Las principales zonas cocaleras del país están en zonas con presencia de las Farc. Las zonas de mayor producción son el suroccidente del país (especialmente Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá), el Guaviare, el centro del Chocó, el sur de Bolívar, el noreste antioqueño y el Catatumbo en Norte de Santander, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En todos ellos hay presencia importante de las Farc y son frecuentes las acciones de esa guerrilla.

Las Farc se financian con la coca (inicialmente solo con el cultivo, en la última década cada vez con más frecuencia con el narcotráfico), pero también ayudan a regular la producción a través de impuestos como el ‘gramaje’, la definición del precio de compra y el monopolio de la compra de toda la producción. Por eso han sido un obstáculo para las labores de erradicación con campos minados, amenazas y asesinatos a erradicadores, por ejemplo.

Se calcula que 60 por ciento de los cultivos ilícitos de coca está controlado por las Farc, según un estudio de Daniel Mejía Londoño y Daniel Mauricio Rico publicado en el libro Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. En 2003, el Banco Mundial estimaba que las Farc recibían anualmente mil millones de pesos sólo por el control del cultivo de coca.

Entonces, necesariamente si se quiere atacar el primer eslabón de la cadena del narcotráfico hay que contar con las Farc. Y para la guerrilla sería insostenible cualquier acuerdo de paz que solucione su problema pero no el de las comunidades cocaleras que han vivido bajo su control y que constituyen su base social más firme.

Además, si las Farc se retiraran del negocio de los cultivos, pero éste permanece ilegal, otros grupos armados ilegales entrarían a competir por él. Dada la ilegalidad del negocio, tener un grupo armado ilegal que lo regule es fundamental. Por eso, es mejor encontrar una solución que convierta a las Farc en aliados de la solución y no en parte del problema.

Mapa del informe Monitoreo de cultivos de coca (2012) de la Unodc

En Estados Unidos con las consultas sobre uso medicinal de la marihuana, que ha sido aprobada en ocho estados, y más aún con su despenalización del consumo en los estados de Colorado y Washington la discusión sobre las drogas está abandonando las políticas prohibicionistas y tratando de encontrar fórmulas intermedias. Eso ya viene ocurriendo hace décadas en naciones europeas como Portugal y los Países Bajos.

La propuesta de las Farc va en ese sentido, en momentos en que cada vez más líderes políticos de talla internacional abogan por una revisión a la política mundial contra la droga, como los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria e incluso presidentes en ejercicio como el guatemalteco Otto Pérez Molina o el uruguayo José Mujica.

Esta propuesta, de ser acogida por el Gobierno, le abriría a Colombia un protagonismo diferente en esta nueva discusión.

Las Farc no están dispuestas a negociar si eso implica abandonar las bases sociales que han construído durante 40 años y si no pueden conseguir sus mismos objetivos por medios alternativos a las armas. Desde que en los años ochenta las Farc tomaron la decisión de meterse en el cultivo de coca, las comunidades bajo su influencia han vivido primordialmente de esta economía ilegal. Encontrar una nueva economía para estas comunidades es un paso previo primordial para que la guerrilla piense en dejar las armas.

Y en caso de que los diálogos con las Farc prosperen, la seguridad en las zonas productoras de droga será un factor clave para la eventual participación del grupo en la política local. “Es un tema fundamental porque si no se logra reducir el peso de los cultivos ilícitos en las economías locales, el posconflicto va a ser muy violento en esas zonas donde se encuentran. Sería muy difícil evitar que lleguen a disputar esos territorios otros grupos armados o que se rearmen sectores mismos de las Farc. E incluso podría suceder lo mismo que con la Unión Patriótica”, le dijo a La Silla Ariel Ávila, investigador de la Corporación Arco Iris.

La propuesta de las Farc es, a la larga, tanto económica como política. Económica, porque si se desmovilizan pero los cultivos ilícitos se mantienen, sus zonas de influencia seguirán viviendo la zozobra, en cambio, con cultivos lícitos podrán aprovechar mejor las utilidades del negocio. Y política porque de lograrlo las Farc habrán logrado alcanzar una de las más fuertes reivindicaciones de su base popular. 

Uno de los temas claves en las negociaciones con las Farc en La Habana es el desarrollo rural. Estudios como los que ha realizado Daniel Mejía Londoño, coautor de Políticas antidroga en Colombia con el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, han comprobado que la coca deja un margen de ganancias muy bajas al campesino, por lo que -en la teoría- no debería resultar difícil encontrar productos que puedan sustituirla en la economía campesina.

Sin embargo, en la práctica el mayor obstáculo para los cultivos de sustitución como los palmitos es que no existen cadenas de comercialización que permitan la salida al mercado de estos productos y su venta a precios competitivos. Y la infraestructura es precisamente uno de los puntos que más dificultan su distribución. Esta es, según Mejía, una de las razones primordiales para que muchos de los campesinos vuelvan a cultivar coca.

Si se legalizara el cultivo de coca, la consolidación de estos territorios por parte del Estado sería menos difícil, pues para comenzar, el Estado podría entrar a estas zonas y construir infraestructura. Los altísimos costos de transporte para sacar los productos lícitos son uno de los incentivos más grandes que tienen los campesinos para cultivar la hoja de coca.

En todo caso, para Mejía es necesario que los programas de desarrollo alternativo se implementen con una visión integral de la problemática, y no -como ha sucedido con la mayoría- de manera aislada. El mejor ejemplo a seguir podría ser es el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM) que dirigió Álvaro Balcázar en cuatro municipios del Meta.

Este proyecto, planteado a largo plazo y enmarcado en el plan de consolidación del Gobierno, está basado en un plan de desarrollo económico regional de carácter integral que ya ha obtenido resultados favorables a corto plazo, según un estudio del propio Mejía, Ana María Ibáñez y María José Uribe.

Hoy en día la lucha contrainsurgente y la lucha antinarcóticos terminan teniendo objetivos encontrados porque lo primero que hace el Ejército cuando llega a una zona bajo influencia de la guerrilla es tratar de acabar con la economía de la droga. Esto lleva a criminalizar a la mayor parte de la comunidad, que vive de los cultivos. Esto conduce, a su vez, a que -aunque odien a la guerrilla- terminen viendo en la Fuerza Pública a un enemigo más que a un aliado pues les acaba su principal fuente de ingresos.

“En general, entre más fuertes son las estrategias de erradicación -como la fumigación-, mayor es el costo en legitimidad para las instituciones del Estado en esas zonas donde la economía gira en torno al cultivo. Al dejar al campesino en una situación muy difícil y sin alternativas, la desconfianza en el Estado crece”, le dijo a La Silla el politólogo Miguel García Sánchez, quien ha estudiado la relación entre el negocio de la droga y la cultura política.

Esta propuesta de las Farc permitiría al Estado entablar un tipo de relación muy diferente con las comunidades y facilitaría la consolidación de territorios donde si se acaba la guerrilla surgirían o ya están otros grupos criminales pues verían que el Estado está de su lado. Es por esto que, por ejemplo, en Afganistán se decidió dejar de combatir el cultivo de drogas, que a la larga perjudicaba al Gobierno en su lucha contra Al Qaeda pues ponía a las comunidades del lado de los talibanes.

A pesar de que a nivel internacional el fracaso en la actual política antidrogas genera cada vez mayor consenso, Colombia ha sido lenta en reconocerlo. En diciembre, la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa anunció la creación de una Comisión Asesora en Política de Drogas, que busca evaluar los resultados y el impacto de las estrategias en materia de política antidrogas de los últimos 10 años. Correa aún no ha develado cómo trabajará la Comisión ni quiénes la integrarán, pero varios de los investigadores en temas de drogas le confirmaron a La Silla que esperan un anuncio al respecto muy pronto.

Como contó La Silla en agosto pasado, una de las recomendaciones más importantes que hizo la Comisión Asesora en Política Criminal al Gobierno de Santos fue que Colombia debería liderar el debate mundial de la política antidrogas. A nivel interno, recomendó no penalizar ni criminalizar la dosis personal.

De ser acogida la propuesta de las Farc, permitiría a Colombia un protagonismo en el área que más le concierne -la producción- y que tiene que ver con su parte en el eslabón del negocio.