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- Publicación Fecha de publicación:Sábado, Junio 25, 2016 - 10:15
Pontificia Universidad Javeriana Por: Laura González Londoño
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La Ley 975 de 2005 se aprobó como un instrumento judicial en el marco de la negociación de paz que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez lideró con los grupos paramilitares, pero su aplicación fue dejando en evidencia graves errores surgidos desde su misma concepción; el más grave, el sacrificio de la verdad sobre lo ocurrido durante la expansión paramilitar en el país a cambio de la versión incontrovertible de sus actores. Sin embargo, dos consecuencias indeseadas por la ley se produjeron: el establecimiento de la figura de víctima en el relato nacional y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de considerar a los actores paramilitares no como delincuentes políticos (como ellos pretendían) sino como delincuentes comunes. Este análisis también revela que la ley 975 de 2005 debió haberse concebido como una estructura de justicia transicional que permitiera, además de establecer responsabilidades, conocer el origen del paramilitarismo y los actores que permitieron su consolidación y expansión.