Ochenta mil millones de los bogotanos a la basura y Petro no sacó a los privados

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Cinco debates en el Concejo de Bogotá y los pronunciamientos de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso informes de prensa, todos advirtiendo dudas, no bastaron para que el alcalde Gustavo Petro desistiera de imponer un esquema de basuras que parece haber llegado a su final, con costosas consecuencias para los bogotanos y sin haber ni siquiera despegado del todo a pesar de que prometía traer beneficios a todos los recicladores de la ciudad.

Cinco debates en el Concejo de Bogotá y los pronunciamientos de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso informes de prensa, todos advirtiendo dudas, no bastaron para que el alcalde Gustavo Petro desistiera de imponer un esquema de basuras que parece haber llegado a su final, con costosas consecuencias para los bogotanos y sin haber ni siquiera despegado del todo a pesar de que prometía traer beneficios a todos los recicladores de la ciudad.

En el que parece el último capítulo de la novela de las basuras que comenzó en diciembre de 2012, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó en última instancia una decisión de abril pasado que ordena cesar el modelo de aseo de Petro por considerarlo “inconstitucional e ilegal”, y que multa a 10 funcionarios (incluido Petro) por 1.500 millones de pesos en total y a tres entidades del Distrito por 80 mil millones de pesos entre todas.

La SIC dio un plazo de seis meses para que en Bogotá vuelva a regir la libre competencia, que según esa entidad es el derecho que el esquema de Petro violó, lo que en la práctica significa que cualquier empresa pública o privada podrá a entrar a la ciudad para prestar el servicio de recolección de basuras.

Otra opción es que en ese periodo entre a regir la competencia con áreas de servicio exclusivo que deber ser aprobadas por la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico, CRA. La Superintendencia dijo que en cualquier caso se debe mantener la participación en el negocio de la población recicladora, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional.

“Por desprivatizar un servicio público e incluir a los recicladores debo pagar 400 millones de multa. Mi patrimonio personal se ha extinguido”, trinó Petro después de conocerse la noticia contra la cual no procede ningún recurso.

Pero más allá del drama personal del mandatario y de los demás empleados públicos -que deberán cancelar de su patrimonio montos que van de los 19 a los 410 millones de pesos- está la realidad de los bogotanos que tendrán que pagar por la decisión castigada a Petro 80 mil millones de pesos así: 61 mil millones la Empresa de Acueducto, 17 mil millones la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y 1.330 millones el operador público Aguas de Bogotá. Todo de dinero público que vuelve al Estado pero no a las arcas de Bogotá.

El asunto ya tiene a algunos (como los concejales María Victoria Vargas y Antonio Sanguino, que lideraron debates a las basuras en el Concejo) pensando en la incidencia que tendrá el castigo en las finanzas de estas entidades, especialmente de Aguas de Bogotá que este año ha atravesado dificultades financieras debido a que -por lo menos a marzo- a la empresa no le alcanzaban sus recursos para cubrir sus costos operacionales y a corte de diciembre de 2013 tenía un déficit de 5 mil millones de pesos.

“Aguas de Bogotá es una caja negra, una entidad en la que nada es claro, no se sabe para dónde va en términos financieros ¿Qué van a hacer para no poner en riesgo sus finanzas? ¿van a subir las tarifas de aseo?”, le dijo a La Silla la liberal María Victoria Vargas, quien hace tres meses denunció inconsistencias en los balances financieros de ese, el operador público que sin mayor experiencia tiene a cargo la recolección de las basuras en la mitad de la ciudad por decisión del Alcalde.  

La Silla intentó comunicarse con el Acueducto (del que Aguas de Bogotá es filial) y con la Uaesp para preguntar por este impacto fiscal, pero no fue posible. En el Acueducto dijeron que van a demandar el fallo ante el contencioso. Un asunto que, sin embargo, no los exime de pagar la multa en los próximos días, a menos de que el Consejo de Estado dicte medidas cautelares.

En la Uaesp, la directora dice que no se pronunciará hasta que no la notifiquen oficialmente de la decisión de la Superintendencia.

Las tres entidades, y así se lo explicaron a La Silla en la SIC y en el Acueducto, tienen la posibilidad de acordar un plan de pagos para pagar en cuotas y que el efecto financiero no sea tan fuerte. Pero no es difícil prever que no será sencillo, teniendo en cuenta por ejemplo que la multa al Acueducto equivale a la mitad de sus utilidades en 2013.

Las utilidades del Acueducto, por cierto, bajaron de 175 mil millones de pesos en 2011 a 120 mil millones de pesos el año pasado, segín cifras oficiales que le dio a La Silla el Concejal Sanguino.

Un año y nueve meses duró el modelo del aseo del Alcalde de la Bogotá Humana en medio de críticas y de una profunda crisis institucional por la destitución inédita -y posterior reintegro gracias a un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá- a Petro por parte de la Procuraduría, que considera que él cometió tres faltas disciplinarias gravísimas en la implementación de su iniciativa.

Pero también hubo guiños al proyecto petrista de las basuras. Hace un mes la todavía ministra de Ambiente Luz Elena Sarmiento, en la inauguración de la conferencia sobre desarrollo sostenible Río+20, dijo que el modelo de aseo de Bogotá con la recolección separada de los residuos y el material reciclaje y la inclusión de los recicladores sería impulsado en todo el país. Además en febrero en un fallo de primera instancia un juzgado estipuló que el demandado decreto de Petro cambiando el esquema de la basura era legal.

Esos dos asuntos han sido destacados por Petro en su twitter para defender la propuesta.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de lado y lado y de la misma sanción de la SIC, ¿qué logró en concreto la apuesta de Petro que lo enfrentó a buena parte de los ciudadanos y del establecimiento? La respuesta es: no mucho. Y en cualquier caso, no todo lo que prometió el Alcalde.

Privados siguen contratados, no todos los recicladores se han beneficiado y no se recicla más

Enarbolando la causa de los recicladores de la ciudad (cuya inclusión en el negocio de la basura no fue un invento de Petro sino una orden de la Corte Constitucional), el Alcalde de Bogotá anunció en 2012 la creación de un operador público del aseo para la capital, lo que se interpretó como la salida de los privados, a los que señaló de tener ganancias exorbitantes y sobre quienes llegó a referirse como “mafia paramilitar”.

Esas eran las dos ideas básicas del modelo que Petro vendió a la ciudad: que los privados se irían y se acabarían sus ganancias excesivas y que la población recicladora se vería beneficiada.

Hoy, y aunque ni en el Acueducto ni en la Uaesp quieren hablar, La Silla supo que tres de los cuatro operadores privados a los que el mandatario señaló de mafias siguen contratados por el Distrito con contratos a término indefinido o hasta que se haga una licitación de basuras.

Ciudad Limpia se gana 3.900 millones de pesos al mes, Lime 2.900 millones y Aseo Capital 3.300 millones Su tarea es recolectar la basura.

Entre las tres prestan el servicio al 48 por ciento de la ciudad, mientras que el público Aguas de Bogotá cubre el 52 por ciento.

Al no tener la experiencia Aguas de Bogotá, al principio Aseo Capital y Lime firmaron otrosíes en sus contratos, con una mayor ganancia, para apoyar la prestación de su servicio.

Incluso hoy Aguas de Bogotá tiene arrendada una base operativa en Fontibón que pertenece a una empresa de la cual es socio el empresario William Vélez, dueño de Atesa, el cuarto operador que no fue contratado. Atesa también le alquiló un tiempo unos equipos de recolección de basuras al operador público.

Esos privados ahora ganan un poco menos de lo que ganaban antes, como lo contó La Silla poco tiempo después de que entrara el nuevo esquema del aseo. Sin embargo, esas empresas ahora tienen unas ventajas: no tienen la concesión, sino que están contratados por la Uaesp para operar. Eso significa que reciben un pago mensual que no depende de lo que se recaude vía tarifa. Es decir, tiene menos riesgos y un ingreso fijo.

“La cartera ahora es un problema del Acueducto y no de nosotros”, le dijo a La Silla una persona de los privados.

Pero además, dos de los privados (Lime y Aseo Capital) aún hoy mantienen el negocio de la facturación con un contrato que va hasta el próximo 1 de noviembre y que entre junio de 2013 y agosto de este año ascendió a 22 mil millones de pesos.

Antes del esquema de Petro, esos privados tenían la facturación (igual que ahora con el Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial del Servicio de Aseo, Cupic, creado por los operadores en 2003), pero ellos corrían con ese gasto pues hacía parte de la concesión. Ahora les pagan por ello. Y aunque no es claro si tienen más o menos utilidad que antes, este hecho evidencia que tampoco la facturación se ha podido desprivatizar.

El Acueducto intentó hacer la facturación un tiempo, pero tuvo inconvenientes y por eso volvió a contratar los privados del Cupic en junio del año pasado.

Entre las tareas de los privados del Cupic está además atender las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de Aguas de Bogotá, el operador público. Lo que evidencia que esa parte no la logró estatizar Petro.

En cuanto a la inclusión de los recicladores, como lo contó ayer La Silla, de 20.643 recicladores registrados en el Ruro, que es el Registro Único de Recicladores de Oficio que creó la Administración, 7.419 tienen carnet de recicladores de oficio y 8.112 tienen cuenta en el banco para recibir un pago por reciclar.

Sin embargo, apenas el 45 por ciento de los recicladores inscritos en el Roru registra haber llevado material reciclable a los centro de pesaje 24 veces en 18 meses.

Cada reciclador que esté llevando su material a los centros de pesaje autorizados por el Distrito recibe 87 pesos por kilo de material reciclable.

Las cifras de Planeación en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo señalan que durante los primeros seis meses de este año el Distrito pagó 10.579 millones de pesos a 22.055 recicladores de oficio (aunque dicen esas mismas cifras que en Roru hay apenas 20.643 recicladores). Según esos datos, cada reciclador recibió 80 mil pesos mensuales por reciclar. Es decir, cada reciclador logró reciclar menos de una tonelada mensual.

Además de eso, el hecho de que al relleno Doña Juana actualmente estén entrando en promedio unas 6.400 toneladas de residuos diarios indica que la ciudad no está reciclando más que hace dos años, cuando entraban más o menos las mismas toneladas al botadero.

El modelo de aseo petrista, cuya inversión del principio fue de unos 236 mil millones de pesos en un negocio que producía unos excedentes que estaban en una bolsa general del aseo y que se pagaba vía tarifa, tiene otros procesos pendientes en la Superintendencia de Servicios y en la Contraloría Distrital por supuestas irregularidades.

Al menos durante los próximos seis meses seguirá funcionando tal y como está. Este tiempo será clave para ver si el Alcalde espera a que se abra la libre competencia o si gestiona la autorización que necesita de la CRA para que haya áreas de servicio exclusivo y las entrega mediante una licitación en la que podría concursar Aguas de Bogotá.

El problema de la licitación es que como no se ha podido estructurar en tres años, parece poco probable que el Distrito lo logre hacer en seis meses. Más teniendo en cuenta que en la CRA actualmente no está andando ninguna petición de Bogotá sobre áreas de servicio exclusivo, como se lo confirmó la entidad a La Silla, y que ese proceso de autorización tarda precisamente al menos unos seis meses como dijo la misma fuente.

Seguramente pronto la ciudad verá el próximo capítulo de la novela de las basuras de Petro.

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