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Por Andrés Bermúdez Liévano · 20 de Septiembre de 2020

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Hace dos semanas, un sábado por la tarde, Gloria Quintero llegó al Salón del Nunca Más en una esquina de la plaza de Granada. El pequeño monumento, concebido y gestionado por víctimas locales, había estado cerrado desde finales de marzo debido por la pandemia y la cuarentena, pero Gloria quería tomar algunas fotos para compartirlas en redes sociales para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Cuando abrió la puerta, la golpeó un terrible descubrimiento: había una humedad sofocante en el primer piso de la casa de tapia pisada. Se acercó a la estantería donde guardan sus tesoros más preciados: una serie de cuadernillos de portada negra, cada uno adornado con una foto, donde las víctimas escriben mensajes para sus familiares que fueron asesinados o que aún permanecen desaparecidos.

Cuatro de esas ‘bitácoras’, como las llaman, tenían daños considerables, sus sentidas cartas convertidas en páginas arrugadas y en manchas borrosas de tinta húmeda. Docenas más estaban apelmazadas por la humedad o cubiertas por hongos.

“Sentí un dolor, una tristeza y una impotencia”, dice Gloria, una de las cuidadoras voluntarias de la Sala desde su nacimiento en 2009. Su propia familia está representada allí: su hermano Rubén, desaparecido por los paramilitares hace 18 años, es uno de los habitantes del pueblo cuya foto cuelga en el gigantesco mural y cuyo nombre adorna una de las 300 bitácoras. 

 

Siguiendo el consejo de un curador del museo, las colocaron sobre una tela en un cuarto ventilado, insertando palos de paleta y papel bond entre cada hoja para absorber la humedad restante – “primeros auxilios para archivos”, en palabras de Gloria. Pero todavía necesitan ayuda para restaurarlos adecuadamente.

Esa filtración en el Salón del Nunca Más evidencia cómo muchas iniciativas de memoria histórica, que son centrales para las aspiraciones a la verdad y la reparación de las víctimas tras un conflicto armado de medio siglo, están languideciendo en medio de la falta de apoyo de los gobiernos nacionales y locales. 

También es sintomática de un problema más amplio: aunque el país ha avanzado significativamente en esclarecer la verdad, está más rezagado en ayudar a conservar la memoria producida por las comunidades y las víctimas.

 

Un pueblo entre el dolor y la resistencia

Escondida en las montañas del oriente antioqueño, la historia de Granada ha estado marcada por el sufrimiento, pero también se ha convertido en un icono de reconstrucción y resistencia.

Durante años asolados por las FARC, el ELN y los paras, al menos 20.411 personas se vieron obligadas a huir del pueblo y sus veredas desde 1985, lo que significa que más del 90% de los granadinos están registrados oficialmente como víctimas de desplazamiento forzado. 

Sus capítulos más dolorosos apenas estuvieron separados por un mes a finales de 2000, cuando una masacre paramilitar que dejó 19 personas fue seguida por una toma de las FARC y un carro bomba que dejaron 28 muertos y escombros por todas partes.

Unos años más tarde, cientos de familias comenzaron a regresar, inicialmente por su cuenta y más tarde con el apoyo de la alcaldía de Medellín, donde la mayoría había buscado refugio. 

Como contó La Silla, esos programas de retorno inspiraron la Ley de Víctimas con el que Colombia por primera vez reconoció oficialmente a las víctimas del conflicto armado y diseñó medidas para su reparación, como la restitución de tierras y los retornos acompañados por el Estado. Granada se convirtió en un vibrante laboratorio de lo que podría ser el posconflicto.

 

Una voz para las víctimas de Granada

Pocas iniciativas simbolizan esa voluntad de Granada de seguir adelante como el Salón del Nunca Más. Creado por las víctimas organizadas en Asovida, el memorial comenzó a atraer a visitantes de toda la región e incluso del extranjero. Hasta la pandemia del Covid-19, un centenar de visitantes lo recorrían cada semana.

Hace diez años, por sugerencia de la artista plástica Lorena Luengas, comenzaron a escribir sobre sus seres queridos fallecidos y desaparecidos. Lo que comenzó como un ejercicio puramente biográfico se convirtió rápidamente en algo más potente, al llenarse las bitácoras de cartas, poemas, dibujos, canciones y sueños.

"Cuando me enteré, sentí como si a Papá le hubiese pasado algo. Muchos dirán que tan solo es un libro, pero para mí ese libro es mi papá. Allí conversó con él. Sea bueno o malo, él lo sabe. Desde mis siete años le escribo cartas, porque siento y confío que él en algún momento llegará y las leerá todas, y se dará cuánta de cuánto amor hay hacia él”, dice Yesica Giraldo, una auxiliar de contaduría de 19 años que vive en Medellín. Jair Giraldo, su padre, desapareció el 11 de septiembre de 2006, siendo las FARC el presunto autor.

“A quienes ya no están físicamente, pero viven en el recuerdo, es una forma de tenerlos presentes. Al leer los escritos, se hace real la memoria”, dice Consuelo López, cuyo marido Humberto Ramírez fue asesinado en 2001 en la zona rural del municipio.

La mayoría de los ciudadanos ha forjado una relación muy especial con estos cuadernos. “La gente habla de hacerles visita. Una niña le pregunta a su papá si un niño le conviene y le pide que le mande una señal. Es como si fuera una representación material de un ser querido. Hay un proceso espontáneo de apropiarse de la bitácora para mantener el contacto con el ser querido”, dice Marda Zuluaga, una psicóloga y profesora de Eafit que escribió su tesis doctoral sobre los cuadernos de Granada y cuya familia es originaria del pueblo.

“El Salón es el resultado de la convicción de los granadinos de que, para superar la devastación paralizante y el aislamiento que les impuso la violencia, es necesario construir comunidades de memoria. En contextos de conflicto de baja intensidad pero generalizado, como el de Colombia, esas comunidades de memoria son esenciales para restablecer los vínculos sociales y crear espacios de solidaridad y acción”, dice Robin Greeley, historiadora del arte y profesora de la Universidad de Connecticut que también ha estudiado el proceso de Granada.

 

Tesoros almacenados en una casa con goteras

A pesar de lo valiosas que son las bitácoras para Granada, el Salón del Nunca Más ha luchado durante años para operar. Sus líderes recibieron un espacio dentro de la casa de cultura en comodato, pero no tienen plata para arreglar problemas estructurales como canaletas dañadas y muros con filtraciones.

Gloria y sus colegas voluntarios vienen advirtiendo de esos problemas desde 2012, incluyendo una vez que parte del techo colapsó durante una inundación. El anterior alcalde les prometió 30 millones de pesos para reparar el viejo techo de tejas, pero nunca los entregó, cuenta ella. Recaudaron 5 millones de pesos en una vaca virtual en 2018, pero los usaron para pagar otros gastos urgentes.

Sus necesidades no son sólo económicas. Aunque han recibido apoyo de instituciones como la Universidad de Antioquia en gestionar su archivo fotográfico y en crear un maletín pedagógico para visitantes, todavía carecen de los conocimientos técnicos para preservar sus documentos en condiciones óptimas, mantener su contabilidad en orden e incluso redactar propuestas de proyectos que puedan presentar a donantes internacionales. Lamentan sobre todo la falta de apoyo del Estado, tanto de las autoridades locales como las nacionales. “Si hubiéramos estado en las prioridades, no pasa lo que pasó”, dice Gloria.

La emergencia desencadenó una avalancha de promesas. El gobernador de Antioquia Luis Fernando Suárez visitó el jueves antepasado, firmando un compromiso escrito para financiar las reparaciones de la casa, enviar un equipo de ingenieros para inspeccionar los daños y ayudar a restaurar las bitácoras. El alcalde actual, que ya lo había sido hace dos períodos, prometió compartir los costos de los arreglos. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica se comprometió a digitalizar las bitácoras y almacenar copias en su archivo. “Hay contactos y no les vamos a fallar”, nos dijo su director Darío Acevedo.

 

Salvar los recuerdos dolorosos

El gobierno nacional viene reconstruyendo lo sucedido en el conflicto y reparando a las víctimas desde hace una década, lo que significa que Colombia ha estado en la peculiar situación de implementar medidas de justicia transicional incluso en medio del conflicto armado. Sólo el Centro Nacional de Memoria Histórica ha producido 102 investigaciones extensas -atravesando tres presidencias diferentes- documentando violaciones a los derechos humanos y diversos efectos del conflicto, desde el desplazamiento, el despojo de tierras, la violencia sexual y el secuestro hasta la violencia contra indígenas, políticos locales, periodistas o personas LGBT.

Al mismo tiempo, miles de las 9 millones de víctimas del país vienen guardando documentos, atesorando fotografías y creando archivos personales desde mucho antes. 

Algunas de esas iniciativas han sido reconocidas internacionalmente. El archivo que Fabiola Lalinde guardó laboriosamente detallando la desaparición y ejecución extrajudicial de su hijo Luis Fernando por parte de oficiales del Ejército en 1984 -que ella denominó ‘Operación Cirirí’, como el pajarito que defiende con fuerza a su hijo- fue incluido en el registro de Memoria del Mundo de la Unesco. 

Los coloridos collages de las Tejedoras de Mampuján, un grupo de mujeres víctimas de los Montes de María que recurrieron a los recortes de tela para contar sus experiencias dolorosas, se exhiben ahora de forma permanente en el Museo Nacional en Bogotá y han viajado a museos de Francia y Canadá.

En reconocimiento de ello, el acuerdo de paz con las Farc incluyó a la memoria histórica como uno de los objetivos del sistema de justicia transicional, como un factor esencial para la verdad y la reparación.

 

Memoria del Estado vs. memoria de las comunidades

Las iniciativas comunitarias de memoria consideran que los gobiernos nacionales y locales valoran su labor, pero que rara vez les prestan apoyo financiero o técnico. Por ello, terminan dependiendo de donaciones internacionales para seguir adelante, mientras que son lideradas por voluntarios dedicados y custodian sus vulnerables reliquias tan bien como pueden.

“Desde que nacimos en 2012 no hemos tenido apoyo”, dice Orlando Carreño, uno de los fundadores del Centro de Memoria del Conflicto de Valledupar. Su memorial regional ha estado cerrado desde hace tres años, cuando la cuota política nombrada para dirigir la biblioteca departamental los sacó. Este año finalmente encontraron un nuevo hogar en el Colegio Fundación Manuela Beltrán, pero la pandemia les obligó a postergar su reapertura.

La mayor parte de su archivo está alojado en su elegante sitio web, que fue financiado por la cooperación internacional. Pero no tienen los medios para subir la colección de vallenatos detallando el conflicto armado que compilaron y publicaron en un libro-CD. “No se trata sólo de plata. Imagina lo útil que sería para nosotros si el Archivo Nacional abriera talleres de capacitación en conservación y catalogación de archivos”, añade.

Es una opinión que comparte la mayoría de los 30 sitios de memoria locales en todo el país, que se unieron para crear la Red Colombiana de Lugares de Memoria. “Estuvimos abandonados por años. Era como para dejar la toalla colgada, porque no lográbamos sostenerlo y estábamos cansados. Si se necesitaba una teja nos tocaba comprarla a nosotros”, dice la profesora Alba Gelpud, que se ocupa del pequeño museo de El Placer, la vereda del Valle del Guamuez en Putumayo donde ocurrió una brutal masacre paramilitar en 1999. Por fortuna para ellos, las cosas han mejorado en los últimos dos años, gracias a convenios con la Unidad de Restitución de Tierras, la alcaldía y varias agencias de cooperación.

Su precaria existencia los ha llevado a sugerir que se revise la idea del Museo Nacional de Memoria Histórica, una promesa largamente postergada cuya primera piedra se colocó en febrero. 

“En lugar de crear simplemente un museo centralizado, proponemos que el Estado también financie una red de museos regionales, que existen en su mayoría desde hace años y cuyas colecciones y archivos pueden alimentar el nacional”, dice José Luis Foncillas, de la Casa de la Memoria de Tumaco.

El memorial que él dirige, que se ha convertido en un espacio singular en medio de una de las ciudades más violentas de Colombia, sólo recibe financiación esporádica a pesar de incluso contar con una sentencia de Justicia y Paz de 2016 que obliga al Estado a apoyarlo. 

Según Foncillas, llevan desde ese año escribiendo cartas a la Ministra de Cultura, tanto a Mariana Garcés del gobierno pasado como a Carmen Inés Vásquez del actual, sin jamás haber recibido una respuesta. “Apoyarlos es una cuestión de justicia con los lugares más golpeados por el conflicto, cuyos habitantes no van a ir a Bogotá para educarse sobre por qué estos eventos no deben volver a repetirse”, dice.

Esa idea coincide con el mandato de la Comisión de la Verdad, que –como contó La Silla- establece que los esfuerzos de búsqueda de la verdad deben darse a partir de diálogos con los diversos sectores de la sociedad colombiana y deben ser tenidos en cuenta en la narrativa del museo nacional de memoria.

Esto no sólo permitiría que sitios de memoria como el Salón del Nunca Más de Granada sobrevivan, sino también garantizar que los colombianos tengan una pluralidad de visiones sobre lo que les sucedió y, por lo tanto, mayores posibilidades de reconciliarse. 

Como dice Consuelo López, una de las ‘dueñas’ de bitácora, “es un patrimonio que se debe conservar, esperando que estos hechos tan dolorosos no se vuelvan a repetir nunca más”.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

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