La combinación de todas las estrategias de defensa de Petro

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Hoy es un día clave para Gustavo Petro porque vence el plazo para presentar sus defensa ante la Procuraduría y solicitar o aportar pruebas a su favor. Por eso, el círculo cercano al Alcalde no ha escatimado esfuerzos para defender en varios niveles la gestión de Gustavo Petro y evitar que le trunquen su mandato. Estas son las estrategias que han seguido:

Hoy es un día clave para Gustavo Petro porque vence el plazo para presentar sus defensa ante la Procuraduría y solicitar o aportar pruebas a su favor. Después de cerrada esta etapa, solo queda la fase de las pruebas finales. La decisión final podría tardar hasta 12 meses pero funcionarios cercanos a Petro creen que el Procurador tomará una decisión adversa muy rápida para que se puedan convocar elecciones en Bogotá justo antes de las del 2014. Por eso, el círculo cercano al Alcalde no ha escatimado esfuerzos para defender en varios niveles la gestión de Gustavo Petro y evitar que le trunquen su mandato. Estas son las estrategias que han seguido (haga clic en cada foto):

Según contó a La Silla un funcionario del distrito que tiene esta información de primera mano, el Alcalde lleva varios días encerrado escribiendo su propia defensa frente al pliego de cargos de la Procuraduría. A lo que él escribió luego los abogados le agregaron la parte técnica jurídica.

Los procuradores delegados Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez levantaron tres cargos contra Petro, todos relacionados con la decisión de que las empresas del Distrito asumieran la prestación del servicio de aseo: la primera, es por haberle ordenado a la Uaesp suscribir un contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), sin que esta última tuviera experiencia en el servicio de aseo. La segunda, porque la decisión de Petro llevó a que el gerente de la EEAB suscribiera un contrato con Aguas de Bogotá sin que ésta contara con la experiencia y la capacidad requerida. Y la tercera, por haber expedido el decreto mediante el cual adoptó un esquema de aseo que violó la libertad de empresa al impedir que otras compañías prestaran el servicio.

El principal argumento de defensa del Alcalde es que las pruebas, con base en las cuales lo investiga la Procuraduría, están basadas en el viejo modelo de recolección de basuras, que consistía en que unos operadores privados llevaran la basura a un relleno sanitario. Mientras que su modelo lo que busca es reducir la basura al máximo mediante el reciclaje.

Petro alegará que el fundamento para el modelo de Basura Cero es una resolución de la ONU de 2010 que declara el saneamiento básico un derecho fundamental; el auto 275 de la Corte que ordena integrar a los recicladores como empresarios del aseo; y la Constitución. También usará un documento de la Uaesp que muestra que el 18 de diciembre los operadores de aseo dejaron de llevar al relleno de Doña Juana 7 mil toneladas, y que esa fue la verdadera causa de la crisis sanitaria que se vivió ese día y los dos siguientes.

Petro también usará dos fallos recientes, que según la Alcaldía, le dan la razón al Alcalde. El primero es una decisión del juez 7 administrativo de Bogotá del 5 de febrero de 2013 en respuesta a una acción de cumplimiento.

El juez declaró improcedente la acción porque hacía falta uno de los requisitos.

El otro fallo es del juez 9 administrativo, del 22 de marzo, por otra acción de cumplimiento pero que es calcada de la anterior, que nuevamente se abstiene de decidir de fondo porque dice que ya el juez 7 administrativo había estudiado la acción.

Sin embargo, en la parte motiva dice que la cláusula de reversión de los equipos forma parte de los contratos de concesión. "Es evidente que se deberían entregar al Distrito todos los bienes que permitieran la continuación de la prestación del servicio" e incluso compulsa copias a la Fiscalía para que investigue la "retención" de esos bienes por el contratista.

Por otro lado, el juez 9 administrativo también declaró improcedente otra acción de cumplimiento y no entró a juzgar el fondo del asunto. Sin embargo, afirmó en que la EAAB no tenía una "posición dominante" porque la Uaesp celebró contratos con Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa, "con lo cual se garantiza la libre competencia y queda neutralizado el uso indebido del poder".

El Procurador no tuvo en cuenta estos dos fallo, lo que la defensa de Petro considera un error. Los abogados de Aseo Capital, que fue la que presentó la Acción de Cumplimiento, han dicho que no es cierto que el juez haya “ordenado” la reversión de los vehículos como dijo la Uaesp puesto que al no declararse competente para decidir el caso de fondo tampoco era competente para analizar el fondo del asunto.

En realidad, el mismo juez 8 administrativo dice que solo está haciendo "un par de observaciones sobre el caso" y estas no tienen una relación directa con su decisión de inadmitir.

En todo caso, el Alcalde considera que estos pronunciamientos refuerzan su defensa de que la crisis sanitaria no fue su responsabilidad de esos días de diciembre y que tampoco se le puede endilgar haber violado la libertad de empresa como alega el Procurador.

 

Varios miembros del equipo que rodea a Petro están convencidos de que la motivación del Procurador para investigar al Alcalde es totalmente política y que de hecho, ya tomó la decisión de destituirlo. Por eso, una de las fórmulas de defensa de Petro es la presión internacional.

Hace unas semanas el secretario privado de Petro, Jorge Rojas, viajó a Washington y se reunió con varios congresistas gringos para contarles el caso y buscar una declaración bipartidista, de parlamentarios republicanos como democrátas, alertando sobre cómo una acción arbitraria del Procurador contra el Alcalde podría poner en riesgo el proceso de paz.

Hasta anoche, La Silla había podido verificar si en efecto el Alcalde había conseguido que republicanos que lo respaldaran pero por lo menos algunos demócratas –incluido el senador Sam Farr, quien ha asumido el liderazgo de los temas sobre Colombia en el Congreso y el mes pasado destacó la política de Petro de sustituir las zorras- supuestamente se pronunciarán hoy al respecto. La idea del equipo de Petro es ponerle la lupa internacional a su caso en la Procuraduría con el fin de evitar que vaya a haber un abuso de poder.

 

Desde que arrancaron los diálogos con las Farc en la Habana Petro ha sido un defensor de estas negociaciones y de hecho fue uno de los promotores de la Marcha por la Paz el pasado 9 de abril.

Pero desde que la iniciativa de revocatoria de su mandato fue avalada por la Registraduría, y sobre todo desde que la Procuraduría le formuló pliego de cargos, Petro y la gente cercana a él han comenzado a vincular su caso de manera más explícita con lo que se está negociando en la Habana.

Básicamente, el mensaje es que destituirlo a él –un desmovilizado que ha cumplido fielmente con su compromiso con la paz- crearía un precedente nefasto para los acuerdos de participación política de las Farc que están discutiendo actualmente en La Habana porque demostraría que el Establecimiento no tolera un gobierno de izquierda.

Este argumento fue retomado por un grupo de académicos, intelectuales y artistas de izquierda que salieron en defensa de Petro hace unas semanas: “Invitamos a denunciar y a aislar ese proyecto político de la extrema derecha, con la convicción de que su avance significaría un severo golpe al proceso de diálogo y negociación política entre el gobierno y la insurgencia, cuyas coordenadas pasan por los diálogos de La Habana”, dice la carta. “Reiteramos que lo que está en juego no es sólo la defensa de un funcionario, ni únicamente el cumplimiento de un programa y de un Plan de Desarrollo, sino -de manera más amplia-, la defensa de legítimas reglas del juego propias del Estado de Social de Derecho.”

El miércoles, El Espectador reveló que el Distrito prepara la formulación de una Política de paz para Bogotá, que incluirá una universidad para la paz, programas para acoger a excombatientes y víctimas, la posibilidad de crear una zona de reserva campesina para el Sumapaz, entre otras propuestas.

La propuesta de una zona de reserva campesina en el Sumapáz provocó la reacción inmediata del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón justo cuando este es el tema álgido en la negociación en el Catatumbo y en la Habana. El secretario de Gobierno reconoció que en efeccto la Alcaldía no tenía competencia sobre este tema pero que lo mencionen precisamente ahora denota el interés del Alcalde de ser un referente importante en esa negociación y que el costo de destituirlo trascendería Bogotá. .

 

El Alcalde no ha escatimado esfuerzos para usar todos los instrumentos legales disponibles contra la decisión del representante Miguel Gómez de promover una revocatoria de su mandato.

Un equipo revisó las firmas y denunció que más de la mitad eran chimbas. Con base en ese informe, el Alcalde pidió una veeduría internacional que no fue aceptada por la Registraduría. Y finalmente, interpuso una tutela que ganó cuando un Tribunal de Bogotá aceptó que se le había violado el debido proceso y ordenó a la Registraduría permitir a su equipo de grafólogos cotejar las firmas con los registros oficiales. Este cotejo vence el lunes.

El abogado que está a cargo del equipo de grafólogos contratados por Petro, Luis Fontalvo, dijo a La Silla que el jueves promovió u incidente de desacato ante el Tribunal porque la Registraduría no ha querido darles el informe de verficación de firmas junto con sus soportes de los peritazgos grafológicos de los apoyos válidos. Y que tampoco los han dejado consultar las tarjetas alfabéticas decadactilares.

“De los 357.250 apoyos, hay unos 220 mil con datos incompletos”, dijo Fontalvo a La Silla. Explicó que por ejemplo aparece la firma de Juan C. Ortiz R. Si bien han encontrado que bajo la misma cédula aparece un Juan Carlos Ortiz Restrepo, los dos nombres no son exactos y por lo tanto ese apoyo se ha debido rechazar.

“Si nos dejaran ver las tarjetas alfabéticas les tumbamos la mitad de apoyos porque las firmas no corresponden”, explicó Fontalvo. También que han aparecido formularios con el encabezamiento de firmas contra el aborto entre los apoyos válidos.

La Registraduría dijo a La Silla que esos formularios con encabezado del aborto fueron rechazados. También explicó que si bien sí les han dado acceso al Archivo Nacional de Identificación, no han entregado las huellas decadactilares porque en ninguna parte de la tutela dice que deban hacerlo, ya que los formularios de firmas de la revocatoria vienen sin huellas. Y que la revisión de los grafólogos no puede incluir verificar si la firma de la persona es igual o distinta a la que aparece en la cédula pues la gente a los 50 años no firma como lo hacía a los 18 años.

De aceptarse el desacato, el equipo de Petro contaría con más días para terminar de revisar las firmas. .

 

Luis Fontalvo es un abogado barranquillero que como veedor ciudadano ha asumido varias acciones legales para defender a Petro.

En febrero de 2013, interpuso una acción popular contra los concesionarios de aseo que pedía que pusieran los camiones recolectores de basura al servicio del interés general para proteger el derecho de los ciudadanos al patrimonio público. El martes, finalmente la juez citó a una audiencia de pacto de cumplimiento a la que asistieron todos los operadores de aseo.

Fontalvo considera que habría sido un momento clave pues se habría probado que las empresas no habían devuelto al Distrito los carros recolectores y no habían cumplido su contrato al no llevar la basura al relleno de Doña Juana el 18 de diciembre, las dos condiciones que precisamente habían provocado la crisis sanitaria por la que ahora el Procurador investiga a Petro. Sin embargo, la audiencia falló porque no asistió la directora de la Uaesp de la Alcaldía, razón por la cual la juez decretó la audiencia fallida.

Como el primer punto del escrito de justificación de la solicitud de Miguel Gómez de convocar la revocatoria de Petro es precisamente la crisis sanitaria del 18 de diciembre causada por la decisión del Alcalde de improvisar el cambio del esquema de aseo, Fontalvo decidió denunciar penalmente a Gómez ante la Corte Suprema por fraude procesal.

Su argumento es que Gómez intentó “inducir a error a la autoridad” porque la crisis sanitaria no fue el resultado de la decisión de Petro sino de “un boicot de los concesionarios” que decidieron no recoger la basura el 18 de diciembre y la prueba –según Fontalvo- es un documento de la Uaesp que muestra que ese día no llevaron las toneladas acostumbradas al relleno de Doña Juana.

Este mismo documento fue el que aportó Fontalvo a la Procuraduría cuando pidió el 5 de mayo que investigara a los concesionarios. “El Procurador no ha ni siquiera abierto la investigación contra los concesionarios”.

Después de todas estas acciones del veedor, el secretario privado del Alcalde lo contactó y Petro lo nombró como el delegado de su defensa ante la Registraduría para revisar la legalidad de los apoyos a la convocatoria. “Yo le dije que quería seguir siendo el veedor popular, pero él insistió”, dijo Fontalvo a La Silla.

 
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