que dieron lugar al contrato.

Y así se firmó ese nuevo PAE el pasado 6 de abril. 

Esa misma semana, Luis Fernando Olmos, gerente del consorcio Alimentación Infantil 2020, mandó una carta a la Gobernación reclamando que les dejaran retomar el contrato porque, en su concepto, tenían el derecho adquirido, pero eso no pasó. 

Lo que sí pasó ese mismo 6 de abril, es que Galdino firmó un segundo contrato con Representaciones Amazonas SAS, también directamente, para la entrega de 10.960 mercados a familias vulnerables en los dos municipios del departamento: Leticia y Puerto Nariño, y sus ocho corregimientos. 

La segunda sospecha o asunto llamativo es que, aunque en los dos contratos existen los mismos productos, éstos se cobraron con valores distintos. 

Por ejemplo, en el contrato del PAE, Representaciones Amazonas SAS cobró el kilo de arroz a 6 mil pesos, y en el de los mercados a 4.300 pesos; lo mismo ocurre con la leche en polvo por 400 gramos: en el primero la cobra a 11.500 pesos y en el otro a 9.800 pesos; y con la libra de lenteja, que en el del PAE se cobró a 4.300 pesos y en el otro a 3.800 pesos.

Más particular aún es que en otro contrato de la Gobernación, uno entregado el 27 de marzo a Rapitiendas Muñocito SAS para el suministro de 3.250 mercados, el departamento había pagado el arroz a 3.300 y la lenteja a 3.400. Es decir, por debajo de los valores que recibió por esos productos Representaciones Amazonas SAS en sus dos contratos.

(Por cierto, el dueño y representante legal de Rapitiendas Muñocito SAS es Iván Muñoz Bernal, un empresario al que la Fiscalía le abrió investigación en 2015 por presunta corrupción en unos contratos con la Alcaldía de Leticia en 2009. En los registros de la rama judicial aparece que el proceso sigue abierto sin una decisión en firme).

¿Quiénes son?

Las denuncias sobre los mercados por los que indagan al Gobernador también apuntan a la idoneidad de Representaciones Amazonas SAS, la empresa que se quedó con el negocio. 

Al respecto, lo que encontramos es que ésta se registró en Cámara de Comercio de Leticia en 2018 y de ella son socios Dora Liliana Cuellar y Édgar Iván Guevara Cuellar (madre e hijo). Desde su creación Representaciones Amazonas SAS se ha venido ganando contratos públicos para hacerle mantenimiento a una balsa flotante de la Gobernación, para suministro de papelería y entrega de equipos de pesca. 

Esos negocios se los ganó en la pasada Gobernación del liberal Moreno. 

Aunque la denuncia apunta a que Galdino contrató con Representaciones Amazonas SAS por un supuesto pago de favores de campaña a Dora Liliana Cuellar, no encontramos en terreno ningún vínculo que así lo confirme. Además porque Cuéllar ha sido una contratista de casi todos los gobiernos recientes de Amazonas. 

Más allá de eso, encontramos que para poder soportar la experiencia y la capacidad en los contratos de los mercados, su empresa anexó copia de otros contratos que ejecutó Dora Liliana Cuellar como particular con la Gobernación entre 2016 y 2017, cuando los gobernadores fueron el hoy condenado Manuel Carebilla y César Lugo.  

Y esos contratos están cuestionados.

Al del 2016 la Contraloría le abrió investigación porque encontró sobrecostos superiores a los 297 millones de pesos, que incluyen el pago de 900 pesos por unidad de huevo de gallina, cuando un huevo no pasa de 300 pesos.  

Por eso, el ente de control fiscal decidió investigar a Cuéllar, al condenado Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y a su entonces secretaria de Educación, Betsy Mireya Londoño.

Ese proceso no ha arrojado hasta ahora ningún resultado. 

Pero sus investigaciones por lo de los mercados no son los únicos cuestionamientos al Gobernador Galdino en medio de la pandemia.

El mandatario le dio un contrato de 316 millones de pesos para la compra de unos químicos a Group AQ S.A.S, una empresa de la que son socios y representantes legales el exalcalde de Leticia, Gilberto Aguirre Arenas, y Paola Gutiérrez Quintero, quienes, según los reportes del Consejo Nacional Electoral, le prestaron 28 millones de pesos a su campaña. 

Como contamos hace unas semanas, también hay ruidos alrededor de las obras de remodelación del hospital San Rafael que Galdino inició cuando arrancó la emergencia y de la entrega de suministros de protección al personal de salud porque, de nuevo, se la ganaron contratistas cuestionados.  

Hace unos días, el contralor departamental Daniel Oliveira le suspendió por seis meses al secretario de Planeación, Argemiro Perdomo, por irregularidades en un contrato del año pasado. Y aunque esos hechos no sucedieron en la Administración de Galdino, sí le suman al mandatario más polémica y mala hora.

Para preguntarle por todos estos asuntos, intentamos comunicarnos con el Gobernador o su equipo de prensa, pero no obtuvimos respuesta. 

En un memorando interno a su equipo de gobierno, del pasado 11 de mayo cuando ya se hablaba de las investigaciones, Galdino pidió que revisaran los estudios previos y  precios de los contratos que se han firmado en medio de la emergencia para que se hagan modificaciones en caso de haber irregularidades o que no se paguen.

Esa directriz está por verse porque los contratos ya están firmados y se están ejecutando.

Comentarios (1)

Javier M

29 de Mayo

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Otro buen muchacho del Centro Democrático

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