Esta obra colectiva se centra en tratar de resolver una de las dificultades más relevantes en el Estado colombiano: cómo lograr un equilibrio entre la liberalización de los mercados, los estándares de protección de la inversión extranjera, las libertades económicas (libre empresa, libre competencia, etc.) y los mandatos constitucionales y convencionales sobre la protección de los derechos humanos de la población y los grupos vulnerables, que frecuentemente se encuentran en conflicto o en tensión.

Es por ello que los distintos autores realizan un acercamiento a esta problemática desde enfoques académicos de los distintos grupos de interés (skateholders), tales como instituciones del Estado que protegen los derecho humanos, consumidores, activistas de los derechos del medio ambiente, grupos étnicos y académicos, para mostrar diferentes lecturas de las relaciones de las empresas del sector minero-energético, farmacéutico, entre otros, y las relaciones con los derechos territoriales de las comunidades étnicas, como la consulta previa, la salud y demás derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. 

La idea que inspira esta obra colectiva se construye desde distintas aproximaciones, que no se erige sobre una solución "estado céntrica" a cómo atribuir obligaciones de derechos humanos a las empresas. Las respuestas que se ofrecen a lo largo de este trabajo son variadas frente a los diversos interrogantes que suscita el tema, verbi gratia, ¿cuál es y cómo se llegó al estado del arte en materia de derechos humanos y empresas?; ¿hay avances o retrocesos en la atribución de obligaciones de derechos humanos a las empresas?; ¿cuáles son las obligaciones internacionales de las empresas?; ¿existen mecanismos coercitivos para el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos?; ¿se requieren marcos normativos vinculantes o, por el contrario, debe preferirse la voluntariedad?; ¿cómo deben desarrollarse los planes nacionales de acción y las demás políticas públicas?; ¿cómo se deberían armonizar los intereses económicos de las empresas con los intereses de minorías étnicas especialmente protegidos?; ¿cuál es el papel de los jueces nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos para atribuir obligaciones a las empresas?; ¿qué implicaciones o efectos sociales tienen las empresas en el marco del conflicto armado? 

Soñé hacer política como los clásicos la describieron: como la más noble expresión de los hombres que viven en sociedad. Sin embargo, me refugié en la ciencia política, y desde ahí analicé estos resultados electorales de los últimos 28 años en Colombia. 

Que el lector se aproxime a este texto con la pasión que sentí al estudiar cada proceso; todos atravesados por los cambios normativos electores ocurridos desde la promulgación de la Constitución de 1991 en el contexto de diversos actores de violencia que existen en el territorio nacional. 

Examinando, encontré el otrora bipartidismo resquebrajado; modalidades de alianzas, coaliciones, partidos y movimientos emergentes, algunos, tipo "golondrina"; votos ocultos, de opinión, blanco y otros nulos. 

El voto cautivo se esfumó al igual que las manifestaciones en plaza pública; surgió la tecnología como herramienta de acceso a la información en tiempo real; redes sociales como estrategia de comunicación y una democracia con protagonistas adicionales a los orgánicos tradiciones. 

Las tecnologías de información, en la actualidad, representan para las empresas, en general, una necesidad de uso, ya que su integración incide en la optimizáción de los procesos, registro de intormación y una mejor coordinación con empresas externas que colaboran de manera constante con sus clientes, en particular, en el manejo de productos y procesos logísticos dela cadena de suministro.

La presente obra contiene trabajo de investigación realizados por docentes mexicanos y colombianos comprometidos con la academia y con el sector empresarial de Colombia. 

Los resultados tienen.el propósito de mostrar a los empresario estrategias en materia de tecnologías de información que permitan generar ventajas competitivas en sus organizaciones y mejoras de eficiencia en procesos administrativos y operativos, al margen de la actividad comercial que desempeñan. En este sentido, el lector encontrará diversos temas que pretenden ofrecer a los empresarios y responsables de las operaciones de las organizaciones opciones y recomendaciones para que los indicadores internos de la empresa puedan ser factor clave para su mejor desempeño y competitividad empresarial. 

Pocos temas tan complejos como el de la equidad que sirve de criterio auxiliar al juez obligado a decidir en derecho. Luego de mostrar cómo esta figura ha jugado un papel-mayor o menor- en todas las etapas del derecho en Occidente, para explicar por qué su estudio solo puede hacerse en el marco de un cierto escenario histórico y jurídico, este libro se ocupa, por. una parte, de precisar cuáles son sus funciones, cómo se distingue de otras nociones y cuáles son sus límites en el sistema colombiano. De esta manera, como lo anota su prologuista, se construye en esta obra una verdadera dogmática general sobre la equidad judicial. En ese sentido, se establecen criterios claros para la aplicación de este recurso del juez, cuya consideración servirá para garantizar que cumpla a cabalidad su objetivo primordial, la realización de la igualdad material, pero también para evitar que obre como una suerte de comodín que propicie la adopción de decisiones infundadas. 

Por otra parte, en este libro se revisa la aplicación que se ha hecho en Colombia de la equidad judicial en el ámbito de la responsabilidad patrimonial extracontractual. Así, en él se encuentra una presentación detallada de los eventos en que han recurrido a esta figura la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Tercera del Consejo de Estado para efectos tanto de reparar el daño como de estructurar la imputación y establecer los fundamentos de la responsabilidad de los particulares y del Estado, según el caso, a la vez que se formulan las apreciaciones críticas de la autora, quien concluye que, si bien, en algunas ocasiones, se ha aplicado la equidad cuando ello es pertinente y en forma correcta, en otras se la invoca o se recurre a ella de manera implícita, sin el rigor necesario para garantizar que cumpla sus funciones sin exceder los límites que le son propios, por lo cual, eventualmente, en nombre de la equidad se adoptan decisiones arbitrarias e incluso se obtienen resultados contrarios a la igualdad material. 

La prueba de oficio en el proceso civil colombiano ha generado a lo largo de su vigencia preocupaciones relacionadas con la pérdida de la imparcialidad del juez y con la indeterminación de los criterios específicos que le permitan utilizarla en los casos concretos. Una y otra cuestión están relacionadas, por cuanto la falta de claridad acerca de cuándo el juez debe hacer uso de la prueba de oficio en un caso concreto aumenta el riesgo de que este pierda su imparcialidad, como quiera que la decisión quedaría librada a su parecer. 

En este escrito se plantean algunos criterios extraídos del análisis sistemático del proceso civil, a fin de que el juez civil, de ahora en adelante, pueda tomar la decisión de decretar la prueba de oficio, aminorando el riesgo de perder su imparcialidad y cumpliendo los fines de dicha institución. Estos criterios son: 

i) cuando existen hechos inciertos respecto de los cuales es obligatorio para el juez realizar un pronunciamiento; ii) cuando las partes han hecho uso de su iniciativa probatoria, de manera que se han ocupado de solicitar y aportar los medios de prueba que cabría esperar de una parte diligente (entre otras razones, porque la prueba de oficio no tiene la función de excusar la negligencia de las partes en su iniciativa probatoria); iii) cuando el juez tenga conocimiento acerca del medio de prueba que le permitiría salir del estado de duda frente al hecho incierto. 

Así pues, si al finalizar la instrucción del proceso persiste un hecho incierto, pero las partes no han empleado diligentemente su iniciativa probatoria, lo adecuado es que el juez dé por no probado el hecho y por tanto deniegue la consecuencia asociada a aquel supuesto de hecho. De la misma forma tendría que obrar el juez cuando no advierte con qué medio de prueba podría salir de la duda en torno al hecho incierto.