Las propuestas tributarias, cara a cara

El debate alrededor del IVA está entre mantener la tarifa del 19 por ciento, que creó la reforma tributaria de 2019 para recaudar más, o reducirlo para bajar el impacto sobre los más pobres, que son los más afectados por este impuesto. Petro propone reducir el IVA al 16% y devolver el que paguen los hogares que están por debajo de la línea de la pobreza. Eso tendría un fuerte y positivo impacto social, pero un impacto grande en el recaudo - y la devolución sería difícil y costosa en lo administrativo. De La Calle tiene una visión similar pero más sencilla: propone llegar al 16% pero de forma gradual, eximir a los hogares más pobres (algo menos engorroso que devolverles el dinero, pero también difícil de administrar pues requeriría algo como un registro como hogar pobre y alguna forma de demostrarlo al comprar bienes o servicios) y grabar más bienes y servicios, para compensar la disminución. Fajardotiene una posición que prioriza la disciplina fiscal pero es pragmática: propone mantener el 19% mientras consigue nuevos ingresos, y luego reducirlo (lo que evitaría un mayor déficit del Estado). Vargas muestra que su interés es ayudar a empresas y empresarios, pues lo mantendría en el 19% pero haría que se pueda descontar del impuesto de renta lo que se paga en IVA. Como solo pagan renta las empresas y las personas con mayores capitales o ingresos, eso aliviaría la presión de los ricos y las empresas, no de los pobres (algo que compensa parcialmente al ampliar ese impuesto a todos los bienes y servicios excepto los de primera necesidad y los servicios públicos de estratos bajos). Además, eliminaría el IVA en la compra de bienes de capital, que son los que compran las empresas para hacer sus negocios, como maquinaria o inmuebles, lo que de nuevo muestra el énfasis en ayudarlos (y tiene el riesgo de que los bienes de capital varían según el negocio de cada empresa, y por eso puede dar lugar a manipulaciones). Duque propone crear un día sin IVA cada bimestre, una propuesta que podría ayudar a todos sin reducir la tarifa pero que puede tener grandes dificultades para implementarlo, da margen a la manipulación de facturas para que todo se compre ese día y le facilita la vida a quienes pueden comprar todo lo del bimestre un solo día en detrimento de quienes viven al día.

El impuesto de renta, el principal impuesto en Colombia (en 2017 la Dian recogió casi 115 billones gracias a él, contra 37 de IVA), ha recargado su peso en las empresas, como han mostrado diferentes expertos, incluyendo la Comisión Tributaria de 2015 o los reportes de competitividad o de Doing Business. Por eso, y por la reciente reforma de Trump que le bajó la tarifa a las empresas en Estados Unidos, hay un debate grande sobre si se debe bajar para darle más espacio a que las empresas sean rentables e inviertan. Petro no dice nada al respecto, por lo que se entiende que mantendría las tasas actuales, algo congruente con su visión más preocupada por las personas desfavorecidas que por las empresas. De La Calle propone reducir la tarifa hasta el 26%, lo que sería muy beneficioso para las empresas pero dejaría un hueco fiscal que fácilmente podría llegar a 20 billones de pesos. Fajardo, en línea con su visión de disciplina fiscal, propone mantener la reducción que creó la reforma tributaria de 2016 y que lleva a que baje del 35 al 33 por ciento en 2019. Vargas, que busca bajar la presión fiscal a las empresas para que muevan la economía, propone reducirlo hasta el 30 por ciento (lo que costaría unos 10 billones de pesos). Duque habla de "tarifas competitivas", sin aclarar una cifra exacta, pero con la visión de reducir la presión fiscal a las empresas.

Una de las grandes críticas al sistema tributario colombiano es que el impuesto de renta a las personas, que es el principal impuesto en muchos países ricos, es débil porque lo pagan relativamente pocas personas y las tarifas no son muy altas para los más ricos. Aunque la reforma tributaria de 2016 busca empezar a enderezar eso, falta mucho como se nota de la diferencia entre lo que ésta creó (como las rentas separadas por tipo de ingreso, llamadas rentas celulares) y lo que propuso la Comisión de Expertos de 2015. Petro propone grabar más fuerte a los ricos y aumentar la ""efectividad"" del impuesto a las rentas de capital, es decir, a las que vienen de tener plata y no de trabajar (como los arrendamientos de bienes o los rendimientos de inversiones), en línea con su visión de que los ricos pagan poco y que la única riqueza valiosa es la que viene del trabajo, como dijo en su entrevista de Hora 20. De La Calle propone aumentar tanto la cantidad de personas que pagan, incluyendo a personas de hogares de clase media-alta, como el impuesto a los más ricos, lo que responde a las recomendaciones de la comisión de expertos. Además, propone crear un impuesto progresivo al patrimonio de los hogares (no de las personas), excluyendo lo que inviertan en activos productivos como acciones de empresas o bienes que compren para producir. Así busca que los más ricos tengan más incentivos a usar su capital en mover la economía. Fajardo propone incrementar el impuesto a los más ricos, y usar los logros de ello en reducir los impuestos a las empresas, con la idea de que así sus dueños prefieran dejar sus utilidades en las empresas para que éstas inviertan. La idea de Vargas es que en lugar de aumentar los impuestos a los más ricos se debe aumentar la cantidad de personas que pagan y no penalizar la riqueza. Para eso propone eliminar la renta presuntiva (un cálculo que hoy se hace al pagar renta en la que se presume que lo mínimo que produce al año una persona es el equivalente al 3% de su patrimonio, con lo que busca obligar a la gente a poner su plata a producir y ponerle un ""piso"" a la evasión) y eximir de la renta los ingresos que queden ahorrados. Por último, Duque deja pendiente la tarea, pues dice que sí deben pagar renta más personas pero solo cuando haya crecido la economía.

Además del impuesto de renta y del IVA, hay varios otros impuestos relevantes, y Petro y Vargas tienen propuestas de peso al respecto. El ex alcalde propone crear un impuesto a los giros de utilidades que hacen los extranjeros hacia sus países. Ese pago, que por años existió en Colombia en diferentes impuestos y tarifas, busca que la inversión extranjera prefiera dejar sus utilidades en el país a sacar el dinero, pero tiene el costo de que desincentiva esa inversión, aunque el impacto depende de la tarifa final y otros detalles. En todo caso, encaja con su visión poco amiga de la extracción de rentas de parte de extranjeros. Vargas, por su lado, propone eliminar el pequeño impuesto a los dividendos que creó la reforma de 2016, y que busca que los dueños de las emrpesas prefieran dejar la plata en ellas antes que sacarla, pero que puede afectar su inversión. Además, quiere eliminar el de industria y comercio, una de las principales fuentes de financiación de los municipios pero que se suma a la renta de las empresas. Su idea no es desaparecerlo sino que las empresas lo paguen y luego lo descuenten del impuesto de renta, lo que ayuda a su competitividad pero puede dejar un hueco de unos 7 billones de pesos o más.

Entre los grandes debates tributarios está el de los impuestos a la tierra, y especialmente el impuesto predial rural, que suele ser muy bajo. La discusión va de la mano con la redistribución y el mal uso de la tierra y con el catastro multipropósito, una herramienta para conocer mejor la propiedad, uso y costos de la tierra rural en cuya urgencia coinciden todos los expertos del agro (como los que conformaron la Misión Rural) y que está acordado en la Habana. Todos los candidatos, excepto Duque, coinciden en la importancia de ese catastro, y Fajardo, además, se compromete a cofinanciar su aplicación con los municipios y De La Callea actualizar el valor catastral de los predios rurales. Petro,además, propone cobrarle el mayor impuesto legalmente posible a los latifundios en tierras fértiles que no estén siendo productivos, como forma de presión para que sus propietarios las vuelvan productivas o las vendan (posiblemente al Estado, para redistribuirlas).

Una de las plagas de los sistemas tributarios es la evasión de quienes "capan " impuestos, el contrabando y los esquemas más sofisticados para no pagar impuestos (llamadas teénicamente elusión y planeación fiscal). Aunque todos los candidatos hablan de luchar contra ellas, algo que es apenas obvio, Vargas y Duque le apuestan casi todo su plan a lograr éxitos enormes en esos frentes, con lo que proponen compensar sus recortes a los impuestos de las empresas y sus dueños. Duque,en concreto, habla de reducir a la mitad la evasión del IVA para recuadar unos 12,5 billones al año, algo difícil de lograr y Vargas dice que la evasión es del orden de 80 billones de pesos y que recuperaría entre 6,5 y 36 billones (la cifra aumentaría con el tiempo) al reducirla a la mitad. En los dos casos parecen inflar la cantidad que se evade, además de reducir las dificultades para combatirla. Para la DIAN que lo revisó en el proceso de la reforma tributaria de 2016, la evasión suma 30 billones. Y, para el Fondo Monetario Internacional, que usa cifras de la Ocde, en 2015 estaba alrededor del 4 por ciento del PIB. Es decir, unos 34 billones de pesos. Según la CEPAL, la evasión del IVA es de alrededor de 20,1 por ciento y la de la renta del 34,4 por ciento. Eso, en cifras de 2017, equivaldría respectivamente a 7,5 y a 19 billones de pesos, para un total de más o menos 26,5 billones.

La política tributaria sirve para incentivar diferentes actividades o sectores económicos, dándoles beneficios . Petro,como parte de su propuesta de modificar toda la matriz energética de Colombia, propone menores impuestos a los vehículos eléctricos. De La Calle, Fajardo y Duque proponen una tarifa menor de renta para las empresas medianas y pequeñas, una propuesta que busca ayudar a los empresarios pequeños de cualquier sector. El riesgo es que los grandes busquen esquemas para atomizar sus empresas y gozar de esos beneficios, lo que implica un trabajo grande y costos de la Dian para ""cazar"" esas movidas. Vargas y Duque, además, proponen beneficios para empresas del agro: el primero dice que le cobraría un impuesto de renta de solo el 10% a empresas agropecuarias y el segundo habla de 10 años de ""incentivos tributarios"" a inversiones agroindustriales. Duque, por último, habla también de descuentos tributarios a las llamadas empresas B, las que buscan tener rentabilidad mientras solucionan problemas sociales y ambientales (como empresas de reciclaje o que tienen una producción sostenible), que tradicionalmente han encarado entidades sin ánimo de lucro o el Estado.

La norma de la Constitución que obliga a mantener el déficit fiscal en cintura, con una meta que se reduce con el tiempo pero que deja espacio para mayor gastos cuando la economía entra a un ciclo negativo como el actual, es uno de los grandes debates económicos de la campaña. Sobre todo porque Duque habla de "revisar" (lo que muestra que su programa no es estrictamente neoliberal ni muy ortodoxo en disciplina fiscal), y De La Callede "flexibilizarla responsablemente" (con lo que se nota su tendencia a una visión más keynesiana o cepalina de la economía). En contraste, Fajardo es el más ortodoxo pues dice que se debe "cumplir", Vargas no está lejos al hablar de "mantenerla" (en vez de cambiarla como dicen Duque y De La Calle y Petro muestra que la respetaría, pues dice que propone "mantenerse en su horizonte".