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Por Juan Manuel Flórez Arias · 14 de Octubre de 2020

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Si los sectores en contra del proyecto minero en Jericó, Antioquia, tuvieran que ondear una bandera, tendría los colores de partidos opuestos, desde el amarillo del Polo al azul claro del Centro Democrático.

Hace 20 días comenzó la recta final del proceso que determinará si la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti (la misma del proyecto minero en Cajamarca, Tolima, que paralizó una consulta popular en 2017) podrá sacar principalmente cobre y en menor medida oro, plata y molibdeno.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) visitó Jericó, donde operaría la mina, y los aledaños Támesis y Fredonia, como parte de sus estudios para determinar si otorga la licencia ambiental.

El proyecto Quebradona plantea una mina subterránea y le entregaría al Gobierno regalías por 450 millones de dólares en 21 años, de las cuales el 20 por ciento le correspondería a Jericó, según le dijo a La Silla el gerente corporativo de la empresa, Juan Camilo Quintero.

La diligencia de la Anla hizo más visible el bloque en contra del proyecto, que ha crecido en los últimos meses y reúne a sectores antagónicos. Su argumento central, según le dijo a La Silla Sebastián Restrepo, coordinador de la campaña Salvemos al Suroeste, es que consideran que la mina cambiará la vocación agrícola y turística de esta región. 

Esta postura tiene en el mismo bando a senadores del centro y la izquierda como Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, e Iván Marulanda, de la Alianza Verde; a uribistas como Paloma Valencia y Carlos Felipe Mejía; y a miembros de partidos tradicionales, como el senador Juan Felipe Lemos, de La U, y el representante conservador Germán Blanco, hoy presidente de la Cámara.

En las últimas semanas todos se pronunciaron en contra a través de Salvemos el Suroeste. La campaña es parte la misma organización que, en abril de 2019, hizo un video que fue compartido por el expresidente Álvaro Uribe, como contamos en esta historia.

 

 

Salvemos el Suroeste tiene el apoyo, entre otros, de la Mesa Ambiental de Jericó, una alianza de ambientalistas locales asesorada por Corantioquia; la Mesa Ambiental de Jardín; la Red Jóvenes Suroeste 2050; Greenpeace Colombia; y la Mesa Técnica del Suroeste que agrupa a 228 propietarios de tierras del sector, algunos cercanos al entorno empresarial antioqueño, como José Alberto Vélez, expresidente de Argos, o Luis Carlos Uribe, expresidente de Familia; y a figuras públicas como el escritor Héctor Abad Faciolince.

La oposición a la mina incluye, por lo tanto, sectores para todos los gustos: ambientalistas, alternativos, de derecha, políticos tradicionales y empresarios antioqueños.

Esta coalición improvisada, y en gran medida no intencional, muestra la importancia que han adquirido los temas ambientales en los últimos años.

Las victorias de los movimientos anti minería en Cajamarca en 2017 y en Santander la semana pasada -la Anla archivó la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de Minesa cerca al páramo de Santurbán- han llevado a sectores que eran distantes a estas causas a aparecer en la foto ambientalista.

Oposición con megáfono

Una de las prioridades de quienes se oponen al proyecto minero en el suroeste antioqueño, fortín electoral del uribismo, es que no sea vista como una causa de izquierda.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó y quien desde hace una década ha liderado la oposición al proyecto de AngloGold Ashanti, le contó a La Silla que entre los primeros congresistas en respaldar su postura estuvieron figuras del Polo como el representante Jorge Gómez Gallego y la senadora verde Angélica Lozano.

A finales de 2019, cuenta, se sumaron los senadores verdes Juan Luis Castro e Iván Marulanda. “Vinieron al municipio y empezaron a apoyarnos con derechos de petición”, dice Jaramillo. 

Este año, el decisivo por ser en el que se define la licencia ambiental, llegaron el resto de sectores políticos. El senador Juan Felipe Lemos, de La U, quien empezó su carrera como alcalde del municipio de Andes y ahora es el congresista más votado en el Suroeste por encima de Uribe, llegó por invitación del sector empresarial y los ambientalistas.

Fue el mismo caso del representante Blanco, quien se crió en Támesis y es aliado del actual alcalde Juan Martín Vásquez, uno de los opositores más visibles a Quebradona. Dos fuentes cercanas a la oposición a la mina le dijeron a La Silla que Blanco se reunió con ellos a finales de febrero, les dijo que los apoyaría, pero que esperaría a concretar su presidencia de la Cámara de Representantes para pronunciarse.

En este contexto también se concretó la llegada del uribismo. 

Como contamos, pese a que durante el gobierno Uribe se otorgó el título minero a AngloGold, el año pasado el Expresidente le hizo un guiño a los antimineros luego de un llamado de varios dirigentes del Centro Democrático en la zona. En julio, un día después de la posesión del ministro de Minas, el antioqueño Diego Mesa, Uribe ratificó su postura: 

 

 

Ese guiño es diciente y aunque formalmente el Centro Democrático no ha fijado una posición, este año Paloma Valencia y Carlos Felipe Mejía se declararon abiertamente en contra.

Valencia le contó a La Silla que visitó Jericó en marzo de este año, días antes del aislamiento obligatorio por la pandemia, invitada por “amigos del Centro Democrático en la zona y de la empresa de aguacates Cartama”. 

Cartama es uno de los negocios que, según le dijeron a La Silla finqueros de la zona el año pasado, se verían afectados por los salarios más altos que la mina podría pagar a los trabajadores.

Aunque Valencia es nuera de uno de los mayores opositores al proyecto, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, la senadora le explicó a La Silla que fue a Jericó porque le hace seguimiento a temas ambientales  en general y, además, porque le dijeron que “estaban yendo muchos sectores de izquierda y que si no iba iba a quedar como si fuera una causa de ellos”.

Otras tres fuentes cercanas al movimiento de oposición al proyecto le confirmaron a La Silla esta intención.

Puntualmente, una de ellas anotó: “Hubo una preocupación de los sectores de acá, empresarios, políticos, entre otros, para que este tema no fuera un tema de izquierda. Primero, porque la izquierda representa una minoría de votos en la región y, segundo, por el contexto político del país. Este proyecto tiene un costo muy serio en términos políticos para este gobierno. Entonces buscaron que fuera un tema multipartidista y principalmente antioqueño”.

Apoyo en susurros

Curiosamente, los congresistas uribistas que se han mostrado en contra, Valencia y Carlos Felipe Mejía, son de otros departamentos. Mientras, las casas antioqueñas se declaran en neutralidad o miran con simpatía el proyecto.

Es el caso de Ramiro Valencia Cossio, hermano del exministro de Uribe, Fabio Valencia Cossio, y tío del senador uribista Santiago Valencia. 

Ramiro es parte del equipo consultor de AngloGold Ashanti y recientemente publicó un artículo en el diario El Tiempo en el que describió a Quebradona como “uno de los más importantes desarrollos que pueda tener Colombia en el futuro inmediato”.

Otro de los uribistas antioqueños de acuerdo con el proyecto es el senador José Obdulio Gaviria, quien recientemente expresó su respaldo al mismo en la Comisión Quinta, al unísono con el senador Alejandro Corrales, originario de Caldas.

En torno a la posición de Los Paolos, el grupo de la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, hay voces encontradas. 

Espinal, quien fue el congresista más votado en Jericó, le dijo a La Silla que es neutral. 

“He sido el único congresista que ha generado espacios de diálogo con el Gobierno Nacional”, dijo en referencia a la audiencia de abril de 2019 a la que asistió la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, y a la visita hace dos semanas en la que acompañó al ministro de Minas.

Para el activista Fernando Jaramillo “la neutralidad es el escenario más conveniente para AngloGold” y dos fuentes del Centro Democrático y dos del pueblo le dijeron a La Silla que perciben que Los Paolos están más a favor que en contra.

Una fuente conocedora del sector minero nos dijo que Espinal y Holguín están, junto con el también uribista Alejandro Corrales, entre los congresistas que han sido “más receptivos” con la información que ha brindado AngloGold sobre el proyecto.

En su último reporte anual presentado en Sudáfrica, la multinacional destaca como positivos “los resultados de las elecciones regionales y locales de octubre de 2019”, en las que fueron elegidos David Alonso Toro como alcalde de Jericó y Aníbal Gaviria como Gobernador.

Gaviria, detenido preventivamente en junio por presuntas irregularidades en contratación hace 15 años, no ha expresado públicamente una postura sobre Quebradona pero fue durante su primer periodo en la gobernación, 2004-2007, que AngloGold Ashanti obtuvo de la secretaría de Minas de Antioquia el título minero con el que comenzó la exploración.

Una bandera multicolor

Todas las fuentes consultadas por La Silla, tanto a favor como en contra del proyecto, coincidieron en que es más fácil que figuras políticas nacionales se pronuncien en contra de Quebradona que a favor. 

“No es rentable declararse defensor de la minería”, dijo puntualmente una de las personas en contra.

Jericó es el ejemplo más reciente del terreno que han ganado los temas ambientales en el campo político, desde que la consulta de 2017 en Cajamarca evidenció este potencial político.

En ese entonces Camilo Delgado, quien era concejal liberal de Ibagué y promovió la consulta, dijo a La Silla “llegaron en paracaídas políticos de izquierda y centro, el Polo Democrático, y la Alianza Verde”. 

Era un abanico menos amplio que el de Jericó.

Eso se puede entender en parte por el impacto local de Cajamarca: el tema antiminero se volvió obligatorio en la agenda electoral en Tolima, al punto de que los candidatos en las elecciones locales y regionales debieron tomar postura y el actual gobernador, Ricardo Orozco, se declaró en contra de los proyectos mineros pese a que su mentor político, el exgobernador conservador Óscar Barreto, fue uno de los promotores de estas iniciativas.

Un caso similar puede verse en Santander, con el proyecto de la multinacional árabe Minesa en inmediaciones del páramo de Santurbán.

El anterior alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ganó las elecciones de 2015 impulsado en gran medida por su posición en contra del proyecto minero; la resistencia de parte de la ciudadanía a los proyectos mineros es tan grande que, como contamos en esta historia, el gobierno de Iván Duque evitó comprometerse en respaldar a Minesa.

La postura de Duque frente a Quebradona, pese al rechazo explícito de su mentor Álvaro Uribe, ha seguido la misma línea que en Santander: delegó el tema al ministro de Minas

Además, una fuente del Centro Democrático, y dos externas -una de ellas directa-, le dijeron a La Silla que el exgerente de campaña de Duque y su consejero externo, Luigi Echeverri, ha hecho fuerza para concretar el proyecto. La Silla le preguntó directamente a Echeverri, pero nos dijo que "no me interesa meterme en eso".

Sea con el rechazo abierto o con el apoyo discreto, el debate minero parece haber llegado para quedarse a la arena política colombiana. Y la confluencia de sectores en contra del proyecto en Jericó puede influenciar más casos en los que empresarios del agro y políticos tradicionales y de derecha lleguen a sostener la bandera que los ambientalistas ya estaban ondeando.

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