Los jóvenes que no entran en la seguridad de Santos

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Desde que en 2008 se disparó en Soacha el escándalo de los ‘falsos positivos’, la situación de derechos humanos para los adolescentes no ha mejorado sustancialmente. Al contrario, hoy se torna crítica por culpa de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno aprobó en junio del año pasado.

Desde que en 2008 se disparó en Soacha el escándalo de los ‘falsos positivos’, la situación de derechos humanos para los adolescentes no ha mejorado sustancialmente. Al contrario, hoy se torna crítica por culpa de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno aprobó en junio del año pasado.

En el puente peatonal que comunica la Comuna 6 de Soacha con el centro hay colgado un aviso con la foto de una joven de 14 años: “Se busca, se perdió ayer en Bogotá, febrero 18 del 2012, Gisella Gutierrez Rincón”. Cientos de transeúntes pasan de un lado al otro de la Autopista Sur y la foto de Gisella pasa desapercibida.

“Los jóvenes de Soacha están olvidados, uno puede caminar toda la vía hacia el centro y está lleno de estos panfletos pero nadie los ve, nadie los lee”, dice ‘Chepe’, de 30 años, quien fundó hace cinco años un colectivo de jóvenes llamado Diáspora que denuncia las violaciones a los derechos humanos en Soacha -donde el 70 por ciento de la población es de jóvenes, según dice un informe de la Personería.

“Desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, llegó más policía, llegaron más militares, pero la seguridad no ha mejorado”, dice ‘Chepe’. “Todavía hay panfletos de los paras en algunas partes, que dicen :‘los niños buenos se acuestan temprano, los demás los acostamos nosotros’”.

‘Chepe’, quien junto con Laura Herrera, una comunicadora social de la Universidad de La Sabana, les dan a los jóvenes talleres de derechos humanos, de periodismo comunitario y hasta de hip-hop, consideran que la ley de seguridad ciudadana no solo no soluciona nada sino que en cambio terminó estigmatizando a los jóvenes.

La estrategía política: el primer error

La Ley que se aprobó en el Congreso en junio del año pasado y a la que se refiere ‘Chepe’, inicialmente no mencionaba en su articulado a los jóvenes ya que se pensó inicialmente como una ley diseñada para combatir a las Bacrim y punto.

Pero cuando entró el proyecto a debate en el Senado, la senadora Gilma Jiménez y el senador Roy Barreras (con el apoyo del ministro Germán Vargas Lleras) decidieron incluir en esta ley una reforma al Código de Infancia y Adolescencia para aumentar las penas para los jóvenes que delinquen, aspirando a que esto ayudara a mejorar la seguridad en las ciudades.

Para ellos, reforzar la seguridad ciudadana implicaba aumentar de dos a cinco años las penas de los jóvenes que delinquen, lograr que los jóvenes mayores de 16 años entraran a prisiones de adultos y que no salieran de los centros de reclusión cuando cumplieran la mayoría de edad.

La Ley, gracias a distintos debates de oposición que realizaron los congresistas Ángela María Robledo del Partido Verde y Germán Navas Talero del Polo, finalmente no aumentó las penas sino para tres tipos de delitos (secuestro, extorsión y homicidio) y tampoco consiguió que los jóvenes pasaran a las cárceles de adultos. Pero sí logró que los jóvenes no salieran a los 21 años de sus centros de reclusión, sino que quedaran en libertad cuando terminaran la pena que les determine un juez. Es decir, si un joven es judicializado a los 17 años y obtiene la pena máxima de ocho años, saldrá de los centros de reclusión a los 25 años.

La Silla Vacía consultó a dos funcionarios que trabajan en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que estuvieron de acuerdo en que, si bien la reforma no cambia mucho el Código de Infancia y Adolescencia que se aprobó en 2006, fue un error poner a los jóvenes en el mismo paquete que buscaba combatir a las ‘Bacrim’.

“Se supone que combatir a las ‘Bacrim’ no tiene nada que ver con los jóvenes”, dijo uno de estos funcionarios. Es más, por ley, se asume que los jóvenes en estas filas que están siendo instrumentalizados, utilizados o comercializados por estos grupos, no se les aplicará privación de la libertad.

“Y al incluir a los jóvenes en esta ley, el impacto fue poner la mirada en los adolescentes para que los reprendan más, para que haya más redadas. Mi impresión es que esta Ley los estigmatizó”.

La estigmatización: el segundo error

La Ley de Seguridad Ciudadana se tradujo en más requisas pero no en más seguridad.  “A veces uno ve gente fumando y llega la Policía, y en vez de requisarlos a ellos lo requisan a uno”, dice Nelson, un profesor de ‘El Altico’, la zona de la Comuna 6, donde hay más expendio de drogas. Él trabaja con 'Chepe' y Laura en el colectivo Diáspora, y el día que la Silla Vacía lo entrevistó estaba en un taller de baile y música con los niños que apunta a evitar que los jóvenes entren en las drogas o en la delincuencia común.

“Allá la ley no hace nada, después de las seis de la tarde no ves un policía. En el día, ellos miran qué pasa, pero no van detrás de la plata, de los que venden la droga”. Aunque asegura que muchas de las bandas sí están conformadas por jóvenes de 15 a 20 años, “los duros son los de 40, los que son desde hace rato los caciques del barrio”.

‘Chepe’ corta a Nelson, dice que en realidad varios de los ‘pelados’ de este colectivo han escuchado que entre más jóvenes se lleve la policía, más permisos tienen para salir. “Esos son también ‘falsos positivos’”, dice ‘Chepe’.

Una de las funcionarias del sistema de responsabilidad penal para adolescentes confirmó a La Silla Vacía que los policías están llenando los CAI, UPJ o centros de menores, frente al incentivo de un permiso. “Esa es una orden que viene desde los comandantes”, dijo.

La Silla Vacía se comunicó con la Policía Nacional para recibir la respuesta del General Óscar Naranjo a estas acusaciones, pero no fue posible obtenerla.

Lo que sí es cierto es que la Policía comenzó a hacer más redadas a los jóvenes desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, según contó a La Silla uno de los administradores de estos centros, que no quiso dar su nombre como la mayoría de funcionarios entrevistados porque consideran que ese es un tema muy 'espinoso'. “Si antes me llegaban 400 jóvenes al mes, ahora llegan 600 muchachos”, dijo.

Muchos de estos muchachos, según un informe del ICBF, son capturados por hurto o por porte de estupefacientes. De acuerdo con una de las funcionarias del sistema de delincuencia juvenil, la mayoría de los jóvenes que son llevados a estos centros por porte de estupefacientes, tiene una dosis mínima. Y, como explicó La Silla Vacía, Medicina Legal es la que tiene que hacer estudios para saber si se trata de adictos o no -y su sistema ya está colapsado.

En todo caso, como nadie puede ser encarcelado por dosis personal, los 600 jóvenes terminan pasando esos días en un centro transitorio. Igual pasa en los casos de hurto no calificado, que también son casi buena parte de todos los casos registrados en las estadísticas del ICBF.

Por lo general, son los jóvenes hombres de las zonas más pobres, como Soacha, los que pagan los platos rotos (en Bogotá, el mayor número de jóvenes que entraron a Centros Especializados durante el 2011 son de Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Kennedy).

“Asumen que los jóvenes que tienen pantalones anchos como nosotros son los marihuaneros”, dice ‘Chepe’. Como lo explicaron en el libro sobre drogas Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos los investigadores Mauricio Albarracín y Julieta Lemaitre, es común que la Policía haga retenciones transitorias a los jóvenes que consideran “sospechosos” en estratos bajos, mientras que jóvenes de los estratos altos rara vez se ven afectados por la Policía.

Y a pesar de esto, la única institución que se vio fortalecida en la reforma del año pasado, fue la Policía. Para la juez de menores en Bogotá, Rosa Irene Veloza, es preocupante que “recursos del Estado van a ser dirigidos a la Policía Nacional, para asegurar las condiciones de seguridad, recursos que tendrían un mejor destino si fueran a reforzar los programas terapéuticos y formativos que se brindan a los jóvenes de la ley penal”.

La falta de cárceles: el tercer error

De acuerdo con el Código de infancia y adolescencia, la pena de estos jóvenes no puede concebirse como la pena de un adulto en una cárcel regular: en vez de estar recluidos bajo los más altos estándares de seguridad y rodeados de guardianes, la idea de estos centros de reclusión es que se conviertan en la oportunidad para alejarse del delito. No se habla de penas sino de medidas pedagógicas.

“La finalidad es que el menor no vuelva a delinquir, que no regrese. Por eso se dice que es una medida de protección especializada”, dijo a La Silla uno de los funcionarios en la rama judicial que trabaja con los jóvenes. “Pero eso no está funcionando. La reincidencia es alta, los muchachos están volviendo y aún no hay políticas públicas de intervención para eso. Tenemos que reconocer que fallamos y ya tenemos una generación perdida”.

Cuando la ley de Seguridad Ciudadana se aprobó en junio, estableció que en los seis meses siguientes, el Gobierno elaboraría una política pública para la prevención de la delincuencia juvenil. Ya han pasado ocho meses y todavía no hay política.

El mismo articulado también pedía que se formara una comisión evaluadora después de expedida la ley, en la que debían participar todos los organismos vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente para plantear la política pública (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Policía, el Ministerio de Justicia, del Interior, el de Educación, el de Salud, ICBF, el Consejo Superior de la Judicatura, la Federación Nacional de Departamentos). Esta comisión dio su primer avance en diciembre del año pasado.

“Hay que reconocer que al aprobar la Ley de Infancia y Adolescencia, esta no se acompañó de apropiación de recursos presupuestales para su adecuada implementación”, arranca el documento. Dice que precisamente por esta falta de recursos no hay espacios adecuados de reclusión para los jóvenes, y en los pocos que hay, los cupos no son suficientes y los programas de ayuda no existen. De acuerdo con el informe, el 90 por ciento de los municipios del país no cuenta con un centro adecuado para los jóvenes.

El ICBF fue consultado por La Silla Vacía para esta historia y reconoce que la ley "generó de alguna manera un traumatismo en cuanto a la capacidad de atención de el adolescente porque desbordó la demanda". Sin embargo, dice un comunicado oficial del ICBF en respuesta a este medio, el sistema sigue teniendo una finalidad pedagógica. Pero el informe de la Comisión Evaluadora no ve mucha pedagogía hasta ahora.

“Se deben promover políticas sociales complementarias a las de seguridad, orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes del abuso de sustancias psicoactivas y el control del tráfico de armas ligeras y corto punzantes”, termina el informe. (ver documento).

“Para mí, esto de la delincuencia juvenil, todo va ligado a la falta de oportunidades”, dice ‘Chepe’. Su municipio es el ejemplo perfecto de falta de políticas sociales que protejan a los adolescentes. “En la alcaldía pasada, no nos dejaron hacer conciertos”, cuenta. Según ‘Chepe’, como el ex alcalde es cristiano, en los últimos cuatro años solo permitió conciertos religiosos. “Aun cuando nosotros empleamos el hip-hop para hablar de derechos humanos, de derechos políticos”, dice Chepe.

Aun así, ‘Diáspora’ trabajó en conjunto con las madres de Soacha y en septiembre del año pasado proyectaron para los jóvenes una película sobre los ‘falsos positivos’ en un evento llamado ‘Las madres de Soacha perdonan pero no olvidan: por los jóvenes de Colombia’. “Nosotros estamos cansados del desconocimiento del concepto de juventud”, dice ‘Chepe’. “A un niño de 14 años se le juzga por delincuente, pero no se ve su contexto, solo lo judicializan porque sí”.

Hace poco Laura y 'Chepe' comenzaron a indagar sobre la pequeña infancia. De los niños con los que trabajaron, descubrieron que 70 por ciento había sido violado por familiares cercanos. “Y además en este municipio hay mucha prostitución infantil”, dice. “¿Dónde está ahí el Estado?”.

El cuarto error: los medios de comunicación

“Yo creo que los medios también han ayudado a la estigmatización de los jóvenes”, dijo a La Silla la representante del Partido Verde Ángela María Robledo. Al unísono, tres funcionarios del sistema de responsabilidad penal también argumentaron que los medios son en parte responsables por el hecho que las familias en los barrios pidan más apoyo policial frente a los jóvenes delincuentes, en lugar de buscar la justicia restaurativa que planteaba inicialmente en el Código de infancia y adolescencia.

De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Pandi -fundación que hace seguimiento de prensa a las violaciones de los derechos de los niños y niñas- “los periodistas no están verificando muchas de las condiciones que suelen rodear la vida de los menores de edad infractores de la ley, condiciones que, si bien no justifican sus delitos, sí tienen gran peso entre las causas que los llevan a cometerlos.” (ver informe).

Por lo general, las publicaciones en distintos medios no tienen en cuenta los contextos familiares de los jóvenes y solo publican la información de la Policía, según dice el informe realizado por Pandi.

Pero hay otro problema en los medios de comunicación. Hace tres semanas, el canal City TV presentó una noticia en la que se informaba cómo agentes de la Policía habían quemado debajo de un puente a un joven indigente de 15 años. Y en agosto del año pasado, la policía le disparó y asesinó a Diego Felipe Becerra, un joven grafitero, noticia que muchos medios reprodujeron.

Para todos los funcionarios que fueron consultados por La Silla Vacía, los medios no contaron toda la historia de estas muertes: no explicaron el riesgo que viven día a día miles de jóvenes del país que por ser grafiteros, por consumir drogas, por ser pobres o por no estudiar, viene reforzándose por la ley de seguridad ciudadana. Una ley que sirvió como estrategia política para mostrar voluntad y dientes frente a la inseguridad, pero que poco cambió la realidad en las calles. Y menos para los jóvenes.

Ahora, solo queda esperar, que este año el Gobierno también tenga la misma voluntad para presentar una política pública, así como la tuvo para aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana. 

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