La Unidad Nacional, una aplanadora con conductor anónimo

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Los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, la Fiscal General de la Nación y el Procurador enviaron al Presidente Juan Manuel Santos una comunicación en la que le solicitaban detener el trámite de la Reforma Constitucional que, con el título de Reforma a la Justicia, hace tránsito en el Congreso. Santos la devolvió porque –según él– el destinatario era equivocado.

Cuando el Presidente devolvió la comunicación, ya la abrumadora mayoría de la Unidad Nacional en el Congreso había dado el cuarto debate a la Reforma. La aplanadora va desbocada y ahora descubrimos que o va sin conductor o éste es anónimo. Santos no asume la responsabilidad de este acto legislativo, del que él mismo ha dicho que no es el ideal pero con el que -digo yo, chamboneando- avanzamos.

El Gobierno defiende la reforma con el argumento de que “el país reclama una justicia más ágil, más pronta, y ahí hay unos elementos que van en esa dirección”. La verdad es que de eso hay muy poco y lo poco que hay es poco creativo. Pasar más asuntos a los notarios, que es algo que se ha hecho desde hace ya varios años, nombrar jueces de descongestión -pero como abogados independientes para que ayuden a tramitar lo atascado- y abrir la puerta para que determinados asuntos deban ser obligatoriamente sometidos a tribunales de arbitramento. Está última, exótica manera de excluir de la decisión estatal algunos asuntos.

Pero ni el Congreso aprueba el acto legislativo por esas tres cosas, ni las Cortes se retiran de su debate para protestar por la falta de alcance de las propuestas para agilizar la justicia. Bajo el título de “reforma a la justicia” se da un fuerte pulso de reacomodo de poderes que es más profundo de lo que parece e incluso más importante que la revancha mezquina que puede mover a muchos.

En conclusión, el Gobierno defiende una cosa y el Congreso –con la anuencia del primero– aprueba otra. En lo que están de acuerdo los dos es en que hay que avanzar.

En la explicación de por qué devolvió la carta, el Presidente Santos develó el origen de la confusión, dijo que esa comunicación  debería dirigirse al Congreso que, agregó, es “para muchos el poder supremo de la Nación”. Ahí está el error. Eso también creen los congresistas y es la posición que quieren reasumir luego de que la perdieran con la nueva concepción contenida en la Constitución de 1991, que solo reconoce como suprema a la propia Carta Política.

El cambio está explicado en muchos textos y no es, ni mucho menos, un asunto cerrado, pero valdría la pena que el Presidente, los congresistas y algunos magistrados leyeran un texto -no muy largo- que se puede leer en los aviones, del ex presidente del Tribunal Constitucional italiano, Gustavo Zagrebelsky, que se llama "El derecho dúctil". En el rincondelvago.com debe haber algún resumen.

Echa mano del concepto de Estado Constitucional para resumir una profunda transformación que afecta especialmente la posición del legislador en el sistema político. “Por primera vez en la época moderna –dice el autor italiano- la ley viene sometida a una relación de adecuación, y por tanto de subordinación, a un estrato más alto del derecho establecido por la Constitución”.

Ese cambio, que en Colombia se adoptó en 1991, es el que pone al Congreso como uno más y a la Corte Constitucional en el papel protagónico que tiene. Por eso congresistas y magistrados de otras cortes comparten la inconformidad. Ese reacomodo de poderes es el que todavía se está dando y se refleja en la reforma a la Justicia. Se aprobó que la Constitucional sería la última palabra y al otro día la Corte Suprema se retiró del debate.

Por esas particularidades de Macondo, a pesar de estar ahí, ese no es el problema más importante. Algo raro debe pasar en un país en el que el debate más grueso en una legislatura es el que decide qué pasa si los congresistas delinquen.

Ya lo había sido hace unos pocos años, cuando se discutió la figura de “la silla vacía”. Ahora la atención se concentra en si se crea una “supercorte”, si la sala plena de la Corte Suprema es segunda instancia, quién elige a aquel que tenga la capacidad de ordenar la detención de un congresista que ha cometido un delito.

En los últimos veinte años, los congresistas han estado en la mira de los jueces y el grueso de la reforma se dirige a conseguir que sea más difícil detener, condenar o quitar la investidura a un congresista. 

Zagrebelsky no había visto esto cuando escribió: “La ley –en este punto de su historia– ya no es la expresión 'pacífica' de una sociedad política internamente coherente (...) es, por el contrario, un acto personalizado (en el sentido de que proviene de grupos identificables de personas y está dirigido a grupos igualmente identificables) que persigue intereses particulares”.

En estas semanas hemos pasado por todas las posibilidades de diseño de quién controla a quién. Estamos incluso con un texto que permite que el Congreso destituya al Presidente por “indignidad política”, que es una modalidad de responsabilidad política extraña a los regímenes presidenciales, que nos acercaría a los instrumentos del régimen parlamentario que permiten que el Presidente se caiga cuando pierda la mayoría en el Congreso. Los legisladores le han mostrado los dientes a las Cortes. Se han ensayado todas las fórmulas de designación del Procurador y el Contralor.

Mientras tanto, las razones por las que se promovió la Reforma, o no se mencionan, o salen al contrario de lo esperado. “No hay derecho” diría el Presidente en esas expresiones que calcula para facilitar los titulares, aquí hay pura política y no solo de la mala, sino incluso de la profunda, la que decide el diseño del Estado. Los afectados con la concepción de la Constitución del 91 se resisten a creer, como diría Zagrebelsky, que se trata de un “auténtico cambio genético más que una desviación momentánea en espera y con la esperanza de una restauración”.

La Unidad Nacional ha recibido la orden de aprobar la Reforma y la aplanadora avanza rauda en esa dirección. Pero, si no es Santos el que la maneja, ¿entonces quién?

Tenemos hasta marzo para descubrir al conductor y para que éste encuentre los frenos.

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