Hechos minúsculos

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Esta semana se supo por qué el Presidente Iván Duque se refiere poco y casi siempre evasivamente sobre denuncias de abusos policial, o de la fuerza pública en general: le parece que son hechos minúsculos

Esta semana se supo por qué el Presidente Iván Duque se refiere poco y casi siempre displicente y evasivamente sobre denuncias de abuso policial, o de la fuerza pública en general: le parece que son hechos minúsculos, a pesar de que lo que ha ocurrido en el último año no solo ha impactado fuertemente en la opinión pública sino que refleja un deterioro grave en los protocolos de actuación de los cuerpos armados.

Al menos a Duque le parecieron de poca entidad, en cambio el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, los negó dijo que no habían ocurrido y eran creaciones de conspiradores para desprestigiar a la fuerza pública.

Las dos declaraciones ocurrieron mientras los medios difundían la noticia de que el concejal de Bogotá Diego Cancino pedía explicaciones por la muerte de 9 personas por quemaduras producto de un incendio al interior de un CAI, en Soacha, donde estaban recluidas.

El hecho retrata el grado de insensibilidad de esta sociedad frente a la muerte.¡Ocho o nueve personas murieron calcinadas, a la vista de todo el mundo, mientras estaban bajo protección policial!

Los medios registraron la noticia cuando ocurrió, como lo hubiera hecho el Presidente, como un hecho minúsculo que no mereció especial atención. Inicialmente se murió uno y los demás fueron trasladados heridos a diversos hospitales donde fueron reportándose sus muertes sin que a nadie le hubiese parecido importante o digno de atención.

El Ministro, ya se mencionó, despachó el asunto atribuyéndoselo a populistas que utilizan la muerte para fines electorales.

La Policía dijo que no exageraran, que eran hechos minúsculos, que no eran nueve sino ocho los muertos y que no habían muerto por quemaduras sino por asfixia por el humo que había producido el incendio y que sí que no los habían podido rescatar de las llamas porque la llave de la puerta no había funcionado. El Alcalde de Soacha también pareció tranquilizarse con el hecho de que la muerte fuera por asfixia y no por quemaduras y se sumó a las acusaciones del Ministro contra el valiente concejal que pedía explicaciones.

Ah, eso sí, el alcalde anticipó que eso iba a seguir ocurriendo porque no hay capacidad en las cárceles para recibir más presos, lo que ha ocasionado hacinamientos en instalaciones policiales, como los CAI, donde, sin que tengan la infraestructura adecuada para ello, permanecen recluidas decenas de personas.

En cualquier otra parte, la muerte de ocho personas que se encontraban bajo custodia del Estado en calidad de detenidos hubiera causado un cisma con enorme consecuencias políticas. El Ministro, que sería el primer respondiente, está tranquilo porque sabe que las responsabilidades políticas en estos casos no se producen y tiene razón. Acaba de superar con éxito una moción de censura en la que algunos pensaban que sí, que alguien tenía que responder por el cúmulo de hechos que se habían sumado como consecuencia de actuaciones policiales imprudentes o francamente abusivas, que habían tenido, a diferencia de los hechos de Soacha, gran cubrimiento mediático y que habían causado la muerte de Dylan Cruz por un impacto causado por un elemento disparado por un arma oficial, de Javier Ordoñez por los golpes que le propinaron varios policías y, eventualmente la de otros jóvenes muertos el 9 de septiembre pasado en Bogotá, en algunos casos por disparos indiscriminados hechos por agentes mientras repelían protestas y ataques contra instalaciones policiales.

También se le interpeló al ministro porque en operaciones militares contra organizaciones ilegales habrían muerto menores de edad, pero eso seguramente también es otro hecho minúculo. Bueno en la guerra se llaman daños colaterales.

La defensa que hizo el Ministro no solo no lo debilitó, sino que, según lo interpretaron varios medios de comunicación, le sirvió para escalar su campaña presidencial. Con ese antecedente era fácil prever que saldría envalentonado a minimizar los hechos, a acusar a los denunciantes y a seguir el libreto oficial: son hechos minúsculos.

Las declaraciones coincidieron con el cumplimiento de dos meses de la muerte de un número de personas aún por determinar, pero que pasa de diez, en hechos que según las evidencias podrían haber ocurrido por el uso indiscriminado e imprudente de las armas de fuego de dotación policial en las manifestaciones para protestar por la muerte de Javier Ordoñez en un CAI de la Policía.

De lo que pasó esa noche del 9 de Septiembre no se sabe nada nuevo. Ni siquiera se ha podido precisar cuántas fueron las personas muertas violentamente en esos hechos. En ese caso como en el de Soacha todo el mundo se ampara en las “investigaciones” porque tienen la esperanza de que llevaran a la impunidad.

Incluso los medios hablan como si los hechos esenciales en ambos casos no estuvieran probados: en uno hay personas bajo custodia estatal y en esa condición resultaron muertos. Es un caso de lo que los abogados llamarían de responsabilidad especial. El estado tenía el deber de protegerlos. En Soacha hay un video que muestra que el incendio se causó por el fuego que prendieron los reclusos en una cobija y que creció a la vista de todo el mundo, de policías encargados de la custodia y de familiares que pedían que les permitieran salir. Los agentes no reaccionaron rápidamente, cuando hubieran podido hacerlo. Si reaccionaron, que no se sabe, lo hicieron al menos tardiamente. Los hechos básicos que generan la responsabilidad están probados, después, individualizar la responsabilidad o graduar su gravedad será tarea de los jueces, pero que ocurrió un hecho reprochable atribuible a la institución y a unos agentes estatales no hay duda, sin embargo, todos, para limpiar su conciencia, dicen que esperen las investigaciones.

Hay decenas de sentencias del Consejo de Estado en las que incluso se declara a la Nación responsable por la muerte de detenidos que se suicidan al interior de establecimientos carcelarios o policiales. De ese tamaño es el deber de protección que se le atribuye al Estado, como para que el Ministro crea que asumiendo que el hecho lo causaron los reclusos eso lo exonera de responsabilidad.

De los hechos de Septiembre también hay documentación suficiente que demuestra que hubo abuso e imprudencia policial. El director de la Policía contesta en forma evasiva un cuestionario que le formuló el Defensor del Pueblo, dice que hay 77 investigados e insinúa, por el tono de sus respuestas, que son hechos minúsculos y que esperen las investigaciones, pero que se demoran.

Éstos hechos son solo una pequeña parte de múltiples  "hechos minúsculos" que configuran graves violaciones de los derechos humanos de parte de agentes estatales, de los cuales ayer no más se develó un ejemplo adicional, con ocasión de la detención de un agente que usó injustificadamente la fuerza contra manifestantes en Bogotá hace dos meses.

Al agente no lo detuvieron por eso, de lo cual había videos y fotografías, lo detuvieron porque, según pruebas recogidas por la Fiscalía, habría abusado sexualmente de una menor en las instalaciones de un CAI.

Un nuevo hecho que sería calificado por Duque como minúsculo y que para el Ministro será fruto de la conspiración comunista para desprestigiar a la Fuerza Pública.

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