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Por Jerson Ortiz · 19 de Febrero de 2021

Álvaro Pacheco está condenado a siete años de cárcel por vínculos con paramilitares.

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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exgobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco, quien venía pidiendo pista desde que fue detenido y condenado en 2019 por vínculos con grupos paramilitares

Lo admitió en calidad de tercero (técnicamente se denomina agente del Estado no integrante de la fuerza pública), después de que presentara tres planes de verdad. Esos son documentos en los que la persona dice qué va a contar distinto a lo que ya tiene la justicia ordinaria y cómo planea reparar a las víctimas. 

Pero aún con esos tres planes, la JEP no le concedió el beneficio de libertad condicional, que era lo que quería el exgobernador. 

Entonces, Pacheco presentó hace unos días un cuarto plan que, según su abogado, Carlos Monroy, tiene información más detallada para ayudar al esclarecimiento del conflicto en Caquetá. Espera con eso que la JEP revise nuevamente su solicitud de libertad condicionada. 

Más allá de lo que determine la apelación, este caso es una muestra de la ‘vara’ que la JEP le aplicará a los terceros que tocaron sus puertas (hay peticiones de 657, entre ellos unos 40 parapolíticos) en busca de beneficios jurídicos como la libertad transitoria. 

También habla del interés que persiste entre algunos terceros por ganarse esos beneficios, así eso implique entregar más información y pruebas de las que estaban dispuestos a aportar inicialmente.

Ese era uno de los dilemas del funcionamiento de esa justicia porque si pone la vara muy alta corre el riesgo de que muchos terceros terminen de vuelta en la justicia ordinaria y no hablen. Pero si la pone muy baja se puede quedar sin elementos para avanzar en la verdad y lograr la reparación de las víctimas. 

El sí, pero no, al parapolítico del Sur

En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó a Álvaro Pacheco a siete años de cárcel porque comprobó que entre 1996 y 2007 tuvo vínculos estrechos con el Frente Sur Andaquíes, FSA.

El FSA fue el brazo paramilitar en Caquetá del Bloque Central Bolívar al mando de alias ‘Macaco’.  

Ese frente lideró la segunda incursión paramilitar en ese departamento del sur del país, retaguardia histórica de las Farc. (La primera fue hacia finales de los años 80 en los Llanos del Yarí a cargo de grupos  financiados por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha ‘El Mexicano’).

 

La relación entre Pacheco y el FSA, según la Corte, le permitió a las autodefensas consolidar su presencia en la región, abrir rutas de narcotráfico y quitarle terreno a las Farc; y a Pacheco, crecer políticamente porque pasó de ser un funcionario de la Oficina de Tránsito de Florencia a ser uno de los superpoderosos de la región con el aval del partido Liberal. 

Porque justo después de sellar la alianza, Pacheco se convirtió en alcalde de Florencia (2001-2003), luego fue representante a la Cámara (2010-2014), y gobernador desde 2016 hasta su condena. 

El 29 de agosto de 2019, ya recluido en un centro de detención en Bogotá y en plena campaña de elecciones regionales (en la que buscó dejar un heredero en la Gobernación), Pacheco pidió pista en la JEP. Lo hizo sobre la campana porque los terceros que querían entrar ahí tenían plazo hasta el 6 de septiembre del 2019 para someterse.

El primero de octubre de ese año, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la que decide quién entra y quién no en la JEP, aceptó estudiar su caso. 

Con ese banderazo, el 18 de ese mes, el exgobernador Pacheco presentó su compromiso de aporte a la verdad y un plan de reparación y no repetición de las víctimas, que incluye la construcción de un centro cultural de la memoria en el municipio de Morelia, vecino de la capital Florencia. 

Pacheco dijo que comprará con recursos propios el lote y el mobiliario para ese centro cultural y que luego se lo donará a la Universidad de la Amazonía. 

La razón para escoger Morelia es que ese municipio fue un territorio donde el FSA impuso “la ley” entre 2000 y 2006. Allá tuvo uno de sus campamentos más grandes y logró una estrecha cooperación con algunos policías a los que les pagaba una nómina mensual para que los dejara operar sin restricción alguna, o los apoyara con esquemas de seguridad. 

Fue en ese municipio donde Pacheco firmó su alianza con los jefes paramilitares, como lo dice el fallo de la Corte. 

Con esos compromisos de verdad y reparación, el exgobernador le pidió a Sala de Definiciones el sometimiento, la libertad condicionada y la renuncia de persecución penal (es decir que no le abran más investigaciones por hechos similares). 

Para la Sala ese compromiso inicial fue insuficiente. 

“Es información que no aporta nada diferente a los contenidos en las diferentes versiones libres rendidas por los postulados ante Justicia y Paz y ante lo expuesto por el informe de análisis elaborado por el Grupo de Análisis de la Información de la JEP”, dijo esa Sala en diciembre de 2019. 

Entonces, al exgobernador le tocó doblar su apuesta para no quedarse fuera y seguir en carrera por los beneficios jurídicos. 

En enero de 2020, en un tercer intento porque la JEP le abriera la puerta, se comprometió a explicar, con hechos puntuales, su relación con los paramilitares, pero también la manera en la que ellos llegaron a otros actores políticos y económicos de la región. 

A diferencia de los dos primeros planes de verdad que presentó, en este prometió hablar de otros alcaldes de la zona que fueron “complacientes, coadyuvaron y permitieron el establecimiento del grupo paramilitar”. Y dio puntadas de lo que conoce del ‘Pacto del Pescado’ con el cual los paramilitares habrían acordado apoyar la carrera política de otros dirigentes de la región, como el conservador Luis Fernando Almario. 

Mencionó que cuando fue alcalde de Florencia (2001-2003) la información de los consejos de seguridad llegaba a manos de los paramilitares; y dio nombres de unos policías que, al parecer, eran los que pasaban esos datos.

Y habló de que se reunió con jefes paramilitares para evitar que ellos atentaran contra el personero de la época, Youself Sefair Silva, quien había denunciado acciones paramilitares en la región. 

Con esos nuevos compromisos, la Sala de Definición decidió aprobar su entrada a la JEP en diciembre pasado, pero le negó la libertad condicionada y la renuncia a la persecución penal. 

Los magistrados de esa Sala, Heydi Patricia Baldosea y Pedro Elías Díaz, sostienen que al tercer plan de verdad de Pacheco le siguen faltando más detalles cómo, por ejemplo, qué hizo él directamente para promover a los paramilitares más allá de las reuniones que ya están documentadas. 

O si tuvo aliados políticos que ayudaron en esa operación y quiénes son; o que aclare a qué tipo de víctimas es a las que quiere reparar en Morelia. 

“Se puede observar que su compromiso de aporte al esclarecimiento a la verdad aún es deficiente para avanzar en un proceso dialógico con las víctimas y en el avance de la justicia restaurativa, de modo que todavía se hace necesario ordenar nuevos ajustes”, resolvió la Sala. 

Sin embargo, al aceptarlo, no le cerró la puerta para seguir persiguiendo esos beneficios, aunque eso implique para él aportar más verdad. 

Por eso, ya presentó un cuarto plan de verdad, según nos confirmó su abogado Carlos Ortiz Monroy. 

Si ese plan ofrece información novedosa y extraordinaria, a Pacheco le podrían dar ese beneficio antes de que empiece a dar sus versiones libres y sea entrevistado por los magistrados. 

Que es la misma ruta que deben seguir otros parapolíticos como el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, al que también aceptaron, pero no dejaron libre. 

Y que ya superaron otros como los exsenadores David Char y Álvaro Ashton, quienes ya están hablando pero en libertad condicionada.  

La JEP suma puntos

El caso del exgobernador Pacheco es otra muestra de que los parapolíticos están accediendo a las exigencias de la JEP, así sea a cuentagotas. Y eso es un triunfo para esa justicia porque demuestra que la idea de condicionar beneficios a cambio de compromisos puntuales y detallados de verdad y reparación comienza a funcionar.

Lo es, igualmente, para la legitimidad de la JEP ahora que está entregando resultados contundentes como la demoledora acusación que hizo en contra de las Farc con los secuestrados y que el antiguo Secretariado ya aceptó, y el detallado auto sobre ‘falsos positivos’ que sacó ayer.

Para el compromiso de verdad firmado en La Habana también es algo prometedor porque, eventualmente, el exgobernador Pacheco debe dar versiones a otras instituciones ligadas al acuerdo como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

Con lo cual podría hacer un aporte más transversal a la explicación del conflicto y al fenómeno que representó la parapolítica en el sur del país, epicentro de la guerra con las Farc. 

En la medida en que empiece a resolver más solicitudes de sometimiento de otros terceros que también pidieron entrada sabremos si pudo mantener esa vara tan alta. 

CONTEXTO

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