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Por Juanita Vélez · 21 de Octubre de 2019

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Las observaciones que presentaron las Madres de Soacha el jueves pasado a lo que han dicho los militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre “falsos positivos”, muestran que esa justicia probablemente se va a enfrentar a demandas de verdad muy difíciles de llenar, pero a unas de reparación que pueden ser más alcanzables. 

Ese negro capítulo del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe sumó, sólo entre 2006 y 2009, 855 víctimas, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y se convirtió en uno de los fenómenos más dolorosos y visibles de décadas de conflicto.

Antes de la audiencia del jueves ante la Sala de Reconocimiento, las Madres lloraron juntas durante dos meses, en una nueva manera de compartir su dolor porque militares asesinaron a sus familiares y los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate. Esta vez en un salón que la JEP les armó para que vieran los videos de las declaraciones de los militares. 

Lo hicieron como antesala a sus observaciones sobre esas versiones ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento, que dejaron tres grandes demandas, que muestran el tamaño de la esperanza que despertó la JEP y los retos que se enfrenta para hacerla realidad:

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Pidieron más testimonios, no sólo de militares

Un punto en común de varias observaciones es que sienten que los militares no están aportando verdad plena y que faltan más testimonios que van más allá de ellos.

Por ejemplo, varias pidieron que la Sala llame a declarar al sargento Carlos Eduardo Mora, el primer militar que denunció el escándalo de los falsos positivos en 2008 y quien desde entonces ha recibido varias amenazas.

También pidieron a la Sala que escuche las versiones de militares que operaban en Cimitarra, Santander, pues varios de los jóvenes asesinados en Soacha fueron llevados engañados a ese municipio.

La Sala va a llamar a diez militares adicionales, que están en los informes que los abogados de las Madres le entregaron a la JEP con sus informaciones sobre las versiones, antes de esta audiencia, y muestra que es un indicio de que quizás sí pueden coincidir.

Además pidieron que la JEP vaya más allá de los militares.

“Aquí no solamente actuó el Ejército, había algo más grande. Queremos que se tengan en cuenta las versiones del CTI en los levantamientos de los cuerpos. Los militares dicen que informaban al CTI. Yo quiero que me expliquen por qué razón si Jaime es muerto el 12 de agosto, las fechas del levantamiento son del 14. No entiendo qué pasó en estos dos días. Medicina Legal también tiene que ser escuchado”,dijo Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, una de las víctimas.

Que este tipo de personas hablen va a ser difícil. De las 154 solicitudes de terceros civiles que tocaron la puerta de la JEP y ya están en estudio, ninguno es de Medicina Legal o del CTI.

Sería raro que voluntariamente quieran ir a la JEP, pues las personas que tocaron la puerta de esa justicia llegaron porque ya tienen procesos abiertos en la ordinaria, y podrían lograr una pena menor a cambio de contribuir a la verdad y a la reparación.

En el punto que la Sala sí tendría con qué avanzar y que varias Madres pidieron es con los reclutadores, los que engañaban a los jóvenes con un falso trabajo, por ejemplo, para entregarlos al Ejército.

“Yo quiero saber quién fue el reclutador de mi esposo, con qué intenciones y cómo lo engañaron. Él era un taxista, no tenía conexiones fuera de Bogotá. Siempre me pregunto qué le dijeron”, dijo Kelly Johana Ruiz, esposa de Daniel Andrés Pesca, cuyo caso quedó en la primera condena por falsos positivos a ocho uniformados en 2011.

Entre los 154 casos de terceros que acudieron a la JEP y ya están en estudio, hay siete reclutadores.

Por ejemplo, está Alexander Carretero Díaz, condenado a más de 44 años de cárcel por este caso, y conocido por las Madres porque reclutó varios de sus hijos con falsas promesas de trabajo para luego entregarlos a miembros de los Ejército que los mataron e hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate. La Sala lo va a oír en noviembre.

Al final, aunque es probable que la Sala llame a varios de los que las Madres piden a que declaren, eso no necesariamente va a significar una sanción contra ellos, porque la lógica de esta justicia es dar con los máximos responsables de los delitos más graves y representativos.

Es decir, es más probable que la JEP termine tomando una decisión contra el comandante de una brigada que contra un reclutador.

 

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Exigieron que Uribe responda y que la JEP aclare quiénes dieron las órdenes

Casi todas las observaciones coinciden en que creen que el ex presidente Álvaro Uribe es responsable, pues todas estas ejecuciones ocurrieron durante su gobierno, aunque no quedó claro si se refieren a una responsabilidad política o una penal.

Como fuera, Uribe no irá ante la JEP pues, como contamos en esta historia, en el fallo de 2017 sobre esa justicia, la Corte Constitucional cerró completamente la puerta a que pueda citar a cualquier expresidente. Así que tampoco podrá llamar a Juan Manuel Santos, a quien también nombraron las Madres como Ministro de Defensa de la época.

Por ese fallo, la JEP ni siquiera podrá revisar la información que le llegue sobre cualquier ex mandatario para mandarlo a la Comisión de Acusaciones.

En cambio, sí puede hacerlo con militares de alto rango a quienes mencionaron las Madres, como el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, que fue el comandante entre 2007 y 2008 del Batallón de Infantería No. 15.

Ese batallón es clave porque queda en Ocaña, Norte de Santander, donde aparecieron muertos varios de los jóvenes secuestrados en Soacha, vestidos de camuflado. Fueron militares de ese batallón quienes los presentaron como guerrilleros muertos en combate.

Tamayo Hoyos ya habló ante la Sala y reconoció su responsabilidad por omisión, es decir, por no haber hecho nada para evitar los crímenes. Pero para las Madres ese reconocimiento no es suficiente porque dicen que tuvo participación directa en el reclutamiento y asesinato de siete de sus hijos.

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ambién podría llamar al general Mario Montoya, comandante del Ejército de Uribe entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 y de quien, como han mostrado las investigaciones de Human Rights, hay evidencias de que habría ordenado ocultar indicios sobre estos crímenes.

Como explicamos, es muy probable que la JEP sí pueda llegar a la condena de varios implicados de alto rango en este escándalo, con su estrategia de construir el caso de abajo hacia arriba, desde las versiones de soldados hasta las de coroneles, para complementar los datos de la justicia ordinaria y armar el rompecabezas del fenómeno y dar con los máximos responsables.

Primero, porque ya hay bastante información en la justicia ordinaria. En total hay más de dos mil procesos, muchos de ellos con sentencia, contra soldados y suboficiales; según cifras de la Fiscalía, han procesado 5.636 personas por falsos positivos, sumando 3.826 (casi el 70 por ciento) soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles.

Segundo, porque la JEP ya tiene más de 100 versiones de los más de 2 mil militares, incluyendo 10 generales, que se han acogido a su competencia.

Además, todo eso lo han contrastado con tres informes de la Fiscalía, más de 700 expedientes de la Procuraduría e informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

 
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Pidieron que los militares las reparen más allá de contar la verdad

Las Madres pidieron también dos cosas que no dependen directamente de la JEP, pero para las que ésta está pensando ayudarlas.

Una es que se cumpla la promesa que hizo hace dos años el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general José Alberto Mejía, de financiar un mausoleo para que entierren a sus hijos y dejen de pagar arriendo por sus tumbas.

A pesar de que hay planos del mausoleo y de que el año pasado el párroco de Soacha donó los lotes para construirlo, no lo han hecho.

La Silla supo que la Sala está pensando en que una de las sanciones para los militares responsables dentro de este macrocaso sea ayudar a construir ese mausoleo.

El otro reclamo, como dijo la mamá de otra víctima de 21 años, Johnny Duvián Soto, es que les entreguen las libretas militares de los hijos de los asesinados y les quiten la obligación de prestar el servicio militar.

“Mis nietos se le han botado a esos camiones del Ejército y he tenido que ir a pararlos porque ellos no pueden terminar con el mismo Ejército que me mató a mi hijo. No es justo”, dijo en la audiencia.

Aunque lo de las libretas está en la Ley de Víctimas (en su artículo 140), no se ha cumplido en todos los casos.

Ahí la JEP podría, en su primera resolución de conclusiones en la que la Sala da cuenta del fenómeno investigado, dice quienes son los responsables y sobre qué conductas, pedirle a la Unidad de Víctimas que revise estos casos.

 

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