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Por Juan Manuel Flórez Arias | Juan Esteban Lewin · 04 de Diciembre de 2020

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La imputación que hizo ayer la Contraloría a 19 personas y nueve empresas por el lío de Hidroituango, incluidos los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y los ex alcaldes de Medellín Aníbal Gaviria y Alonso Salazar, acaparó todos los titulares.

Sin embargo, contrario a las acusaciones de corrupción que comenzaron a lanzar ayer algunos petristas como Nicolás Petro, Gilberto Tobón Sanín o Cielo Rusinque, la imputación se dio por una presunta negligencia por malas decisiones de los involucrados, y no señala a nadie de mala fe, de haber robado recursos o inflado costos.

La Silla Vacía se leyó las 1200 páginas de la imputación de la Delegada contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, y queda claro que, en la ejecución de la obra hidroeléctrica que cubriría el 17 por ciento de la demanda energética del país a partir de 2021, los miembros de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango y los gerentes de EPM cometieron errores que podrían haber causado un detrimento patrimonial.

El argumento de la Contraloría es que la obra costó 2,9 billones de pesos más de lo que calculó inicialmente la banca de inversión, y que por la demora en entrar a operar ha dejado de producir otros 1,1 billones.

Dice que el macroproyecto empezó a fallar temprano -en 2008- “como consecuencia de problemas de planeación, decisiones inoportunas e insuficientes de administración, dirección y control, falta de diligencia de los contratistas y ejecución defectuosa “. Y que por eso costó de más.

A los 28 les imputa culpa grave, es decir que actuaron peor que una persona negligente en sus negocios, una negligencia tan protuberante que se parece a la mala fe, aunque no detalla en qué consistió ese nivel tan alto de negligencia.

En concreto, a los cuatro exmandatarios se les imputa por no haber supervisado debidamente a sus delegados en la junta directiva del proyecto y en EPM. No por decisiones específicas que hayan tomado.

Y exonera a cinco personas, incluyendo al exgerente de EPM Jorge Londoño (encuentra que cuando llegó al cargo el problema ya estaba creado). 

La Contraloría tampoco aclara qué parte de los 4 billones de pesos de detrimento le corresponden a cada uno de los imputados; si los encuentra responsables, los condena a resarcir al Estado esa cantidad de plata de manera solidaria.

Aunque una eventual condena se podría demandar ante la justicia, mientras no paguen no podrían ocupar cargos públicos, algo que puede dificultar una candidatura presidencial de Fajardo, pero no enterrarla, como ya pasó con Gustavo Petro en 2018. 

Una persona morosa puede ser elegida, pero no posesionarse sino hasta que deje de ser morosa, lo que puede pasar porque pague o porque se suspenda la sanción.

Antes de llegar a eso, los imputados pueden defenderse ante la misma Contraloría. Por ejemplo, demostrando que no hubo daño o que aunque lo hubo, no fueron negligentes. 

Eso se dará a partir de la imputación, que dice ésto sobre los cuatro políticos:

Durante la alcaldía de Alonso Salazar y la gobernación de Luis Alfredo Ramos (2008-2011)

  • Hubo demoras en diseñar y hacer vías del proyecto, y cambios a la licencia ambiental.

    La Contraloría dice que la Sociedad Hidroituango, creada por Antioquia, Medellín y socios minoritarios para hacer el proyecto,se demoró en licitar los diseños de las carreteras de acceso al proyecto en 2008, y, encima, licitó la construcción sin tener los diseños terminados.

    Terminó contratando vías que no tenía previstas (a Puerto Valdivia y a San Andrés de Cuerquía), y por eso tuvo que tramitar cambios a la licencia ambiental. La Contraloría argumenta que eso llevó a tener que invertir más plata y a producir demoras que hacían menos rentable el proyecto.

    Además, que le metieron presión a toda la obra porque desde 2008 Hidroituango se comprometió con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) a proveer 1.085 gigavatios de energía por hora desde diciembre de 2018, a cambio de tener un comprador fijo. 

    Eso le aseguró unos ingresos futuros, con los que salió a buscar financiación para el proyecto, pero también le puso un cronograma poco flexible.

    Además, en junio de 2009 su junta decidió aumentar la altura de la presa de 220 a 225 metros, lo que produjo otro ajuste a esa licencia ambiental. 

    Según la Contraloría, eso retrasó el cronograma del proyecto y fueron factores clave para que no cumpliera el primer hito: desviar el río Cauca antes del 16 de enero de 2013 para empezar a funcionar a tiempo.

    ¿Qué tuvo que ver Ramos?

    En julio de 2008, bajo su Administración, el departamento se volvió socio mayoritario del proyecto cuando el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), adscrito a la Gobernación, compró la participación de varios minoritarios. Hasta ese momento, pertenecía en 46 por ciento a Antioquia (y también en 46 por ciento a Medellín).

    Pero Ramos no era miembro de la junta y, por lo tanto, no participó directamente en las decisiones que, según la Contraloría, produjeron el detrimento. 

    Pese a eso, la Contraloría lo imputó por “omisión del deber de tutela”, es decir, por no controlar a sus subordinados. Dice que debía haberlo hecho en particular con Álvaro Vásquez, gerente del Idea y quien “representaba los intereses de la gobernación en la junta directiva”, según la Contraloría.

    En su versión libre en la Contraloría, Ramos señaló que supo de los retrasos “por informaciones informales entregadas por miembros de la Junta Directiva de Hidroituango, representantes del IDEA y de EPM (...). Se trató de información de carácter general, sin detalle alguno, pues insisto, que la entidad estatal bajo mi gobierno (la Gobernación de Antioquia) solo tenía el 2,11 % de las acciones de Hidroituango”.  

    ¿Qué tuvo que ver Alonso Salazar?

    El alcalde de Medellín entre 2008 y 2011 sí estaba en la junta de Hidroituango, aunque no asistió a ninguna de las reuniones. Lo hizo su suplente, Juan Felipe Gaviria, como lo permitía la ley.

    La Contraloría, sin embargo, considera que como superior jerárquico de Gaviria debía supervisar y constatar las acciones de su suplente y que por eso hubo una “falta de diligencia del señor Salazar, quien no atendió al modelo de conducta establecido en el artículo 63 del Código Civil ni mucho menos al estándar de buen hombre de negocios que le era exigible como miembro de junta directiva”.

    El exalcalde dijo en su versión libre que, para la época, tenía que desarrollar múltiples funciones, que delegó en personas idóneas y que “no existe ni un solo indicio serio que conduzca a inferir alguna responsabilidad de mi parte”.

     

  • Hidroituango le habría dad a la obra a EPM con un contrato muy poco exigente.

    La Contraloría dice que el contrato Bomt (por sus siglas en inglés) por el que la Sociedad Hidroituango entregó la construcción, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica a EPM, quedando encargada únicamente de la vigilancia del avance de la obra, afectó los intereses de la Sociedad y de esa forma contribuyó al detrimento. 

    En concreto, acordaron que EPM no tendría responsabilidad por los retrasos que ya trajera el proyecto, como los de las vías y las obras de desviación del río, que “adelanta la Sociedad Hidroituango bajo su responsabilidad”, dice el contrato de marzo de 2011. 

    Para la Contraloría, con eso firmaron un contrato con un plazo incumplible, porque “los retrasos en el cronograma del proyecto eran un hecho notorio y conocido tanto por EPM como por Hidroituango”. 

    No explica si era posible que EPM o cualquier otra empresa firmara un contrato sin esas salvedades, dados los retrasos.

    ¿Qué tuvo que ver Ramos?

    De nuevo, no estaba en la junta. Su gerente del idea, Álvaro Vásquez, conoció la minuta del contrato y permitió que quedaran consagradas las salvedades.

    ¿Qué tuvo que ver Salazar?

    El entonces alcalde firmó el Bomt como testigo, igual que Ramos o el entonces presidente Álvaro Uribe. Firmar como testigo un contrato implica dar fe de que las partes lo firmaron (EPM y la Sociedad Hidroituango), no de sus efectos.  

    De acuerdo con la Contraloría, Salazar habría incurrido en omisiones por “conocer sobre las salvedades consagradas por EPM en el cronograma del contrato” y “no haberse asesorado para comprender el alcance de las mismas y haber mantenido una posición pasiva al ni siquiera asistir a las sesiones de la junta directiva”.

    Eso a pesar de que la ley no sólo permite sino que obliga a tener un suplente, justamente para reemplazar al Alcalde en la junta directiva.

     

Durante la alcaldía de Aníbal Gaviria y la gobernación de Sergio Fajardo (2012-2015)

  • Demoras en la construcción de los túneles de desviación del río Cauca.

    La Sociedad contrató al consorcio Ctifs para hacer los túneles de desviación del río Cauca. Debía tenerlos listos para enero de 2013, pero incumplió.  Alegó que fue por la demora en recibir las vías de acceso al proyecto, la modificación de los diseños originales y situaciones de orden público.

    En diciembre de 2013, ante el retraso del 91 por ciento de la ejecución de los túneles y la premura, EPM cedió la obra de los túneles al contratista de la presa y la casa de máquinas, el consorcio CCC Ituango. 

    Para recuperar tiempo, EPM le permitió a CCC no instalar las compuertas para los dos túneles que preveían los diseños de la hidroeléctrica, y construir un tercer túnel auxiliar de desviación (GAD), para no retrasar más la construcción de la presa. 

    Un comité de expertos asesores desaconsejó esas soluciones, y en 2019 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales sancionó a Hidroituango por construir el tercer túnel, pues no estaba en la licencia ambiental.

    Este tercer túnel fue el que colapsó en 2018 y generó la contingencia.

    ¿Qué tuvo que ver Aníbal Gaviria?

    El entonces alcalde Aníbal Gaviria no hizo parte de la junta directiva de Hidroituango. Pero la Contraloría lo imputó por no haber vigilado las decisiones que tomó el gerente de EPM Juan Esteban Calle, a quien Gaviria nombró.

    En su defensa, Gaviria dijo a la Contraloría que “si bien es función del Alcalde nombrar y remover al Gerente General de EPM, no es el ordenador del gasto ni administra recursos de EPM y tampoco es el jefe administrativo del Gerente”.  

    El ente de control respondió que al hoy Gobernador, “no se le está imputando responsabilidad fiscal como gestor fiscal directo sino por cuanto con sus omisiones contribuyó a que el daño se concretara”.

    ¿Qué tuvo que ver Fajardo?

    El entonces Gobernador estaba en la junta de Hidroituango, aunque nunca fue. En su lugar, estuvo su delegado y gerente del Idea, Iván Mauricio Pérez; también tuvo en la junta a dos secretarios: María Eugenia Ramos, la Secretaria de Planeación, y Rafael Andrés Nanclares, el Secretario de Infraestructura. Todos ellos fueron imputados por la Contraloría. 

    Para la Contraloría, “se tiene constancia de que el Señor Fajardo sí conoció pormenores” de los problemas pero “no dio instrucciones efectivas a su delegado o a sus agentes o tomando acciones para apersonarse de la situación”. Por eso lo imputa.

    La Contraloría señala que sus funcionarios le remitían informes semanales. 

    Uno de ellos, del 7 de junio de 2013, dice: “Estamos ad portas de una sanción ambiental por unas actuaciones que hizo EPM sin que estuvieran en la licencia y luego las informaron. EPM dice que ellos podían hacer porque generaba menor impacto ambiental pero la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) está molesta, creo que con razón, porque EPM se los saltó”.

    En respuesta, Fajardo dijo en versión libre a la Contraloría que “no es posible que el Gobernador realice todas las labores y actividades adscritas al cargo, y participe de todas las juntas y comités” y que “las personas que delegué su participación en la Junta Directiva son profesionales idóneos”. 

     

  • Aceleración de la obra

    En diciembre de 2015, EPM firmó un pacto de aceleración de la obra con el consorcio constructor, que le costó 370 mil millones de pesos y comprometía al contratista a tener jornadas de trabajo 24/7 y conseguir equipos adicionales, entre otras acciones.

    El plan también permitía cerrar definitivamente los dos túneles iniciales (no tenían compuertas) y llevar todo el caudal del río al tercer túnel. Estas últimas acciones fueron las que, con el colapso de ese túnel en 2018 ya estando los dos primeros cerrados, generaron la contingencia.

    ¿Qué tuvo que ver Gaviria?

    El gerente de EPM designado por él, Juan Esteban Calle, aprobó el plan, y de nuevo la Contraloría le imputa no haberlo vigilado.

    En su versión libre ante la Contraloría, Gaviria dijo que la construcción del tercer túnel estaba comenzando cuando asumió la siguiente gerencia de EPM en enero de 2016, y que del nuevo gerente Jorge Londoño “no existió ningún reproche a la gestión del doctor Juan Esteban Calle (...) y no existió ninguna advertencia sobre algo que hubiera que corregir”. 

    Además, dijo que la contingencia del tercer túnel ocurrió en abril de 2018, “casi dos años y medio después de que el doctor Juan Esteban Calle Restrepo hubiera dejado el cargo. Es decir, existió el tiempo suficiente para generar las alertas y las correcciones necesarias”.

    ¿Qué tuvo que ver Fajardo?

    La junta de la Sociedad Hidroituango, de la que hacían parte los tres funcionarios de Fajardo mencionados antes, aprobó el plan de aceleración y le dio el visto bueno al valor que pagó EPM por él.

    En un comunicado publicado ayer, Fajardo dijo que, desde la firma del contrato que le entregó la construcción de Hidroituango a EPM en 2011, la gobernación quedó encargada de la vigilancia, pero no tomó las decisiones que aceleraron la obra que le correspondían a EPM. 

    “La junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango ejerció una labor exclusiva de supervisión, vigilancia y control del cronograma de trabajos y de costos financieros del mencionado contrato. La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción, ya que eso le correspondía a EPM”, dijo el exgobernador.

Comentarios (2)

Wilozada

05 de Diciembre

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Pasan de agache y evaden responsabilidades, porque según ellos delegan en otros dichos trámites. Puede no ser doloso, pero sí es indicativo de mala gestión. Resalta el oportunismo de don Petro, víctima en su momento de Granados por situaciones similares con lo de Transmilenio. A él debían darle el beneficio de la buena fe, pero a Fajardo no. Qué individuo más despreciable. No hay con quién.

Pasan de agache y evaden responsabilidades, porque según ellos delegan en otros dichos trámites. Puede no ser doloso, pero sí es indicativo de mala gestión. Resalta el oportunismo de don Petro, víctima en su momento de Granados por situaciones similares con lo de Transmilenio. A él debían darle el beneficio de la buena fe, pero a Fajardo no. Qué individuo más despreciable. No hay con quién.

Saint Sinner

05 de Diciembre

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¿Gilberto Tobón Sanín es Petrista? Ja, ja, ja, que brutalidad, solo que no ...+ ver más

¿Gilberto Tobón Sanín es Petrista? Ja, ja, ja, que brutalidad, solo que no hable mal de Petro desde hace como un año, no significa que lo es. No solo son los "petristas" quien critica a Fajardo, en su gobernación aumento la deuda publica, tiene el elefante Blanco de Biblioteca Parque España, y sale que no estuvo presente en esa junta, (que respuesta, igual de idiota que Duque)

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