Pruebas de fuego presidenciales

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Santos tomó la decisión de asistir a la audiencia pública en la Corte Constitucional para subrayar su compromiso con la solución negociada del conflicto armado. La decisión presidencial es valiente y necesaria

El próximo jueves el Presidente Juan Manuel Santos asistirá a la Corte Constitucional para defender personalmente en audiencia pública el marco jurídico para la paz y unas horas después se enfrentará a un estadio lleno ante el que deberá dirigir algunas palabras de bienvenida a las delegaciones extranjeras en la inauguración de los Juegos Mundiales en Cali.

Son dos escenarios completamente distintos pero históricamente difíciles para los Presidentes.  En el primero, está en juego una base fundamental del proceso de paz con la guerrilla de las Farc y en el segundo, un termómetro de su popularidad del que no han salido bien librados muchos Presidentes en el mundo.

Santos tomó la decisión de asistir a la audiencia pública en la Corte Constitucional para subrayar su compromiso con la solución negociada del conflicto armado. Como lo hizo el 9 de abril, cuando participó en una marcha convocada originalmente por sectores de izquierda, el Presidente corre directamente los riesgos del proceso de paz.

La decisión presidencial es valiente y necesaria. El proceso de paz de La Habana requiere de un cada vez más decidido liderazgo presidencial. La apuesta política grande de Santos está ahí, en eso no hay que equivocarse y la coyuntura política y la oposición de la derecha a su Gobierno y al proceso de paz lo obligan a estar al frente –sin ningún tipo de dudas- de quienes apoyan la negociación.

La inmensa mayoría de los sectores políticos y sociales de Colombia están de acuerdo con intentar resolver el conflicto con las Farc por la vía negociada.  Sin embargo, hay un sector de la ciudadanía –aunque minoritario, representativo- que todavía se opone en forma férrea. Las decisiones de la paz requieren el mayor consenso posible y por eso el liderazgo presidencial es definitivo.

Hizo bien el Presidente en presentar él mismo el alegato ante la Corte que si bien es sobre algunas expresiones del artículo que contiene el marco jurídico para la paz, lo cierto es que es el primer gran pronunciamiento de ese Tribunal en el contexto de un acuerdo posible con las Farc. Cualquiera sea el sentido del fallo de la Corte en este caso, quedarán sentadas las bases de los límites del eventual acuerdo de La Habana.

Es la segunda vez que un Presidente acude a la Corte Constitucional. Hace diez años, Uribe decidió ir a defender el proyecto de referendo en el que se proponían varias modificaciones constitucionales y que a la postre perdió porque no alcanzó el mínimo de votos necesarios para que la votación popular fuera obligatoria.

En esa audiencia, que duró casi 12 horas, Uribe –que habló de último y permaneció en el recinto durante toda la audiencia- enfrentó al excandidato presidencial Carlos Gaviria, el más lúcido opositor al referendo y al Procurador Edgardo Maya quien pedía la inconstitucionalidad de la mayor parte del mismo. La Corte finalmente en su sentencia estuvo del lado del Presidente aunque con importantes modificaciones en la redacción de las preguntas.

Los rivales de Santos en esta oportunidad serán voceros de la derecha que se oponen al proceso de paz encabezados por el Procurador Alejandro Ordóñez. Hay un rumor no confirmado de que a la audiencia llegaría el expresidente Álvaro Uribe, a nombre del Centro Democrático, movimiento que fue invitado. Sería para él el escenario perfecto para lanzar las frases efectistas de “paz sin impunidad” o de “paz sin elegibilidad” con las que resume su campaña al Senado.

La audiencia en la Corte es una gran oportunidad para el Presidente Santos de asumir sin ambages el liderazgo de quienes estamos a favor del proceso. Los contradictores son oradores que acuden al sofisma y al farragoso lenguaje seudo-jurídico para esconder que defienden sus convicciones políticas.

El Procurador dirá que no se trata de una posición ideológica o partidista sino de la defensa de la Constitución. Él cree que no es legítimo defender sus posiciones ideológicas y pretende, sin lograrlo, esconderlas. Santos deberá –en cambio- defender su postura sin ropajes jurídicos. La suya es una posición política a favor de la paz negociada que –además- ha recibido un amplio apoyo tanto nacional como internacional.

Lo de los abogados que lo hagan los abogados, al Presidente le corresponde subrayar el valor político de la paz y mostrar que es un propósito por alcanzar para cerrar el proceso constituyente de 1991, cuyo producto, la Constitución, se definió como una tratado de paz. No habría mayor paradoja que esa Constitución ahora impida una solución negociada que la inspiró siempre.

El Presidente saldrá de la Corte para Cali. Literalmente a la boca del lobo. Como lo muestra una nota del periódico El Pueblo de Cali, las inauguraciones de eventos deportivos importantes suelen ser termómetros políticos implacables. La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acaba de recibir un enorme abucheo en la inauguración de la Copa Confederaciones que le impidió hablar.

El periódico recuerda que a Lula, en su máxima popularidad, lo chiflaron en el Maracaná y no pudo intervenir en la inauguración de los Juegos Panamericanos y que Alfonso López Michelsen tampoco pudo hablar en Medellín en la inauguración de los Juegos Centroamericanos.

La situación en Colombia está agitada. Es comparable en magnitud, aunque no en características, a lo que ocurre desde hace semanas en Brasil.

Los asesores presidenciales –que en estas materias no han demostrado ser muy acertados- deberán estar alerta. Ya se equivocaron llevando al Presidente a Cali a una entrega de guerrilleros del ELN a la que nunca debió ir Santos.

El mismo día el Presidente se somete a dos pruebas que pueden marcar, en mucho, su futuro político y la primera también el futuro del país.

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