Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Juanita Vélez · 23 de Febrero de 2018

1509

3

La sustitución voluntaria de coca, una apuesta que el Gobierno se fijó hace poco menos de un año y en la que se subió la vara porque ahora espera que los campesinos arranquen voluntariamente 65 mil hectáreas de la hoja de aquí a mayo (antes la meta eran 50 mil), comenzó por fin a registrar los primeros avances. La pregunta ahora es si van a ser sostenibles en este año electoral y se traducirán en menos coca.

Esa es la principal conclusión del último informe sobre coca que publicó la Fundación Ideas para la Paz, FIP,  uno de los tanques de pensamiento que se dedica a analizar el posconflicto en Colombia.

El despegue

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, arrancó formalmente en mayo del año pasado y ya firmaron acuerdos individuales con 54 mil familias que se comprometieron a arrancar la hoja de coca y a reemplazarla por otros productos.

 

De esas familias, a diciembre de 2017, ya les habían pagado un millón de pesos mensuales a 28.660, que equivalen a más de la mitad.

Eso significa que todas esas familias debieron arrancar la hoja en los dos meses siguientes al pago. Pero aún no se sabe si todas lo hicieron porque eso depende de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, vaya y verifique que sí cumplieron y en algunos municipios de Caquetá y Guaviare, por ejemplo, no han podido hacerlo porque las disidencias de las Farc no dejan que los verificadores lleguen hasta las veredas.

Esos pagos corresponden a 36 de los 51 municipios que el Gobierno priorizó para que despegara la sustitución en su primer año.

A las demás familias todavía no les han pagado porque la Dirección de Drogas que depende de la Alta Consejería para el Posconflicto en cabeza de Rafael Pardo, está validando si efectivamente las hectáreas que dijeron que tenían cultivadas sí son o si hay colados en los listados. Además les falta firmar acuerdos individuales con más de 73 mil familias que ya firmaron un acuerdo colectivo.

Aparte de los pagos, también arrancó el mejoramiento de vías terciarias, algo clave porque del total del área rural del país, dice el informe que 65,3 millones de hectáreas (el 56 por ciento) están a más de tres horas en carro de sus cabeceras municipales. Y sin carreteras buenas, por más que los campesinos den el paso para dejar atrás la coca, no van a tener cómo sacar otros productos.

Para eso el Gobierno lanzó el Plan 50/51 que busca que en cada uno de los 51 municipios priorizados por la Agencia para la Renovación del Territorio, ART, se mejoren 50 kilómetros de carreteras. Pero eso en total son apenas 2550 kilómetros de los más de 142 mil kilómetros de vías terciarias que hay en el país.

De acuerdo con el informe de la FIP, la Agencia ya firmó convenios con los 51 municipios, de los cuales 45 tienen orden de inicio de interventoría y en 16 ya tienen el acta de inicio de obra.

La otra buena noticia es que en el 70 por ciento de los municipios donde comenzó el proceso de sustitución, la Agencia de Renovación del Territorio llevó obras de infraestructura rápida. Esas obras van desde mejoras a colegios, hasta llevar plantas de tratamiento de agua potable o de luz eléctrica.

A pesar de esas buenas noticias, siguen persistiendo problemas que hemos contado en La Silla Sur como el de la falta de garantías de seguridad para verificar la sustitución porque las disidencias están amenazando a líderes cocaleros y a los verificadores de la Unodc; las pujas por la vocería de los cocaleros y también el clientelismo de organizaciones afines a la Farc.

Además, el informe alerta sobre varios retrasos.

Por ejemplo, además de los pagos a las familias, el Plan de Atención Inmediata, PAI, que tiene un componente comunitario que busca que se hagan programas de guarderías infantiles rurales, comedores escolares, brigadas de atención básica en salud,  mecanismos de información para el acceso a oportunidades laborales y programas contra el hambre para los más viejos, no tiene un presupuesto definido y hasta que no lo tenga, las comunidades no pueden sentarse a mirar qué quieren priorizar.

Aparte de eso, la formalización de tierras en estas zonas no ha avanzado.

La Agencia Nacional de Tierras, ANT, lanzó en 2016 el programa ‘Formalizar para Sustituir’ que abarca a 27 municipios de los cuales 11 coinciden con el Pnis y de acuerdo con el informe, “el 70 por ciento de las zonas en proceso de sustitución no cuentan con proceso de formalización de tierras”.

Si los campesinos no tienen formalizados sus predios, no pueden pedir créditos y los proyectos productivos que arranquen a hacer pueden ser muy inestables porque no tienen asegurada la tierra.

A eso se suma que aumentaron los homicidios en las zonas con coca. Mientras que la tasa nacional de homicidios tuvo un leve decrecimiento de 0,6 en 2017, pasando de 24,8 por 100.000 habitantes a 24,2, en los municipios con cultivos de coca se incrementó cuatro puntos al subir de 35,5 a 39,5. El alza de 2017 interrumpe la tendencia a la baja de los últimos cuatro años. Y en los 36 municipios en los que la sustitución avanzó, la tasa tuvo el mayor crecimiento al treparse de 41.1 a 54.7 por cada cien mil habitantes. 

Lo otro que sigue en el congelador es el proyecto de alternatividad penal para pequeños cultivadores.

Ese proyecto de ley que presentó el ministerio de Justicia a finales de octubre del año pasado,  le baja las penas de cárcel a todos los cultivadores de coca, amapola o cannabis, y a los que guarden la hoja o financien las plantaciones, siempre y cuando lo hagan en pequeña escala y para auto subsistencia.

Como lo contamos en La Silla, desde el principio el proyecto tenía mucha resistencia del lado del fiscal Néstor Humberto Martínez, que consideraba que abría la puerta para legalizar a grandes cultivadores. Fue tal la presión, que pese a que el Gobierno lo había radicado para que pasara por fast-track, lo retiró para meterle las observaciones del Fiscal y ahora lo volvió a radicar con mensaje de urgencia.

Pero en un año electoral como este, en el que los congresistas van a estar más en campaña  que sentados en el Capitolio, es muy poco probable que pase, lo cual aumentaría la desconfianza de los cocaleros en el Gobierno porque este proyecto busca que a cambio de que le apuesten a la sustitución, suspendan la persecución penal por un año.

A esos retrasos se suman dos factores determinantes que podrían aguar la fiesta.

El factor Estados Unidos y elecciones

El primero es la publicación de los resultados del Monitoreo de Cultivos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa cifra sale todos los años entre marzo y abril estimando el número de hectáreas de coca y es clave porque se vuelve un termómetro ante la opinión pública de qué tanto la estrategia de la erradicación manual sí se ha traducido en menos hectáreas de hoja de coca cultivada.

Como lo señala el informe de la FIP, “Aunque la cifra oficial del gobierno colombiano -producida por el Simci- se publicará tres meses más tarde, la estimación dada por Washington marcará el tono de la discusión”.

Dependiendo de lo que arroje, el Pnis puede estar o no estar en problemas.

Si sale que hubo una baja considerable en el número de hectáreas, el Gobierno Santos podría tener un respiro y “en ese escenario es de esperar que la presión externa se enfoque en fortalecer los esfuerzos conjuntos, reconociendo el trabajo hecho en Colombia”, señala el informe.

Si la cifra no varía o se mueve ligeramente hacia arriba “este escenario no dará tranquilidad a los Estados Unidos, que podría aumentar la presión para que Colombia consiga una baja mayor. La exigencia de resultados rápidos podría dar mayor importancia a la erradicación forzada y generar cuestionamientos sobre la sustitución voluntaria”.

Y si la conclusión es que aumentó bastante la coca cultivada, puede ser un factor desestabilizador que podría poner sobre la mesa la necesidad de priorizar la erradicación forzada y sería un baldado de agua fría para la Oficina de Drogas.

El otro factor que va definir el futuro de la sustitución son las elecciones presidenciales. En un escenario en el que gane un candidato de la derecha, la postura de todos es endurecer la política de drogas y eso incluye retomar la carta de la fumigación aérea.

Por eso dependiendo quien llegue a la Casa de Nariño, el ambicioso Programa de Sustitución, que le ha costado a este gobierno más de 1.4 billones de pesos, penderá de un hilo o seguirá.

Comentarios (3)

coronado

23 de Febrero

0 Seguidores

Q forma de botar la plata --nada les impide a los beneficiarios ir y sembrar coca en otra parcela. Nada que se enteran que ese acuerdo de paz YA FRACASO.

Q forma de botar la plata --nada les impide a los beneficiarios ir y sembrar coca en otra parcela. Nada que se enteran que ese acuerdo de paz YA FRACASO.

AlvaroH

24 de Febrero

0 Seguidores

Fracaso es creer que a punta de solo gritos, bala y glifosato los campesinos s...+ ver más

Fracaso es creer que a punta de solo gritos, bala y glifosato los campesinos se van a cansar de resembrar, pero usted prefiere la misma estrategia de toda la vida, que nunca sera suficiente,  y no le da sino una sola oportunidad a hacer algo mas complejo pero que seria mas de fondo si le pusieran todo el esfuerzo, porque no le gusta nada que sea bajo el presidente de turno. 

José Saramago ..

26 de Febrero

2 Seguidores

No dizque la paz iba a traer crecimiento de la economía, iba a reducir el des...+ ver más

No dizque la paz iba a traer crecimiento de la economía, iba a reducir el despilfarro y la corrupción y todas esas “promesas” (mentiras) de un mejor país. Lo que ha pasado es que la austeridad es para los pobres, y la mal llamada “mermelada” se ha ido a alimentar a burócratas como el de la foto, las mismas familias derrochadores que se alimentan del pueblo para conservar su status quo..

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia