Más allá de la 'Luisguipolítica', la última palabra sobre la releección la sigue teniendo la Corte Constitucional

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Como si hicieran falta más enredos jurídicos alrededor del referendo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral desautorizó hoy a los conjueces que dejaron sin validez legal las firmas del referendo, y Luis Guillermo Giraldo, promotor de la iniciativa, anunció nuevas acciones legales contra la decisión.

 

Será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra sobre si puede haber 'Uribe III'.

Como si hicieran falta más enredos jurídicos alrededor del referendo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral desautorizó hoy a los conjueces que dejaron sin validez legal las firmas del referendo, y Luis Guillermo Giraldo, promotor de la iniciativa, anunció nuevas acciones legales contra la decisión.

¿Está la reelección ahora en manos de tres hasta hace poco ilustres desconocidos?, ¿habrá que esperar a que el CNE aclare su enredo?, ¿será la 'Luisguipolítica' el fin del referendo?

La respuesta es no (todavía). Los grandes interrogantes los tendrá que responder la Corte Constitucional.

Al menos por estas cuatro razones, es la Corte la que tiene la última palabra:
 

 

Como lo informó La Silla Vacía esta mañana, la decisión de los conjueces ha sido duramente cuestionada. “Esa determinación tiene que pasar por la sala plena del CNE. Un conjuez se usa para reemplazar a alguien que no puede votar o para quebrar un empate, pero no para saltarse a los demás magistrados”, dijo a La Silla Vacía el constitucionalista Jaime Castro..

En un sentido similar se conocieron críticas del vicepresidente del CNE, Juan Pablo Cepero y del propio Luis Guillermo Giraldo, promotor de la iniciativa, que ya anunció nuevas acciones legales. Con lo anterior queda claro que se vienen más dilemas legales, lo que sugiere que la decisión de los conjueces no es aún definitiva y mientras aclaran todo el enredo, el trámite sigue su curso en la Corte.
 
Desde que empezó el estudio del referendo en la Corte Constitucional, varios ciudadanos le han solicitado al magistrado ponente Humberto Sierra que suspenda el proceso hasta que se resuelvan otros procesos pendientes: la investigación penal contra los miembros del Comité Promotor del referendo; la nulidad del decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre pasado, donde el referendo fue aprobado en segundo debate, y el proceso en el CNE, sobre el que se acaba de conocer la decisión de los conjueces.

En todos los casos, el magistrado Sierra no ha parado el proceso, por lo que es posible que no se detenga ahora. Esta interpretación, contraria a lo que manifestó La Silla Vacía esta mañana, surge de analizar con más detalle esas decisiones.

Además, esta semana Sierra Porto dio un día hábil más para que llegaran las pruebas pendientes, después de lo cual se cerraría la etapa de pruebas y se abriría la de intervenciones ciudadanas.
El concepto del registrador nacional Carlos Ariel Sánchez fue uno de los primeros en llegar a la Corte, el 13 de octubre. Allí señaló que no podía expedir una certificación completa sobre el proceso de la recolección de las firmas ya que era competencia del CNE “investigar y sancionar las violaciones de las reglas sobre presentación de balances y cuentas”.

Igualmente el CNE ya envió un informe a la Corte – contenido en un CD y 18 carpetas –. El magistrado Sierra Porto le había pedido los “elementos probatorios y hacer referencia a los topes de la financiación, el estado de la investigación y las decisiones adoptadas hasta la fecha”.

Completa o no, esa información ya está en el despacho de Humberto Sierra y puede ser usada como prueba en su estudio sobre la constitucionalidad del referendo.
Cuando ha negado suspender el proceso en la Corte, Sierra Porto ha dicho que el control de constitucionalidad es autónomo y no depende de lo que se decida en otros procesos. Ese argumento no sólo le ha permitido seguir adelante con la revisión del referendo, sino que también indica que para el magistrado ponente a estas alturas la competencia sobre todo el tema es de la Corte y sólo de la Corte.

“Las preguntas que tiene que resolver la Corte son las mismas hoy que ayer, antes de que se conociera la decisión de los conjueces”, explica a La Silla Vacía el constitucionalista Héctor Riveros. “Y quien va a decidir qué consecuencias tienen los vicios que tuvo el trámite del referendo, es ella”.

¿Considerará la Corte que haber violado los topes legales de la financiación en el proceso de recolección de firmas es un vicio subsanable?

La Corte no tiene un precedente en este caso. Pero hay dos teorías al respecto. De un lado están los abogados que consideran que violar los topes legales le acarrea una sanción a los promotores del referendos pero no invalida la voluntad de los que firmaron, así como violar los topes de una campaña no anula los votos. Del otro lado están quienes consideran que los topes a la financiación son un elemento esencial para garantizar la legitimidad de la iniciativa pues evita que unos poderosos con mucho dinero manipulen a su favor la voluntad de las masas. 
 

 

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