El IQ

Este estudio examina cómo los actores que promueven agendas de justicia restaurativa y agendas punitivas han competido en la definición de medidas para enfrentar la violencia intrafamiliar en el contexto del Código de Procedimiento Penal de 2004. En los últimos años, las agendas punitivas han ganado en el contexto de las reformas legales. Medidas enfocadas en el control de criminalidad y la sanción penal se han ofrecido como respuesta a la subordinación de la mujer y la violencia contra las mujeres dentro de la familia. Este artículo evalúa algunas de las consecuencias de la expedición de las medidas de control de la criminalidad para enfrentar la violencia intrafamiliar. Presentando datos cuantitativos y cualitativos, concluyo que la eficacia del enfoque punitivo frente a este tipo de violencia es discutible. A pesar de que el encarcelamiento por violencia intrafamiliar ha aumentado, sigue siendo bastante bajo en relación con otros delitos. El enfoque punitivo también puede haber tenido el resultado no deseado de alienar a algunas víctimas del proceso penal y desanimar a otras de cooperar con los fiscales. Estos resultados mixtos indican que los defensores de las mujeres deben tener cuidado con la promoción de estrategias punitivas para hacer frente a la violencia intrafamiliar

Frente a los casos de exceso de autoridad de la Policía y el ESMAD en las marchas sociales en las que el joven Dilan Cruz perdió la vida, éste artículo pretende brindar insumos adicionales para profundizar el análisis sobre las herramientas y la capacidad de acción real con las que cuentan las autoridades locales para manejar la protesta social –y especialmente los hechos de violencia asociados a esas manifestaciones–, así como el alcance y los límites que tiene el alcalde de Bogotá para hacerlo. 

El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera se describen las acciones estipuladas para garantizar la protesta social en Colombia, así como el papel de la fuerza pública en las manifestaciones y la historia detrás de la existencia y el sustento legal del Esmad. En la segunda sección se aborda el manejo que Enrique Peñalosa le dio a las manifestaciones sociales en su último año de gobierno. En la tercera sección se examinan los planteamientos de Claudia López para enfrentar las alteraciones al orden público en la ciudad al comienzo de su periodo en la Alcaldía. Por último, se presentan unas conclusiones y reflexiones finales.