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Por Angélica Latorre Coronado · 21 de Noviembre de 2017

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En el papel, el Congreso está listo para tramitar una reforma sin la cual es casi imposible la transformación del campo que se acordó en La Habana: el catastro multipropósito. Pero, aunque ya hay ponencia para su primer debate en comisiones terceras, pinta difícil que salga como quiere el Gobierno.

La razón es que hay una disputa sobre quién debe hacerlo, justo cuando cualquier cambio toca fortines burocráticos.

Los ponentes, la representante Olga Lucía Velásquez del Partido Liberal y el senador Antonio Guerra de Cambio Radical, dicen que el catastro lo debe hacer el Instituto Agustín Codazzi (Igac), quien lo hace hoy en casi todo el país, una tarea por la que le cobra a los municipios.

En cambio, para el Gobierno, la tarea es tan grande que se debe permitir que otras entidades más eficientes y los privados también hagan el catastro, para promover una competencia y la posibilidad de que los alcaldes escojan.

Detrás de ese pulso, que puede enredar el debate en el Congreso, está una visión de qué debe hacer el Estado y tambuién el poder que tenga el Agustín Codazzi, un fortín burocrático liberal. Y si esa diferencia hunde el proyecto, terminaría ayudando a los terratenientes, a quienes no les conviene ese catastro.

Lo grave es que todos los expertos en tierras concuerdan en que hacerlo es necesario y el tiempo juega en contra.

Un pequeño gran proyecto

La idea de hacer un catastro multipropósito es que no solo sirva para que los municipios cobren impuestos prediales (al actualizar el catastro se pone a los dueños de tierras a pagar sobre su valor actual) sino también como insumo para que los municipios tomen decisiones de política de tierras.

Para eso, el nuevo catastro debe tener más información que el actual; ya no solo debe incluir datos físicos como los linderos de los predios o su valor aproximado, que sirven para los impuestos, sino también su realidad económica para entender qué hay en ellos y cómo se usan.

Esa riqueza de datos también es clave para implementar el punto de tierras del Acuerdo de La Habana y por eso el catastro multipropósito es uno de sus subpuntos.

Según el Acuerdo, el catastro multipropósito da los datos para saber dónde se debe ejecutar el plan focalizado de 10 años de inversiones públicas en las zonas más golpeadas por el conflicto (que se definen en los programas de desarrollo con enfoque territorial, Pdet) y para tener información para resolver las disputas sobre el uso de la tierra (con planes nacionales de ordenamiento social de la propiedad).

Eso sería transformador porque hoy no hay información catastral del 28 por ciento del territorio, donde no se sabe quiénes podrían ser beneficiarios de baldíos, quiénes son dueños, tenedores o poseedores de predios, qué tierra es improductiva. Y, claramente, tampoco se cobran impuestos sobre ella.

Saberlo es fundamental para que los municipios tengan más recursos y para que los campesinos puedan acceder a créditos poniendo sus lotes como garantía y para que el Estado otorgue ayudas más estructurales ya sabiendo quién es el dueño.

De hecho, el nuevo catastro (con el que se recorrerá predio por predio) es fundamental para cumplir otros dos compromisos del Acuerdo: resolver conflictos sobre la tierra, eventualmente dando títulos a los campesinos (tarea en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, ANT) y solucionar problemáticas cotidianas en el territorio, que las propias comunidades definirán en los Pdet con el acompañamiento de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Ovejas, Sucre,  es el municipio en el que se está probando hacer estas labores simultáneamente. Pero si no hay ley, la ART y la ANT se quedarían sin el apoyo del nuevo catastro. Por eso para Irina Junieles, directora de Regionalización de Dejusticia y quien ha acompañado esos procesos, lo ideal sería que las tres cosas se implementen al tiempo.

Junieles dice que ir predio en predio levantando información es una tarea “titánica y necesita un recurso económico muy fuerte”; si no se hacen al tiempo, los gastos son mayores y por eso su aplicación puede “perder el potencial que tienen de transformación del campo”.

Por eso la urgencia de que salga la ley, que el Gobierno incluyó entre sus prioridades legislativas y radicó en agosto, pero que solo ahora tiene ponencia y que ha terminado afectado por el trancón legislativo del fast track.

Al respecto, la representante Olga Lucía Velásquez le explicó a La Silla que desde septiembre tenía lista la ponencia pero que esperó hasta alcanzar un texto conjunto con el senador Antonio Guerra (el otro ponente). Y que la cosa se dilató porque se tuvo que esperar hasta llegar a un consenso con todas las entidades involucradas (incluyendo al Gobierno) en la discusión.  

Los obstáculos

La demora se debe en parte a las diferencias entre el Gobierno y los ponentes que va en que la ponencia final, que Velásquez y Guerra radicaron el viernes, no era la que quería el Gobierno.

La principal diferencia que surgió en un mes de discusiones entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los ponentes, es que los primeros abogaron por crear un órgano colegiado (integrado por ellos dos y otros ministerios) para que regule el nuevo sistema. Eso le quitaría esa función al Igac.

También defendieron que el instituto pierda el monopolio de hacer el catastro (otros podrían ahora hacer la tarea de levantar las características físicas, económicas y jurídicas de los predios) y que ahora el nuevo órgano avale operadores públicos y privados que le harían competencia en ofrecerle esos servicios a los municipios.

Y propusieron mover al Igac (que administraba la plata, el sistema de información y el registro de operadores certificados por el órgano colegiado) del sector que encabeza el Dane al que maneja el DNP.

Según una fuente del DNP, esas propuestas que le quitan poder al Igac buscan que éste no sea juez y parte (hoy regula el sistema pero también hace el catastro, con lo que se vigila a sí mismo). Además, dice que es difícil que también coordine a la ANT y la ART en sus tareas para transformar el campo.

Según esa fuente, el cambio es de tal importancia que de él depende que se concrete un crédito del Banco Mundial, para ayudar a financiar el nuevo catastro, que vale unos 2,6 billones de pesos y se espera completar en menos de 10 años.

La ponencia deja en manos del Igac la regulación del catastro y no le abre la puerta a privados para hacer el catastro. Con eso, Velásquez y Guerra proponen no hacer la reforma institucional que propone el Gobierno.

Con esa posición está de acuerdo el director del Igac, el liberal Juan Antonio Nieto Escalante. Nieto, que conoce a su copartidaria Velásquez por lo menos desde que los dos fueron secretarios de Samuel Moreno en Bogotá, es ficha del liberalismo y el Igac es visto como un fortín de ese partido, como nos confirmó off the record un congresista rojo.

Velásquez que nos dijo que sus razones para fortalecer al Igac son técnicas y se explican en la ponencia, y que su coincidencia con Nieto no responde a una cercanía política. "Somos de casas políticas distintas", aclara, a la vez que dice  que su experiencia como subsecretaria de Integración Social y secretaria de Gobierno de Bogtoá, y ahora como congresista, le han permitido conocer de cerca el tema catastral.

Buscamos a Nieto Escalante para conocer su versión sobre ese punto y sobre la nota en general, pero su jefe de prensa no nos dio respuesta hasta el momento de publicar esta nota. En todo caso, ha dicho que el Igac “continuará con la formulación de la política pública en materia de catastro; la regulación y determinación de las normas técnicas; la vigilancia, seguimiento, control y evaluación; y la administración de la base nacional de información catastral”.

Y con eso ha dejado claro que no está dispuesto a dejar en manos de privados la función que ejerce y que se opone a que el DNP maneje los hilos (y la plata del Banco Mundial).

Según una fuente que conoce el proceso por dentro, en esa puja Nieto buscó el apoyo entre los liberales y ha prometido a congresistas entregarles direcciones territoriales y contratos de prestación de servicios. La Silla no pudo corroborar de forma independiente esa afirmación, que si no es verdad en todo caso muestra hasta dónde ha llegado la tensión por ese punto.

Todo eso ha demorado el proyecto y puede terminar hundiéndolo, porque quedan nueve días para que se acabe el fast track, y por eso este proyecto (como otros que ya se han radicado sobre agro y no tienen ni un debate), no saldrá por esa vía

Cada día que pasa los congresistas se enfocan más en su propia reelección que se define el 11 de marzo, como quedó demostrado con el difícil avance de la reglamentación de la JEP y de la reforma política.

Y existe el riesgo de que el catastro multipropósito pase a ser un tema del debate electoral de algunos precandidatos presidenciales, como ocurrió recientemente con Claudia López, que dijo que actualizar el catastro y diversificar la economía es clave para "evitar ser Venezuela", o Iván Duque, que dijo que hay que estar "pilas" con el proyecto de ley porque a su juicio tiene fallas de fondo.

Si eso afecta al proyecto y termina naufragando, los principales ganadores serían son los terratenientes, que hoy pagan muy pocos impuestos sobre su tierra, así no la exploten, porque el Estado no siempre sabe que la tienen. Como el catastro revisaría el valor comercial de sus predios, que en muchos lugares está desactualizado, seguramente tendrían que pagarle más a los municipios.

Hoy, sin aparecer en el debate, por lo menos de forma visible, son los mayores ganadores de la disputa por el fortín liberal en el Igac.

Nota del editor: después de publicada esta historia la representante Velásquez contactó a La Silla para aclarar su distancia política de Nieto. Agregamos esta información en la mañana del miércoles 22 de noviembre.

Comentarios (11)

José Saramago - 0

21 de Noviembre

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Es bueno saber por quien se vota, antes de votar.. La representante Olga Lucí...+ ver más

Es bueno saber por quien se vota, antes de votar.. La representante Olga Lucía Velásquez, aspirante al Senado en 2018, proviene de la casa de los Moreno Rojas, su fortaleza electoral no es de voto de opinión, sino de las poderosas maquinarias samperistas, hace campaña político-electoral de la mano de Juan Fernando Cristo (a nivel nacional) y su hermano Andrés Cristo (en Bogotá).

Arcesio Ublime

22 de Noviembre

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Y qué curioso, alguien más dice lo mismo, en este blog de 2011 encontré que...+ ver más

Y qué curioso, alguien más dice lo mismo, en este blog de 2011 encontré que decía algo similar sobre el Juan Antonio Nieto Escalante, Secretario de Ambiente de Bogotá, de Samuel Moreno, apoyado por la maquinaria Liberal http://uni2porcolombia.blogspot.com.co/2011/06/oferta-laboral.html

José Saramago - 0

21 de Noviembre

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“...el Agustín Codazzi, un fortín burocrático liberal...si se hunde el pr...+ ver más

“...el Agustín Codazzi, un fortín burocrático liberal...si se hunde el proyecto, terminaría ayudando a los terratenientes, a quienes no les conviene ese catastro...”: la ponente del proyecto, la señora Olga Lucía Velásquez (que a propósito apoyo la reforma tributaria de Santos) vs el gobierno que lo ha politizado todo. La solución, despolitizar el IGAC de liberales y que lo haga el IGAC..

coronado

21 de Noviembre

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Me parece el colmo que LSV afirme que el partido liberal se presta para práct...+ ver más

Me parece el colmo que LSV afirme que el partido liberal se presta para prácticas clientelistas. Creo que LSV ya es enemiga de la paz.

Ramza

22 de Noviembre

495 Seguidores

Jajajajajaja...

 

 

Jajajajajajajaj...+ ver más

Jajajajajaja...

 

 

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

Todos por la paz

21 de Noviembre

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Ay saramago "empleado" de lsv...ya sabemos que eres la " fuente" de tantas not...+ ver más

Ay saramago "empleado" de lsv...ya sabemos que eres la " fuente" de tantas noticias falsas.. Pq mas bn cuentanos u " opina"  sobre los jugosos contratos para la firmas españolas y europeas q están detrás del DNP..o el apetito burocrático en el DNP en el afán de endeudar aún mas al país con créditos del BID o el afán de "certificar" a las capitales para nombrar a dedo 

Arcesio Ublime

22 de Noviembre

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NIETO CON 2.6B WTF!!!!!!! La verdad Nieto hace lo que le diga Cristo, él cont...+ ver más

NIETO CON 2.6B WTF!!!!!!! La verdad Nieto hace lo que le diga Cristo, él contrata a quien Cristo le diga, "él régimen" dirige y controla todo, el IGAC es una entidad con muchos problemas, Catastro Multipropósito en teoría debe ser un esfuerzo conjunto de varias entidades, se pensó en mover el IGAC del DANE a la SNR. Lo corrijo, esos jugosos contratos, están en manos Suizas, no Españolas.

Todos por la paz

21 de Noviembre

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.. a los operadores extranjeros...no nos engañen ...lean el proyecto y apoyen...+ ver más

.. a los operadores extranjeros...no nos engañen ...lean el proyecto y apoyen a las entidades nacionales....mas bn cuenten la verdad ... lo mismo q antes...gracias a estos 2 congresistas, los mismos creadores de Saludcoop y compañía nos meten ese "exitoso modelo" o es q en  Colombia no hay también topógrafos e ingenieros que puedan hacer esta operación sin multinacionales???

Todos por la paz

21 de Noviembre

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Si ... Es bueno saber por quien se cita...gracias Olga Velasquez y ANtonio Gue...+ ver más

Si ... Es bueno saber por quien se cita...gracias Olga Velasquez y ANtonio Guerra por no dejarse presionar del gobierno y las multinacionales q están detrás de hacienda y planeacion o si no revisen los cumplimientos tan bajos de los operadores pilotos los cuales son extranjeros.....

Diego Silva Ardila

22 de Noviembre

393 Seguidores

Creo que una variable tan importante como el conocimiento del territorio (y de la población, aquí me refiero a los censos) debe ser por unos años más monopolio del Estado, dadas las externalidades positivas que se generan si así lo es. Sin embargo deberíamos estar debatiendo es sobre ese plano y no sobre si se ofrecen puestos o territoriales a cambio de los recursos.

Creo que una variable tan importante como el conocimiento del territorio (y de la población, aquí me refiero a los censos) debe ser por unos años más monopolio del Estado, dadas las externalidades positivas que se generan si así lo es. Sin embargo deberíamos estar debatiendo es sobre ese plano y no sobre si se ofrecen puestos o territoriales a cambio de los recursos.

Arcesio Ublime

22 de Noviembre

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Catastro Multipropósito tiene cómo objetivo cumplir la norma ISO 19152 que b...+ ver más

Catastro Multipropósito tiene cómo objetivo cumplir la norma ISO 19152 que busca estandarizar el intercambio de información sobre la tierra, un estándar que cualquiera puede implementar no sólo el IGAC, el IGAC en la práctica es muy grande, burocratizado, clientelista, e ineficiente, debe haber más competidores para evitar que el IGAC sea foco de corrupción. Y evitar perder los 2.6B.

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