Implementación

Agro

Política alimentaria: El Gobierno porque se acordó incentivar la producción nacional y promover formas asociativas campesinas, como querían las Farc (aunque sin precios regulados).
Acceso a la tierra: Las Farc, porque no se le quita tierra a los terratenientes por el solo hecho de ser latifundistas, como querían.
Zonas de reserva campesina: Las Farc porque las zonas no ganaron en autonomía y el acuerdo dejó claro que el Gobierno se compromete a promover el acceso a la tierra en esas zonas, a hacer efectivo el apoyo estatal en sus planes de desarrollo y a concertar con los campesinos las áreas de las nuevas zonas de concentración que se creen según las normas que ya existen.
Programas de desarrollo con enfoque territorial: Las Farc, porque aunque las ideas eran muy similares no se acordó un respeto específico para el territorio campesino como querían ellas y, en cambio, sí se retomó la lógica del Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco, de llevar bienes públicos al campo, como quería el Gobierno.
Formalización de tierras: Los dos porque el Gobierno aceptó no solo entregar títulos sino hacer un acompañamiento para que los campesinos puedan poner a producir mejor la tierra y la guerrilla porque aceptó que no se tocará la propiedad privada.
Incentivos al agro: Los dos, porque el Gobierno aceptó dar incentivos no focalizados por regiones y las Farc que no se desincentivara el latifundio.
Desarrollo social en el campo: El Gobierno, porque se comprometió a llevar bienes públicos que el Estado nunca ha llevado a las regiones apartadas por el Conflicto y las Farc pedían eso.

Participación política

Estatuto de oposición: Las Farc, porque cedieron la oportunidad de lograr un contenido mínimo de ese estatuto a un futuro acuerdo político, pero lograron lo que la oposición no había logrado en décadas.
Organismos de control: Las Farc, que fracasaron en cambiar la forma de elegir a los órganos de control y se quedaron con dos saludos a la bandera (cualquier persona puede hacer una veeduría y ni ellas ni los consejos territoriales de planeación tienen dientes).
Acceso a medios: Las Farc porque aunque obtuvieron un tercio de las radios comunitarias a partir del 2019 (los otros dos pedazos son para organizaciones sociales y de víctimas) no lograron cambios en las políticas de información, medidas concretas para democratizar los medios ni derecho a la réplica.
Reformas electorales: Los dos cedieron. El Gobierno porque el umbral sí dejará de ser una condición para la personería de los partidos y las Farc porque no se cambió de forma estructural la conformación de la Cámara (pero sí temporalmente con las circunscripciones para la paz). Fuera de eso, el Gobierno también cedió en permitir que se creen partidos regionales en territorios afectados por el conflicto, entre otros cambios.

Fin del conflicto

Cese al fuego: Las Farc, porque se concentraron y lo harán en menos zonas de las que querían inicialmente y les negaron otras como la de Cabrera en Cundinamarca.
Desarme: Las Farc porque pasaron de decir que el país no los vería entregando las armas para ahora dejarlas todas y permitir que se destruyan para hacer tres monumentos.
Garantías de seguridad: Ambos. El Gobierno porque aparte de crear como exigencia de la guerrilla una Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía y crear un cuerpo élite de la Policía que apoye la lucha contra las organizaciones criminales, aceptó (como querían las Farc) crear un grupo mixto de escoltas para los desmovilizados, que funcionará dentro de la Unidad Nacional de Protección con policías y personas de confianza de los jefes de las Farc. Pero la guerrilla también cedió porque mientras en el acuerdo de Cartagena tenían participación en la Comisión de Garantías de Seguridad, luego de la renegociación con el No, perdieron esa participación.
Número de zonas de concentración: Los dos, porque los 26 lugares son casi el promedio de las dos posiciones, aunque más hacia la del Gobierno.
Representación política Los dos cedieron, porque las Farc pedían las mismas curules que tenía la Unión Patriótica antes de que los mataran -9 senadores y 17 representantes- y el Gobierno se había negado a darles curules directas. Al final, se acordó garantizar las 5 en Cámara y 5 en Senado entre 2018 y 2026. En lo que no cedió el Gobierno fue en darle puestos a las Farc en entidades claves como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la junta del Banco de la República. En el Consejo Nacional Electoral cedió en permitirles acceso, pero con un delegado sin voto.
Financiación y difusión para hacer política Los dos cedieron. El Gobierno porque le garantiza al partido de las Farc la misma financiación que a los demás partidos, y las Farc porque, renunciaron a tener un diario impreso, un centro de estudios político, una emisora y un canal de televisión con cobertura nacional financiados por el Estado, a cambio de plata para difundir sus ideas y su programa político, y el mismo acceso a medios de todos los partidos.
Reincorporación social y económica: Las Farc, que se bajaron de su exigencia de que la reincorporación exigiera directamente mantener la cohesión de las Farc. Lo que acordaron es totalmente individual: un pago mensual de 620 mil pesos para los guerrilleros desarmados (similar al que reciben los desmovilizados hoy y lo que recibieron los paramilitares) más 8 millones que recibirán desmovilizados para capital semilla y que solo si quieren pueden invertir para la cooperativa de las Farc, Ecomun. Las Farc solo lograron que el Estado les de otros dos millones a los desmovilizados para que compren lo necesario para reincorporarse, una cesión relativamente menor porque hoy un desmovilizado recibe un millón de pesos.

Drogas

Solución al narcotráfico: Las Farc porque el Gobierno logró que la guerrilla reconociera que el narcotráfico ha tenido graves efectos sobre la población y que se comprometiera a entregar información relacionada con el negocio y a ayudar a desactivarlo.
Programas de sustitución de cultivos: Los dos. El Gobierno logró que la aspersión sobreviviera pero como un recurso más para erradicar los cultivos. La guerrilla logró que se hicieran programas de sustitución concertados con la comunidad, pero no la legalización de los cultivos para fines terapéuticos.
Programas de prevención de consumo de drogas: Los dos porque coincidían en que es un problema de salud pública, que es el eje de lo acordado

Víctimas

Esquema de justicia transicional: Los dos. Gobierno, porque aunque logró que las Farc aceptaran un marco de justicia transicional y la legitimidad de las leyes colombianas, la gran mayoría de los guerrilleros no tendrán como castigo la cárcel. Las Farc, por su parte, aceptaron someterse a un juicio penal y ser condenados a una pena restrictiva de la libertad, cuando lo que querían era solo una sanción extrajudicial como ir a la Comisión de la Verdad.
Medidas para la reparación integral: Los dos. El Gobierno porque se comprometió a poner a las víctimas en el centro, incluídas las de las Farc, y la guerrilla porque al final aceptó reparar materialmente a las víctimas.
Derecho a la verdad: Ambos cedieron. Las Farc porque aunque las dos partes estaban cerca en su acuerdo de crear una Comisión de la Verdad, aceptaron que son victimarios. Y así dejaron el primer granito de verdad. Y también el Gobierno porque aceptí que habrá verdad institucional y que terceros acudirían a contar la verdad.

Implementación

Refrendación: Las Farc, que se bajaron de su exigencia de Constituyente para aceptar el plebiscito que el Gobierno ya había tramitado en el Congreso como plan B y como ganó el No, aceptaron también que el acuerdo fuera refrendado en el Congreso.
Verificación Internacional: Las Farc porque al principio no quería que fuera la Onu la que verificara y prefería otras instancias como Unasur y al final se pactó que para el cese al fuego y el desarme, sea la Onu la que verifique.
Implementación y seguimiento: El gobierno, porque aunque ninguna de las partes tenía exigencias previas al respecto y se acordó un mecanismo en el que tendrán igualdad que será la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, Csivi, con tres delegados del Gobierno, tres de las Farc y tres de la ONU, el Gobierno admitió estar en pie de igualdad con las Farc para el seguimiento de políticas que aterrizan el acuerdo.

FARC

GOBIERNO

Agro

Alimentos: No hay mayor polémica en esta política y el debate entre seguridad y soberanía alimentaria al final se zanjó a favor de "producción alimentaria".
Acceso a la tierra: La polémica ha girado alrededor de qué bienes lo va a alimentar, pues muchos empresarios del agro temen que al decir que puede hacerlo de tierras que no cumplan su función social, podría haber expropiaciones (a pesar de que esa función social está en la Constitución desde 1936). Este punto fue aclaro en la renegociación con el No. También hay temor entre los que adquirieron baldíos ilegalmente, por ejemplo, a partir de secar ríos, porque esas tierras también entrarán al fondo.
Zonas de reserva campesina: A pesar de que no tendrán la autonomía de los territorios indígenas, como querían las Farc, su existencia misma ha sido objeto de polémica porque protege estas tierras de desarrollos productivos de gran escala y la nueva vida que reciben promete mantener ese debate vivo.
Programas de desarrollo con enfoque territorial: Esos programas para mejorar el bienestar de los campesinos con inversiones públicas no son polémicos.
Formalización de tierras: La formalización de tierras con problemas de títulos no es polémica en sí misma, pero su aplicación podría serlo si hay muchos casos en que choquen dos o más reclamaciones sobre un mismo predio.
Incentivos al agro: Como estos incentivos incluyen minifundios y latifundios, este punto no contiene polémica.
Desarrollo social en el campo: Como este punto consiste en que el Gobierno mantendrá políticas como erradicar el analfabatismo en áreas rurales o mejorar el servicio de salud en ellas, no es polémico. Salvo algunos que creen que sería más productivo invertir en educación y promover una mayor emigración a las ciudades.

Participación política

Estatuto de oposición: La polémica es que fuera concertado con las Farc, pero como quedó que es producto de un gran acuerdo entre partidos, no hay mayor polémica en crear este estatuto.
Organismos de control: Como este punto no contiene cambios mayores, no hay polémica.
Acceso a medios: Lo más polémico es que a las Farc les van a dar radios comunitarias sin competir por ellas. Por eso en la renegociación con el No, organizaciones de víctimas como Fevcol pedían que también les fueran asignadas radios a ellas y al final quedó que de las 20 que se crearán, un tercio irán para las Farc, otro tercio para las organizaciones de víctimas y otro tercio para las organizaciones sociales.
Reformas electorales: Acá la mayor polémica es por cuenta de la medida temporal de las 16 circunscripciones especiales para la paz, que aunque no son curules directas para las Farc por ellas competirán candidatos de movimientos de zonas afectadas por la violencia, que no tengan representación legislativa y que en la práctica han estado en su mayoría bajo el influjo de las Farc. La medida de crear la Misión Electoral, que tiene tres meses para recomendar una reforma de todo el sistema electoral no es polémica pues muchas fuerzas políticas concuerdan en la necesidad de esos cambios, y no se definió cuáles serán, más allá de que se creará un sistema para que existan partidos locales, departamentales y nacionales.

Fin del conflicto

Cese al fuego: No hubo mayor polémica frente al cese al fuego ni la concentración de la guerrilla en unas zonas veredales. Sí puede haberlo si las Farc deciden quedarse en las zonas por más tiempo de los seis meses previstos en el Acuerdo, como ya han manifestado algunos que quisieran hacerlo.
Desarme: Aunque las Farc aceptaron entregar las armas en un plazo corto de 180 días, y permitir que luego sean destruidas, este punto podría ser polémico si dado que se demoraron en llegar a las zonas veredales porque no estaban listas, ellas deciden correr el plazo.
Garantías de seguridad: A pesar de que las Farc aceptaron que no habrá "terrepaz" y no cambiará la doctrina o la organización de las Fuerzas Armadas, este punto ha despertado polémica porque el esquema de escoltas para los jefes guerrilleros incluirá guerrilleros desmovilizados en esquemas mixtos y muchos han criticado que por esta vía mantengan algunas armas aunque sea a nombre del Estado. Sin embargo, igual sucedió con el M-19, a cuyos ex miembros aún cuidan ex militantes suyos.
Número de zonas de concentración: Éstas zonas fueron polémicas inicialmente, aunque el dispositivo de verificación y el hecho de que todos los guerrilleros, salvo unos 300 disidentes, se hayan concentrado paró la polémica al respecto.
Representación política Aunque no son en estricto sentido curules directas, porque las Farc tendrán que competir en elecciones para llegar al Congreso, este punto es polémico porque el Gobierno les garantiza 5 en Cámara y 5 en Senado entre 2018 y 2026, incluidas las que ellos saquen con sus propios votos.
Financiación y difusión para hacer política Éste punto fue muy polémico, sobre todo en la renegociación con el No, porque la Federación de Víctimas de las Farc, Fevcol, pedía que las campañas al Senado de los partidos de víctimas recibieran financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del Fondo de Partidos y que no estuviera sujeta a devolución si fueron destinados para lo que dice la ley. Eso no quedó. Y el Centro Democrático pedía que el partido político de las Farc no tuviera beneficios excesivos y que le dieran la misma plata que a los demás partidos, ni que tuvieran participación directa en el Consejo Nacional Electoral.
Reincorporación social y económica: Como finalmente a los desmovilizados de las Farc les van a dar practicamente lo mismo que han recibido otros desmovilizados, este punto no tiene mayor polémica hasta ahora, salvo los dos millones de pesos que recibirán apenas salgan de la zona. Plata que los paramilitares, por ejemplo, no recibieron.

Drogas

Solución al narcotráfico: En la renegociación con el No, fue polémico porque los uribistas exigían que en el acuerdo las Farc se comprometieran a entregar de manera explícita toda la información sobre las zonas de cultivo, las rutas, sus cadenas y proveedores. Lo pedían porque en el Acuerdo las Farc no se comprometen específicamente a entregar información, pues mantienen su argumento de que no son partícipes del negocio sino que solo se financiaron del 'impuesto de gramaje' a quienes sí están en él.
Programas de sustitución de cultivos: Éste punto es uno de los más polémicos, sobre todo entre los cocaleros, una base social tradicional de las Farc. Lo es porque mientras ellos defienden la idea de que la única manera de sustituir debe ser concertada con las comunidades, el Gobierno ha tenido una estrategia dos bandas. Por un lado, presentó el Programa para la Sustitución de Cultivos, que no fue bien recibido por los cocaleros pues mientras el acuerdo habla de lograr acuerdos de abajo hacia arriba, éste programa ya viene con unos beneficios estándar que no se discutieron con las comunidades en terreno y por otro lado, el Ministerio de Defensa está erradicando a la fuerza en algunas regiones, lo que ya ha generado resistencia en lugares como Caquetá y Tumaco.
Programas de prevención de consumo de drogas: Acá la polémica se debe a que, si bien el Gobierno ya lo está enfrentando como un problema de salud pública como dice el Acuerdo, se mantienen las voces que piden mantener una política que penalice el consumo.
Número de zonas de concentración: No fue motivo de grandes polémicas

Víctimas

Esquema de justicia transicional: Este es uno de los puntos que ha generado más polémica, por tres motivos: porque se creó un tribunal por fuera de la justicia ordinaria, porque los guerrilleros que confiesen haber cometido delitos atroces y reparen a sus víctimas no pagarán penas de cárcel y porque entre los delitos que podrían ser amnistiados (es decir, que no serán investigados) puede estar el narcotráfico, cuando los guerrilleros demuestren que lo hicieron como una forma de financiar a la guerrilla y no para su lucro personal.
Medidas para la reparación integral: Este es otro de los puntos polémicos, pues aunque las Farc se comprometieron a realizar actos de reconocimiento de la responsabilidad (como la petición de perdón a las víctimas de Bojayá por las Farc) y a contribuir a la reparación material, durante la renegociación los voceros del No pedían que repararan con sus bienes a las víctimas. Eso quedó en el nuevo acuerdo. Mientras estén concentradas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. Además, aceptan que lo que no presenten será objeto de extinción de dominio. Este cambio es importante porque aunque un día antes del plebiscito la guerrilla se comprometió a reparar materialmente a sus víctimas, no decían cómo y uno de los grandes sapos para la opinión pública era que no entregaran de su plata para hacerlo.
Derecho a la verdad: La existencia de una Comisión de la Verdad como instancia no judicial para que los que participaron en el conflicto - incluidos los civiles- cuenten qué hicieron, más el que las Farc hayan aceptado que son victimarios, llevaron a que este punto no sea polémico.

Implementación

Refrendación: Este punto fue polémico por las condiciones especiales primero para el plebiscito que el Gobierno perdió, especialmente la reducción del umbral para que sea válida la votación (pasó de que tengan que votar el 50 por ciento del censo electoral a que tengan que votar por el sí el 13 por ciento), y luego por pasar los acuerdos para que el Congreso los refrendara.
Verificación Internacional: La verificación encabezada por la Onu no ha sido objeto de mayores polémicas, aparte del hecho relativamente marginal de que incluye militares retirados cubanos (junto con otra decena de países) bajo el mando de argentinos y chilenos.
Implementación y seguimiento: Fue polémico porque un miedo de los del No era que las Farc definieran políticas de igual a igual con el Gobierno, pero ya no lo es porque en el acuerdo finalmente quedó que reducen las funciones de la muy poderosa Comisión de Seguimiento, en la que estaban las Farc y podía tomar decisiones de grueso calado sobre la implementación. Ahora será una nueva Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación en la que ya no están las Farc ni limita las competencias del Gobierno ni del Congreso. Es decir, remueve el miedo del cogobierno de las Farc por esa vía.

LOS ACUERDOS MÁS POLÉMICOS

Agro

Alimentos: Necesita la plata que en cualquier caso requiere el desarrollo del agro.
Acceso a la tierra: Este es uno de los elementos que más dinero necesita: un Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas, créditos blandos y subsidios, todos requieren recursos para funcionar. La Agencia Nacional de Tierras, que es la que debe aterrizar ese punto, tiene que arrancar a hacer planes de ordenamiento de la propiedad rural que son caros. Solo el de Ovejas, en Sucre, que es el primero que han hecho, les costó cinco mil millones de pesos. La ANT tiene por ahora un presupuesto de 160 mil millones de pesos para hacer esta y otras tareas.
Zonas de reserva campesina: En el acuerdo, el Gobierno se compromete a apoyar los proyectos productivos en estas zonas. Aunque eso no es caro, en cualquier caso sí necesita plata.
Programas de desarrollo con enfoque territorial: Estos programas para mejorar el bienestar de los campesinos requieren inversión porque la esencia de ese punto es llevar bienes públicos al campo.Eso es desde carreteras hasta distritos de riego, páneles de energía, o arreglar un colegio o un puesto de salud. Todo eso cuesta plata y la Agencia para la Renovación del Territorio, que es la encargada de llevar a esos bienes al campo tiene por ahora un presupuesto de 87 mil millones de pesos.
Formalización de tierras: La formalización de tierras con problemas de títulos necesita recursos para que haya notarios y registradores que la implementen además de una mejora en los sistemas de información
Incentivos al agro: Estos incentivos, que incluyen apoyo técnico y financiero del Gobierno a asociaciones campesinas, necesitarán mucha plata. Según los cálculos de Fedesarrollo para la Misión Rural, son la parte más gruesa de los 8 billones de pesos anuales que se necesitan para cumplir con todos los compromisos del agro.
Desarrollo social en el campo: Erradicar el analfabatismo, mejorar las viviendas campesinas o mejorar el servicio de salud en el campo necesitarán recursos.

Participación política

Estatuto de oposición: Crear ese estatuto no demanda inversiones..
Organismos de control: Este punto no contiene cambios mayores ni crea gastos para el Estado.
Acceso a medios: Darles acceso a radios comunitarias y capacitar a sus miembros sí requieren recursos, así como el programa que saldrá dentro de la parrilla del Canal Institucional, que va a durar una hora y media con una repetición y que entre el Gobierno y las Farc están definiendo el formato.
Reformas electorales: La revisión del sistema electoral o la existencia de partidos locales no demanda mayores inversiones, Las circunscripciones especiales de paz sí, en la medida en que exigen otras votaciones, el sostenimiento de los congresistas elegidos por ellas y el pago de sus equipos de asesores y demás gastos relacionados con los parlamentarios.

Fin del conflicto

Cese al fuego: La verificación del Cese cae en los hombros de la Onu y en esa medida, el Estado no tiene que poner plata. EL GOBIERNO PONE LA MITAD DE ESO, CREO
Desarme: Los mecanismos para recibir, verificar, custodiar y destruir las armas necesitan un gasto. Dentro de las zonas de concentración la ONU tiene que construir las áreas para poner los contenedores de armas. En todo caso, los gastos de éstos puntos corren por cuenta de la Onu.
Garantías de seguridad: El Gobierno deberá invertir dinero en la Unidad Especial de la Fiscalía contra las bacrim, la policía judicial propia de esa unidad y el cuerpo élite de la policía que los acompañe. También deberá pagar los esquemas de seguridad para los desmovilizados, que estarán en la Unidad Nacional de Protección e incluirán a policías y personas de confianza de los jefes de las Farc.
Número de zonas de concentración: Estas zonas requieren una inversión grande, pero el Gobierno todavía no sabe cuanto costarán. Los gastos los asume el Fondo Paz que se creó para financiar todos lo relacionado con el acuerdo. En todo caso, solo hasta ahora, ha tocado intervenir más 360 kilómetros de carretera, llevar los materiales a las zonas para que los miembros de las Farc construyan sus campamentos, poner buses, carros, lanchas y hasta mulas para desplazar a los guerrilleros y ya en las zonas, mantenerlos de aquí a junio.
Representación política Lo que tiene que invertir el Estado en este punto depende de cuántas curules obtenga las Farc por la votación que obtenga en las elecciones. El Estado tendrá que crear nuevas curules para ellos y financiar sus salarios y el de sus asesores.
Finaciación y difusión para hacer política Necesita plata, porque el Gobierno deberá invertir el equivalente a lo que se le da a los demás partidos anualmente, para financiar el movimiento o partido político que surja de la desmovilización de las Farc, recursos que saldrán del presupuesto que destina el Estado para la financiación de partidos pero que no modifica los presupuestos que reciben hoy los partidos.
Reincorporación social y económica: Sí: el Estado le pagará mensualmente 620 mil pesos a los desmovilizados más seguridad social, además de que cada reinsertado recibirá 8 millones de pesos para montar un negocio y otros 2 millones de pesos para gastar en lo que quiera apenas entreguen las armas y por una sola vez.

Drogas

Solución al narcotráfico: Este punto no costará nada, pues consistirá esencialmente en entrega de información por parte de las Farc.
Programas de sustitución de cultivos: Estos programas requerirán una inversión importante, como han demostrado los experimentos pasados de sustitución de cultivos. y de acuerdo con Eduardo Díaz, de la Oficina de Drogas en Presidencia, puede ser más de un billón de pesos.
Programas de prevención de consumo de drogas: Estos programas requieren recursos públicos relativamente importantes y al ministerio de Salud le recortaron este año 1.5 billones de pesos.

Víctimas

Esquema de justicia transicional: Esta jurisdicción especial podría costar entre 400 y 700 mil millones de pesos al año, según un estimativo que hizo la Fiscalía
Medidas para la reparación integral: La reparación puede ser uno de los puntos más costosos. No solo por la reparación material en dinero a las víctimas, sino porque otras formas de reparación, material o simbólica, también costarán. Es difícil evaluar cuánto pues depende de las decisiones de la justicia transicional.
Derecho a la verdad: El funcionamiento de la Comisión de la Verdad implica no solo pagarle a los comisionados sino darle una infraestructura administrativa y tecnológica que permita que sea fácil contar la verdad y darla a conocer.

Implementación

Refrendación: El plebiscito costó plata. La Registraduría dijo en su momento que organizar esa votación cuestó 350 mil millones, a los que se sumó la financiación estatal de las campañas por el Sí y por el No, si el Consejo Nacional Electoral determina que va a haber. Pero refrendar los acuerdos vía Congreso, que fue el plan C del Gobierno, no cuesta.
Verificación Internacional: La verificación encabezada por la ONU no será pagada por el Estado colombiano, aunque las condiciones para que sea posible sí porque a través del Fondo Paz de Presidencia se financia todo el montaje de las zonas veredales en las que la Onu supervisa la entrega de armas. ESTAS SEGURA?
Implementación Sí va necesitar plata porque la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos durará mínimo dos años y medio y se necesita plata mínimo para la logística de cuadrar los encuentros entre sus miembros.

REQUIEREN INVERSIÓN DE DINERO

NO REQUIEREN INVERSIÓN

Agro

Alimentos: En este punto no hubo ningún cambio. Desde el acuerdo de Cartagena se acordó que el Gobierno buscará un aumento progresivo de la producción de alimentos para el consumo en el país, dando bienes públicos rurales (como acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua) y promoviendo formas asociativas de los campesinos.
Acceso a la tierra: El acuerdo de Cartagena creaba un Fondo de Tierras para "los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente", que sume las tierras a las que se le extinga el dominio, los baldíos, las que se saquen de la reserva forestal, las expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública y tierras donadas. Además, subsidios y créditos especiales para comprar tierras. De ahí cambian varias cosas. Primero, el tiempo de duración del Fondo pasa de diez a doce años para la parte de entrega de tierras. Segundo, el Gobierno se compromete ahora a presentar un proyecto de ley para "promover otras formas de acceso a la tierra", lo que le abriría una puerta a las Zidres. Tercero, se incluye un mecanismo nuevo para definir a los beneficiarios de las tierras, que se hará a través de un registro único de beneficiarios que manejará la "autoridad competente" con base en unos criterios de elegibilidad definidos, lo que le quita a las organizaciones sociales mucha injerencia en el tema. Cuarto, y que es central para algunas voces del No, es que se hace explícito que se respetará la propiedad privada, algo que solo estaba implícito en el acuerdo de septiembre. Quinto, también para espantar uno de los miedos del No, se aclara cómo funcionarán dos de los mecanismos que alimentan el Fondo. "Los procedimientos de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación (extinción del dominio sobre tierras no cultivadas) se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en las leyes vigentes."
Zonas de reserva campesina: En el acuerdo inicial las zonas de Reserva Campesina ganaban nueva vida, aunque se aclaraba que no tendrían autonomía como la de los territorios indígenas. Eso fue objeto de críticas porque en su mayoría coinciden con zonas de presencia de las Farc. Ahora se aclara que por sí mismo el Acuerdo no crea nuevas zonas, pero el Gobierno se comprimete a promover el acceso a la tierra en las zonas, a hacer efectivo el apoyo estatal en sus planes de desarrollo y a concertar con los campesinos las áreas de las nuevas zonas de reserva que se creen según las normas que ya existen.
Programas de desarrollo con enfoque territorial: Este punto, que retoma la lógica del Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco para permitir una focalización de inversiones y recursos en las zonas más marginadas y más afectadas por el conflicto, no se modificó. El nuevo acuerdo solo incluye una aclaración sobre los mecanismos de participación de esos planes, para aclarar que apuntan a que se "fortalezca la participación ciudadana en las decisiones que los afectan". También dicen que la idea es vigorizar la democracia local sin limitar las competencias de las instituciones de democracia representativa (alcaldes, gobernadores, Congreso, concejos y asambleas).
Formalización de tierras: Se acordó que habrá un plan de formalización masiva gratuita de tierras con problemas de títulos, con la participación de las comunidades. Lo que cambia con el Acuerdo es que se aclara que hay que proteger la propiedad privada y que el Gobierno va a crear un grupo de tres expertos en tierras que en máximo tres meses haga recomendaciones de reformas normativas y de política pública para regular el derecho a la propiedad, facilitar el acceso a la tierra y promover su uso productivo. Otra cosa que cambia y que es clave es que el sistema catastral que crea el Acuerdo no va implicar un aumento del impuesto predial de forma automática.
Incentivos al agro: En ese punto cambia poco: sigue quedando claro que no habrá impuestos que desincentivan el latifundio, pero sí incentivos a las asociaciones campesinas, una figura cercana a los ideales de las Farc y que puede convertirse en su base política. Para eso, el Gobierno le dará apoyo técnico y financiero a su creación y apoyará la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento a través de ellas.
Desarrollo social en el campo: En el Acuerdo de septiembre se incluyeron varios compromisos del gobierno como buscar que haya más servicios de salud para las comunidades campesinas, erradicar el analfabetismo en las áreas rurales o crear un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, y todo eso se mantiene. Pero hay cambios. Uno, relativamente importante, es que ahora ese desarrollo tiene que implementarse siguiendo el nuevo principio del desarrollo integral del campo, que exige que el impulso a la agricultura familiar y campesina debe hacerse en balance con las "otras formas de producción existentes", que serían la agroindustria, la agricultura comercial de escala o el turismo. Curiosamente no hay referencia a la ganadería como una de esas formas de producción. Un cambio menos central, aunque importante para la idea de que el Acuerdo busca superar el conflicto y reparar a los que sufrieron por él, es que ahora se incluye a las víctimas en los grupos priorizados para implementar este punto, lo que a la postre puede servir para contrarrestar el poder del nuevo partido de las Farc.

Participación política

Estatuto de oposición: En este punto no cambió nada. El Estatuto se debatirá con los partidos políticos cuando se implemente el Acuerdo, y en esa discusión las Farc participarán como movimiento ya legal, de acuerdo a las reglas de juego de la democracia. Lo único que se dice ahora es que se hace explícito que el Estatuto se hará porque es un deber constitucional, lo que no cambia en nada ni su existencia ni la forma de elaborarlo.
Organismos de control: En este punto se mantuvo lo central: los movimientos sociales podrán formar parte de veedurías ciudadanas que controlen a los gobernantes y que participen en la elaboración y seguimiento a los planes de desarrollo local, integrando los consejos territoriales de planeación. Pero se aclaró el punto sobre la protesta social, aclarando que el Acuerdo protege la protesta pacífica y no cualquier tipo de protesta, y que el Estado enfrentará los disturbios haciendo uso de sus atribuciones y buscando que se respeten los derechos de los terceros, sin violar los de los manifestantes. Eso último no es un cambio menor, porque el argumento del derecho de los terceros es el que se suele argumentar para limitar algunas formas de protesta, como un bloqueo de vías. Por eso, el cambio le pone unos límites a la protesta, haciéndolo más compatible con el nuevo Código de Policía.
Acceso a medios: Se mantiene el corazón de lo acordado: el Gobierno abrirá convocatorias para adjudicar radios comunitarias, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto; promoverá la capacitación técnica de quienes trabajen en los medios comunitarios; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales para divulgar los trabajos de las organizaciones y movimientos sociales; y financiará productos para esos medios, todo mediante concurso público y con mecanismos de veeduría ciudadana. Además, a que los movimientos sociales como el que quieren montar las Farc tengan la posibilidad de publicitar propuestas en “medios institucionales y regionales” y a crear un canal de televisión cerrada para que todos los partidos puedan hacer eso mismo. El nuevo acuerdo aclara que la adjudicación de radios comunitarias y espacios de televisión deben responder al principio del pluralismo, lo que significa que esos espacios no terminarán solo en manos de las Farc o a sus organizaciones afines, que era uno de los temores del No.

Fin del conflicto

Cese al fuego: No cambió nada en este nuevo Acuerdo. La idea sigue siendo que durante la concentración de la guerrilla se mantenga el cese al fuego bilateral y verificado.
Desarme: En el acuerdo inicial las Farc se comprometían a dejar las armas en los seis meses siguientes a la firma del Acuerdo Final, que es el tiempo que permanecerán en las zonas de concentración. Eso se mantiene igual.
Garantías de seguridad: En este punto se mantiene el corazón del acuerdo de septiembre: el Gobierno implementará medidas para combatir a los sucesores del paramilitarismo, para lo que creará una Comisión de Garantías de Seguridad encabezada por el Presidente, una Unidad Especial de investigación en la Fiscalía para desmantelarlas con una unidad especial de policía judicial propia, y un cuerpo élite de la Policía apoyando la lucha contra esas organizaciones, además de fortalecer la supervisión de la seguridad privada para evitar nuevas Convivir. Además, creará un grupo mixto de escoltas para los desmovilizados, que funcionará dentro de la Unidad Nacional de Protección con policías y personas de confianza de los jefes de las Farc. Pero, aunque todo ese esquema se mantiene, ahora las Farc no van a participar en la Comisión de Garantías de Seguridad, que además tendrá menos funciones. Otra cosa nueva es que el director de la Unidad Especial lo elige el Fiscal de una terna que proponen los magistrados del Tribunal de paz de la Jurisdicción Especial de Paz, lo que le da poder a Néstor Humberto Martínez (quien no es visto como rival por el uribismo y la derecha) y debería ayudar a que la Unidad coordine mejor con la Fiscalía. Además, incluyen la aclaración de que el cuerpo de seguridad que se encarge de escoltar a los miembros de las Farc debe capacitarse y cumplir unos requisitos que va a determinar la UNP. Con eso, se despeja en buena medida otro miedo de los del No, que a través de ese cuerpo las Farc mantengan grupos de guerrilleros armados y sin control..
Número de zonas de concentración: En el acuerdo inicial había 23 zonas y 8 campamentos. Aunque en el nuevo son 20 zonas y 7 campamentos, realmente hay 26 zonas en 25 municipios.
Representación política A cambio de dejar las armas, en el Acuerdo inicial las Farc reciben 5 curules en Senado y 5 en Cámara por ocho años desde 2018. En el nuevo acuerdo eso no cambia, a pesar de que es una de las líneas rojas del uribismo porque para ellos darles elegibilidad política es la mayor dosis de impunidad en el acuerdo. Lo que sí hace el nuevo acuerdo es aclarar que para las circunscripciones especiales de paz los partidos que ya tienen representación en el Congreso o personería jurídica, incluído el movimiento político que surja de las Farc, no podrán inscribir candidatos, algo que ya se podía entender en el acuerdo de septiembre pero ahora queda explícito con lo cual es más difícil decir que las Farc tendrán 26 curules aseguradas.
Financiación y difusión para hacer política: En este punto si bien se mantiene el esquema acordado en septiembre, hay varios cambios sustanciales que le quitan fuerza. Inicialmente estaba que el futuro partido de las Farc iba a recibir, anualmente, y hasta julio de 2022, el 20 por ciento de lo que el Estado se gasta cada año en financiar el funcionamiento de los partidos políticos (y entre 2022 y 2026 el 10 por ciento) de forma fija y sin depender de cómo se reparte a los otros partidos (a los que les llega la plata teniendo en cuenta sus resultados electorales). Eso es más o menos unos 7 mil millones, que es más que lo que recibe cualquier partido hoy. Ahora el partido de las Farc recibirá una suma igual al promedio de lo que reciben los partidos y movimientos hoy, que es una cifra más cercana los 5 mil millones de pesos, y no más plata. Eso se debe a que aunque para financiar su centro de pensamiento y planeación política, ya no van a recibir el 5 sino el 7 por ciento de la apropiación presupuestal al año, otro 5 por ciento va a desaparecer. Por eso, recibirán el 17 y no el 20 por ciento hasta 2022. Tercero, la plata que entre por cooperación internacional para fortalecer su movimiento, no puede usarse para que hagan campaña.
Reincorporación social y económica: En el Acuerdo de Cartagena quedó claro que se le pagará a cada desmovilizado 620 mil pesos más seguridad social por dos años. Que cada uno recibirá 8 millones de pesos como capital semilla para un negocio y que tendrán 2 millones adicionales, 6 meses después de la firma y ya sin armas, para hacer lo que quieran. Eso no cambia con el nuevo acuerdo. Lo que sí cambia es que ahora deben incluir a los milicianos y presos en la lista de sus integrantes y su cooperativa, Ecomún, debe rendirle informes periódicos al Consejo Nacional de Reincorporación sobre el uso de la plata que reciba del Estado. En Seguridad Social, se mantiene que Ecomun afiliará a sus miembros a las EPS generales, pero si alguno tiene una enfermedad grave o necesita rehabilitar lesiones debidas a la guerra, habrá un "sistema especial" con plata de aquí y de afuera, para atenderlo en máximo tres años. Hay otros dos puntos que se agregan y son aislados: uno es que las garantías de seguridad ahora incluyen a quienes participen en la implementación de los acuerdos y otro es que el Gobierno presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento a la justicia de las bandas criminales.

Drogas

Solución al narcotráfico: En el acuerdo inicial, las Farc se comprometieron a poner fin a cualquier relación "que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)” y a esclarecer la relación entre el conflicto y los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el lavado. Así reconocieron que sí tienen que ver con el narcotráfico y a entregar información que podría ayudar a identificar las rutas, los lavadores y las alianzas entre Fuerza Pública y narcotráfico. Los dientes para que lo hagan dependen de la justicia transicional, que amenaza en teoría a que, si saben y no cuentan, podrían terminar por fuera de las penas especiales y en la cárcel. Lo que cambia con el nuevo acuerdo es que obliga a todos los que se presenten a la Justicia Especial para la Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades, un avance en la lógica del Acuerdo inicial que le da más dientes a la justicia transicional y que los obliga a romper con el narcotráfico so pena de perder sus privilegios..
Programas de sustitución de cultivos: En el acuerdo de Cartagena la aspersión sobrevivió pero como último recurso para erradicar los cultivos y se crearon programas de sustitución concertados con la comunidad. En este nuevo acuerdo se reitera que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, pero aclarando que lo hará "priorizando la erradicación manual donde sea posible". Es decir, hay un cambio simbólico en que la fumigación ya no se presenta como el último recurso, pero sí sigue siendo aplicable solo si no funciona la manual.
Programas de prevención de consumo de drogas: Aunque los programas de prevención al consumo se mantienen igual, ahora los grupos religiosos van a poder participar en ejecución de la política de prevención y atención a los consumidores, pero no se sabe bien de qué manera.

Víctimas

Esquema de justicia transicional: En el Acuerdo firmado en Cartagena las Farc aceptaron someterse a un juicio penal y ser condenados a una pena restrictiva de la libertad, cuando lo que querían era una sanción extrajudicial como ir a la Comisión de la Verdad. También se acordó que esos procesos los realizaría un aparato especial de justicia transicional. Y se estableció que solo serán procesados los responsables de los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto, con penas que dependen de cuánto colabore la persona con el sistemaa. Si acepta responsabilidad antes de llegr al juicio, cuenta la verdad y cumple las demás obligaciones del sistema, son 2 a 5 años de restricción efectiva de la libertad, tiempo durante el cual harán acciones restaurativas como construir infraestructura en las zonas más afectadas por el conflicto; si acepta durante el juicio y cumple lo demás, 5 8 años; si no lo hace y es condenado, de 12 a 20 años de cárcel. Aunque ese esquema general se mantiene, cambian varias cosas. Primero, aunque no convierte todas las sanciones en cárcel como pedían las voces del No, especifica la noción de "restricción de la libertad": el Tribunal para la Paz fijará en dónde deben estar los guerrilleros durante la realización de las acciones restaurativas de la pena (esas zonas nunca serán más grandes que una vereda), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción y el deber de solicitar un permiso para salir de las zonas. Fuera de eso, quedó claro que el tiempo que pasen en las zonas de concentración se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período hagan actividades de reparación y que los tiempos máximos de las sanciones aplican aún si son condenados por varios delitos. Otro cambio sustancial es que quedó claro que se puede aplicar el Código Penal en las decisiones, algo que tiene una gran carga simbólica porque las Farc se negaban a someterse a esas normas de su antiguo enemigo, dado que no habían sido derrotadas. Ahora lo aceptan, aunque queda claro que se aplicará el principio de favorabilidad en todos los casos. En cuanto a la Justicia Especial para la Paz, ahora tendrá un límite de tiempo de 10 años, y sólo podrá recibir solicitudes de investigación de personas durante los 2 primeros años, aunque esos plazos serán prorrogables. También se eliminaron los jueces extranjeros, aunque podrán participar en algunos casos en las deliberaciones como amicus curiae que no tendrán voto en las decisiones. Un cambio que podría parecer menor es que las ONG ya no podrán acusar directamente sino presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal, algo que ayuda a espantar el miedo de algunos sectors del No de que algunas ONG usen el sistema para montar procesos contra ellos. En esa misma línea, quedó claro que los magistrados pueden pedirle a la justicia ordinaria que investigue penalmente a quienes presenten acusaciones falsas y de mala fe. Y otros dos cambios muestran un interés en armonizar la justicia transicional con la ordinaria, aunque de una forma mucho menos fuerte que la que pedían desde el No. Por una parte, habrá una "sala incidental" para resolver los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la Jurisdicción Especial de Paz, compuesta por tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y tres de la JEP que no estén en el conflicto. El otro es que ahora sí puede haber tutelas contra sus decisiones judiciales, pero le pone límites porque en sus dos instancias la decide la misma JEP y la Corte Constitucional solo puede revisarlas si así lo decide una sala de selección de dos de sus magistrados (como es usual) y dos del Tribunal de Paz, por unanimidad. Por último, se mantiene la posibilidad de que el narcotráfico sea delito conexo al delito político para efectos de la amnistía, y se aclara que para determinarlo se usará como referencia la jurisprudencia de la Corte Suprema (que ha dicho que puede ser conexo y que en buena medida ya está vertida en el texto de la ley de amnistía que se va a presentar una vez se refrende el acuerdo).
Medidas para la reparación integral: El marco de la reparación integral para las víctimas incluye, entre otros, actos de reconocimiento de la responsabilidad (como la petición de perdón a las víctimas de Bojayá por las Farc), reparaciones colectivas y rehabilitación psicosocial, además de acompañar los retornos de quienes fueron desplazados. La reparación material a las víctimas se hará por dos lados. Una parte la harán los guerrilleros individualmente (aunque no hay detalles, con acciones como participar en el desminado o en construir obras públicas, y con plata o solo bienes si aceptan que tienen o si el Estado logra demostrarlo), que de forma novedosa es un requisito para que gocen de los beneficios de la justicia transcional. Lo que cambia con el nuevo acuerdo y que es importante aunque no cambia el esquema, es que mientras estén concentradas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. Además, aceptan que lo que no presenten será objeto de extinción de dominio. Este cambio no es menor porque aunque un día antes del plebiscito la guerrilla se comprometió a reparar materialmente a sus víctimas, no decían cómo y uno de los grandes sapos para la opinión pública era que no entregaran de su plata para hacerlo.
Derecho a la verdad: En este punto no hay cambios: sigue existiendo una Comisión de Verdad que buscará esclarecer patrones de violencia y los contextos y dinámicas territoriales en que estos se hicieron, y las dos partes se comprometieron “a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”. Para que contar no asuste a los responsables, lo que se diga allí no puede ser usado como prueba en un proceso judicial.

Implementación

Refrendación: El nuevo texto reconoce que hay que hacer refrendación y plantea varios caminos entre los que decidirán las partes: los mecanismos de participación ciudadana directa, como el plebiscito, la consulta popular o los cabildos abiertos, o el uso de cuerpos colegiados elegidos popularmente, es decir a través de instituciones representativas que ya existen. Ese cambio es muy grande, pues el acuerdo de septiembre se la jugaba por el plebiscito (que fracasó el 2 de octubre), y finalmente la refrendación se hizo vía Congreso.
Verificación Internacional: En este punto no cambió nada: la ONU, a través del Consejo de Seguridad y con verificadores de la Celac (que es esencialmente la OEA sin Canadá ni Estados Unidos), la encargada de la verificación internacional del desarme y el cese bilateral.
Implementación: En este punto hay un cambio muy grande: reducen las funciones de la muy poderosa Comisión de Seguimiento, en la que estaban las Farc y podía tomar decisiones de grueso calado sobre la implementación. Ahora será una nueva Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación en la que ya no están las Farc ni limita las competencias del Gobierno ni del Congreso. Es decir, remueve el miedo del cogobierno de las Farc por esa vía. El nuevo acuerdo también incluye un preámbulo de principios para la implementación, como el enfoque de derechos, el respeto a la igualdad y la no discriminación, enfoque de género, libertad de cultos, entre otros, y crea una instancia especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres que le hagan seguimiento a que mientras se implementa, se esté cumpliendo con el enfoque de género. Por el lado del dinero, que preocupaba sobre todo a los empresarios, incluye la sostenibilidad fiscal como un criterio para definir los gastos de implementación, alarga algunos tiempos para que se pueda ejecutar sin ponerle tanta presión a los gastos del Estado, y deja claro que vendrá otro acto legislativo. Por último, en otro punto clave, deja claro que no todo el acuerdo formará parte del bloque de constitucionalidad sino solo los asuntos de Derecho Internacional Humanitarios y derechos humanos, como criterios orientadores para las normas y acciones de implementación del acuerdo. Este ultimo punto era la queja más fuerte de abogados como Jaime Castro y José Gregorio Hernández. Es un cambio muy grande porque los del No alegaban que por la vía del bloque de constitucionalidad las Farc terminaban metiéndose con toda la organización del Estado, los derechos fundamentales y demás temas regulados por la Constitución. Y como la Comisión de Seguimiento interpretaba el Acuerdo, entonces las Farc estaban casi al nivel de la Corte Constitucional. Eso se eliminó.

CAMBIO GRANDE

ACLARACIÓN

NO CAMBIÓ

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

Agro

Participación política

Fin del conflicto

Drogas

Víctimas

Implementación

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