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Por Juanita Vélez · 18 de Septiembre de 2018

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Ha pasado un mes sin que el Gobierno ni la Farc sepan dónde está el exjefe guerrillero Iván Márquez. A pesar de que Márquez es libre de moverse por Colombia, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, le pidió a él y a otros 30 ex comandantes, que cada uno le informe por escrito si sigue jugado con el proceso y qué ha hecho para cumplir con el Acuerdo.

Aunque esa exigencia de la JEP fue recibida como un ultimátum para que Márquez aparezca, es apenas el inicio de un laberinto legal.

La presión

La Sala de Reconocimiento de la JEP, que es la que recibe informes de la Fiscalía y ONG e inicia los grandes procesos que juzgará esa justicia transicional, tomó una decisión sonada la semana pasada. Lo hizo en el inicio del primero de esos casos, el de los secuestros de las Farc.

 

En un auto le exigió a los 31 miembros de alto nivel de la Farc que están involucrados en ese expediente que cada uno presente un informe, “escrito, detallado y firmado por el compareciente, reiterando su compromiso e informando de sus actividades en cumplimiento de las obligaciones que conllevan a los beneficios recibidos”. Para eso les dio diez días hábiles.

Al hacerlo, citó la alerta que lanzó una semana antes la Misión de la ONU que dice que seis ex comandantes no aparecen. 

De hecho, entre los 31 a los que le pide informes, están tres de esos seis ex comandantes. 

Como lo hizo cuando la agenda mediática estaba pendiente de Márquez y los demás escondidos, medios como El Espectador, El País, El Nuevo Siglo o Blu Radio leyeron el auto como un ultimátum para que aparezcan.

Pero el auto, incluso si los hace aparecer, no tendrá resultados tan pronto.

Contrarreloj

Los informes de los excombatientes se pueden demorar más.

Eso porque, según supo La Silla por dos fuentes de la JEP, los abogados de por lo menos cuatro de los 31, incluyendo a Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, presentaron un recurso de reposición contra el auto entre el viernes y este lunes.

Esa reposición demora el informe, de entrada, tres días, que es el plazo que tiene la Sala para contestarlo. Pero incluso si la Sala lo niega, podrían interponer otro recurso, el de apelación, que usualmente presentan los abogados cuando intentan la reposición.

Si lo hacen, la Sección de Apelación tiene 30 días más para decidir qué hacer con el auto.

Según información oficial de la JEP, la abogada de Iván Márquez radicó el lunes una solicitud de información sobre el auto y tiene hasta el viernes para interponer la reposición. Es decir, todavía tiene tiempo para decidir si patalea y demora la decisión.

Incluso si Márquez no lo hace, los recursos que ya presentaron podrían tumbar el auto, dejando a la JEP sin esa forma de presionar. Sobre todo porque uno de los argumentos es que la Sala no podía pedir esos informes ahora, sino más adelante en el proceso, y el auto no cita una norma que diga que lo puede hacer en este punto.

Pero si la Sala de Apelaciones lo sostiene, sí podría aumentar la presión sobre los que andan desaparecidos.

Los efectos

Si la JEP decide que sí puede pedir los informes y, después de los recursos, alguno de los 31 no lo presenta, abre la puerta para que la Sala de Reconocimiento le abra un incidente de incumplimiento

Ese incidente es un pequeño proceso dentro del proceso grande, en el que las dos partes pueden pedir pruebas, presentar alegatos y finalmente la Sala decide si hubo incumplimiento.

Si dice que lo hubo, debe sancionar a la persona, según la gravedad del incumplimiento.

En los casos más graves, como en el de un ex guerrillero que se metió a una disidencia, perdería todos los beneficios de la JEP por los delitos que haya cometido hasta el 1 de diciembre de 2016 y en el marco del conflicto.

La JEP lo seguiría procesando pero lo sancionará con cárcel por hasta 20 años, la pena más dura dentro de esa justicia y, por los delitos que cometa en la disidencia, lo procesaría la justicia ordinaria. Si termina condenado por esos nuevos delitos, la JEP lo podría incluso excluir.

Si el incumplimiento es más leve, como el de no presentar el informe, la sanción debe ser menos fuerte, como una amonestación.

Incluso en ese caso, el mensaje político puede ser fuerte, porque significaría poco compromiso con la justicia transicional. Pero para llegar hasta allá, y que se pueda hablar de un ultimátum, falta que pase todo ese laberinto judicial.

 

Comentarios (3)

coronado

18 de Septiembre

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la estupida JEP ni siquiera los puede llamar a comparecer --este es el engendr...+ ver más

la estupida JEP ni siquiera los puede llamar a comparecer --este es el engendro de los imbeciles que escribieron el acuerdo, empezando por el senil humberto...

AlvaroH

18 de Septiembre

0 Seguidores

Es curioso que usted diga eso. La JEP, estructuralmente, tiene los mismos prob...+ ver más

Es curioso que usted diga eso. La JEP, estructuralmente, tiene los mismos problemas que hay en muchos juzgados ordinarios civiles y penales del país. Porque estamos en Colombia, no en Suiza. Pero claro, ustedes hablan pestes de la justicia ordinaria cuando les conviene (caso Uribe) y solo les sirve cuando se trata de hablar mal de la JEP. Los insultos gratuitos e inútiles que usted hace dan pena.

DIDUNDI

18 de Septiembre

3 Seguidores

-Q' es lo q tiene d 'malo'' la JEP q todo el mundo anda qu...+ ver más

-Q' es lo q tiene d 'malo'' la JEP q todo el mundo anda queriendo montarse en ella?.
-Los políticos, dirigentes y muchos más, andan recargando pilas constantemente x si acaso un ventilador les toca prender a deshoras.
-La defensa d Cacorrasquilla fue muy tímida, se vio errático, inseguro, nervioso y hasta miedo cuando Petro habló sobre lo FUNDAMENTAL, lo q el ministro extrella..do No mencionó.

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