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Por Héctor Riveros · 27 de Octubre de 2018

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La Jurisdicción Especial de Paz ha sido perseguida desde su origen. El objetivo es deslegitimarla para que las cosas que allí se revelen queden siempre en entredicho. Algunos medios de comunicación, el uribismo e incluso el Fiscal General han construido la tesis de que ese tribunal está diseñado para proteger a las Farc.

Muchos le temen a la JEP, porque ahí se concreta ese hecho incuestionable de que en el marco del conflicto armado cometieron crímenes atroces no solo las Farc, sino agentes del estado, éstos últimos en connivencia con grupos paramilitares, empresarios y políticos.

El ataque ha sido sistemático y disciplinado: cuestionaron la forma de selección de sus miembros, propusieron y lograron que no todos los intervinientes en el conflicto estuvieran obligados a ir, han tratado de desmembrarla con salas especiales, todos los días la fustigan con los ejércitos de mercenarios que actúan desde las redes sociales, les cuestionan sus competencias, les recortan el presupuesto.

Eso y la restitución  de tierras es lo único que verdaderamente les molesta del acuerdo de paz, lo demás lo cuestionan para sintonizarse con los ciudadanos comunes y corrientes a los que les molestan los beneficios jurídicos que se concedieron a los miembros de las Farc. La verdad es que los que más se han rasgado las vestiduras por la “impunidad” que generó el acuerdo lo que quieren es mantener no solo en la impunidad, sino en la invisibilidad a otros actores que nunca han respondido como debieran.

Era mejor seguir como veníamos, es decir sin justicia así paradójicamente, también los ex guerrilleros de las Farc se favorecieran de esa impunidad. Pasaron casi cincuenta años y ni un solo miembro del Secretariado de las Farc estuvo en la cárcel. Tirofijo  y Jacobo Arenas se murieron de viejos sin haber pagado un día de cárcel.

Pasaron cincuenta años sin que las Farc, en su condición de victimarios, hubieran entregado un solo bien o el Estado se los hubiera quitado para reparar a las víctimas.

Pasaron cincuenta años y las víctimas no tenían donde hacer la catarsis de su dolor y reclamar justicia, una de verdad: reparadora. Allá llegaron las madres de jóvenes asesinados de la manera más indolente posible para hacerlos pasar por guerrilleros. Allá desahogaron su dolor los políticos que las FARC mantuvieron  secuestrados durante años sin ninguna consideración por la dignidad humana.

Allá han llegado delincuentes de todos los pelambres buscando beneficios convencidos que, sin aportar a la verdad, ni a la reparación los van a tener y se van a llevar una sorpresa.

Esta semana, como lo será durante muchas, la JEP fue permanente fuente de información y blanco de todo tipo de críticas incluso las más insólitas.

La senadora Paloma Valencia anunció una vez más que recogería firmas para derogar la JEP, después de fracasar en el intento de hacer aprobar en el Congreso un proyecto para desarmarla.

El Fiscal planteó un curioso conflicto de competencia cuyo resultado sería que los bienes que las Farc no hayan declarado pero que el Estado identifique no vayan a reparar a las víctimas como siempre todos han dicho que debe ser.

Le llovieron rayos y centellas a la JEP por darle una nueva oportunidad a la Fiscalía de enmendar la plana en el caso de la extradición de Santrich. No manda las pruebas y las que manda las manda mal, sin embargo, la JEP le da un nuevo término para no hacer lo que otro juez haría que sería certificar que no se ha probado el incumplimiento del acuerdo y que, por tanto, no procede seguir con el trámite de extradición.

Se presenta la decisión de la JEP como una prueba de querer favorecer al ex guerrillero cuando en realidad lo que busca es conseguir las pruebas que hasta ahora no tiene para facilitar la extradición.

No pasaron 24 horas desde cuando se le venció el término a alias El Paisa para responder a un requerimiento y la JEP inició el incidente que terminará con la declaratoria de pérdida de beneficios. Los innumerables delitos que ha cometido pasarán a ser de conocimiento de la justicia ordinaria y podremos comparar cuál resulta más eficaz para satisfacer el derecho a la justicia que tienen las víctimas.

La JEP seguirá en el ojo del huracán, entre más y mejor cumpla su tarea será más cuestionada y el esfuerzo para recoger firmas para derogarla será mayor.

Cuando dentro de algunas semanas se haga el balance del año, sin duda esa Institución tendrá lugar especial y así será también en el 2019 y en varios años más si es que no la logran acabar para conseguir que sigamos como veníamos: sin justicia para el conflicto armado.

Comentarios (1)

Marleny Barrera López

28 de Octubre

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Coincidimos, la impunidad no es el problema, en ella hemos vivido, es la verdad y la restitución de tierras. La JEP fue diseñada para conocer la verdad y la reparación a las víctimas. Y la seguirán atacando para ni pueda cumplir su función, bajo la excusa de favorecimiento a las Farc. Lo peor, que la gente se lo crea.

Coincidimos, la impunidad no es el problema, en ella hemos vivido, es la verdad y la restitución de tierras. La JEP fue diseñada para conocer la verdad y la reparación a las víctimas. Y la seguirán atacando para ni pueda cumplir su función, bajo la excusa de favorecimiento a las Farc. Lo peor, que la gente se lo crea.

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