Ayer las plenarias de Senado y Cámara aprobaron en simultáneo el proyecto de ley que le permite a la Procuradora, Margarita Cabello, sancionar, destituir e inhabilitar funcionarios públicos elegidos por voto popular, y, al tiempo, aumentar la nómina de la entidad para cumplir ese fin.
Es un proyecto polémico por lo que le cuesta a los contribuyentes en plena crisis y porque muy probablemente la Corte se lo tumbe. Pero, mientras tanto, ayudará a los políticos y a Duque en plenas elecciones del 2022.
El origen del proyecto es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH) que dice que la Procuraduría sólo puede destituir a un funcionario elegido popularmente cuando hay una condena penal previa de un juez.
Esta sentencia, que se produjo a raíz de una demanda de Gustavo Petro a la decisión del entonces procurador Alejandro Ordóñez de destituirlo, le quita de tajo el poder sancionatorio más grande de la Procuraduría. Sin embargo, Cabello hizo una interpretación “evolutiva” y no literal de la decisión de la Cidh y logró no solo conservar su poder sino aumentarlo.
Cabello presentó un proyecto que le da a la Procuraduría las competencias de un juez. Dice que su propuesta sí cumple lo que pidió la Corte IDH porque incluye nuevas garantías a los investigados, como que el procurador que hace la investigación sea diferente al que falle. Y que, además, habrá doble instancia o doble conformidad para que las sanciones sean revisadas por varias salas de la Procuraduría antes de quedar en firme. De ahí el aumento de la planta de personal.
Cabello logró el espaldarazo a pesar de los cuestionamientos que hicieron el Consejo de Estado, la Misión de Observación Electoral, la Federación de Municipios, y distintos académicos, quienes señalan que con el proyecto la Procuradora no solo desconoce acuerdos internacionales pues le saca el quite al fallo de la Corte Idh, sino que asume competencias de juez que no le corresponden.
A pesar de las implicaciones de gasto sobre el déficit fiscal del gobierno y que recién salimos de un mes de estallido social, tanto Duque como el Congreso apoyaron mayoritariamente el proyecto.
El presidente Duque sale fortalecido porque recarga de poderes a uno de sus aliados en los órganos de control. Cabello fue su ministra de Justicia, y en el Centro Democrático la ven como alguien de fiar. Completa el póker en esas entidades porque el fiscal Francisco Barbosa es su amigo, y, además, es cercano del contralor Felipe Córdoba, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Una aprobación cantada
Ayer, con presencia de Cabello, el Senado aprobó el proyecto con 53 votos de los 44 que necesitaba; 22 senadores se declararon impedidos para votar porque tenían investigaciones en la Procuraduría, o familiares trabajando en esa entidad.
En Cámara votaron a favor 110 representantes contra 20 en contra.
En las dos instancias a Cabello la apoyaron los integrantes del Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Conservador, La U, los movimientos cristianos, y un bloque del Liberal. Los mismos sectores que, en el caso del Senado, la eligieron en el cargo en agosto del año pasado.
Como contamos, aunque en ese momento Cabello fue ternada por el Presidente Duque, su sello no es exclusivamente uribista, porque cuenta con amigos y relaciones en casi todos los partidos.
Parte de esas relaciones las afianzó en el ministerio de Justicia. “Te puedo decir que les dio espacios a varios, sobre todo a sus cercanos en la Comisión Primera, que tenía más que ver con sus temas”, nos aseguró un congresista de Barranquilla que lo sabe de primera mano.
Su origen barranquillero también le sirvió para conseguir el respaldo de la bancada costeña. El vínculo regional explica que los ponentes de su proyecto hayan sido el senador liberal Fabio Amín y los representantes de Cambio Radical, César Lorduy, (aliado de la Casa Char), y de La U, Alfredo Deluque. Todos costeños, como Cabello, y pedidos por ella como nos los confirmaron dos congresistas de la Comisión Primera.
“Fue algo importante para mí que un caribeño como Deluque, un barranquillero como yo, tratamos de sacar adelante un proyecto de una barranquillera como Margarita Cabello”, dijo Lordouy, tras la aprobación de la iniciativa.
El empujón del Gobierno Duque fue clave para sacar adelante su reforma.
El Gobierno metió mano
Además del mensaje de urgencia para que se aprobara más rápido, el Gobierno impulsó el proyecto de Cabello con un lobby en el Congreso que no se le ha visto a proyectos propios como el de la ratificación del Acuerdo de Escazú o al de la jurisdicción agraria.
Tanto el ministro de Interior, Daniel Palacios, como su viceministro, Juan Pablo Díaz Granados, estuvieron presentes en las sesiones de Senado y Cámara para alinear a los partidos de coalición, reforzada ahora con el reparto de cuotas burocráticas y de mermelada.
“Con esto del paro, el ministro del Interior, Palacios, se ha acercado más al Congreso, ya uno no lo ve como ministro sino como un amigo. Y él vive pendiente de lo que uno necesita en las regiones”, nos dijo un representante liberal.
La expectativa de burocracia del proyecto también marcó su rumbo. La idea inicial de Cabello es pasar de 32 a 64 procuradores regionales y de 50 a 100 provinciales. Los primeros ganan, en promedio, 12 millones de pesos cada uno; mientras que los segundos 9 millones de pesos. También pide vincular más funcionarios para crear tres salas nuevas: una de instrucción, otra de investigación y la de segunda instancia.
Ese pedido de ampliación de nómina tuvo el respaldo del entonces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
La discusión de esas facultades alargó el debate porque varios senadores intentaron frenar el mayor gasto en medio de la crisis en las finanzas públicas. Pero no lo lograron.
Por ejemplo, el senador cristiano Jhon Milton Rodríguez propuso que la ampliación del gasto no sea superior al 2 por ciento del presupuesto de funcionamiento de la Procuraduría, que en el 2020 fue de 724 mil millones de pesos.
En la Cámara, el representante Liberal, Jhon Jairo Roldán, radicó una proposición que llevaba el visto bueno del nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para que la ampliación de nómina estuviera condicionada por el marco fiscal de mediano plazo del Gobierno.
Al final, se estableció que la ampliación de cargos deberá salir de un estudio que haga Función Pública, que hace parte del Gobierno. Es la misma fórmula que utilizó con éxito el Contralor, Felipe Córdoba, para crear 709 cargos nuevos en marzo de 2020, en pleno arranque de la pandemia. Y con la cual logró aumentar el presupuesto de la Contraloría en más de 250 mil millones, quedando en más de un billón de pesos para el 2021, el más alto de su historia.
“Eso es, para lo que es: entregar puestos”, nos dijo, con desparpajo, un representante de Cambio Radical sobre esas facultades.
La amenaza de la prescripción
Cabello también consiguió el respaldo de algunos congresistas indecisos al permitirles meter nuevos artículos. De 52 artículos que tenía el proyecto original, pasó a 78.
Uno de los que apoyó con esa condición fue José Daniel López, representante por Cambio Radical. Él metió que los fallos de la Procuraduría debían ser revisados antes de quedar en firme por el Consejo de Estado cuando se trate de funcionarios nacionales, o de los tribunales administrativos cuando se trate de los regionales.
“Eso se acerca más al fallo de la Corte IDH. Apoyé el proyecto, salvo las facultades para ampliar la nómina, bajo esa condición”, dijo López.
El fantasma de la prescripción de más de 10 mil procesos disciplinarios fue otro as bajo la manga que sacó Cabello para abogar por su proyecto. De hecho, desde la semana pasada Cabello movió ese tema en medios de comunicación y en las cuentas institucionales de la Procuraduría.
La amenaza de esa prescripción se basa en que el próximo 1 de julio debía entrar en vigencia una reforma al Código Disciplinario que aprobó el Congreso en 2017, pero que se aplazó en 2019 por razones fiscales (costaría unos 300 mil millones de pesos). En esa reforma, quedó establecida la figura de la prescripción de casos cuando no se hubieran resuelto en cinco años.
El proyecto de Cabello amplía por dos años más el plazo para evitar esas prescripciones, que, en todo caso, están cerca de darse justamente por la inoperancia de la Procuraduría.
Pero esa advertencia de prescripción, según los congresistas de oposición Jorge Londoño, del Verde, y Jorge Gómez, de Dignidad, se habría podido resolver con un proyecto que aprobara la ampliación del Código del 2017 y no la propuesta de Cabello.
Lo que viene
Al proyecto de Cabello le falta la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado antes de que el presidente Duque la sancione como ley.
Cuando pase eso, el debate irá a la Corte Constitucional porque ya están cantadas demandas para tumbarla, alegando vicios de forma y fondo.
No solo están los argumentos del Consejo de Estado, la Misión de Observación Electoral, la Federación de Municipios, y académicos como Rodrigo Uprimmy, Catalina Botero o Esteban Hoyos, sino que hay antecedentes judiciales que ponen en duda que esa reforma vaya a pasar el examen de constitucionalidad.
La Corte IDH, por su lado, revisará el cumplimiento del fallo de Petro, y tendrá la última palabra para decir si los ajustes hechos por la Procuraduría y el Gobierno cumplen o no con lo que ordenó en su fallo. Si decide que no lo hace, la Corte IDH podría hacerle un llamado de atención al Estado colombiano. Aparte de que a esa instancia internacional podrían llegar demandas similares a la que puso Petro.
Y ya hay antecedentes del Consejo de Estado que lo ponen a tambalear.
Por ejemplo, el Consejo de Estado ya rechazó la figura del recurso de revisión extraordinario para los fallos contra los investigados cuando la usó el Contralor, Felipe Córdoba, para decir que con eso acataba la sentencia de la Corte IDH.
“El procedimiento incumple las garantías mínimas del debido proceso, que derivan un efecto práctico sancionatorio, y cuyas garantías la Corte Interamericana ha equiparado a las que deben darse en los procesos penales”, planteó el Consejo de Estado en este auto.
En la práctica, el Consejo Nacional Electoral ya no podrá rechazar la inscripción de candidatos que en el pasado hayan sido sancionados con fallos administrativos, disciplinarios o fiscales —es decir, los que resuelven la Procuraduría o Contraloría— porque en el Código Electoral aprobado en diciembre por el Congreso se establece que a ningún ciudadano se le puede negar el derecho a ser elegido ni a ser gobernante cuando ha contado con el voto popular. Y quedó así explícitamente en desarrollo del fallo de la Cidh.
Mientras se resuelven todas las dudas de la reforma de Cabello y sus alcances, el gobierno Duque y su coalición de Congreso quedan con una aliada recargada de poderes. De hecho, ya Cabello ha dado puntadas sobre cómo usará esos poderes para jugar en la política con miras al 2022.
De eso dio muestra al mes de asumir su cargo, cuando le abrió una indagación preliminar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por un trino en el que criticaba el pedido de preclusión de la Fiscalía del caso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente torcer testigos; o cuando, ad portas de arrancar el debate de su proyecto en la Comisión Primera de Senado, le abrió investigaciones a los senadores de la oposición Alexander López, del Polo y Luis Fernando Velasco, del partido Liberal, por supuestas extralimitaciones en hechos relacionados con el paro.
Con esta reforma, Cabello demostró que su Procuraduría va a tener un tono alto, como lo dijo cuando agradeció al Congreso la aprobación de su proyecto: “Nadie sino solo una nueva Constituyente y una nueva Constitución y una reforma constitucional pueden eliminar la Procuraduría General de la Nación”
Y que el Congreso y el Presidente parecen ser inmunes no solo a la presión internacional sino a los reclamos de la calle.
