En La Habana, un microcosmos de la reparación a las víctimas

Alan Jara

El actual Gobernador del Meta, Alan Jara, fue secuestrado por el frente 26 de las Farc el 15 de julio de 2001 cuando viajaba por el municipio de Lejanías en el Meta. El entonces consultor de las Naciones Unidas acababa de dejar su puesto en la gobernación del Meta cuando fue secuestrado mientras se dirigía a la inauguración del Puente de la Reconciliación, entre El Dorado y Lejanías. Viajaba en un vehículo de Naciones Unidas y los diplomáticos que lo acompañaban no pudieron evitar que se lo llevaran.

Después de siete años en la selva, fue liberado por las Farc en las selvas del Guaviare. Aunque en marzo del 2011, ya en libertad, el Gobernador demandó al Estado colombiano por 8 mil millones de pesos por los daños y perjuicios que sufrió durante su secuestro, un mes después desistió de la demanda. En ese momento, Jara dijo que “Si el tema de reparación debe pasar a un segundo plano, yo considero que lo fundamental, por lo menos para mí, es el tema de la verdad y la justicia y dejó en el Ejecutivo el interés y la voluntad de fijar la indemnización.

Hasta ahora sólo ha recibido una indemnización administrativa por casi 20 millones de pesos por su secuestro, antes de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas.

Luis Herlindo Mendieta

El coronel Mendieta fue secuestrado por las Farc el primero de noviembre de 1998 en Mitú, Vaupés. Ese día a las cinco de la mañana, 1400 guerrilleros armados hasta los dientes -según el reporte de Mendieta- atacaron la población que sólo defendía el cuartel de Policía al que él pertenecía donde había 76 hombres y 30 auxiliares bachilleres. El combate duró 12 horas, según un relato del propio Mendieta. “Nos toca salir con las manos en alto. Éramos 45 policías. Los otros habían muerto”, contó después de su secuestro. Allí duró 11 años y siete meses hasta que el Ejército lo liberó el 13 de junio del 2010.

Mendieta representa a los militares y policías que están buscando reparación colectiva por parte del Estado porque se consideran víctimas del conflicto y que tienen un régimen especial para ser reconocidas como tal por la Ley de Víctimas. Está inscrito en el registro de la Unidad y recibió una indemnización por un poco más de 21 millones de pesos por su secuestro antes de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas.

Emilse Hernández Perdomo

Emilse Hernández fue acusada de ser guerrillera de las Farc y capturada por el Ejército en Planadas, Tolima, el 16 de julio de 2008. Estaba embarazada pero de todas formas fue obligada a caminar largas jornadas lo que le causó la pérdida de su bebé, que fue arrojado a los perros delante de ella, lo que aumentó su nivel de victimización. Además, Hernández estuvo en la cárcel acusada del delito de rebelión. Además ha tenido que desplazarse dos veces por combates de los grupos armados. Primero, en el municipio de Rioblanco y luego en Planadas, Tolima en el 2004.

Ella representa a las víctimas del Estado, específicamente de las víctimas de la Fuerza Pública. En cuanto a reparación, el Movice que las representa, le dijo a La Silla que aunque hay víctimas del Estado en el registro único de víctimas, existe un subregistro. Hasta ahora, en términos de sentencias condenatorias contra este tipo de hechos sólo existen las del Palacio de Justicia y las del caso de la Masacre de Mapiripán. Hernández no está inscrita en la Unidad de Víctimas.

No ha sido reparada.

Aída Avella

La ex fórmula vicepresidencial de Clara López para las anteriores elecciones presidenciales es una de las víctimas sobrevivientes del genocidio político de la UP. El 7 de mayo de 1996, cuando era concejal de Bogotá, sufrió un atentado en plena Autopista norte de la capital con una bazuca de donde salió ilesa. Dos días después salió del país y se exilió en Suiza, donde estuvo durante más de 17 años, hasta que volvió al país en noviembre del año pasado.

Aída hace parte de las 6.526 víctimas de la UP que hasta ahora, según Jahel Quiroga de la Fundación Reiniciar que lleva el litigio de ese genocidio, no han recibido reparación administrativa ni colectiva ni individual. Sin embargo, en los últimos dos años su caso se ha movido bastante, sobre todo desde que el Consejo de Estado decidió devolverle la personería jurídica y permitirle competir en las elecciones sin estar sujeta al umbral. En ese momento el entonces ministro del Interior Fernando Carrillo prometió que “No vamos a permitir que se repita la tragedia de la Unión Patriótica. No vamos a permitir que se repita lo que ocurrió con el ejercicio legítimo de la oposición con ese partido político”.

Aunque obtuvieron solo 98 mil votos y ninguna curul, ese acto de reparación -que venían también promoviendo la Unidad de Víctimas congresistas como Alexandra Moreno Piraquive- le permitió revivir como partido. Esta semana -a instancias del Ministerio del Interior- el CNE decidió mantenerles esa personería, dado que para las pasadas legislativas aún no podían competir en igualdad de condiciones.

Ellos, sin embargo, continúan con su caso ante la justicia internacional por los 3.200 homicidios de militantes del partido nacido del fallido proceso de paz con Belisario Betancur. Desde hace 20 años tienen una demanda contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanas por el genocidio de la UP que hasta ahora no se ha resuelto. Según el Gobierno, al tener activo su caso en la Corte Interamericana, eso tiene frenados los procesos de reparación administrativa en la Unidad de Víctimas.

No ha sido reparada.

Camilo Umaña Hernández

Camilo Umaña es hijo del abogado penalista Eduardo Umaña Mendoza, quien durante su carrera se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos y llevó casos individuales de víctimas de la UP como el de La Chinita en el Urabá y la masacre de Fusagasugá. Además, estuvo al frente de litigios sindicales como montajes judiciales contra líderes del sindicato de Ecopetrol. (Y era hijo del reconocido sociólogo Eduardo Umaña Luna, uno de los tres autores del célebre La violencia en Colombia).

Eduardo Umaña fue asesinado el 18 de abril de 1998 cuando tres personas que dijeron ser periodistas entraron en su oficina, amarraron y amordazaron a su secretaria y le dispararon. Después de su muerte, su familia, su secretaria y dos practicantes salieron exiliados del país.

Trece años después de su homicidio, en marzo del 2011, su esposa y su hijo radicaron una petición ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para pedir que se reabra la investigación penal del caso que quedó impune después de que se desvió la investigación con pruebas falsas y se desecharon otras que pudieron haber demostrado que en el asesinato hubo responsabilidad del Estado. Pidieron además que se reconozca el crimen como una ejecución extrajudicial y que se repare a su familia. No está inscrito en la Unidad de víctimas.

En conclusión, aún no ha sido reparado.

Martha Luz Amorocho de Ujueta

Martha Luz perdió a su hijo Alejandro Ujueta de 20 años, en la tragedia del club de El Nogal en Bogotá cuando estalló una bomba que puso la guerrilla de las Farc en el parqueadero del edificio el 7 de febrero de 2003. Allí murieron otras 35 personas. Además, su hijo mayor, Juan Carlos Ujueta quedó gravemente herido y aunque se sigue recuperando aún conserva secuelas del atentado. Este hecho afectó a toda la familia, sobre todo al padre.

Aunque Martha ha dicho que la mayor reparación que espera es que hechos como este no se vuelvan a repetir, algunas víctimas de El Club el Nogal sí buscaron entablar una denuncia contra el Estado Colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el abogado que las representa, Jairo Herrera, la denuncia la pondrían por las omisiones en garantizar y proteger la vida de las víctimas del atentado de El Nogal.

Sin embargo, La Silla no pudo averiguar si este proceso que se anunció el año pasado ya se radicó ante la CIDH. En cuanto a la reparación administrativa, Martha Luz de Ujueta y su esposo ya recibieron reparación económica por parte del Estado en el 2006 cuando aún no había entrado en vigencia la Ley de Víctimas. Además está inscrita en el Registro Único de Víctimas de la Unidad por los hechos de homicidio y acto terrorista.

Ximena Ochoa

Ochoa es una ganadera del Huila que en 1989 fue víctima de los guerrilleros del frente 13 de las Farc que secuestraron a su mamá, Celmira Sánchez, y que fue liberada después de pagar un rescate. Después, mientras estuvo vigente la zona de despeje del Caguán, a su familia le robaron el ganado en su finca El Doncello. Además, ha denunciado llamadas extorsivas por parte de las Farc.

Según el Presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, ella está en el tercer grupo de víctimas de La Habana como representante de los ganaderos que han sido víctimas de las acciones de las Farc. Hoy, la Federación está acompañando a 7 mil ganaderos que están pidiendo reparación administrativa por parte del Estado. De esas, hasta ahora han sido reparadas aproximadamente 1.100 y el resto están en proceso de valoración en la Unidad de Víctimas.

En el caso particular de Ximena Ochoa, ella ya recibió reparación por el caso de secuestro de su mamá, pero sigue esperando reparación administrativa por el robo de su ganado y por extorsión de las Farc. No está inscrita en el Registro Único de Víctimas.

María Victoria Lui

Lui es líder y defensora de los derechos de las mujeres afros de Buenaventura. Su esposo, Pedro Celestino Viáfara, era un maestro de construcción cuando fue asesinado el 26 de agosto del 2000 en una masacre de siete personas a manos de los paramilitares. Por eso, Lui se desplazó a la zona urbana. Ahora, pertenece a la Red Mariposas de Alas Nuevas que se ha dedicado a acompañar mujeres afros que han sido víctimas del conflicto y que este año recibió el premio internacional Nancen que entrega Acnur de Naciones Unidas que premia el valor de los defensores de víctimas.

María Victoria Lui está inscrita en el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas por los hechos de atentado terrorista y desplazamiento forzado y como pertenece a la comunidad Chicayá, una comunidad étnica del Valle del Cauca, también está en proceso reparación colectiva en la fase de preconsulta para averiguar qué medidas de reparación están buscando como comunidad. Ya recibió el total de la indemnización del Estado por haber sufrido el atentado en 2006, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas.

Además, como parte del trabajo que adelanta dentro de la Red de Mariposas con 150 mujeres víctimas de violencia sexual por parte de actores armados, la Unidad de Víctimas está adelantando acercamientos para trabajar con ellas. Lo primero que quieren hacer es averiguar si todas las mujeres que la Red acompaña están inscritas en la Unidad, pero eso todavía no se ha concretado.

Luis Fernando Arias Arias

Arias pertenece al pueblo Kankuamo donde fueron asesinados más de 300 indígenas en menos de cuatro años por los paramilitares, según las cuentas de la ONIC. Allí murieron su abuelo y su tío.

Además, es el Consejero Mayor – Presidente de la Organización Indígena de Colombia, ONIC. Esta organización está preocupada porque en tres años sólo ha habido una sentencia en un proceso de restitución de tierras para comunidades indígenas, a pesar de que existen 142 que están en proceso. “Si en tres años hay una sola sentencia, en los diez años que tiene vigencia la ley sólo va a haber tres”, le dijo Juvenal Arrieta a La Silla.

A pesar de todo, la sentencia es un hito porque es la primera vez que se le reconoce a una comunidad indígena entera el derecho sobre sus tierras, en este caso a los Embera Katíos que han sufrido una guerra por el control de las minas de oro en su territorio. Una decisión que se dio la semana pasada en el Tribunal Superior de Antioquia y que protegió los derechos de 7.200 familias en 50 mil hectáreas.

En cuanto al caso de Arias, él aparece inscrito en el Registro Único de Víctimas por los hechos de homicidio y desplazamiento. Aunque recibió una reparación económica en 2006 -antes de la Ley de víctimas- sólo le pagaron el 6 por ciento del total de la indemnización por menos de un millón de pesos. Además, el proceso de reparación colectiva del pueblo Kankuamo no ha arrancado y sigue en proceso de registro según información de la Unidad.

Soraya Bayuelo Castellar

La periodista Soraya Bayuelo, directora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María es víctima de las masacres de los paramilitares en el Carmen de Bolívar en dos oportunidades. Primero, su hermano fue asesinado el 5 de julio de 1998 y dos años después, su sobrina murió junto con dos amigas del colegio cuando explotó una bomba en la plaza del pueblo.

Bayuelo no está inscrita en el Registro Único de Víctimas. De todas formas, fuentes de la Unidad dijeron que ella ha participado en eventos que ellos han organizado. Allá también hay procesos de reparación colectiva en Montes de María, específicamente en el caso del municipio del Carmen de Bolívar. La Unidad está trabajando en el corregimiento de El Salado con 350 familias, que sufrió la masacre de los paramilitares en 2001 y el otro en Alta Montaña, donde en la Unidad de Víctimas se están adelantando procesos con siete corregimientos con 1.600 familias. El primero ya cuenta con plan de reparación aprobado y en el segundo se están terminando de definir el diágnostico de daño que sufrió la comunidad.

Además, hay varias sentencias sobre los casos de las masacres en la región como la de Mapuján en María La Baja, en Las Brisas de San Juan, la de El Salado y la de Macayepo.

Nancy Yamila Galárraga

Nancy es madre cabeza de familia y es hija de Blanca Nieves Meneses. Ella y su mamá encontraron los restos de sus cuatro hermanas que fueron raptadas por los paramilitares del Bloque Central Bolívar el primero de enero del 2001 después de una intensa búsqueda. Los cadáveres tuvieron que ser exhumados y se encontraron rastros de violencia sexual, tortura y desmembramiento en el 2010. Por eso, su caso en el municipio de San Miguel en Putumayo se ha vuelto emblemático.

La familia de Nancy ya recibió reparación económica por parte del Estado.

Además, el municipio de San Miguel tiene pendiente un proceso de reparación colectiva que todavía no se ha concretado porque los procesos se han demorado por el incremento en la violencia de la zona.

Erika Paola Jaimes

Jaimes tenía tres años cuando los paramilitares entraron a La Gabarra y con lista en mano empezaron a matar a los pobladores. Entre el 21 y el 22 de agosto fueron 35 personas, pero en las masacres de 1999 murieron más de 100. Allí murieron el tío, la cuñada, y una sobrina de Jaimes. Jaimes tiene hoy 18 años y es está terminando sus estudios en el colegio.

En este corregimiento hay procesos de reparación individual y colectiva. En este último, la Unidad de Víctimas heredó el proceso de reparación que llevaba la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que quedó desfasado por lo que tuvo que sufrir ajustes. Hoy el plan de reparación ya está aprobado y se está implementando. Según la Unidad de Víctimas, Jaimes están incluida en este proceso que inició en marzo de este año por ser víctima de desplazamiento forzado

En cuanto a los procesos individuales, la Unidad de Víctimas tiene información del municipio de Tibú (donde está ubicado el corregimiento). Allí hasta hoy se han hecho 86 indemnizaciones individuales, 39 por homicidios, 15 por desplazamientos, 24 por desaparición forzada, una por secuestro y otra por lesiones personales que causaron la incapacidad de la persona.