La red de poder que le despeja la cancha a Jesurún, a pesar de su sanción por corrupción

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Reinaldo Rueda, nuevo director técnico de la Selección Colombia de mayores, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los aliados del Presidente de la FCF incluyen a dos actuales Ministros, la Procuradora, y más de una docena de políticos, magistrados y exmagistrados. A pesar de una sanción de la SIC, de la investigación en la Fiscalía no se conocen avances.

A pesar de haber sido sancionado por el mayor escándalo de corrupción que hasta ahora se ha conocido en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), su presidente, Ramón Jesurún, sigue siendo el hombre que pone y quita la camiseta más importante del país, la de la Selección Colombia. La que mueve masas y dinero en un país profundamente futbolero.

Esta semana el directivo barranquillero anunció la llegada de Reinaldo Rueda como nuevo director técnico de la Selección de mayores. Se paseó frente a cámaras, micrófonos y periodistas de todo el país sin ningún reparo. El país habló de fútbol, pero nada de corrupción. 

Y eso que apenas han pasado tres meses desde que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en una decisión sin precedentes en el fútbol, lo sancionó con una multimillonaria multa a él, a varios directivos y a la misma FCF, por su participación en un cartel de reventa de boletas para el mundial de Rusia 2018.

La investigación de la SIC, producto de la delación de uno de los socios corruptos del cartel, generó abundante evidencia sobre posibles delitos y malos manejos gerenciales de parte de Jesurún. Pero en la Fiscalía el caso ni siquiera ha generado una investigación formal (sigue en etapa preliminar) contra los directivos de la Federación, y la investigación interna de la FCF, pedida por el Ministro del Deporte, hasta ahora no avanza.

Doce personas que se mueven en el mundo del fútbol le dijeron a La Silla que parte de la explicación está en que Jesurún tiene una amplia red de relaciones en la política y la rama judicial, que ha cultivado durante años desde sus puestos en el fútbol. 

En esta investigación con la que arrancamos a cubrir sistemáticamente el poder del fútbol, La Silla no encontró evidencia directa de que esas poderosas relaciones estén frenando la investigación en la Fiscalía. Sin embargo, sí descubrimos que la amplia red de aliados de Jesurún vía la Federación incluye a personas en la cumbre del poder colombiano. Entre ellos a la procuradora Margarita Cabello; al ministro de Justicia, Wilson Ruiz; al ministro del Deporte, Ernesto Lucena; y a 10 magistrados y exmagistrados de diversas altas cortes.  

El escándalo por el que la SIC sancionó a la FCF y a varios de sus directivos, entre esos, a Ramón Jesurún, Luis Bedoya (detenido en Estados Unidos), y Alvaro González (presidente de la Difutbol -agrupa las ligas-), fue un autogol en varios sentidos.

Todo arrancó porque en medio del escándalo del ‘Fifa gate’, y cuando el presidente de la FCF era Luis Bedoya, decidió hacer una invitación pública para darle transparencia al proceso de selección del operador que se encargaría de vender las boletas para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

Aunque se presentaron 6 ofertas, y la idea era escoger a la que reuniera las mejores condiciones técnicas, jurídicas y económicas, el Comité Ejecutivo de la Federación se pasó por la faja todos esos requerimientos -aún cuando contrató a una firma para que evaluara las propuestas- y se decidió por Ticketshop, empresa que quedó de segunda en la evaluación económica, de tercera en la capacidad financiera y de última en la capacidad operativa.

La escogencia fue promovida por Bedoya, quien según las versiones de los demás miembros del Comité, dijo que pese que los resultados de la evaluación final arrojaban que el operador debía ser otro, esa oferta era la mejor porque había ofrecido pre comprar las boletas de los 9 partidos de la eliminatoria con un anticipo de $10 mil millones y pagar otros 30 mil millones en cuotas de 3 mil millones, mientras que la que había resultado mejor calificada pagaba a la Federación dependiendo del número de boletas que se vendieran en cada partido.

La Federación ha dicho que estaba en libertad de escoger al operador de su preferencia porque aún con la invitación pública, esa organización es privada, pero ese argumento se cayó en la SIC por varias razones.

La primera, porque al hacer la invitación abrieron la posibilidad de competir y terminaron burlando la buena fe de los que presentaron las demás ofertas; y la segunda porque a lo largo de la investigación se encontró que esa entidad se prestó para direccionarle el contrato a dos empresarios que eran viejos conocidos tanto de Bedoya como de Jesurún, quien asumió la presidencia de la FCF en medio de la ejecución del contrato porque Bedoya renunció para entregarse a la justicia gringa para dar información del ‘Fifa gate’ a cambio de beneficios.

Esos conocidos eran Rodrigo Rendón Cano, quien falleció en julio de 2019 y era dirigente del Real Cartagena, y Elías Yamhure, representante legal del Ticket Ya. El primero reconoció que era amigo personal de Bedoya y el segundo que conocía Jesurún desde “hace muchísimos años” porque ambos son de Barranquilla.

La movida que hicieron Cano y Yamhure fue buscar a una empresa de boletería con mayor estructura que Ticket Ya, que aceptara poner la cara en el negocio y ser subordinada de ellos (tenía que entregarles las boletas que ellos quisieran para la reventa), a cambio de asegurarle que se ganarían el contrato y tendría una comisión en la venta de las boletas de los nueve partidos.

La empresa que aceptó entrar al negocio fue Ticket Shop, una firma que era relativamente pequeña dentro de la industria pero que tenía la estructura para imprimir y vender todas las boletas que estarían en circulación durante toda la eliminatoria.

El resumen de la actuación por el que quedan emproblemados Bedoya, Jesurún, Gónzalez, y otros dirigentes de menor rango, está en tres movidas:

1. Cano reconoció que Bedoya le dijo que la oferta que ganaría sería la que ofertara un anticipo de $10 mil millones.

2. La SIC comprobó que durante la recepción de las ofertas de los operadores de la boletería, los directivos de la FCF- Bedoya, Jesurún y González- les dieron la información de lo que contenían todos los sobres y por esa razón, a última hora fue cambiado el monto de la propuesta de Ticketshop que pasó de $37 mil a $40 mil millones. El repentino arreglo de la cifra quedó probado porque en la propuesta entregada a la Federación el valor en números fue el más alto y en letras fue el menor.

3. Una vez adjudicado el contrato empezaron a desviarse de las boletas de Ticket Shop a Ticket Ya con el objetivo de que la segunda las revendiera a precios muy por encima del mercado. Mientras se ejecutaba el contrato, Jesurún se reunió con el representante legal de Ticket Ya, Elias Yamhure, varias veces, una de ellas, para coordinar aspectos del contrato, entre esos, un otro sí que refinanció la cuotas que el operador debía pagarle a la FCF por las boletas; además, en la Federación omitieron hacerle una auditoría al contrato pese a que habían quejas de hinchas, y el principal contacto para pedir boletas estaba con Ticket Ya y no con Ticket Shop, razón por la que la SIC concluyó que en esa organización sabían del entramado.

En total la SIC comprobó que se desviaron 42 mil boletas para la reventa en 8 de los 9 partidos de la eliminatoria -para el último ya había estallado el escándalo y lo operó otra empresa- con la complicidad de la FCF; y que hubo casos en los que el sobrecosto que pagó un hincha para asistir a un partido de la Selección fue del 350 por ciento.

Esa decisión, que la defensa de Jesurún ha calificado de estar llena de verdades a medias y especulaciones, fue trasladada a la Fiscalía para que tenga más insumos dentro de la investigación que adelanta por los mismo hechos, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos por si le resulta útil dentro del caso que lleva contra Bedoya por el ‘Fifagate’.

De comisión en comisión

Cuando la SIC sancionó a la Federación y a sus principales directivos por la reventa de boletas hubo gran sorpresa en el mundo del fútbol. No porque hubiera corrupción. Más bien, como nos dijeron tres periodistas deportivos, un miembro de una asociación que le hace seguimiento a las acciones de la FCF, y un exdirigente, porque nadie creía que la FCF fuera a ser blanco de decisiones en su contra en el país. 

Al mismo tiempo, estas fuentes también aseguraron que veían como poco probable que algo avanzara en la Fiscalía contra la Federación.

“Es que la Federación es como una vaca sagrada en este país”, dijo uno. Otro aseguró: “Meterse con la Federación no es fácil. El fútbol es solo una cara del poder que hay en este negocio”. 

Que esa percepción exista tiene que ver con la red de relaciones que ha tejido la Federación a través de las 10 comisiones que la integran y que son ocupadas ad honorem por miembros que selecciona la Dimayor, la Difutbol y el Comité Ejecutivo. 

Estas comisiones se reúnen periódicamente para resolver desde decisiones arbitrales y sanciones a jugadores, hasta procesos internos de la Federación y la Dimayor. 

La Silla revisó la composición de las comisiones de la FCF y encontramos que varios miembros de la rama judicial o de la política han aceptado nombramientos allí. 

- Luis Ernesto Vargas Silva, exmagistrado de la Corte Constitucional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia.
- Hernán Penagos Giraldo, actual presidente del Consejo Nacional Electoral (de La U), excongresista y expresidente de la Cámara.
- Pablo Guillermo Gil, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (de La U).
- Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda (de Cambio Radical).
- Pedro Alonso Sanabria, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. 
- Wilson Ruiz, ministro de Justicia (conservador) y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura (ya no está).

El fenómeno se repite en la Dimayor.

-Jorge Iván Palacio, exmagistrado de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema.
-Manuel Ardila, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
-Jorge Herrera, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
-Jorge Armando Otálora, exdefensor del Pueblo de origen liberal, y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura
- Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, exministra de Justicia y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (ya no está) 

E incluso en los delegados que la Federación postula para las organizaciones internacionales.

En la Conmebol estuvieron el actual Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en la comisión de Gobernanza y Transparencia; y Margarita Cabello, la actual Procuradora, ocupó la de cumplimiento y auditoría.

En la Fifa, aparece la exmagistrada del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, quien, según este informe, en 2019 recibió 246 mil dólares por presidir la Comisión de Ética; y repite el exmagistrado Jorge Iván Palacio en la comisión disciplinaria.

De la comisión a la acción

“El poder es enorme. Muchos ocuparon los cargos siendo magistrados en ejercicio. La entrega de boletas, de pases especiales, las idas a mundiales, el acercamiento con jugadores y con el cuerpo técnico son favores con los que todos esos personajes quedan agradecidos y con los que se asegura cercanía con la Federación”, nos dijo un periodista deportivo con más de 20 años de experiencia.

 

Ramón Jesurún, quien habló con La Silla, dijo que todos eran nombrados por las ligas y los clubes, y que para la Federación era importante contar con el apoyo de personas de alto perfil tanto en la rama como el país. También negó que estos nombramientos, que vienen sin sueldo pero se recompensan con boletas a partidos de la Selección, se tradujeran en algún beneficio para él o los demás directivos. 

Sin embargo, hay un hecho que le quita credibilidad a esa afirmación.

En medio de la investigación de la SIC por el cartel de la reventa de boletas, la Federación instauró en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) una queja contra el superintendente delegado para la Competencia, Juan Pablo Herrera, quien llevó el caso de la reventa de boletas en primera instancia.

Lo hizo ante la Sala Disciplinaria de esa Corte (hoy abolida), a la que pertenecía Pedro Sanabria, quien es uno de los magistrados que también hace parte la Comisión Disciplinaria de la Federación y deberá investigar internamente a Jesurún y a sus directivos. A pesar de que el superintendente delegado Herrera no es abogado sino economista, y de que el CSJ investiga la actuación de los abogados, le abrió un proceso.

Jesurún le dijo a La Silla que instauraron la demanda allí porque esa entidad también vigila las actuaciones de los funcionarios, pero tres abogados nos dijeron que eso no era así, salvo que se investigara su actuación en ejercicio del cargo de abogado o de juez o magistrado.

En la Judicatura recibieron la demanda el 14 de febrero y abrieron un proceso solo cuatro días después, una inusual rapidez para casos de este tipo. Además, vincularon al exsuperintendente Pablo Felipe Robledo (el abrió la investigación por la reventa de boletas) y al actual superintendente Andrés Barreto (quien falló y confirmó la sanción contra la FCF).

Como el CSJ se acabó tras la creación de la Comisión de Disciplina, por ahora el proceso está en el aire. Pero lo mismo ocurre en la Fiscalía y en la investigación interna de la FCF a sus propios directivos.

El desinfle judicial

En el Ministerio del Deporte le dijeron a La Silla que aún con la decisión de la SIC no pueden intervenir en la Federación, salvo que la Fiscalía tome la decisión de vincular formalmente a Jesurún a un proceso penal. 

Sin embargo, las investigaciones avanzan lentamente, en medio de señales de obstrucción a la justicia. Por ejemplo, la Fiscal que estaba al frente del caso de reventa de boletería ahora está investigada por, presuntamente, haber recibido boletas de regalo de la Federación en el Mundial de Rusia. 

Además de la SIC, la otra entidad en dar resultados tempranos contra el esquema de corrupción en la FCF fue la Fiscalía. En enero y abril de 2019 anunció que imputaría a los representantes legales de las dos empresas que más adelante terminarían sancionadas por la reventa de boletas, Ticket Shop y Ticket Ya.

En el primer comunicado la Fiscalía dijo que estaba avanzando en establecer si además de los empresarios había otras partes vinculadas en el hecho de corrupción, pero desde entonces, hace ya dos años, no se han conocido otro tipo de decisiones. 

Eso, pese a que en esa entidad hay dos testimonios sobre presuntas coimas a Jesurún, y otros directivos, para la adjudicación del contrato de las boletas. 

Uno es el del director de la Dimayor de la época de los hechos, Jorge Perdomo, quien también fue sancionado por la SIC. Perdomo aseguró que el fallecido Rodrigo Rendón Cano, uno de los dirigentes que organizó el cartel de reventa de boletas, le dijo que “él personalmente...  le había entregado en agosto de 2016 1.000 millones a Ramón (Jesurún), a Lucho (Luis Bedoya) y ‘el Chiquito (Álvaro González)”.

El segundo es de otro participante del cartel, quien dijo que para asegurar la entrega del contrato se tuvieron que trasladar 3 mil millones a una casa en Altos de Yerbabuena a las afueras de Bogotá.

Cuando se conocieron esas versiones, a finales de 2019, en medio de la imputación a uno de los empresarios, fue un Juez de control de garantías el que le pidió a la Fiscalía que abriera una indagación para determinar si eran ciertas.

Hasta ahora, no se conoce una decisión ni de archivo ni de imputación contra los directivos salpicados e incluso la defensa de Jesurún ha dicho que prueba de su inocencia es que la Fiscalía no ha tomado la decisión de investigarlo formalmente.

Mientras tanto, la primera fiscal que tuvo el caso, Yajaira Cáceres, será imputada por presuntamente recibir dádivas de la Federación mientras la investiga. Ella viajó al Mundial de Rusia y Jesurún reconoció que le entregó boletas a una persona cercana a la funcionaria.

Según contó Matha Soto en El Tiempo, dentro la Fiscalía también hay una línea de investigación relacionada con presunta entregas de dádivas a funcionarios que están investigando este caso; sin embargo, en la Fiscalía no nos respondieron cuál era el estado de los procesos relacionados con la reventa.

Ramón, el 10 dentro de la FCF

La decisión de la SIC sobre la Federación fue un golpe enorme para una organización privada y para su gerencia. En lo económico, la multa de 16 mil millones de pesos habría servido para pagar lo que se rumora ganaba el técnico Queiroz y todo su equipo técnico en un año. En lo reputacional, el escándalo añadió a las prevenciones que el ‘Fifagate’ había sembrado sobre el fútbol. 

Dos razones más que suficientes para que internamente le pidieran a Jesurún irse. Pero su permanencia en el cargo internamente no está en discusión.

Ramón, como se lo conoce en el mundo futbolero, es oriundo de Barranquilla. En su época de universitario fue jugador de baloncesto, y terminó vinculado al fútbol, según le contó a La Silla Ahmed Aguirre, historiador del Atlético Junior, club del súperpoderoso clan Char, porque era un hincha del equipo que para entonces ya era reconocido por haber ocupado algunos cargos públicos en la ciudad.

Jesurún estuvo al frente de la Corporación Financiera del Transporte de Barranquilla. Cuando ejerció en esa entidad la Fiscalía ordenó su detención por presuntos manejos irregulares. Pero, según le dijo a La Silla, fue absuelto porque “no había absolutamente nada irregular en mi actuación”.

“Fuad Char lo conoció, y lo vinculó al Junior, primero estuvo en la junta directiva y luego asumió la Presidencia del Club”, explicó Aguirre.

Con su reconocida habilidad Jesurún se abrió espacios en la alta sociedad barranquillera. Por ejemplo, es presidente del Comité de Belleza, el que escoge las candidatas al Reinado Nacional de Cartagena, y de hecho su hija, Laura Jesurún, fue reina del Atlántico.

Desde el Junior ascendió por varios puestos directivos del fútbol y en 2006 se convirtió en Presidente de la Dimayor, un puesto que es elegido por los presidentes de los clubes de la liga profesional. 

Dos directivos que hicieron parte de su elección le contaron a La Silla que Jesurún sumó poder por mérito propio, en una designación reñida que ganó por solo un voto. 

Su paso a la presidencia de la FCF se dio en el 2015, por gracia de otro escándalo de corrupción. Ese año estalló el ‘Fifagate’ y Jorge Bedoya dejó ese puesto vacante luego de ser acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de recibir sobornos. Bedoya aún está en Estados Unidos, donde se declaró culpable, y vive en libertad como cooperante de la justicia gringa.  

“Jesurún iba a quedar porque se entendía que él era el heredero natural del cargo, aún cuando sus relaciones no eran buenas con Bedoya todo el tiempo”, le dijo a La Silla un directivo actual que pidió la reserva de su nombre para evitarse problemas. “Las decisiones se tomaron respetando eso, y que él también es muy bueno haciendo relaciones. Tiene buen trato con todos los clubes y las ligas”

Lo de las buenas relaciones dentro del mundo del fútbol quedó probado tras el fallo de la SIC. Otros dos directivos actuales nos contaron por separado, bajo la condición de no ser citados, que esa decisión no motivó ninguna reacción interna pese a sus implicaciones. 

“En asambleas de la Dimayor a la que asiste Jesurún porque tiene un puesto en ella, él nos explicó que es inocente y que va a pelear esa decisión. Nosotros le creemos y hay un respaldo muy grande”, explicó uno de esos directivos. El otro directivo nos contó una versión casi igual.

En efecto, Jesurún le confirmó a La Silla que una vez la decisión quedó en firme demandó la nulidad del fallo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El fallo puede tardar varios años.

Que su relación con los clubes y las ligas no haya sufrido desgaste es clave, porque ellos son los encargados de nombrar a los miembros de la Comisión de Disciplina de la Federación. Se trata de la comisión más poderosa, porque es la encargada de revisar las actuaciones de directivos, y puede incluso removerlos del cargo. 

Una vez se conoció la decisión de la SIC y en el Mindeporte pidieron la investigación interna, renunciaron sorpresivamente dos de los tres integrantes de la comisión, que suelen ser muy cercanos a los directivos, cuando apenas cruzaban por la mitad de su periodo. Uno de ellos, Aristides Bentacur, excusó su renuncia en que no le quedaba tiempo para atender temas de la Federación.

Su coincidente salida desbarató la Comisión y empezó a dilatar la investigación interna. 

Sobre todo porque volver a armarla ha sido un proceso accidentado. Fue entonces cuando el ahora ministro de Justicia, Wilson Ruiz, llegó a suplir la vacante, pero tuvo que renunciar en medio de un escándalo porque asistió con pases a un partido de la Selección en plena cuarentena.

Como Ruiz no duró, tuvieron que traer a alguien más. Solo en diciembre de 2020 fue nombrado por Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda (de Cambio Radical), quien entró en representación de la Dimayor.

El exministro Henao le confirmó a La Silla que desde que asumió en esa comisión aún no se han reunido en pleno, y que por ahora no tiene en sus manos el expediente de la reventa de boletas. Es decir, a seis meses de que el Ministerio del Deporte pidiera que se adelantara la investigación interna, todo apunta a que no se ha avanzado nada.

Por lo pronto, con nuevo técnico a bordo en la Selección Colombia, la permanencia de Ramón Jesurún parece cimentarse.

Mientras los ojos de los hinchas vuelven este año a las canchas con el reinicio de las Eliminatorias, el Presidente de la FCF seguirá matizando su sanción por corrupción en la SIC, acompañado de su amplia red de aliados en la rama judicial y la política. 

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