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Por Jineth Prieto | Ever Mejía · 15 de Abril de 2021

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La seccional de Sucre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha tenido seis directores en seis años, y varios han salido cuestionados. 

Esta crisis institucional refleja una de las caras más indignantes del manejo de los recursos para atender a los niños vulnerables. Especialmente en un departamento como Sucre, uno de los más pobres del país pues tiene una pobreza multidimensional del 33 por ciento, según los últimos datos del Dane.

 

Esto no parece haber cambiado. Siguiendo denuncias ciudadanas, La Silla Vacía encontró señales de un contrato irregular de 4 mil millones de pesos—  uno los cuatro más grandes adjudicados entre el 2020 y el 2021— ejecutado por una asociación que tiene su domicilio en la casa de una de las funcionarias actuales del ICBF. 

En el pasado, como contamos, Fabiola Palencia, la encargada de la seccional en 2016, terminó saliendo luego de que La Silla revelara sus vínculos políticos con el senador Mario Fernández, y la manera en la que manejaba la contratación de la entidad.

Y el último director nombrado en propiedad en el cargo, Juan Francisco Ortega, fue declarado insubsistente el año pasado tras firmar contratos del Icbf durante una parranda y ser capturado con un arma de fuego y una millonaria suma de dinero en efectivo. Su administración tenía denuncias sobre presunta corrupción.

La asociación y los vasos comunicantes

La denuncia de la Veeduría de Sucre, una organización ciudadana que vigila la inversión de recursos públicos en ese departamento, sostiene que hay irregularidades en la adjudicación de un contrato de 4.122 mil millones de pesos para operar el programa de madres comunitarias en Sincelejo.

La Silla investigó y encontró, entre otras cosas, que la sede de la asociación que se quedó con el contrato quedaba en una casa familiar del barrio Los Tejares, de Sincelejo, donde vive Milta Elena Acuña Monroy, funcionaria del área financiera del Icbf de Sucre, como La Silla pudo confirmar. 

Además, cuando llamamos al celular que fue registrado dentro de los documentos del Banco de Oferentes quien nos contestó fue el esposo de Milta Acuña, Gustavo Vásquez. 

Con ese contrato la asociación triplicó la operación que tenía dentro de su experiencia. Pasó de manejar un promedio de 19 hogares entre 2012 y 2015 a 73 en el 2020.

Pero la funcionaria Acuña tiene más vasos comunicantes con esa asociación, llamada Asociación de Profesionales de Colombia por la Paz, Asoprocopaz. 

Acuña lleva 26 años en la división financiera de la regional Sucre del Icbf. Su prima, Yolanda Monroy Martínez, era miembro de la junta directiva y representante legal de Asoprocopaz, (antes Asociación para el Desarrollo Social e Integral de la Comunidad, Asodesinco) al menos desde 2015. 

En 2019, cuando la asociación inició los trámites para entrar al Banco de Oferentes del Icbf, donde supuestamente se compite por los contratos, lo hizo encabezada por la prima de la funcionaria. 

Ese banco agrupa a todas las organizaciones del país que quieren contratar con el Icbf. Para entrar las organizaciones tienen que aportar varios documentos para habilitarse y ser consideradas en cualquier proceso de selección de esa entidad. Dentro de los documentos que aportó Monroy incluyeron unos estados financieros certificados por un contador que,  encontró La Silla, es el cuñado de la funcionaria Acuña, Jorge Iván Gil. 

Además del vínculo familiar, el balance financiero de la asociación incluye datos difíciles de explicar.

Por ejemplo, aunque Asoprocopaz estuvo inactiva durante cuatro años, presentó ingresos por 62 millones de pesos entre 2016 y 2018. Pero no se especifica de cuáles actividades. Además, Monroy reportó que, al cierre de 2018, Asoprocopaz tenía cuentas por cobrar de 40 millones de pesos, cuyo origen tampoco es claro debido a su inactividad.

Tener esa cantidad en movimientos financieros es uno de los criterios que se tienen en cuenta dentro del Banco de Oferentes del Icbf, y otorga una clasificación que le da al contratista capacidad para operar más hogares.

La representante legal de la asociación, Yolanda Monroy, no respondió mensajes buscando su versión. La funcionaria Acuña tampoco nos atendió cuando intentamos consultarla. 

En todo caso, con la certificación contable del cuñado y la sede en la casa de la funcionaria Acuña, Asoprocopaz fue aceptado por el Icbf dentro de su base de datos de contratistas, y luego se ganó uno de los contratos más grandes otorgados por esa seccional.

El contrato

Un funcionario activo del Icbf en Sucre, que pidió no ser identificado, le dijo a La Silla que la relación entre la funcionaria Acuña y la asociación contratista es “vox populi”. “Milta (Acuña) habla de esa fundación como si fuera de ella, incluso ha hablado de que se ha visto perjudicada cuando no estaba contratando. Y cuando adjudicaron esos contratos la intención era favorecer a Milta”, aseguró la fuente. 

No es ilegal que un funcionario como Milta Acuña tenga familares que contratan con el Estado a través de una asociación. Su cargo, en el papel, no tiene injerencia en la adjudicación de recursos ni determina en qué se deben gastar.

Sin embargo, los vasos comunicantes también han encendido alarmas en la veeduría local, que radicó denuncias en la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y dentro del mismo Icbf, pero en Bogotá. 

“Este contrato se hizo con artimañas y con la complicidad de los servidores públicos del ICBF Regional Sucre”, dice un aparte de la denuncia interpuesta por la Veeduría de Sucre.

Otro fragmento de la denuncia señala que: “Esta entidad (la asociación) en realidad es una empresa familiar, manejada por Milta Elena Acuña Monroy, funcionaria del Icbf regional Sucre, quien es ama y dueña de la misma, las demás personas son decorativas”. 

Sobre cómo fue el proceso de selección, lo que nos explicaron dos funcionarios es que de la lista de contratistas habilitados en el Banco de Oferentes se hacía una convocatoria a todas las entidades que cumplieran con los requisitos del contrato. 

Sin embargo, ninguno nos dio razón sobre si Asoprocopaz fue seleccionada por tener mejores condiciones que otras asociaciones o si fue la única que invitaron por una decisión discrecional.

Constanza Rendón, directora de la época del Icbf Sucre, le respondió a La Silla que el proceso había sido transparente pero no entregó detalles; y Ana Madera, coordinadora del grupo que le dio visto bueno a Asoprocopaz, dijo que no se iba a referir al tema.

Por su parte, Manuel Rodríguez, coordinador del grupo financiero de la regional, jefe de Acuña —y quien designó a los funcionarios que evaluaban la parte financiera de varios procesos de selección en Sucre— aseguró desconocer la relación entre la funcionaria y el contratista. 

Los documentos que soportan si hubo selección o si fue a dedo deberían estar publicados en el sistema de contratación estatal, y no están disponibles. La Silla los solicitó al actual director regional, Jhony Buelvas, quien llegó a la entidad en marzo pasado, pero al cierre de esta historia no los habíamos recibido.

Advertencias de incumplimientos

La coordinadora Centro Zonal de Sincelejo y supervisora del contrato, Yolima Martínez, le envió una carta a la asociación por presuntos incumplimientos del contrato.

Por ejemplo, se habla de inconsistencias entre productos facturados y reportados por la asociación, de “la factura de RPP por 753 paquetes para niños (...) se evidencian solo 739 firmas”. También firmas repetidas de las madres comunitarias que certifican entrega de servicios o productos.

Estas son observaciones preliminares, que aún pueden ser aclaradas por el operador. 

En medio de los cuestionamientos al contrato, la asociación ha emprendido una serie de cambios. 

Cuando el contrato se firmó, la representante legal de la asociación era Miladis Vergara, quien entró en reemplazo de Yolanda Monroy, la prima de Milta. Pero Vergara le dijo a La Silla que había trabajado todo el tiempo con su antecesora.

Sin embargo, reconoció luego que tenía contacto directo con la prima Yolanda Monroy. Incluso explicó que acompañaría la entrevista que le hiciera La Silla a ella, porque era “muy nerviosa”. 

La entrevista nunca se concretó. 

Para el 1 de febrero, sacaron la sede de la casa de la funcionaria Acuña y cambiaron su junta directiva. La Silla habló con el nuevo representante legal, Richard González Tamara, quien negó que la funcionaria Acuña, o su familia, tuvieran injerencia en la asociación.

González también aseguró que lo habían buscado porque tenía experiencia en este tipo de contratos y la asociación estaba copada de requerimientos. Es decir, el equipo inicial con el que el Icbf conceptuó que la Asoprocopaz podía ejecutar el contrato terminó superado por el tamaño del contrato.

Un punto más que alimenta las dudas de si la asociación ganó por sus méritos, o por sus vínculos con la funcionaria Acuña.  

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