Las historias que no se sabrían si pasa la Ley de Inteligencia de Santos

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El Ministro Rodrigo Rivera socializó ayer en el Congreso el proyecto de ley de Inteligencia del Gobierno de Santos que busca regular las actividades de inteligencia para prevenir abusos como los sucedidos en el DAS. El problema es que un artículo de la ley evitaría que los colombianos supieran de esos abusos si se llegaran a cometer.

 

El Ministro Rodrigo Rivera socializó ayer en el Congreso el proyecto de ley de Inteligencia del Gobierno de Santos que busca regular las actividades de inteligencia para prevenir abusos como los sucedidos en el DAS. El problema es que un artículo de la ley evitaría que los colombianos supieran de esos abusos si se llegaran a cometer.

Se trata del artículo 35, que modifica el Código Penal y eleva las sanciones a los funcionarios que divulguen información reservada de meras multas que tienen que pagar hoy a entre cinco y ocho años de prisión. Y que, además, penaliza a los periodistas que publiquen filtraciones con la misma pena.

Este punto viola la libertad de prensa y además, va en contra de sentencias de la Corte Constitucional que ha dicho que “la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla".

Pero lo más grave es que de haber estado este artículo vigente, historias como las siguientes seguramente jamás habrían salido a la luz pública:
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El computador de Palacio

Un documento Excel que provenía de un computador del Palacio de Nariño y que había sido manejado por Juan David Ortega, Hernando Angarita y Claudia Salgado fue revelado por Daniel Coronell en su columna el 25 de julio de 2009. En ese documento estaban los nombres de los padrinos de varios funcionarios para pagarles favores, especialmente con notarías. Casi todos los padrinos eran congresistas que impulsaron la reelección de Álvaro Uribe. Bajo la nueva ley, esto sería “Acceso abusivo a un sistema informático”.

ChuzaDAS

El escándalo del DAS fue destapado por la Revista Semana con base en testimonios de miembros de la institución que denunciaron los abusos y aportaron los documentos oficiales que describían las diferentes operaciones de desprestigio contra líderes de la oposición, periodistas y magistrados. Esto también sería divulgación de documento reservado que le habría significado al periodista entre 5 y 8 años de cárcel de acuerdo al proyecto de ley de Inteligencia presentado por Rivera.

El bombardeo en Santo Domingo, Arauca

En diciembre de 1998, 17 campesinos murieron y 25 más resultaron heridos como consecuencia de un bombardeo sobre Santo Domingo, Arauca. El ataque fue realizado por la Fuerza Aérea con la compañía Air Scan, contratada por la Oxy y Ecopetrol, para la vigilancia del oleoducto Caño Limón Coveñas. La FAC justificó el ataque como una persecución a una columna de las Farc, pero el FBI probó que se lanzaron varias bombas tipo racimo, usadas frecuentemente por la FAC. Las fotos del expediente que el FBI le pasó a la Fiscalía fueron filtradas a los medios. Bajo la nueva ley, eso le daría entre 5 a 8 años tanto al periodista como al funcionario que filtró la información.

El computador de Raúl Reyes

Después del bombardeo al campamento del jefe guerrillero 'Raúl Reyes', el país se ha enterado del modus operandi de la guerrilla, de crímenes que cometieron y negaron y también de sus vínculos con políticos. Aún hoy, el Presidente Juan Manuel Santos aprovecha sus Acuerdos de Prosperidad de los sábados para revelar nueva información de este super computador. Si se aprueba la nueva ley, tendría que dejar de hacerlo, so pena de incurrir en el delito de 'divulgación de documento reservado', con pena de hasta 8 años de prisión.

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El computador de Jorge 40

Después de que las autoridades decomisaron el computador del jefe paramilitar ‘Jorge 40’ el escándalo de la parapolítica cogió vuelo. En el computador aparecía la lista de más de 500 personas asesinadas, y también los nombres de varios congesistas de la Costa con quienes tenían vínculos. Esta información fue la base para las investigaciones contra los congresistas Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero, entre otros. Las publicaciones sobre esta información que permitieron comprender mejor los vínculos entre los paras y los políticos serían impensables bajo la nueva ley.

Tolemaida Resort

La revista Semana hizo públicas en su artículo Tolemaida Resort las muy favorables condiciones en las que están recluidos los militares en Tolemaida. Para ello, utilizó más de mil documentos de Tolemaida que le permitieron, entre otras cosas, explicar que 179 de los 261 reclusos siguen siendo miembros activos del Ejército. Eso podría calificarse como divulgación de documento reservado, un delito que hoy produce una multa pero que pasaría a ser castigado con entre 5 y 8 años de cárcel.

El proceso 8.000

Todo el Proceso 8.000, que comprobó la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña a la Presidencia de Ernesto Samper y que llevó a la cárcel al ex Ministro de Defensa Fernando Botero Zea, fue una violación absoluta de la reserva del sumario. Desde la Fiscalía de la época, le filtraron a Mauricio Vargas y Edgar Téllez, en Semana, a Édgar Torres, en El Tiempo, y a María Cristina Caballero, en Cambio, la información de uno de los grandes escándalos periodísticos del país que permitió poner de presente hasta dónde había llegado la corrupción del narcotráfico. Eso, bajo la nueva iniciativa, estaría catalogado como 'Divulgación de documentos reservados', con penas de hasta ocho años.

El caso Oterloo

En noviembre 5 de 2001, Carlos Castaño entró al país, en un barco bautizado "Oterloo", tres mil fusiles AK-47 y cinco millones de balas para armar los nuevos bloques para su ofensiva paramilitar. Castaño estaba preparando una segunda operación de entrada de armas y la inteligencia militar junto con la CIA ya tenía planeado todo para interceptarla. Sin embargo, un oficial de la Policía llamó a El Tiempo y les dio la 'chiva' con la secreta intención de 'alertarle' a Castaño y evitar que le fueran decomisadas todas esas armas. El periodista de El Tiempo publicó la información sin saber de la maquinación del oficial, pero bajo la nueva ley, habría terminado pagando una condena porque esa información era obviamente reservada.

El desplome del Grupo Grancolombiano

La prueba reina contra el banquero Jaime Michelsen, dueño del Grupo Grancolombiano, que acabó con su imperio por el escándalo de los autopréstamos comenzó por lo que el nuevo proyecto de ley denomina “Acceso abusivo a un sistema informático”. Resulta que en la contabilidad secreta del Grupo aparecía María Mayorga adquiriendo un enorme paquete de la Nacional de Chocolates. Los periodistas Alberto Donadío y Fabio Castillo lograron que una fuente en la Registraduría les diera los datos de todas las María Mayorga que aparecían en las bases de datos de la institución. Ellos localizaron a las mujeres bajo ese nombre y encontraron que una de ellas correspondía a una empleada del servicio doméstico de un funcionario del Grupo Grancolombiano. Así, la justicia comprobó que la habían usado como testaferro para hacerse los famosos autopréstamos.

La masacre de Mapiripán

Sobre la responsabilidad del Ejército en la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, donde murieron 49 campesinos, se supo gracias a la filtración de documentos reservados de las Fuerzas Militares. La revelación de un fax que el comandante del batallón envió a su superior, el general Jaime Humberto Uscátegui, sin que recibiera orden para realizar alguna operación fue la prueba reina de que desde el mismo día que llegaron los 200 paras, en el Batallón Joaquín París se enteraron y no hicieron nada para impedir la masacre. También una filtración de la localización de la Escuela de Fuerzas Especiales, le permitió al periodista Ignacio Gómez, del diario El Espectador, comprobar que las "Boinas Verdes" de Estados Unidos, estaban entrenando a los militares colombianos. El curso especializado en planeación militar fue clausurado el mismo día en que terminó la masacre. Pero esta información, si se aprobara esta ley, correspondería al delito de "divulgación de documentos reservados".

Agro Ingreso Seguro

En agosto 23 de 2009, Noticias Uno reveló el documento que probaba la entrega de un subsidio no reembolsable por 497 millones de pesos al hijo del senador Alirio Villamizar. El papel hacía parte del expediente que le seguía la Corte Suprema al parlamentario y que se obtuvo durante un allanamiento a su casa en Bucaramanga. A raíz de esa información, los periodistas de Cambio hicieron un derecho de petición al Ministerio de Agricultura y le pidieron los listados de los subsidios que se habían entregado desde que nació el programa de AIS. De ahí surgió la gran investigación de la revista que hoy tiene procesados a más de cincuenta personas, incluidos los dos exministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández. El funcionario que por error le dio a Noticias Uno ese documento incurriría en "revelación de secreto culposa" según el nuevo proyecto.

 
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