Robledo vs Restrepo: la pelea por la verdadera 'revolución agraria'

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Hoy el Presidente Santos marchará con las víctimas del despojo para rechazar la violencia contra aquellos que reclaman su derecho a la restitución y para demostrar su compromiso con lo que él ha llamado una verdadera ‘revolución agraria’.

El Senador del Polo Jorge Enrique Robledo ha sido uno de los más grandes críticos de la política agraria del gobierno Santos, cuando el presidente ha dicho que está haciendo una verdadera reforma agraria. 

El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo ha respondido a varios derechos de petición del senador Robledo, y además a defendido la labor 'histórica' de Santos en respuesta públicas al senador y a otros líderes de opinión como Daniel Samper. 

Juan Manuel Santos anunció hace dos semanas que realizaría varias marchas junto a las víctimas y que su gobierno estaba realizando una verdadera 'reforma agraria'. Sus palabras, han sonado exageradas al mirar las cifras y la entrega de tierras que ha hecho en los 18 meses de su gobierno.

Foto: www.presidencia.gov.co

Hoy el Presidente Santos marchará con las víctimas del despojo para rechazar la violencia contra aquellos que reclaman su derecho a la restitución y para demostrar su compromiso con lo que él ha llamado una verdadera ‘revolución agraria’.

Pero su primera marcha se da justo cuando su promesa agraria quedó en entredicho esta semana por una pelea entre el  Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, quien acusa a Santos de hacer más 'show' que cambios reales a favor de los desposeídos.

El presidente Santos intervino primero en la pelea y en una declaracion pública el miércoles dijo que la ley de restitución de tierras tiene “enemigos que están tratando de tergiversar los hechos y desprestigiar la Ley por razones eminentemente políticas”.

Aunque no menciona al senador, para la oficina de Robledo fue claro que el enemigo que mencionaba Santos no era otro que este congresista.

Robledo es senador de la Comisión Quinta, que se encarga de los temas agrícolas, y desde allí se ha lucido como congresista en los últimos años: fue uno de los más fuertes críticos de Andrés Felipe Arias en el caso de Carimagua, y también fue quién le hizo a los dos Ministro de Uribe (Arias y Fernández) debates de control político por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y por el que ahora están siendo investigados.

Por eso, cuando Santos decidió tomar el tema agrícola como bandera, Robledo se convirtió en su natural contradictor.

Y desde diciembre, el senador viene denunciando cómo el Gobierno engloba cifras para demostrar que Santos, hasta el momento, no ha hecho ninguna revolución agraria.

En respuesta al ataque de Santos, Robledo envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas Terry Morel en la que explica su posición, y las cifras que recogió para decir que este Gobierno no es muy distinto de los anteriores, que no se caracterizaron por ser revolucionarios.

Esta discusión se ha convertido en una pelea política en la que Santos y Robledo se juegan su reputación como defensores de los campesinos sin tierra y en la que ambos le ponen el foco solo a cierta esquina de la verdad.

¿Una verdadera ‘revolución agraria’?

El 3 de agosto de 2010 Presidencia sacó un comunicado titulado el “Gobierno superó la meta de entregar en su primer año 350 mil hectáreas de tierras a víctimas de la violencia”, en el que Santos dijo que en Colombia “estamos haciendo una verdadera revolución agraria”.

La Unidad de trabajo legislativo de Robledo decidió verificar esa cifra y encontró que era parcialmente cierto.

Al mismo tiempo que Presidencia publicó ese comunicado, que suena histórico para las víctimas, el Ministerio de Agricultura explicó las 350 mil hectáreas con menos pasiones: de esas, dice, solo 14,278 son de restitución a víctimas. El resto fueron adjudicaciones de baldíos a campesinos no víctimas, o ampliación de resguardos, o formalización de títulos a comunidades negras. Aunque el Ministerio de Agricultura aclaró la diferencia, lo que quedó registrado ante las cámaras fue el anuncio publicitario de Santos: que el Gobierno le dió las 350 mil a las víctimas.

Otro caso que generó molestias a Robledo tiene que ver con la hacienda ‘Las Catas’.

Esta es una hacienda que fue incautada por la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2005 a los herederos de los hermanos Moncada (miembros del Cartel de Medellín asesinados por Pablo Escobar en La Catedral) y entregada ese mismo año provisionalmente a 304 familias de campesinos y desplazados. Aunque estos no tenían aún los títulos -porque las tierras estaban en proceso de extinción de dominio- viven allí desde entonces.

En diciembre del 2011, el Incoder culminó el proceso de extinción para entregar los títulos. Y el 12 de enero, día en el que el Incoder entregó los títulos de propiedad sobre las tierras que los campesinos usufructaban desde el 2005, Santos volvió y dijo que ese día iniciaba la Gran Revolución Agraria. “Y hoy, muchos años después, lo que estamos haciendo es que ese predio que era de una sola persona, que pasó por ese proceso, se lo estamos entregando a más de 300 familias y les estamos dando la ayuda para que ese predio se vuelva un predio productivo”, fueron sus palabras.

En casos como estos, el diablo está en los detalles. Por un lado Santos no niega que hubo un ‘proceso’ anterior. Pero también hace propaganda de lo que le tocó a su Gobierno: entregar finalmente los títulos de una tierra que el Incoder ya había prometido y entregado desde 2005.

Y esa propaganda, es lo que molesta. Para el senador del Polo, los detalles sí importan. Y no sólo a él.

En su última columna en El Espectador, la periodista María Teresa Ronderos también manifestó su preocupación por la forma como Santos presenta sus resultados: “Preocupa, sin embargo, el uso libre de estadísticas para inflar los logros en materia de restitución. Dicen que han adjudicado 852 mil hectáreas a 33 mil familias (...). La verdad precisa es distinta. La cifra incluye la titulación de tierras baldías, la formalización de tierras colectivas de comunidades afro e indígenas, la entrega de tierras a campesinos que no son desplazados e, incluso, la regularización de terrenos como parques naturales y humedales".

 

El total agrícola

 

La evaluación que hace Ronderos de las cifras oficiales de Santos es precisa. Actualmente existen cinco procesos distintos de entrega de tierras, además del de restitución de tierras que arrancó en este gobierno.

Por medio de derechos de petición, la Unidad Legislativa de Robledo recogió el número de hectáreas que fueron entregadas cada año durante los últimos cuatro gobiernos y comparó lo hecho por Santos en 2011 con el promedio de los últimos 20 años. Estos son los resultados. 

1. En el Gobierno de Santos, en 2011 se adjudicaron 2.535 hectáreas de tierras por extinción de dominio. Esta cifra está solo ligeramente por encima del promedio de lo entregado cada año (entre 2004 y 2008) por el gobierno de Uribe, que fueron 2.380 hectáreas por año.

2. Cuando se creó el Incoder, que pasó a reemplazar al antiguo Incora, se creó también el Fondo Nacional Agrario, con el fin de 'sanear los títulos' de algunos predios entregados por el Incora, pero que todavía no estaban registrados en los listados oficiales del Ministerio de Agricultura.  Durante el 2011 se sanearon 3.343 hectáreas, mientras que el promedio en el Gobierno de Uribe por año entre el 2004 y el 2010 fueron 1.516 hectáreas.

3. El Subsidio Integral, el tercer tipo de titulación a campesinos, consiste en que cuando un campesino sin tierra quiere hacerse poseedor de un título en particular, puede presentar una solicitud al Gobierno para hacer la compra y este -después de hacer un estudio sobre la tierra- decide comprar el título que es interés del campesino.

Durante el Gobierno de Uribe, el promedio por año fue de 7.062 hectáreas entregadas por medio de Subsidio Integral. En el Gobierno de Santos, durante el 2011, fue inferior: 5.840 hectáreas.

4. Otro tipo de entrega de tierras son los baldíos colonos: entregas de títulos de tierras que pertenecen a la Nación a campesinos en zonas que nunca han sido adjudicadas. En este caso -a diferencia de los dos anteriores- se puede ver el número de adjudicaciones en los gobiernos de Gaviria, Samper y los dos de Uribe. Al promediar lo que entregaron estos cuatro gobiernos por año, fueron 342.521 hectáreas. En el Gobierno de Santos, en el 2011, fueron 345.299 hectáreas. No hay mucha diferencia.

5. El quinto proceso, se divide en dos partes: la adjudicación de títulos a comunidades afrocolombianas, y el saneamiento o ampliación de resguardos indígenas.

En los últimos cuatro gobiernos, por año, se adjudicaron 248.626 hectáreas baldíos afro por año y 332.138 hectáreas en saneamiento o ampliación de resguardos indígenas.

Si se compara con el gobierno de Juan Manuel Santos, las cifras parecen mucho más bajas: 79.947 hectáreas para afrocolombianos, y 57.265 para indígenas.

Sin embargo, sobre este punto, en diciembre, el Ministro Juan Camilo Restrepo envió una carta al senador Robledo explicando que la cifra del pasado estaba elevada porque hubo un pico en el 2001 durante el Gobierno de Pastrana que sube el promedio general. Y si se mira solo el Gobierno del ex presidente Uribe, los resultados están muy debajo del promedio. En 2008, por ejemplo, Uribe solo entregó 1.730 hectáreas para afros y 0 para saneamiento o ampliación de resguardos indígenas.

Si se suman entonces solo los cuatro primeros casos de entrega de tierras, junto con 18.119 casos de restitución a víctimas (que se dieron por órdenes judiciales anteriores a la ley de víctimas y restitución de tierras), Santos entregó en 2011 375.140 hectáreas. Los cuatro gobiernos anteriores, 387.080 hectáreas en promedio por año.

Visto así, Santos está dentro del promedio o un tilín por debajo y acá no ha arrancado ninguna revolución agraria, como dice Robledo.

(Haga click aquí para consultar el cuadro con las cifras oficiales recogidas por medio de derechos de petición al Incoder y al Ministerio de Agricultura)

La otra cara de la moneda

 

Pero si bien estas cifras aportan al debate sobre la ‘revolución agraria’ de Santos, no son tampoco la última palabra. Las cifras no lo dicen todo.

Por un lado, más hectáreas tituladas no implican obligatoriamiente un avance en la redistribución de la tierra. “Podríamos titular todo el Vichada a una comunidad y eso subiría las cifras oficiales”, dijo a La Silla un funcionario que ha acompañado al Ministro Restrepo en esta pelea. “Pero eso no quiere decir que más hectáreas adjudicadas impliquen un mejor resultado global.” O en el peor de los casos, si se titulan varios predios a grandes empresarios en el Vichada, como ha sucedido en el pasado, las cifras suben, pero no se está haciendo una verdadera ‘justicia’ agraria con el pequeño campesino.

En una carta al Senador Robledo en diciembre, el Ministro de Agricultura le pide que reconozca que procesos jurídicos de restitución que estaban congelados, como el de Chivolo en el Magdalena, o Curvaradó y Jiguamiandó en Chocó, volvieron a reactivarse en el gobierno de Juan Manuel Santos.

“También están los casos de las reservas campesinas”, dijo a La Silla este funcionario. Estas reservas son adjudicadas a comunidades campesinas, donde prevalece la pequeña propiedad y que fueron estigmatizadas durante el gobierno anterior como aliadas de la guerrilla. “El gobierno de Uribe las congeló, y el de Santos las reactivó. Ocho reservas campesinas en el Magdalena Medio, en el Putumayo, que dejaron de recibir apoyo para proyectos de desarrollo, ahora volvieron a recibir este apoyo”.

Otro tema que ha sido clave en este gobierno, y que marca la diferencia frente al anterior, es el del saneamiento de títulos. La Superintendencia de Notariado y Registro ha hecho una labor importante en identificar en las zonas donde ha habido alta concentración de tierras y de despojo, qué títulos fueron obtenidos de manera fraudulenta en las notarías. Con esto ha podido expedir autos en los cuales esos títulos entran en un proceso de evaluación de la propiedad y así podrían más temprano que tarde volver a manos de los campesinos.

El tema no está en las cifras, sino en los detalles, es lo que ha intentado explicar el Ministerio de Agricultura en este pulso con el senador Robledo. Y en eso puede tener razón. De nada sirve mirar si el Gobierno de Uribe adjudicó más baldíos, si estos fueron adjudicados a despojadores, como ya se ha denunciado que hizo en algunos casos el Incoder. O si entregó títulos en Parques Naturales, en páramos, o en resguardos indígenas.

Mezclar peras con manzanas


Entre las cartas del Ministro de Agricultura y las estadísticas de Robledo, el tema de la entrega de tierras ha terminado en medio de una pelea política peligrosa.

Por un lado, Santos está mezclando ‘peras con manzanas’ cuando convenientemente no reconoce en los titulares de sus comunicados y discursos -reproducidos textualmente por los medios tradicionales- la diferencia entre lo que es restitución, formalización o entrega de baldíos. Y dice que ya está ocurriendo un proceso histórico.

Pero por otro lado, al basarse el senador Robledo solo en las cifras y decir que las cosas siguen como estaban, desconoce procesos importantes como el de las reservas campesinas, donde no se entrega un solo título pero se reconocen los derechos de comunidades que necesitan apoyo institucional para trabajar.

Quizás el punto más delicado, es qué cambia realmente con la Ley de Restitución de Tierras. Por ahora, el Presidente no puede mostrar resultados significativos, salvo en el plano simbólico al poner el tema de las víctimas en un lugar prioritario de la agenda pública (que ya es algo).

Primero, porque solo hasta esta semana comenzó el proceso de contratación de los jueces agrarios que deben fallar todos los procesos que han sido presentados (y seguirán presentándose) ante la Unidad de Tierras. Como explicó la Revista Semana, estos jueces han debido ser contratados para el 16 de enero y, aunque el Gobierno giró a tiempo el dinero, hasta el domingo pasado el Consejo Superior de la Judicatura no había comenzado el proceso.

Y por otro lado, como lo explicó Jorge Humberto Botero, blogger en La Silla Vacía, es difícil que los 120 jueces agrarios que piensa conseguir el Ministro puedan resolver en 10 años, tiempo que tiene vigencia la ley de restitución, los 350.000 casos de despojos que estima el Gobierno. Cada juez tendría que emitir 291 sentencias por año, lo que resulta una tarea titánica.

Y si tan solo quiere restituir los 160 mil casos que Santos se ha propuesto en los tres años que le quedan de mandato, los jueces tendrían que emitir 133 sentencias al año, lo que también es una cifra imposible. Y mucho más, dada la complejidad que tienen estos procesos y el poder que tienen los que despojaron la tierra.

Por eso este proceso de restitución de tierras se moverá permanentemente entre la ilusión y la frustración. En la marcha de hoy en Necoclí es probable que el Presidente Santos vuelva a mencionar que su gobierno es el gobierno de la ‘revolución agraria’. Eso, de acuerdo a las cifras y el enorme reto que tienen los jueces agrarios, todavía está en ‘veremos’. La 'revolución' todavía  está por darse, pero las bases que ha ido sentando este Gobierno son un buen precedente.

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