Desde 1997, cuando fuera aprobada la Ley de desarrollo territorial, el país ha acumulado muchas experiencias sobre las reglas que rigen el espacio urbano, sus finalidades y posibilidades. Hoy, el derecho urbano es una realidad, tal como lo muestra una década de formación de especialistas en la Universidad del Rosario y los múltiples debates judiciales en torno a la problemática urbana y su marco regulatorio. A veinte años del nuevo marco jurídico y diez de formación continua de especialistas en el país, la Especialización de Derecho Urbano y su cuerpo docente se propuso materializar la experiencia acumulada en este Manual de derecho urbano con el fin de contribuir a la formación de profesionales idóneos en esta área. La apuesta de este Manual es entregar un trabajo inédito en el país sobre la puesta en práctica de la ley, sus desafíos y su diálogo con las instancias judiciales. Con un perfil didáctico, esta obra contiene referencias específicas jurisprudenciales contextualizadas, citas y matrices normativas. Propone una mirada articulada en función de discusiones jurídicas, pero con clara utilidad de estudio y consulta.El lector tiene en sus manos el fruto de reflexiones colectivas de diez años de enseñanza y formación sobre el derecho urbano, así como experiencias prácticas y decisiones tomadas en el ámbito del control judicial, para la aún nueva y desafiante área del derecho urbano.

La Carta Iberoamericana de la Función Pública establece diferentes compromisos para los Estados suscriptores tendientes a generar instrumentos adecuados para la correcta gestión del talento humano. No se trata solo de establecer ventajas laborales o parámetros comunes para el ingreso, permanencia o retiro de los servidores del Estado, sino de reconocer la relación directa entre una función pública eficiente y un desarrollo óptimo de las competencias asignadas a las diferentes entidades y organismos del Estado. Con este norte se escribió este libro, pues cada uno de los autores nacionales y extranjeros realiza un diagnóstico de la aplicación del instrumento internacional en su país, identificado no solo los avances que se han presentado sino también las falencias que ocasionan que 16 años después se sigan teniendo problemas relacionados con la politización de los empleos públicos, la ausencia de gerentes públicos en los cuados del Estado, la precarización de las relaciones laborales, etc. Con esta radiografía se hacen diferentes propuestas encaminadas a la solución de problemas comunes. Por último, debe destacarse que la obra es el segundo producto de la Red Iberoamericana de Función Pública y Derechos Administrativo Sancionatorio, la cual tienen como objetivo la producción de conocimiento sobre estas dos áreas del derecho administrativo.

Este libro es fruto de un proyecto conjunto de investigación entre los Departamentos de Derecho Penal y Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Su objeto de estudio se centra en los aspectos constitucionales que, producto de los nuevos desarrollos jurisprudenciales y doctrinales, deberían tener en cuenta los operadores jurídicos al momento de resolver los casos judiciales y administrativos en materia penal y disciplinaria.

La obra pretende, entre otras cosas, constituir una guía interpretativa de fácil acceso y comprensión para estos operadores que se enfrentan al decantado fenómeno de la constitucionalización de derecho, pero que aún tienen interrogantes acerca de su comprensión. en este sentido, se constituye un "decálogo" académico basado en diez axiomas o silogismos que, a la luz del derecho constitucional, deberían regir la labro jurisdiccional penal y disciplinaria.

Este propósito no obsta para que la presente obra pueda ser consultada y estudiada por estudiantes y profesionales del derecho, puesto que también tiene la finalidad de proveer una sencilla aproximación al referido objeto de estudio y brindar una sistematización al respecto.

Esta obra colectiva se centra en tratar de resolver una de las dificultades más relevantes en el Estado colombiano: cómo lograr un equilibrio entre la liberalización de los mercados, los estándares de protección de la inversión extranjera, las libertades económicas (libre empresa, libre competencia, etc.) y los mandatos constitucionales y convencionales sobre la protección de los derechos humanos de la población y los grupos vulnerables, que frecuentemente se encuentran en conflicto o en tensión.

Es por ello que los distintos autores realizan un acercamiento a esta problemática desde enfoques académicos de los distintos grupos de interés (skateholders), tales como instituciones del Estado que protegen los derecho humanos, consumidores, activistas de los derechos del medio ambiente, grupos étnicos y académicos, para mostrar diferentes lecturas de las relaciones de las empresas del sector minero-energético, farmacéutico, entre otros, y las relaciones con los derechos territoriales de las comunidades étnicas, como la consulta previa, la salud y demás derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. 

La idea que inspira esta obra colectiva se construye desde distintas aproximaciones, que no se erige sobre una solución "estado céntrica" a cómo atribuir obligaciones de derechos humanos a las empresas. Las respuestas que se ofrecen a lo largo de este trabajo son variadas frente a los diversos interrogantes que suscita el tema, verbi gratia, ¿cuál es y cómo se llegó al estado del arte en materia de derechos humanos y empresas?; ¿hay avances o retrocesos en la atribución de obligaciones de derechos humanos a las empresas?; ¿cuáles son las obligaciones internacionales de las empresas?; ¿existen mecanismos coercitivos para el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos?; ¿se requieren marcos normativos vinculantes o, por el contrario, debe preferirse la voluntariedad?; ¿cómo deben desarrollarse los planes nacionales de acción y las demás políticas públicas?; ¿cómo se deberían armonizar los intereses económicos de las empresas con los intereses de minorías étnicas especialmente protegidos?; ¿cuál es el papel de los jueces nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos para atribuir obligaciones a las empresas?; ¿qué implicaciones o efectos sociales tienen las empresas en el marco del conflicto armado? 

Soñé hacer política como los clásicos la describieron: como la más noble expresión de los hombres que viven en sociedad. Sin embargo, me refugié en la ciencia política, y desde ahí analicé estos resultados electorales de los últimos 28 años en Colombia. 

Que el lector se aproxime a este texto con la pasión que sentí al estudiar cada proceso; todos atravesados por los cambios normativos electores ocurridos desde la promulgación de la Constitución de 1991 en el contexto de diversos actores de violencia que existen en el territorio nacional. 

Examinando, encontré el otrora bipartidismo resquebrajado; modalidades de alianzas, coaliciones, partidos y movimientos emergentes, algunos, tipo "golondrina"; votos ocultos, de opinión, blanco y otros nulos. 

El voto cautivo se esfumó al igual que las manifestaciones en plaza pública; surgió la tecnología como herramienta de acceso a la información en tiempo real; redes sociales como estrategia de comunicación y una democracia con protagonistas adicionales a los orgánicos tradiciones.