Ayer en el Congreso, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reveló los puntos centrales de la nueva política antidrogas del gobierno Santos. Ese ‘plan B’ -que el Gobierno comenzó a evaluar después de la suspensión de la aspersión de coca con glifosato- es en realidad un regreso a la política antidrogas de Álvaro Uribe y contrasta mucho con el giro que Juan Manuel Santos viene promoviendo a nivel internacional.
Ayer en el Congreso, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reveló los puntos centrales de la nueva política antidrogas del gobierno Santos. Ese ‘plan B’ -que el Gobierno comenzó a evaluar después de la suspensión de la aspersión de coca con glifosato- es en realidad un regreso a la política antidrogas de Álvaro Uribe y contrasta mucho con el giro que Juan Manuel Santos viene promoviendo a nivel internacional.
Durante un debate de control político por la seguridad citado por el Centro Democrático en la Comisión Primera, Villegas explicó que la nueva estrategia contra las drogas se centrará en cinco puntos, comenzando por disminuir los cultivos de coca e intensificar la incautación de cocaína.
En particular anunció que el Gobierno pasará de los 16 grupos de erradicación manual forzosa que tiene a 60, una decisión que resulta polémica dado que continúa poniendo el énfasis en los cocaleros y no en los eslabones más rentables y poderosos de la cadena del narcotráfico.
Las mayores críticas que le han hecho los expertos en drogas es que es un programa costoso, de baja eficacia (algo que podría resultar más complejo ahora que, según Naciones Unidas, los cultivos de coca están más dispersos que antes) y sobre todo riesgoso, ya que durante la era Uribe -quien lo impulsó fuertemente y tuvo 100 grupos de erradicación- murieron más de 100 policías erradicadores (en su mayoría jóvenes inexpertos que cayeron víctimas de minas antipersonal).
La Silla supo que esa es una de las ideas que la Policía ha defendido en el subcomité del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde tienen asientos varios ministerios y que tiene la misión de recomendar el nuevo ‘plan B’. (Las otras dos, seguir buscando una molécula química que reemplace el glifosato para asperjar y judicializar a los cocaleros, van en línea con esa visión que impera desde el gobierno Uribe).
En cambio, Villegas no tuvo en cuenta ninguna de las propuestas de las otras entidades, incluyendo fortalecer el rol de la Armada y a la Infantería de Marina en perseguir a los traficantes, crear equipos de Policía judicial para que se pueda judicializar más rápidamente a los narcos capturados (dado que los militares que lideran los operativos no pueden hacerlo), enfocarse en el lavado de activos y modificar la misión de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército para que pase de cuidar la aspersión a liderar el control del tráfico de insumos y precursores usados para elaborar la cocaína.
Es decir, todas diseñadas para atacar los eslabones más fuertes del negocio. Y también en línea con la visión progresista que ha promovido Santos por fuera de Colombia, con las recomendaciones de la Comisión Asesora en Política de Drogas que creó el presidente y con el acuerdo sobre drogas firmado en La Habana.
Por eso, con el anuncio de Villegas ayer, Santos vuelve a apostarle a algunas de las estrategias que él ha descrito varias veces como una “bicicleta estática”.
