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Por Nicole Bravo · 23 de Noviembre de 2020

Fotos: Facebook

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Han pasado un poco más de tres meses desde que 13 jóvenes fueron asesinados, en menos de una semana, en dos masacres ocurridas en el Pacífico.  

Desde entonces, se han capturado algunos de los responsables -no todos- y aunque todavía los móviles de estos crímenes siguen sin esclarecerse, ha surgido un movimiento de jóvenes alrededor de las dos tragedias que comienza a arrojar una luz de esperanza en ambos municipios de que algo podría cambiar para bien.

Las masacres

El 11 de agosto los cuerpos de Jair Andrés Cortés de 14 años, Leyder Cárdenas, Álvaro José Caicedo y Luis Fernando Montaño, de 15, y Jean Paul Perlaza, de 16 años, fueron encontrados en un cañaduzal cerca al barrio Llano Verde, al suroriente de Cali.

Cuatro días después fueron asesinados en Samaniego, Nariño, Óscar Andrés Obando, de 17 años, Laura Michel Melo y Campo Elías Benavides, ambos de 19 años, y Daniel Vargas, Bayron Patiño, Rubén Ibarra, Jhon Sebastián Quintero y Brayan Alexis Cuarán, todos entre 22 y 25 años, que se encontraban en una fiesta con más de 30 personas en la finca.

Las víctimas de Llano Verde eran amigos del barrio, afros, futbolistas, interesados en el cine, las matemáticas y el baile, y habían salido ese día fatal a elevar cometa, comer caña y bañarse en los pozos de agua del cañaduzal. Una costumbre para muchos de los niños que viven en ese barrio de pequeñas casas de interés social que entregó el gobierno en 2013.

Las de Samaniego fueron descritas como jóvenes universitarios y deportistas, la mayoría alternaban sus estudios con el fútbol, como lo dijo El Espectador en su momento, y habían acordado reunirse a celebrar un cumpleaños en la vereda Santa Catalina.

Ambas masacres conmovieron al país, y fueron priorizadas por la Fiscalía. En ambos casos ya hay capturados, aunque los familiares de los jóvenes sienten que están todavía lejos de ser esclarecidos los móviles de ambos crímenes.

Dieciséis días después de la masacre de Llano Verde, el 28 de agosto, el Fiscal General, Francisco Barbosa, dijo que el equipo y la tecnología disponible les había permitido tener el material probatorio para capturar a dos de los tres presuntos responsables, que los niños habían sido asesinados, sin mediar palabra, por los tres vigilantes de los cañaduzales. Y que el móvil era por intolerancia ya que los niños habían ido a comer caña.

No mencionó que las capturas de Yeferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, fueron facilitadas porque un día antes un testigo, a quien Loaiza le confesó que había estado en el lugar en el que ocurrió la masacre, dio su testimonio en la Fiscalía porque no quería que el crimen quedara impune. 

 

Por otro lado, las profesiones tampoco se ajustaban a las indicadas por el Fiscal: Juan Carlos Loaiza era el único vigilante de la empresa de seguridad Control Interno y Transportes. Yeferson Marcial Angulo, trabajaba como maquinista de la constructora Iron, a la que, según el informante, Control Interno y Transporte le presta servicios de seguridad. Y Gabriel Alejandro Bejarano, el tercer presunto responsable según la Fiscalía y a quien los otros dos culpan de haber disparado, está fugitivo.

Por esta razón, su captura y su testimonio serán claves para esclarecer el crimen, pues hasta el momento, no hay una hipótesis clara y pública sobre los móviles de la masacre.

Quedan varias preguntas sin resolver. ¿Tuvo alguna responsabilidad la empresa Control Interno y Transporte, cuya representante legal es Ana Mildred Muñoz, esposa de Luis Aristizabal Vargas, representante legal de la empresa Buho y quien ha aparecido vinculado a varios crímenes? 

Control Interno y Buho comparten la misma dirección en los registros de la Cámara de Comercio. Y según La Liga del Silencio, Aristizabal fue condenado como cabecilla de la banda ‘Mercaderes de la muerte’, que suplía armas y estupefacientes a disidencias del Pacífico y la Costa Atlántica y es presunto cómplice del asesinato de la candidata Karina García en Suárez, Cauca el año pasado.  

Tampoco les han dicho a los familiares quiénes son los dueños de los cañaduzales y si tienen alguna responsabilidad en el crimen. 

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, le dijo a La Silla que los propietarios no están afiliados al gremio. Asocaña, en todo caso, se ha reunido con las familias para explicarles esto y comprometerse con acciones que, articuladas con programas y políticas de Gobierno, puedan “contribuir a mejorar su situación”. 

Los familiares también quieren saber si en realidad fue una coincidencia, como lo afirmó el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de Cali, que justo cuando se realizaba el velorio de los niños, hubieran lanzado una granada contra el CAI de Llano Verde dos días después de la masacre, que mató una persona e hirió a 15.

Pero sobre todo, las familias aún no entienden por qué mataron a los niños. 

“Lo que está claro es que no los mataron por comer caña como lo dijo de forma apresurada el Fiscal, ¿a quién van a matar y lo van a torturar por comer caña?” dijo el abogado Elmer Montaña, abogado de una de las familias, y exfiscal de la ciudad.

Montaña cuestiona que a los presuntos responsables del crimen no les hayan imputado cargos por tortura cuando fue evidente en el informe forense que la sufrieron. Aunque los abogados podían solicitarlo, según Elmer, no pudieron hacerlo porque los documentos fueron entregados el mismo día de la imputación y no lograron revisarlos por completo para la audiencia.  

“Si este caso lo llegaran a presentar a juicio con lo que tienen, la Fiscalía lo perdería”, dice Montaña. Según él, en este caso faltan pruebas contundentes, pues según dijo, sólo cuentan con las declaraciones de los dos capturados y el informante. 

La Silla supo que tanto Juan Carlos Loaiza como Yefferson Angulo -los dos detenidos- se negaron a hablar más con la Fiscalía sobre el caso. Por el momento, no se han vinculado más personas al caso de Llano Verde.

Los familiares de los ocho jóvenes asesinados en la vereda Santa Catalina, a 20 minutos del casco urbano de Samaniego, Nariño, tampoco están satisfechos con la única hipótesis que tiene la Fiscalía sobre el crimen, que en su opinión estigmatiza a las víctimas.

Después de que, durante dos meses, cerca de 80 investigadores de la Dijin, la Sijin, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) estuvieron recogiendo material probatorio, y entrevistando a varias fuentes anónimas del municipio que le dijeron a la Fiscalía que Sebastián Acosta, alias ‘Cúcuta’, podría ser uno de los responsables de la masacre, éste se entregó y se convirtió en testigo clave de la investigación.

Su testimonio permitió la captura el 22 de octubre de Andrés Fernando Moriano, alias ‘Fercho’, y a Yeiron Alexander Pantoja, quienes fueron señalados como responsables de la masacre de Samaniego pero  tampoco aceptaron los cargos que les imputaron.

Siguen fugitivos alias ‘Kevin’ y alias ‘Pava’, a quienes una fuente de La Silla describió como “los sicarios del pueblo” que trabajan y siguen las órdenes que les de el ELN.

De la masacre se sabe que alias ‘Franco’, quien lidera una de las bandas criminales que está asociada al ELN y con quien ‘Kevin’ y ‘Pava’ también trabajaban, dio la orden para que asesinaran a cinco integrantes de la banda de los ‘Cuyes’, de quien sospechaba se había aliado con el Clan del Golfo. 

Al llegar a la finca en Samaniego donde ocurrió la masacre, los cinco que iban con la orden de asesinar el mismo número de personas, vieron que sólo habían dos de los que buscaban: Bayron Patiño, quien supuestamente le llevaba las cuentas a los ‘cuyes’, y Brayan Alexis Cuarán, que sería otro integrante encargado de varias diligencias en la banda. Al final, terminaron matando a los demás jóvenes que no tenían nada que ver para no ser identificados luego.

Intentamos comunicarnos con el padre de uno de los jóvenes asesinados que son señalados de tener vínculos con los ‘Cuyes’ pero no contestó nuestros mensajes.  Los padres de otras víctimas nos dijeron que hace más de 15 días solicitaron a la Defensoría un abogado, pero se los negaron con el argumento de que no había menores de edad involucrados ni integrantes de la comunidad LGTBI. 

Si esta masacre llega a esclarecerse, sería la primera claridad que tiene Samaniego de los 37 homicidios ocurridos en lo que va de este año. 

El movimiento social que nace de la tragedia

Por ahora, la masacre de Samaniego se convirtió en un antes y un después para la juventud del municipio. 

Más de 100 jóvenes, entre los 14 y los 28 años, se han organizado bajo el nombre de ‘Movimiento juvenil 15 de agosto’ en honor a los ocho jóvenes que fueron asesinados. 

La masacre fue un pellizco que llevó a una primera asamblea el 24 de agosto en la que plantearon las necesidades de los jóvenes del municipio y acordaron estar unidos para visibilizar a Samaniego para que finalmente llegue el Estado. 

El Movimiento ha organizado mesas de educación, salud, cultura, medio ambiente y otros ejes transversales como Derechos Humanos y asuntos rurales y han logrado que la Alcaldía, integrantes de la Gobernación de Nariño y el Consejero Presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango, se sienten con ellos para poner sobre la mesa los puntos que consideran claves para que los jóvenes tengan más oportunidades en el municipio. 

Ya lograron que se otorguen 100 cupos para jóvenes programadores con el fin de tener en Samaniego un Centro de Desarrollo Informativo para impulsar estas habilidades en la comunidad. Y están en conversaciones para que en el municipio exista una sede permanente de la Universidad de Nariño.

De la misma forma, le han apostado a la recuperación de senderos ambientales con fines turísticos y a retomar espacios, como el del mirador del río San Juan, un lugar común de encuentro para los jóvenes, en el que se elaboró un mural con el rostro de las ocho víctimas.

Todo esto ha sido nuevo en un municipio en el que históricamente hay presencia del ELN y el narcotráfico, y otras rentas ilegales como la minería ilegal, efectivamente son la gasolina de una violencia que no es nueva y que se ha recrudecido desde que las Farc salió del territorio tras la firma del Acuerdo de Paz, como contamos. 

Pero más excepcional aún es que se han puesto en contacto con líderes de la organización Orientados, al oriente de Cali, donde ocurrió la masacre de Llano Verde, y están organizando un intercambio sociocutural para conocer y compartir sus experiencias de memoria y visibilización. 

Andrés Valencia, uno de los 32 integrantes de Orientados, le aclaró a La Silla que su movimiento nació tres meses antes de que sucediera la tragedia en Llano Verde, pero que han pensado el intercambio con el ‘Movimiento Juvenil 15 de agosto’ como una oportunidad para crear una agenda nacional que empodere a los jóvenes alrededor de temas como el medio ambiente, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, entre otros. 

Para Valencia la clave por ahora es “construir un modelo de integración para  identificar organizaciones y liderazgos individuales para llamar a la unidad y la cooperación” con el fin de organizarse para tener un impacto más fuerte en la comunidad

Mientras esto sucede, los rostros de los 13 jóvenes asesinados quedarán grabados en las paredes de los municipios que los vieron crecer y morir: un mural en el río San Juan en Samaniego con las ocho víctimas y cinco cuadros pintados con ceniza de caña en la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación en Cali. 

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