Este texto es la segunda publicación de una serie de ensayos elaborados por estudiantes de la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas 2017-2018 -de la Universidad Externado de Colombia, bajo la dirección del profesor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, que abordan temas que jamás dejarán de ser actuales como la libertad como pilar fundamental de la existencia de la humanidad; que confirman que hoy en día cualquier discurso jurídico que prescinda de los fundamentos convencionales es un discurso vacío de contenidos; que reconocen la diversidad y las formas de aplicación de justicia del derecho indígena y, finalmente, que desarrollan aspectos centrales y controversiales sobre los Acuerdos de Paz y su implementación mediante la Justicia Especial para la Paz. 

A partir de la presentación de estos contenidos transversales no se pretende convencer al lector de las posturas asumidas por los autores, sino mostrar la foto de las álgidas discusiones que se presentaron en el marco de las asignaturas de Teoría del Injusto y Acción e Imputación, y los resultados de ellas. En consecuencia, esta edición también es una invitación a las futuras generaciones a actualizar las discusiones, a ahondar en las que sean de interés y a mantener vivo el espíritu de la investigación. 

Con la periodicidad anual que corresponde, el Grupo de Investigación del Departamento de Derecho del Medio Ambiente presenta el tomo III de la Colección Derecho de Tierras, el cual es resultado de la convocatoria que se hace periódicamente a los investigadores, a los profesores de la especialización en Derecho de tierras, y a la comunidad académica en general, para que estudien y presenten los aspectos centrales de esta rama del ordenamiento jurídico. 

En esta oportunidad el trabajo se centró en cinco temas generales: el acceso a las tierras; los sujetos de acceso a las tierras y su formalización; la gestión predial y la planificación; la productividad agropecuaria, y los asuntos medioambientales. 

Se trata de un esfuerzo colectivo de investigadores, jueces constitucionales e interamericanos y otros operadores jurídicos, dirigido a identificar los fundamentos del derecho constitucional común latinoamericano, así como a fomentar debates académicos y diálogos interjurisdiccionales que favorezcan su consolidación.

El libro que hoy ponemos en manos de las y los lectores intenta, precisamente, entre otros propósitos, sentar las bases para la comparación del papel institucional de la jurisdicción constitucional en distintos ordenamientos jurídicos de la región. Pero las diferencias que pueden ser constatadas no desvirtúan la existencia de corrientes armonizadoras e integradoras que han dado lugar a modelos o arquetipos construidos en Latinoamérica y que influyen en la evolución global de nuestros sistemas de jurisdicción constitucional.

La especificidad de esta obra, en relación con otras publicaciones en temáticas similares, radica en haberse construido a partir de unos parámetros y un esquema de desarrollo común que favoreciera la aproximación comparativa y que estimulara el abordaje de asuntos que actualmente son de enorme relevancia en la jurisdicción constitucional latinoamericana, y de esta manera complementar los análisis contenidos en los manuales o textos habituales de consulta. En este sentido, el volumen II de esta obra se centrará en los estudios transversales. 

Esta obra aborda el estudio de los fundamentos y de las condiciones de existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, para construir sobre ellos una lectura en clave de unidad de la institución jurídica, que se erige como indivisible con independencia de que el daño tenga origen en una situación contractual o extracontractual. 

Una lectura unificada de la responsabilidad patrimonial del Estado es un emprendimiento, al tiempo, ineludible y urgente desde la literatura jurídica. Cuando la jurisprudencia se ha posicionado, de manera unánime, frente a la necesidad de establecer una sola institución, no debe continuar escapando a la doctrina administrativa el estudio de su procedencia y sus significativas consecuencias. Saldar esta deuda pendiente implica apartarse de la clásica distinción de la responsabilidad contractual y extracontractual heredada del Derecho Civil, para posicionarse a favor de la unidad de la responsabilidad patrimonial en el Derecho Administrativo. 

Tras el examen crítico sobre los fundamentos y requisitos de la responsabilidad pública, se presenta como posible y realizable la propuesta que años atrás fue concebida desde el ordenamiento jurídico colombiano, de interés para el estudio de la institución jurídica en otras latitudes. 

¿Cuáles la función del derecho agrario en Colombia? Este ensayo se plantea dicha pregunta constantemente. El derecho agrario ha evolucionado desde la producción de alimentos y el acceso a la tierra de los campesinos -hacia la regulación de diversos actores en minería, agroindustria, turismo, servicios ambientales, energía, entre otros. El uso de la tierra y sus efectos sobre la sustentabilidad de los recursos naturales amplía el marco de intervención del derecho agrario hacia un derecho de tierras integral capaz de brindar respuestas al calentamiento global. 

El ensayo sostiene que el papel del Estado es arbitrar las conflictividades rurales. Es la aplicación de un derecho dinámico que imparte justicia en los territorios mediante la ponderación de las variables ambiental, social, económica y cultural. En el caso de Colombia, que busca superar un conflicto armado prolongado, es un derecho transicional de tierras que observa sus causas e impone correctivos diseñados por mecanismos transicionales para prevenir su reproducción y promover así la reconciliación local y nacional.

El libro estudia la Resolución de la ONU (2018) que reconoció como sujetos de protección especial a los campesinos. Ilustra la histórica omisión del Estado y los riesgos de ineficacia en su papel regulador. Analiza los efectos del conflicto armado en los campesinos víctimas y el enfoque de justicia restaurativa que aplica el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Plantea un modelo de reparación colectiva y simbólica que profundiza la paz territorial y el diálogo social iniciado por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para que el derecho de tierras cumpla los objetivos de la justicia transicional.

En este trabajo se intenta aportar algunas reflexiones sobre el modelo jurídico establecido en materia religiosa en Colombia, el cual fue construido primordialmente por la jurisprudencia constitucional. Se pretende demostrar que, pese a que la Corte defiende el carácter laico del Estado, la misma jurisprudencia constitucional ha permitido que la Iglesia católica conserve algunos de los privilegios de que gozaba antes de 1991. Por otra parte, algunos beneficios de la Iglesia católica han sido extendidos a otras congregaciones en aras de garantizar la igualdad de todas. Sobre este punto se intentará justificar que esta estrategia atenta contra el carácter laico del Estado ya que privilegia injustificadamente el fenómeno religioso. Lo anterior hace que el modelo de laicidad establecido por vía jurisprudencial se asemeje más a un Estado pluriconfesional que a uno laico, dado que algunos de los privilegios de la Iglesia católica no se han eliminado, sino  que se han extendido a las demás congregaciones.