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Por Laura Ardila Arrieta | Sara Ruiz · 06 de Diciembre de 2018

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La Ley de Regiones, la iniciativa que arranca en firme el proceso de descentralización que contempla la Constitución del 91, cuya bandera ha empuñado principalmente el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, está desde septiembre esperando su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Lo que hay detrás de la demora es: la objeción que le puso el Gobierno, a pesar de que el presidente Iván Duque había prometido apoyarla; y la oposición que le está haciendo un sector del uribismo antioqueño, encabezado por el representante Óscar Darío Pérez y el gobernador Luis Pérez.

La Ley con sello Caribe

La Ley de Regiones fue radicada hace un año con el respaldo de la Federación Nacional de Departamentos y de unos 50 congresistas, encabezados por el entonces presidente del Senado, el atlanticense Efraín ‘Fincho’ Cepeda.

Pero, desde que se empezó a gestar, su bandera la ha empuñado principalmente el Gobernador Verano, muy de la mano de su homólogo de Bolívar, Dumek Turbay.

Verano es un referente de la descentralización desde 2010, cuando impulsó una consulta popular llamada Voto Caribe, en la que dos millones de personas votaron a favor de la autonomía regional.

Esta vez, se movió con Fincho Cepeda y entre otros congresistas costeños para empujar el proyecto de la Ley de Regiones, que incluso ayudó a redactar y que ha patinado asistiendo personalmente a sus debates y con funcionarios de la Gobernación monitoreando de manera permanente en el Congreso.

Aunque hay otros gobernadores del país que públicamente respaldan la iniciativa, la voz de Dumek Turbay se ha hecho sentir también, por ejemplo, con la crítica pública que se atrevió a hacerle al Ministerio de Hacienda, que fue la entidad del Gobierno que objetó el proyecto por sus supuestos impactos fiscales.

(Aunque son usuales las críticas, no es muy común que un mandatario regional se atreva a irse de frente contra el Ministerio de la chequera).

La Ley de Regiones, en 16 artículos, básicamente les pone los dientes a las Regiones de Administración y Planificación RAP, que son unas figuras contempladas en la Constitución y reglamentadas por la Ley de Ordenamiento Territorial de 2011, que permiten que dos o más departamentos puedan unirse como un solo territorio para planear su desarrollo social y económico.

La iniciativa también incluye que, eventualmente, las RAP puedan convertirse en unos entes autónomos, con personería jurídica, patrimonio y capacidad de ejecución propios, llamados Región Ente Territorial RET.

El ejemplo simple de lo que se acabaría (o al menos se reduciría) si este proceso de descentralización se hace realidad algún día es la típica imagen del mandatario regional en las oficinas del Gobierno en Bogotá, tocando puertas y haciendo lobby a los altos funcionarios para poder llevar más recursos a su respectiva región.

Como lo hemos contado en La Silla Caribe, desde 2014 son 19 los departamentos que se han unido para constituirse en cuatro RAP: la del Centro en 2014, la Pacífico en 2016, la Caribe en 2017 y la del Eje Cafetero en junio de este año.

Pero a pesar de ello, y de que el Presidente Duque se había comprometido con los gobernadores del país (en su primera cumbre de gobernadores, este año en Mompox, Bolívar) a respaldarla, Hacienda emitió el concepto negativo sobre la propuesta.

Esa cartera había hecho lo mismo ya durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien también incumplió su promesa de impulsar la Ley de Regiones.

La objeción del Gobierno

Tanto con Santos como con Duque, la principal razón que ha argumentado el Gobierno para objetar el proyecto son sus posibles impactos fiscales.

Hay temor de que se pueda terminar afectando la distribución del Sistema General de Participaciones SGP con la eventual creación de las RET.

Además, Hacienda dice que del presupuesto general de la Nación no pueden salir ni partidas obligatorias para proyectos ni los gastos de funcionamiento de las RAP. Que sería inconveniente que esas asociaciones participaran, como lo propone el proyecto, en los órganos colegiados de decisión de las regalías.

Y que la OCDE (el club de buenas prácticas al que entró Colombia) considera que la adecuada planificación del desarrollo regional debe hacerse en pequeñas y no macro regiones.

Después de atender algunos de esos puntos, contenidos varios de ellos en las dos objeciones del Ministerio (una de Santos y una de Duque), lo que hoy propone la Ley de Regiones es que las uniones de los departamentos puedan contar con plata para proyectos regionales que ellos definan, así:

  • De recursos propios de los entes territoriales.
  • De créditos públicos que los departamentos acepten tramitar.
  • De cofinanciación del presupuesto general, concertada con el Gobierno Nacional.
  • De regalías, presentando proyectos directamente a los OCAD.

Es decir, como está en este momento, la Ley no obligaría al Gobierno a destinar partidas del presupuesto general para proyectos o funcionamiento de las RAP y no impactaría el SGP.

La molestia antioqueña

El malestar antioqueño con la Ley de Regiones la han manifestado, especialmente, los representantes uribistas Óscar Darío Pérez y Esteban Quintero, el liberal Julián Peinado y el gobernador (neo uribista) Luis Pérez.

En resumen, su argumento es que Antioquia no entró en ninguna de las RAP que se han constituido hasta ahora y que, así las cosas, los departamentos que sí se organizaron podrían terminar teniendo más acceso a recursos del presupuesto general de la Nación.

“Hay una reacción del uribismo que dice que los costeños le van a quitar una plata a Antioquia”, nos definió la molestia un congresista de la región.

La historia del malestar comienza en junio pasado, cuando, en momentos en los que ya hacía trámite el proyecto en el Congreso, un grupo de ciudadanos paisas que defiende la descentralización y una precandidata uribista llamaron al Gobernador Pérez para manifestarle su preocupación por la Ley de Regiones.

Lo que en concreto le dijeron a Pérez la diputada y aspirante a la Alcaldía de Medellín Ana Cristina Moreno, y el grupo ‘Colombia autonómica’, es que esa Ley iba a crear “otra organización burocrática que permite acceder a recursos del presupuesto nacional”, de la cual Antioquia iba a quedar “marginada” por no pertenecer a ninguna RAP, según le explicó a La Silla uno de los miembros de ese movimiento, Héctor Quintero.

En agosto citaron, para lo mismo, a los 17 representantes antioqueños, aunque no todos fueron al encuentro.

Esas reuniones son el antecedente de la movida de los congresistas Quintero y Peinado, quienes, un mes después, en septiembre, propusieron un debate de control político al proyecto en la Comisión de Ordenamiento Territorial, de la cual Quintero es vicepresidente.

Ese debate fue apoyado en su convocatoria por toda la bancada antioqueña de la Cámara, excepto José Ignacio Meza (de Cambio Radical) y Ómar de Jesús Restrepo (de Farc).

También en el pasado septiembre, el Gobernador Pérez se empezó a mover advirtiéndoles a los congresistas de Antioquia que la Ley de Regiones podía perjudicar al departamento, según nos contaron por aparte cuatro legisladores paisas que lo oyeron.

Aunque, según esas fuentes, Pérez no pidió explícitamente que hundieran el proyecto, a partir de la advertencia del mandatario el representante Óscar Darío Pérez comenzó a ponerle trabas al mismo.

Primero, pidió armar una subcomisión accidental para discutir las implicaciones fiscales de la Ley, en la cual quedaron él y Esteban Quintero como cuota antioqueña.

La discusión en esa subcomisión, en parte, es la que ha estado demorando el cuarto debate del proyecto en Cámara, según nos dijo el mismo representante Quintero.

Ese Congresista nos detalló que, en el marco de esa subcomisión, lanzó unas propuestas para cambiar la iniciativa, que se le ocurrieron luego de reunirse con el senador Álvaro Uribe.

Esas propuestas ya quedaron incluidas en el proyecto y son: que los departamentos que no están en ninguna RAP puedan entrar cuando quieran a una e incluso a varias (aunque solo a una RET), un cambio a la medida de Antioquia. Y que no se destine plata del presupuesto nacional al funcionamiento de esas asociaciones.

Lo que sí no le aceptaron en la subcomisión a Quintero es que Antioquia pudiera constituirse él solo como una RAP, pues éstas deben estar conformadas por al menos dos departamentos.

Quintero le dijo a La Silla él ya resolvió sus dudas frente a la Ley de Regiones, pero que ésta sigue sin gustarle a Óscar Darío Pérez, y que, debido a la gran influencia que éste tiene en la bancada uribista (siete de los 17 congresistas de la bancada antioqueña), muchos no están seguros de votarla.

Aunque no es claro que la bancada uribista o parte de la antioqueña vaya a votar por lo que diga el Representante Pérez, la posición de ese Congresista sí es clave por esa gran ascendencia que tiene en varios de sus compañeros.

Pérez lleva cuatro periodos en el Congreso, es el presidente de la Comisión Tercera y sus colegas, paisas y en general, lo respetan en lo que tiene que ver con los temas económicos.

Evidencia de ello es que un representante (el uribista Diego Javier Osorio del Quindío) oriundo de un departamento que pertenece a una RAP no está seguro de votar positivamente la Ley de Regiones, por las dudas que han manifestado tanto Óscar Darío Pérez como Esteban Quintero.

El ponente del proyecto, el representante de Caquetá Harry González, nos comentó al respecto que él ha intentado explicarle al Congresista Pérez que la Ley no va a afectar el Sistema General de Participaciones, pero que aún así “él insiste en que no le gusta el proyecto”.

Consultado, Óscar Darío Pérez nos dijo que él está convencido de que sí existe un riesgo de que la Ley de Regiones termine afectando la distribución del Sistema General de Participaciones.

Con el gobernador Luis Pérez no logramos comunicarnos, pero, en cambio, nos habló la directora de Planeación de Antioquia, Ofelia Elcy Velásquez, quien ha estado a la cabeza del debate a nivel local, y también mostró su desacuerdo con el proyecto.

Velásquez cree, a nombre de la Gobernación de Antioquia, que las eventuales RET podrían generar un conflicto de competencias con los departamentos y que la descentralización debería darse individualmente y no en asociación de entes territoriales.

Esta puja regional -y también del poder central con las regiones- se va a definir el próximo martes, día para el cual se anunció anoche el último debate a este proyecto.

Habrá que ver si la iniciativa que podría empezar a concretar el verdadero país de regiones logra sobrevivir a sus poderosos contradictores.

Comentarios (1)

Simón Sarmiento

08 de Diciembre

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Qué desgracia. Todo se reduce a "control de la chequera". No hay verdadero deseo de promover educación, fuentes de empleo, desarrollo sostenible, gestión inteligente de recursos. Solo controlar la chequera para beneficio de quienes ostentan el poder.

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