El anuncio de los gobernadores de cerrar la importación de licores fuertes como el whisky, el vodka y la ginebra, en un año de campaña electoral, es un nuevo round en la lucha de los departamentos por tener más ingresos por la venta de licores. Pero también es un mensaje a las empresas importadoras y distribuidoras de licores, recordándoles que los gobernadores tienen la voz cantante en materia de licores. Y ese mensaje, en un año de campañas y gastos electorales, es particularmente valioso para los políticos.
El anuncio de los gobernadores de cerrar la importación de licores fuertes como el whisky, el vodka y la ginebra, en un año de campaña electoral, es un nuevo round en la lucha de los departamentos por tener más ingresos por la venta de licores. Pero también es un mensaje a las empresas importadoras y distribuidoras de licores, recordándoles que los gobernadores tienen la voz cantante en materia de licores. Y ese mensaje, en un año de campañas y gastos electorales, es particularmente valioso para los políticos.
La amenaza de los gobernadores
Los gobernadores venían contemplando la posibilidad de cerrar las fronteras a los licores extranjeros desde hace algunos meses. En noviembre del año pasado, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dijo que “esa es una posibilidad importante”. Y es que los departamentos, que ya ganaron una pelea similar contra la Philip Morris, tienen demandadas a las tres principales multinacionales del licor, Diageo, Seagram y Pernod Ricard, en los Estados Unidos. Las acusan de vender trago a sabiendas de que será contrabandeado en Colombia.
Hace unos días, los gobernadores, a través de la Federación Nacional de Departamentos, anunciaron su intención de cerrarle las puertas a los licores extranjeros de más de treinta grados de alcohol. El gobernador del Huila Luis Jorge Pajarito Sánchez, presidente de la Federación, afirmó que están preparando todo para que el primero de marzo se cierren las fronteras. Esto ha motivado un debate jurídico, porque la política comercial del país la maneja el gobierno nacional, no los gobernadores. Pero los departamentos tienen el derecho de crear monopolios para los licores fuertes en sus territorios. Si todos se ponen de acuerdo, en la práctica pueden terminar cerrando las fronteras de todo el país. O por lo menos esa es su amenaza.
El gobernador Sánchez no hizo el anuncio en una reunión de la Federación (que no es una entidad pública, sino el gremio que agrupa a los gobernadores), sino en la instalación de las sesiones de la Asamblea del Huila. Y es que el tema de los licores mueve a las asambleas, porque impacta fuertemente en los presupuestos departamentales. Por una parte, las licoreras de cuatro departamentos concentran casi toda la producción en el país (las de Antioquia, Valle, Caldas y Cundinamarca) y, para los políticos de esos departamentos, las licoreras son verdaderas joyas. Producen ingresos y dan puestos.
Además, aunque su peso varía, los recursos que provienen de los licores pueden ser muy importantes en otros departamentos: en 2009, el Atlántico recibió casi 100 mil millones de pesos por los licores y para el 2010 presupuestó casi 120 mil millones, una quinta parte de sus ingresos totales. De esos 120 mil, 95 mil provienen de la cerveza y 16mil 600 de licores más fuertes. Y aunque presupuestó casi 6 mil por licores extranjeros (un 1% de sus ingresos totales), el gobernador Verano de la Rosa calcula que se dejan de recaudar 11 mil millones por contrabando. Según la directora de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos (Acodil), Martha Patricia González, los importadores contribuyeron con 146 mil millones de pesos en impuestos departamentales en el 2010. Estos recursos son los que los gobernadores quieren cuidar.
Por eso las demandas en el exterior. Por eso la amenaza de cerrarles las fronteras. Y aunque el 3 y 4 de febrero habrá Asamblea General de la Federación, la decisión ya se está llevando a la práctica. Según supo La Silla Vacía, la gobernación de Antioquia ya le anunció a los importadores que distribuyen licores en el departamento, que los contratos que se vencen no serán renovados. Y mañana 31 de enero vencen la mayoría.
Buscando nuevos enemigos
Con esta jugada los departamentos se enfocan en uno de sus enemigos más débiles en el tema de los licores. Es un capítulo más en la pelea de los departamentos por aumentar sus ingresos por la venta de alcohol.
Los departamentos han luchado por años contra un enemigo muy poderoso: las cerveceras. Como ya explicó La Silla Vacía, Bavaria perdió poder político cuando, con la entrada de SabMiller, cambiaron las políticas de lobby de la compañía. Eso también se reflejó en la fallida emergencia social de Uribe, cuando se modificaron los impuestos a los alcoholes para gravar más la cerveza y los vinos, y menos los licores más fuertes. En esta pelea los departamentos han ido logrando avances, pero la nueva movida se enfoca en las multinacionales y las importadoras de licores.
En los rounds contra las cerveceras, las multinacionales y los importadores estaban del lado de los departamentos. Como el argumento de éstos era que existe un tratamiento preferencial, con impuestos más bajos, para las bebidas con menor graduación alcohólica, la ginebra y el aguardiente estaban del mismo lado. Pero esta estrategia tiene sus límites.
Según informes de prensa , en los últimos años el aguardiente y el ron han venido perdiendo mercado frente a licores extranjeros como el whisky. Según el reporte de la Asociación Colombiana de Empresas de Licores, en el 2009 las ventas de aguardiente crecieron un 14,9 por ciento, pero el ron cayó un 22,3 por ciento. De 2005 a 2009, las ventas de ron se redujeron a la mitad. Y, visto de otra manera, los impuestos al consumo que pagaron las bebidas importadas crecieron un 524 por ciento entre 2002 y 2010. Aunque los licores nacionales aún tienen casi el 90 por ciento del mercado, su participación ha venido disminuyendo, según Acodil.
Esto quiere decir que las licoreras departamentales venden cada vez menos, y los departamentos tienen menos ingresos por la venta de sus propios licores. Mientras que para las rentas de un departamento es indiferente si una cerveza es importada o no, con los licores más fuertes la diferencia es clara. Además, como explicó el gobernador Sánchez, “el 75 por ciento del licor que entra al país es de contrabando”. Según la Dian eso quiere decir que se recaudan más de 350mil millones de pesos menos; para el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal, la cifra supera un billón de pesos. Nadie debate sobre la bondad de la lucha al contrabando: El debate es que, como dice la directora de Acodil, el gremio directamente perjudicado por el cierre, “no tiene sentido que por luchar contra el contrabando, en lugar de ejercer controles más firmes se castigue a los importadores que sí pagan impuestos”.
La importancia política de las licoreras
Además del tema fiscal, las licoreras tienen una innegable importancia política. En algunos departamentos son un fortín burocrático importante. Además, en muchos de ellos se ha privatizado la producción de los productos. Por ejemplo, en Santander la producción estuvo en manos de una empresa privada, Caña Brava y en el Huila está en marcha una licitación para entregar en concesión la producción del aguardiente Doble Anís. Es decir, además de puestos, las licoreras significan contratos.
Pero los contratos de comercialización son más que los de producción. Y no son secundarios. Primero, porque es a través de ellos que los productos de la licorera de un departamento se distribuyen en su territorio, se venden en otros departamentos y se posicionan las marcas. Y esto ocurre en todos los departamentos que tienen producción. La Fábrica de Licores de Antioquia, por ejemplo, tiene 16 comercializadores en Colombia y seis en el departamento, según su página web. Además, comercializadores no sólo distribuyen alcohol, sino que también hacen eventos para promocionar las marcas, como conciertos. Este conocimiento de logística es muy valioso a la hora de hacer una campaña política, que muchas veces se hace con trago, fiestas y artistas.
Además, los comercializadores no son propiamente pequeños jugadores en el mercado. Según un reporte de lanotadigital.com, varios de ellos pelean cabeza a cabeza con las productoras: para 2007, el grupo de Dislicores, Disconfites y Dialsa tuvieron ventas de más de 100 mil millones de pesos, lo que la haría el cuarto jugador en el mercado de licores ese año.
El uso político de estos contratos es conocido. En Caldas, cuya licorera es una de las más fuertes del país, el gobernador Mario Aristizábal nombró a Carlos Arturo Fehó, un político, gerente de la licorera. Fehó fue condenado penalmente en segunda instancia por el contrato para la distribución de los licores caldenses en el Valle. El Tribunal Superior de Manizales lo encontró culpable de interés indebido en celebración de contratos por haberle solicitado un soborno a la empresa que tenía la distribución. Es decir, de corrupción. Y hoy está prófugo.
Licoreras y financiación de campañas
Una de las más importantes fuentes de financiación de las campañas son personas y empresas vinculadas al sector de los licores. En general, los financiadores de estas campañas son allegados a los candidatos e interesados en los negocios departamentales, como la salud, las obras públicas o los licores. Por ejemplo, dentro de los aportantes a la campaña del actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, están empresas de salud como Quirurgil S.A., de las obras públicas como Mincivil S.A. o Camargo Correa, y de los licores como Dislicores S.A. y Discorrumba S.A.
La financiación de las campañas, si bien no tiene nada malo en si, en muchas ocasiones se ha mezclado con corrupción y favoritismo. El caso del ex gobernador del Chocó, Julio Ibargüen, que entregó el contrato de distribución de los productos de la licorera departamental a su aliado y financiador, el narcotraficante extraditado Olmes Durán, es un buen ejemplo. Por estos hechos, Ibargüen fue investigado por la Fiscalía.
En Antioquia, el sindicato de la Fábrica de Licores también ha denunciado el pago de favores a los financiadores de la campaña del gobernador. A raíz de esas denuncias, y de una publicación de El Colombiano, en diciembre pasado, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador Luis Alfredo Ramos y al gerente de la Fábrica, Andrés Isaza, por haber entregado la comercialización de los licores antioqueños en Risaralda a una empresa vinculada a un financiador de su campaña.
Con el cierre de las fronteras, los gobernadores benefician a los comercializadores de las licoreras, que se quitan de encima un competidor. Pero, además, recuerdan a todos que ellos son los que mandan en el tema de licores.
