El programa “Atención al adulto mayor privado de la libertad en Colombia” se construyó con base en los resultados de una investigación sobre este aspecto particular, realizada en el año 2014, en la que participaron hombres y mujeres de diez Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –eron–, aportando consideraciones sobre sus condiciones de vida y experiencias en prisión, desde la perspectiva de la adultez mayor. Esto permitió la definición de cinco ejes específicos de intervención (expectativa de vida, familiar, psicológico, prevención de la reincidencia e identificación de la conducta delictiva), que se desarrollan a lo largo del texto, en sus componentes conceptual, metodológico y de aplicación. El programa tiene como objeto brindar atención diferencial tanto individual, como grupal a los adultos mayores durante su tiempo de internamiento, con el fin de aportar al mejoramiento de sus condiciones de vida. Está dirigido a profesionales de diversas áreas con interés en trabajo comunitario con adultos mayores y personas privadas de la libertad, funcionarios del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario Colombiano –snpc– y diseñadores de la política pública de atención a estas poblaciones específicas.

En materia penal en Colombia se legisla al vaivén de los acontecimientos políticos, sociales y de orden público, conforme a imposiciones foráneas, e incluso según lo reclame la propia sociedad civil cuando se agudiza en ella el proceso de victimización de algunas conductas. A pesar de que la Ley 890 de 2004 aumentó significativamente la pena para todos los delitos consagrados en el Código Penal, e incrementó para los eventos de concurso la pena de prisión hasta 60 años (art. 1º), el 16 de julio de 2008, se sancionó la Ley 1220 que incrementó las penas para los delitos contra la salud pública (Cap. I del Tít. XIII del CP), exactamente para: violación de medidas sanitarias; propagación de epidemias como el VIH y la hepatitis B; contaminación de aguas; corrupción de alimentos, productos médicos o profilácticos; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. En el 2008, ante el anuncio del presidente de perseguir la proliferación de las llamadas “pirámides”, a través de las cuales se captan dineros de manera ilegal, abusiva y habitual, inmediatamente el Congreso anunció el estudio del proyecto. En enero del mismo año se radicó un proyecto para sancionar la fabricación, el tráfico y el porte de armas blancas. En junio el Gobierno propuso aumentar las penas de prisión para los homicidas de sindicalistas. De esta manera, se aprobaron cuatro reformas cuyo propósito fue agudizar el castigo para los delincuentes.

Esta obra expone las razones teóricas y conceptuales tendientes a entender si existe en la realidad una primacía del derecho comunitario andino sobre el ordenamiento jurídico nacional y, por consiguiente, establecer la incidencia de este principio en las decisiones del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo en el ámbito interno. De esta manera, se hace necesario esclarecer los conflictos que se generan como consecuencia de que un Estado sea parte de una organización de integración. El texto se divide en cuatro capítulos en los que se examina el grado de incidencia y vinculación que tienen las decisiones del órgano supranacional en los ordenamientos internos de los Estados; así, se responde a la pregunta: ¿existe un conflicto entre la supremacía constitucional y la primacía del derecho comunitario como resultado de la intención de los Estados de conferir competencias a un órgano supranacional para la consecución de fines comunes? Además, se analiza el mecanismo de la interpretación prejudicial con el fin de poder concluir si este mecanismo verdaderamente es la materialización del principio de primacía del derecho comunitario.
Finalmente, desde la perspectiva del principio de primacía del derecho comunitario andino, se analizan algunas de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado colombiano, máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano consultivo del Gobierno, mediante las cuales dicha corporación requirió usar el mecanismo de la interpretación prejudicial para poder emitir sus fallos.

En 2019, se cumplen diecisiete años de haber iniciado labores el programa Leer el Caribe. Son muchas las satisfacciones que dejan las labores adelantadas, pero, en esta ocasión, me gustaría destacar la mayor cobertura regional alcanzada, ya que el programa cubre actualmente todas las capitales de los departamentos del Caribe continental. Durante los primeros años, las actividades se concentraron en Cartagena y, poco a poco, fue involucrando a las otras ciudades hasta llegar a tener una presencia regional. Esta ampliación de cobertura regional ha permitido incrementar los beneficiarios. Mientras que en 2003 las actividades de Leer el Caribe llegaban a 14 docentes y 965 estudiantes, en 2018 el programa trabajó con 39 docentes y 2436 estudiantes en Cartagena, por citar solo un ejemplo. 

EEn el primer escrito que conforma esta selección, titulado “El último periódico de ayer”, se puede encontrar el origen de las columnas de opinión escritas por el autor para el diario El Universal de Cartagena, durante las dos primeras décadas del siglo XXI y publicadas, primero de manera quincenal y luego semanal, bajo el nombre “Periódico de ayer”. Esta edición de la Colección Robre Amarillo contiene una selección de ellas realizada por el autor.

El libro recoge discusiones que hemos venido planteando desde el equipo deViolencia Política y Formación del Estado, del CINEP, dirigido por el padre Fernán Enrique González, pero las orienta hacia el estudio sistemático de las declaraciones de los actores armados en los contextos de negociación. En esta investigación me concentro en la reconstrucción de las producciones verbales de los actores armados, porque considero que el conocimiento y el análisis detallado de la manera en que ellos organizan y comprenden su experiencia nos aportarán claves preciosas para entender la naturaleza de nuestra confrontación armada. Sin embargo, no asumo que las formas que toma la guerra en Colombia dependen sólo de los actores. No aspiro a quedarme sólo con esta fotografía de lo que ellos declaran. Sé que hace falta relacionar los planteamientos que se desprenden de un ejercicio como éste, que tiene como fuente las producciones verbales, con el conocimiento acumulado por los investigadores colombianos acerca de la evolución geográfica y política del conflicto y de las relaciones entre sus principales actores.