Duque está actuando con base en un diagnóstico equivocado sobre la magnitud y la dinámica de esta terrible matazón.
En esta entrada, escrita conjuntamente con la colega de Dejusticia Valentina Rozo, criticamos la tesis del presidente Duque de su discurso del 20 de julio, según la cual su gobierno había reducido en 35 % las muertes de líderes sociales gracias a su “Plan de Acción Oportuna” (PAO).
Esa tesis, que está basada en un informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, dirigida por Francisco Barbosa (de ahora en adelante el Informe Barbosa), carece de cualquier sustento académico, como uno de nosotros lo planteó en una reciente columna, y como ya lo habían destacado otras críticas severas de ese informe, como la realizada por Colombia Check.
La muerte de un solo líder social es inaceptable y por ello es terrible discutir sobre lo correcto o incorrecto de las cifras de asesinatos de líderes sociales, pues el debate numérico puede ocultar la tragedia humana detrás de cada homicidio. Sin embargo, esta discusión es importante ya que esa tesis del Informe Barbosa ha sido repetida en varias ocasiones por el presidente Duque, por Barbosa y por otros altos funcionarios del gobierno Duque, como el Canciller Holmes. Incluso Barbosa ha afirmado que desde la implementación del PAO ha habido una reducción del 50% de los asesinatos de líderes sociales frente al periodo Santos.
Nuestro interés no es para nada defender al gobierno Santos, que en este punto también se rajó y tuvo resultados muy malos. Nuestro interés es mostrar que el gobierno Duque está actuando con base en un diagnóstico equivocado sobre la magnitud y la dinámica de esta terrible matazón: está creyendo que ha habido mejoras y que éstas se deben al PAO, cuando no hay evidencia de que sea así. El gobierno debe entonces tener la humildad de reconocer que la situación es gravísima y que podría incluso estar empeorando; y sobre todo que su estrategia no muestra resultados claros, por lo cual debe estar abierto a debatir otras.
Para mostrar la falta de sustento de la tesis del Informe Barbosa, comenzaremos por presentar su metodología y luego mostraremos que incurre en cinco errores mortales: i) se basa en una única fuente; ii) distorsiona la propia metodología de esa fuente única; iii) compara períodos no comparables; iv) ignora la diferencia entre correlación y causalidad; y v) pierde de vista que existe un subregistro sobre la muerte de líderes sociales, que obliga a trabajar con metodologías más complejas.
La metodología del informe
El informe Barbosa ha circulado en distintas versiones pero siempre con la misma idea: hubo una reducción significativa de los crímenes contra líderes sociales durante el gobierno Duque, que es posible atribuir al PAO.
Para llegar a esa conclusión, Barbosa compara el número de homicidios de líderes sociales entre agosto de 2017 y julio de 2018 (gobierno Santos) y entre agosto de 2018 y julio de 2019 (gobierno Duque). (En otra versión lo había hecho hasta mayo pero la metodología y las conclusiones son en esencia las mismas). Y concluye que como en ese período de Santos hubo 105 homicidios, mientras que en el de Duque hubo 68, entonces hubo una reducción de más del 35% durante el gobierno Duque, que puede ser atribuida al PAO.
El informe compara también las cifras de homicidios de líderes sociales entre el 19 noviembre de 2018, fecha de adopción del PAO, y julio de 2019, con los mismos meses de la última fase del gobierno Santos (19 noviembre de 2017 a julio 2018) y concluye que como en el período Duque hubo 40 homicidios, mientras que en el periodo Santos fueron 80, entonces que hubo una reducción del 50% de los asesinatos de líderes sociales, que puede ser atribuida al PAO.
Barbosa basa sus cifras en los informes de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh), que es una fuente seria e independiente, por lo cual su informe parece sólido. Pero incurre en cinco graves errores.
Primer error: basarse en solo una fuente
Cada una de las organizaciones que le hace seguimiento al asesinato de líderes sociales tiene distintas fuentes de información, de verificación y hasta de criterios para definir quién es y quién no es un “líder social”, diferencias que hacen que la cifra no coincida. En la tabla 1 mostramos los casos registrados por algunas de las organizaciones que, juiciosamente, monitorean esta problemática, hasta el 2018, que es donde tenemos datos consolidados.
Tabla 1. Comparación del registro de líderes sociales asesinados de distintas organizaciones
La diferencia entre el registro de la organización con mayor y menor reporte de líderes asesinados es cada vez más alta. Mientras que en 2016 las organizaciones diferían en 72 casos (más del 100% de los registrados por Oacnudh) en 2018 esta cifra alcanzó 138 personas. Además, la Oacnudh es la institución con un menor registro en los tres años. ¿Serían las mismas conclusiones si se hiciera el ejercicio con los datos de alguna de las otras organizaciones? Probablemente no.
En unos trinos, Barbosa responde a esta objeción diciendo que debido a “la dispersión de información y al no tener una metodología unificada que permitiera estudiar correctamente el fenómeno, desde el año 2016 el Gobierno Nacional adoptó la clasificación utilizada por Naciones Unidas”. Y que por eso las cifras del informe “son los casos de homicidios a líderes sociales verificados por Naciones Unidas”.
Es cierto que desde el período Santos, el Gobierno decidió basar sus cifras en Oacnudh, que es una decisión respetable, por la independencia y seriedad de esta oganización. La respuesta de Barbosa sería entonces admisible si su informe fuera leal con la metodología de Oacnudh. Pero no es así, como lo mostramos en el siguiente punto. Además, como lo analizamos en el último punto, frente a un fenómeno con alto subregistro, como son las muertes de líderes sociales, los mejores expertos recomiendan no basarse en una sola fuente sino combinar las fuentes serias disponibles.
Segundo error: distorsión de las cifras de Oacnudh
El informe Barbosa distorsiona la metodología de Oacnudh, pues no aclara que la cifra en el período Duque es provisional y hay altas probabilidades de que crezca, mientras que las cifras para el período de Santos están prácticamente consolidadas, por lo que es poco probable que aumenten.
La razón es que Oacnudh distingue entre casos documentados o verificados, que son aquellos en que han logrado constatar que se trataba del asesinato de un líder social, y casos en estudio, que están en ese proceso de verificación.
El informe Barbosa saca conclusiones con fecha de corte al 9 de julio de 2019. Aunque aclara que actualmente hay homicidios en proceso de verificación, no dice cuántos son. Ahora bien, poco antes Oacnudh había informado que hasta el 7 de junio había 26 asesinatos documentados de líderes sociales para 2019 pero que había otros 50 aún en estudio. La tesis de reducción del número de líderes sociales asesinados queda entonces sin sustento, pues la cifra para el período Duque podría ser peor que para el período Santos, si la mayoría de los casos en estudio resultan confirmados.
Un trino de Barbosa responde a esa objeción, señalando que “por rigurosidad metodológica, los casos aún no verificados no son incluidos. No obstante, el informe es actualizado mensualmente con las nuevas cifras que reporte Naciones Unidas y el Cuerpo Élite.”
Esa respuesta no es válida pues desconoce un hecho elemental: que el proceso de verificación por Oacnudh, por el rigor con que esa oficina lo hace, toma un cierto tiempo: varias semanas, a veces meses. Por ello las cifras en los meses recientes, que corresponden al periodo Duque, son siempre provisionales y pueden crecer, mientras que las cifras del período Santos están prácticamente consolidadas pues no hay casos en estudio o son mínimos.
No hay evidencia clara para concluir, con base en las cifras de Oacnudh, que haya habido una reducción de los homicidios de líderes sociales. La comparación entre los meses del periodo Duque analizados por el informe Barbosa con esos mismos meses en el periodo Santos es un error, por la sencilla razón de que el informe compara cosas no comparables: cifras consolidadas (o prácticamente consolidadas) de asesinatos de líderes sociales en el período Santos frente a cifras provisionales y que pueden crecer significativamente en el período Duque.
Tercer error: Comparar períodos no comparables
Supongamos que Oacnudh concluye que ninguno de los casos en verificación del período Duque correspondió a la muerte de un líder social, con lo cual las cifras presentadas por el informe Barbosa no serían provisionales sino definitivas. ¿Significa eso que su tesis de reducción del 35% del número de esos asesinatos durante el gobierno Duque se torna cierta?
No, pues el informe incurre en otro grave error metodológico: llegar a conclusiones sobre fenómenos de violencia sin tener en cuenta las variables particulares a un cierto periodo de tiempo. A esto se le conoce como sesgo de la variable omitida y hace que creamos que una variable tiene un efecto mayor o menor al real. En este caso, para llegar a sus conclusiones, el informe Barbosa compara meses con intensa actividad electoral con meses no electorales. En los meses de Santos hubo tres elecciones (Congreso y dos vueltas presidenciales), mientras que durante los meses de Duque no hubo ninguna.
Todos los analistas serios saben que en nuestra violenta democracia esos tipos de crímenes suelen aumentar en períodos electorales y probablemente por ello el primer semestre de 2018 fue tan terrible. Esa es la razón para que la violencia electoral haya sido analizada como una subcategoría de la violencia política. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) hacen seguimiento a los asesinatos de líderes sociales en el período de elecciones. La MOE ha evidenciado desde 2015 una correlación entre el calendario electoral y la violencia ejercida contra líderes.
El hecho de que el informe haga comparaciones del período comprendido entre 2018 y 2019 frente a 2016 y 2017 deja de lado las dinámicas territoriales que estaban ocurriendo en este último lapso de tiempo. Es decir, no tiene en cuenta el posible aumento de violencia política en el período electoral.
Ahora bien, las conclusiones sobre reducción o no de homicidios cambia según la fecha de corte. Por ejemplo, el cuadro 9 del informe (que presentamos como tabla 2) muestra la comparación de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre periodos del 2016 al 2019, pero es posible sacar distintas conclusiones según el periodo que se tome.
Tabla 2. Comparativo cantidad de casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre periodos 2016-2019
De acuerdo con ese cuadro, entre el 7 de agosto y el 9 de julio de 2019 hubo 68 asesinatos de líderes sociales en el gobierno Duque. Durante el periodo Santos, entre el 7 de agosto de 2016 y el 9 de julio de 2017, hubo 69 homicidios. Si se comparan esos meses, ¿cuál sería la reducción en el período Duque? Prácticamente ninguna. Es más, comparando esos meses, probablemente habría aumento en el período Duque pues la cifra en esos meses de Duque es aún provisional y puede crecer, mientras que la cifra en el período Santos está consolidada.
Contra toda la literatura que ha señalado esa relación entre periodos electorales y violencia contra líderes sociales y sociales, el informe Barbosa compara unos meses del período Santos de intensa actividad electoral con unos meses del periodo Duque sin actividad electoral, cuando los resultados hubieran sido muy distintos si hubiera comparado otros periodos más parecidos, en los que no incidiera la variable electoral.
En un trino, Barbosa responde a esta objeción de que los períodos no son comparables diciendo que “la comparación entre los diferentes periodos, frente al homicidio de líderes sociales, permite efectuar un análisis frente al fenómeno. Este ejercicio no puede realizarse esperando que se plasmen las mismas circunstancias sociales y políticas.” Es una respuesta realmente difícil de entender, pues Barbosa no explica por qué comparó meses que, conforme a muchos análisis, no son comparables en este aspecto, por ser unos de intensa actividad electoral mientras que los otros no. Y en cambio se abstuvo de realizar la comparación con otros meses, que parecían de pronto más comparables.
Cuarto error. Confundir correlación con causalidad
Supongamos, para mejorar el informe Barbosa, que realmente los períodos son comparables y que las cifras son las presentadas por Barbosa, por lo que habría habido una reducción de las muertes de líderes sociales durante el gobierno Duque. ¿Significa eso que la tesis sobre que esa reducción es atribuible a las políticas del gobierno Duque, en especial al PAO, se sostiene? No lo creemos, pues en ese aspecto el informe Barbosa confunde correlación con causalidad.
Un ejemplo típico para mostrar la diferencia entre correlación y causalidad es la venta de helados en un día soleado: como hace calor, la venta de los helados aumenta. Al mismo tiempo, como hubo aumento de la temperatura, se presentaron mayores incendios forestales. ¿Se puede concluir entonces que la mayor venta de helados explica el mayor número de incendios? No. La venta de helados y los incendios tienen una correlación positiva, pero no hay causalidad.
Lo mismo sucede en este caso. El hecho de que la reducción en los homicidios registrados (si suponemos que ésta efectivamente existió) coincida con la creación del PAO no significa que se deba al programa. Puede ser, por ejemplo, porque la lucha por el control territorial se haya reducido. O podría deberse a factores no relacionados con la temporalidad, como un recorte en los recursos de la OANUDH para hacerle seguimiento a esta problemática. También existe la posibilidad de que la violencia se haya movido a otros municipios donde esta organización no tiene presencia.
En todo caso, es un grave error sacar conclusiones de causalidad a partir de la constatación de una correlación, sin un ejercicio econométrico serio o sin un análisis cualitativo que haga razonable suponer que la política realmente logró impactar en la reducción de los crímenes. Nada de eso tiene el informe Barbosa.
Quinto error: omitir el subregistro
Por último, el asesinato de líderes sociales es una problemática muy difícil de documentar: la definición de líder social es muy amplia, los homicidios pueden darse en lugares muy alejados, el conteo depende de las redes de las organizaciones, etc. Aunque distintas instituciones hacen una gran labor al hacer un monitoreo a esa problemática, ninguna puede hacerlo de manera exhaustiva. Esto hace que sea equivocado sacar conclusiones con base en un conteo (el registro de asesinato de líderes por una determinada fuente) que no obligatoriamente representa el universo (el número real de líderes asesinados).
Para mostrar esta dificultad es útil calcular el cambio porcentual en los casos reportados por distintas instituciones (tabla 3). En todos ellos ha aumentado el registro de asesinatos de líderes entre 2016 y 2018, lo que puede deberse a distintos factores y no necesariamente a que en efecto haya habido un incremento en los asesinatos. Por ejemplo, puede ser que gracias a la concientización de las personas sobre quién es un líder social y su importancia, se reporten más estos casos o podría deberse a que hayan conseguido más financiación y por lo tanto puedan cubrir más regiones de Colombia. Tal vez hay cada vez más comunicación entre los territorios y las organizaciones u otra serie de posibilidades. A todo esto se le conoce como la paradoja de la información: entre más información tenemos de un problema, pareciera que empeora, pero no necesariamente es así. El problema del subregistro puede llevar a conclusiones equivocadas. En el caso de la tabla anterior, sería precipitado afirmar que la problemática ha aumentado año tras año.
Tabla 3. Comparación del registro de líderes sociales asesinados entre distintas organizaciones con el cambio porcentual
Para subsanar esta dificultad, se debe hacer uso de herramientas estadísticas que permitan estimar el universo total, a través del llamado método de “captura y recaptura”. En esta entrada no podemos explicar en detalle ese método, pero su esencia es que frente a una situación de subregistro y existiendo distintas bases de datos o fuentes de información, es un error basarse exclusivamente en una de ellas para estimar el universo total, pues es necesario aprovechar la información de las distintas bases de datos existentes para estimar el nivel de subregistro. Por eso es tan importante la labor de la Oacnudh y demás organizaciones que monitorean esta tragedia.
Así lo hicimos en Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group para 2016 y 2017 y encontramos que hubo un subregistro de hasta 20 casos para 2016, mientras que en 2017 fue de hasta 28. ¿Serían las mismas las conclusiones del informe si analizara el universo y no el registro? Probablemente no.
Reflexiones finales
Entendemos y compartimos la importancia de analizar cuantitativamente el terrible fenómeno de los asesinatos de líderes sociales para crear políticas que reduzcan esta problemática. Sin embargo, por la importancia del tema es fundamental que no se saquen conclusiones de manera precipitada ni con base en métodos problemáticos, como lo hace infortunadamente el informe Barbosa, que incurre en errores que son fatales. Es muy grave que el gobierno está desarrollando su política para prevenir y sancionar la muerte de líderes sociales con base en un diagnóstico que es metodológicamente insostenible.
Las conclusiones vagas ponen en riesgo la vida de más líderes sociales. Además, puede llevar a que se utilicen recursos públicos en una política que no es efectiva o a que se acabe el diálogo con líderes en riesgo u organizaciones que llevan años trabajando en esto por la “certeza” del Gobierno frente al éxito de su política.
La relevancia de preservar la vida de los líderes sociales hace que trascienda las discusiones políticas. Las soluciones deben venir de mejorar técnicamente los diagnósticos y, sobre todo, de escuchar a los líderes y a las organizaciones que llevan años trabajando con ellos.
