¿Un chorro de babas?

Silla Paisa

Los medios unieron una cosa con la otra y el entendimiento general fue que los dineros que el país y un importante grupo de cooperantes aportaron estaba en riesgo o, incluso, que una parte ya se había perdido.

Hace ya varias semanas el Fiscal General dijo con tono circunspecto: “el país se va a enterar de la gravedad de lo que está pasando”, tras anunciar que ese organismo estaba investigando una red de corrupción que, en términos de los periodistas, estaba “desangrando la plata de la paz”.

Las alarmas se prendieron todas con razón y quedamos a la espera. La advertencia la lanzó en medio de preocupaciones sobre la eficiencia en el manejo de los recursos del Fondo de Paz, del que todos se quejaban de que no fluía. Los medios unieron una cosa con la otra y el entendimiento general fue que los dineros que el país y un importante grupo de cooperantes aportaron estaba en riesgo o, incluso, que una parte ya se había perdido.

Unos días después la Fiscalía anunció con bombos y platillos que tras una serie de allanamientos había ordenado la captura para imputación de cargos a una decena de personas, todas más o menos desconocidas y sin un rol particular en el proceso de asignación de los recursos.

Son, digamos, una especie de calanchines de cuarta categoría, que avisados de que había una plata para financiar proyectos productivos para facilitar la reinserción económica de los ex combatientes, se pusieron de avivatos a tratar de pescar proyectos para empresas con las que tenían alguna relación a cambio de una coima. Para lograr su propósito trataban de involucrar algunos funcionarios públicos que participaban en el proceso de adjudicación de los recursos.

La investigación la inició el Fiscal porque los mismos funcionarios del gobierno responsables de la ejecución de los recursos para el posconflicto le advirtieron.

El debate que se realizó en la Cámara de Representantes volvió a develar que lo que la Fiscalía tiene parece ser menos de lo que se ha dicho y que el tal saqueo a la plata de la paz no se sabe si existió.

De lo que se deduce de las declaraciones de unos y otros, pero especialmente de las del propio Fiscal, no parece que hasta ahora se haya adjudicado ningún contrato como producto de la tramoya con la que los avivatos pretendían quedarse con una tajada.

El mismo Fiscal dijo en la Cámara que “no pudieron coronar en todo el propósito que pretendían” y que “el grueso de la contratación no quedó contaminada, aunque estaba salpicada en sus orígenes”.

El Gobierno ha dicho que los recursos de cooperación con destino a proyectos productivos de ex combatientes tienen cero de ejecución y el Fiscal contó que había decidido hacer pública la investigación porque habían dado la noticia de que se habían aprobado 2.000 proyectos y que en ese paquete podría haber algunos en los que se hubiera viciado la selección para favorecer a alguna de las empresas.

Néstor Humberto Martínez dijo incluso que se trataba de una acción “preventiva”. Los periodistas no le preguntaron si había evidencia de que alguien se hubiese cogido un peso indebidamente, pero por su expresión pareciera que los hechos estaban en la modalidad de “tentativa”.

Atando todos los cabos no parece que vayamos para ninguna parte, pero no porque la justicia falle, sino porque se exageró la presentación de unos hechos que no son de la magnitud de lo que la mayoría de los colombianos creímos y no de la gravedad con la que el Fiscal los calificó.

Martínez hace esfuerzos por aparentar un gran hallazgo de corrupción, pero las pruebas que ha filtrado a los medios y que éstos han difundido como gran primicia, de las cuales además dicen que hay 80.000 registros para que parezca que la trama era de grandes dimensiones, no demuestran hasta ahora el involucramiento de ningún funcionario público, ni de nadie que fuese responsable de la adjudicación de los recursos.

Marlón Marín, el sobrino de Iván Márquez, recibió algún beneficio por parte de la Fiscalía que todavía no sabemos si fue un principio de oportunidad o cuál, que le permitió quedar en libertad para viajar a los Estados Unidos a pesar de que Martínez lo califica de el “jefe” del “enorme saqueo”.

El daño está hecho. A todos los problemas de la consolidación del desarme de las Farc, incluido que uno de los negociadores de ese grupo estuviere negociando el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos, se le sumaba uno que no podía pasar: el de una eventual corrupción.

A opinión pública nada le hará cambiar la idea de que la plata de la paz se la robaron, como la gente cree que se roban todo. Incluso los analistas cuando hagan evaluaciones de la implementación del proceso señalaran que hubo corrupción en su ejecución.

El resultado de las investigaciones nada hará cambiar porque la gente cree en las acusaciones de la fiscalía, pero no en las absoluciones.

Claro que si los avivatos estaban preparando unos delitos para robarse una plata deben castigarlos con severidad, aunque me temo que por no haber alcanzado a consumar su delito rápidamente van a estar en libertad y si llegan a ser condenados lo serán con unas penas menores, pero una cosa es que unos particulares quisieran aprovecharse de esa especie de “oportunidad” y otra que el proceso de asignación de los recursos esté tomado por la corrupción.

La mayor desgracia del proceso es que muchos celebran las dificultades, los errores y los fracasos como si esos no nos afectaran a todos. Están imbuidos de tanta mezquindad que prefieren desprestigiar el acuerdo o caerle por enésima vez a Santos a reconocer que terminar con las Farc había sido el propósito inacabado de nuestra sociedad por décadas y que el acuerdo lo logró. 

Compartir
0
Preloader
  • Amigo
  • Lector
  • Usuario

Cargando...

Preloader
  • Los periodistas están prendiendo sus computadores
  • Micrófonos encendidos
  • Estamos cargando últimas noticias