Min Agricultura le echa más leña al fuego: tramita la ley de reforestación comercial

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Desde 2006 el Ministerio de Agricultura está impulsando la reforestación comercial. Como se cayó la Ley Forestal, ahora espera que su nuevo proyecto sobreviva las críticas y pase en el Senado.
Desde 2006 el Ministerio de Agricultura está impulsando la reforestación comercial. Como se cayó la Ley Forestal, ahora espera que su nuevo proyecto sobreviva las críticas y pase en el Senado. Fotomontaje: Juan Carlos Arroyo

Uno de los proyectos de ley clave para el Ministerio de Agricultura está por debatirse en el Senado. Se trata de una iniciativa para promover la “reforestación comercial”. Es decir, una estrategia para promover la creación de empresas e industrias forestales y agro-forestales con ayuda de créditos estatales. (Ver comunicado)

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara y está listo para el primer debate en la Comisión Quinta del Senado. A juicio del ministro Andrés Fernández, el potencial del país en materia de producción forestal es muy alto y está subutilizado. Existen cerca de 25 millones de hectáreas aptas para reforestación, pero no existe la legislación que proteja el desarrollo de esta industria. Los críticos, por su parte, consideran que una vez más los intereses comerciales se están poniendo por encima de los ambientales. También lo ven como otra de las caras de la política de ‘confianza inversionista’ y un capítulo nuevo de la política oficial al estilo Agro Ingreso Seguro. (Ver Ponencia del Proyecto)

La discusión ya había tenido lugar en el pasado, cuando el ex ministro Andrés Felipe Arias impulsó la Ley Forestal de 2006. La Corte Constitucional finalmente la declaró inexequible dos años después. Consideró que no garantizaba un ambiente sano y ponía en riesgo las riquezas naturales e iba en contra del desarrollo sostenible. Y, más importante aún, antes de expedirse la ley, se había omitido la consulta previa con las comunidades étnicas que al final iban a salir afectadas. Razones que salen a flote nuevamente con el proyecto de reforestación comercial. (Ver Sentencia)


Una nueva versión de una vieja iniciativa

 

El senador Ernesto Ramiro Estacio pedirá que el proyecto de ley sobre reforestación comercial sea archivado.

Una vez se cayó la Ley Forestal, el Gobierno radicó un nuevo proyecto de ley, en enero de 2008, esta vez dirigido únicamente a la reforestación comercial y no a todos los bosques del país. Por un lado, introduce el concepto de ‘vuelo forestal’, que separa la propiedad de la tierra de la propiedad de los árboles – y por ende facilita su explotación comercial –; por el otro, al ser solamente comercial y no incluir resguardos indígenas o tierras colectivas de afrocolombianos, le ahorra al Gobierno la consulta previa con estas comunidades.

“Uno de los problemas es que hasta hoy nadie sabe dónde están esas hectáreas para explotar comercialmente, ni quiénes las tienen bajo su dominio”, dijo a La Silla Vacía el senador Ernesto Ramiro Estacio, del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, quien presentará ponencia negativa en contra de la iniciativa. (Ver ponencia)

“No me molesta la figura del vuelo forestal, siempre y cuando sea en tierras privadas, de uso comercial”, afirma el senador Jorge Enrique Robledo. Añade que esta iniciativa no debe tener nada que ver con propiedad indígena, afrodesciente, territorios colectivos o tierras baldías. Bajo esas condiciones, sería bueno para estimular la siembra de árboles.

Aún así, existe el riesgo de que la ley favorezca la usurpación de tierras por métodos violentos. Para observadores como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el vuelo forestal puede atentar contra la población desplazada y el derecho a la propiedad privada. Al dejar sus tierras forzosamente, un tercero puede utilizarlas, plantar en ellas y aún si pierde posteriormente la tierra, ser dueño de la plantación. (Ver comunicado de la CCJ)

 

Superpoderes para el Ministerio de Agricultura

En su ponencia negativa del proyecto, Estacio también indicó que el manejo y control sobre la reforestación comercial quedaría exclusivamente en manos del Ministerio de Agricultura, que a la postre tomaría las decisiones y debilitaría el Sistema Nacional Ambiental.

El Ministerio de Agricultura quedaría con un poder enorme: después de que un particular registre ante esa entidad una plantación forestal, “ninguna entidad pública podrá impedir su aprovechamiento comercial”, en palabras del proyecto de ley. Ninguna, incluido el Ministerio de Ambiente. A esto habría que sumar la amplitud de lo que se entendería por ese tipo de plantaciones. Según el proyecto, abarcaría productos maderables, forestales no maderables y sus subproductos.

Al investigar qué significan este tipo de productos, encontramos que pueden incluir  subproductos como bambú y plantas medicinales, y resinas como el caucho y aceites industriales. En esa categoría estarían igualmente los cultivos de palma. (Ver artículo)

Dentro de los beneficiarios están principalmente los empresarios de la madera. Fedemaderas apoya la idea y está interesada en que salga el proyecto y se creen incentivos a la reforestación comercial. También podrán beneficiarse los palmicultores y las multinacionales interesadas en las tierras colombianas capaces de producir desde eucalipto hasta etanol. El Ministerio de Agricultura asegura, además, que el proyecto favorece igualmente a pequeños productores, muchos de ellos dedicados anteriormente a la ganadería.

La próxima semana se discutirá el proyecto en el Senado, ya que el ministro Fernández Acosta no asistió el miércoles pasado al debate programado y por tal motivo se canceló su discusión, según dijo el senador Estacio a La Silla Vacía. Cuando eso suceda se sabrá finalmente si el Ministerio de Agricultura gana el pulso esta vez.

Vea en el recuadro las leyes más sonadas del Ministerio de Agricultura.
 

Iniciativas del Ministerio de Agricultura

Saneamiento de la Propiedad Inmueble / Ley 1182 de 2007

La ley establece un procedimiento especial para sanear títulos viciados o incompletos de las propiedades de menos de media hectárea en el sector urbano y de menos de diez en el rural, lo que significa la legalización de las tierras y las viviendas bajo un procedimiento más laxo que el anterior. El Congreso de la República aprobó la ley a pesar de que distintos sectores de la sociedad habían denunciado que era contraria a los derechos a la tierra y a la restitución de los bienes de la población desplazada.

Estatuto de Desarrollo Rural / Ley 1152 de 2008

La Corte Constitucional, con ponencia de Luis Ernesto Vargas Silva, tumbó por inexequible el Estatuto de Desarrollo Rural en marzo por no cumplir con el requisito de consulta ante las comunidades indígenas y afrocolombianas según obliga la Constitución Política y la Organización Internacio del Trabajo (OIT).

Agro Ingreso Seguro (AIS) / Ley 1133 de 2007

El programa del Ministerior Agro Ingreso Seguro se promocionó como una excelente política para inyectarle recursos a los cultivadores. Ya se supo que buena parte de los dineros otorgados terminaron en manos de terratenientes, herederos de dinastías políticas, palmiculturos y ex reinas de belleza.

Ley Forestal / Ley 1021 de 2006

La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Forestal indicando que la norma era regresiva frente a los avances en política indígena y ambiental de las cuatro últimas décadas.

 

 

 

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