En la vereda que se convertiría en el piloto de la paz en Norte de Santander, la sustitución de cultivos no ha despegado y hay alarmas encendidas porque los desmovilizados están creando disidencias.
Cuando los campesinos de Caño Indio, una vereda ubicada a una hora larga del casco urbano de Tibú, supieron que serían la zona de concentración del Frente 33 de las Farc en el Catatumbo celebraron.
Lo hicieron porque como nos dijo un campesino ese entonces, después de tanta guerra, ya solo había que “esperar lo bueno”.
Por eso ese día había bombas de colores, carteles saludando la paz, y campesinos de las veredas de al lado que, curiosos, llegaron para presenciar el acontecimiento.
Fue la primera vez que el Alcalde de Tibú llegó hasta Caño Indio, que aterrizaron helicópteros con altos funcionarios, que el entonces comandante del Frente 33 de las Farc Jimmy Guerrero se dio la mano con el Ejército. Fue emocionante. Había cámaras y periodistas para registrarlo todo.
“Yo me recuerdo la alegría de esos días. Es que esto es un monte olvidado y cuando usted empieza a ver un poco de señores, usted se cree que todo va a cambiar”, le dijo a La Silla un campesino de la vereda esta vez.
Pero desde ese entonces para acá, de la emoción de la llegada del Estado con inversión y de la replegada de las Farc para hacer política no queda casi nada.
A 18 meses de esa reunión y a 15 de que el Acuerdo de La Habana hubiera sido firmado en el teatro Colón, lo estructural, lo que según el entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, significaba “construir la paz de abajo hacia arriba”, sigue en el papel.
La sustitución de cultivos no ha despegado, las inversiones se han quedado cortas y algunos desmovilizados están creando disidencias para mantener el control de rutas del narcotráfico en la frontera.
La sustitución en pañales y agonizando
En tres meses, vence el plazo del Gobierno para cumplir con la meta de sustituir 50 mil hectáreas de coca en el país y en el Catatumbo, subregión de Norte de Santander que con 24 mil hectáreas de coca es la segunda con mayor número de esos cultivos detrás de Nariño, el programa de sustitución está quedado.
Según los reportes de la Dirección para la Atención Integral contra las Drogas, en los 11 municipios que la integran solo se han hecho 2.835 preinscripciones (cocaleros que están interesados en sustituir o de raspachines que están interesados en cambiar de actividad), y solo hay formalizados acuerdos individuales con 694 (a partir de ellos es que se cuenta la entrada formal de un campesino al programa).
De ese número, 286 acuerdos fueron suscritos en Caño Indio y tres veredas aledañas (Palmeras-Mirador, Progreso y Chiquinquirá), y el resto están distribuidos entre la Angalia, Vetas y Campo 2, todos corregimientos de Tibú, la capital del Catatumbo y el municipio que tiene concentrada la mitad de la coca de esa región.
El único otro municipio donde hay avances es en Sardinata, en el corregimiento de San Martín de Loba, pero allí aún no hay nada formal. Solo las intenciones de 300 campesinos de cambiar la coca por otros cultivos.
De resto, en San Calixto, Hacarí y El Tarra solo ha habido socializaciones. En los demás municipios -son otros seis-, la oficina no ha llegado.
Es decir, a poco más de un año de firmado el acuerdo y con la presión que le está metiendo la Casa Blanca al compromiso de sustituir, el programa está hasta ahora arrancando.
Las razones para que el panorama sea tan desalentador son varias.
Parte de la demora radica en que no estaban establecidos los procesos para ejecutar el programa, pero tampoco hay gente para ejecutarlo. En la regional de Norte de Santander solo hay cuatro personas para poner la sustitución a andar en los 11 municipios.
Esa demora ha ocasionado que campesinos de las pocas veredas donde han quitado la coca ya estén migrando a otros municipios para volver al negocio.
Tal y como se había planteado el proyecto de sustitución, la idea era que los campesinos a cambio de erradicar la mata recibirían una ayuda bimestral de 2 millones durante un año para sostenerse, una única vez $3,5 millones en efectivo, y tres proyectos productivos representados en dinero en especie para cambiar su actividad (uno de $1,8 millones, otro de 9 millones y otro de 10 millones).
Sin embargo, en la práctica no ha sido así.
En Caño Indio y las veredas aledañas, que son el piloto de la sustitución, empezaron a recibir el pago cada dos meses de los $2 millones desde junio del año pasado, pero aún no han recibido ningún proyecto productivo para cambiar su actividad.
“Ya esa plata se va a acabar, nos quedan dos pagos no más y el Gobierno no llegó con lo que prometió ¿Nosotros de qué vamos a vivir? Quitamos la coca y todavía no hay ni una semilla de nada, solo un proyecto de la Gobernación que benefició a 20 familias (ya está en cosecha)”, le dijo a La Silla Saúl Buendía, campesino de Caño Indio. “Si yo no tuviera tres hijos que no puedo dejar solos me iría inmediatamente para allá porque esto está muy mal”.
Otro de los campesinos, que nos pidió la reserva de su nombre, nos explicó. “Nosotros ya sabemos de cuatro familias que se han ido para El Tarra a raspar coca y sembrarla porque no hay pa’ donde más coger”.
En la Dirección para la Atención Integral contra las Drogas el enlace regional para el Catatumbo, Arturo Ospina, le dijo a La Silla que lo que se ha pagado en Caño Indio suma $1.805 millones, y que ya empezaron las visitas de la asistencia técnica para iniciar con los proyectos productivos.
“Es cierto que hemos ido lento, pero eso en parte es porque concertar es más complicado que erradicar. Además estamos llegando a lugares donde antes era imposible y ese es el valor agregado”, agregó Ospina. “Estamos construyendo un vivero con 100 mil plántulas de cacao en Caño Indio, eso también va a ser para ellos”.
En ese despacho dicen que como ya están establecidos los procesos para ejecutar el programa y ya empezó la asistencia técnica, aún hay tiempo para iniciar las siembras y que haya cosechas antes de que a los campesinos se les acabe el subsidio y se queden sin cómo vivir.
Sin embargo, como no es claro cómo podrán obtener ingresos tan pronto de un cultivo que tarda de 2 a 4 años en volverse productivo en el caso del cacao, o de los proyectos productivos más pequeños, corren el riesgo de que el Catatumbo sea el primer lugar del país donde el programa de sustitución fracase.
El pulso social
A esos problemas, se suma el pulso interno entre los campesinos por influir en la destinación de los recursos de ese programa.
Como contó La Silla Santandereana en julio del año pasado y como lo reportó La Silla Sur esta semana, en todas las zonas donde se va a implementar el Pnis hay una puja entre las organizaciones sociales afines a la Farc y los campesinos que no se sienten representados por ellas, debido a que las primeras quieren controlar todo el aterrizaje de la inversión y decir que fue gracias a ellos que empezó el programa.
Eso en el caso particular de Caño Indio ya ha desembocado en denuncias de amenazas a campesinos que son de orillas diferentes a la de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, organización afín a la Farc.
Solo en los últimos siete meses ya han sido cuatro los habitantes de la vereda que, según las denuncias que conoció La Silla y que ya están instauradas en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía, han dicho sentirse intimidados por presiones del presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis David Rincón, conocido como ‘Tori’.
Todos los denunciantes tienen en común que no hacen parte de la asociación que creó la junta con Ascamcat y la Coccam (también afín a la Farc) para sustituir la mata, y tres fueron los fundadores de Caño Indio Productivo, organización que le hace competencia a la junta en la vereda para la sustitución.
Dos de ellos le contaron a La Silla que ‘Tori’ los ha acusado de trabajar con el ELN y el EPL debido a que se apartaron de las directrices de la junta, que a su vez está alineada con las directrices de Ascamcat .
Ascamcat y la Coccam le han dicho en reiteradas ocasiones a La Silla que ellos no se han opuesto a la creación de otras asociaciones, y las llamadas que le hicimos a Rincón pasaron a buzón de mensajes.
Sin embargo, dos fuentes más, una de adentro de la Agencia de Renovación del Territorio y otra de la Oficina de Sustitución, nos dijeron que la injerencia que esas dos organizaciones quieren tener en el aterrizaje de los acuerdos ha sido otro de los factores para que en el Catatumbo no despegue la transición.
“Es muy complicado coordinar con ellos todo. La directriz que hay es tratarlos como cualquier otra organización, pero en ese caso empiezan a frenar la discusión o la demoran”, dijo una de esas fuentes que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizada a hablar.
En la Pastoral Social le dijeron a La Silla que aunque reconocen que ha habido vacíos en la implementación y que existen tensiones en el territorio, ven en los diálogos con todos los actores -desde la comunidad y organizacione sociales, hasta la Farc y los grupos que aún siguen armados- la posibilidad de que en el Catatumbo finalmente empiecen a mejorar las condiciones de sus habitantes.
Aún así sobre lo que está pasando en esa zona con la implementación del posconflicto, una fuente que le ha hecho seguimiento al caso de Caño Indio con la Pastoral nos dio la misma versión que las otras fuentes con las que hablamos.
“Hay un tema político que se combina con intimidación. Aquí a diciembre había alerta de desplazamiento de 11 familias porque políticamente las organizaciones de Farc quieren que ese sea su territorio y no quieren dar cabida a otros liderazgos”, le contó a La Silla esa fuente. “Los campesinos siguen en la mitad”.
De hecho La Silla supo que hay solicitudes de campesinos para que les den los beneficios del programa de sustitución en otros municipios.
Mientras el pulso político tiene lugar, también hay denuncias porque las inversiones del Estado no han cumplido las expectativas.
La Agencia de Renovación del Territorio, ART, destinó $2.646 millones para la intervención de 11 tramos de vías terciarias, entre esas la del desvío que conduce de la vía a La Gabarra a Caño Indio, pero tres campesinos nos contaron que los arreglos viales se quedaron cortos.
“Llueve y eso se vuelve una trocha en algunas partes”, dijo uno de ellos. “Echaron una tierra y unas piedras pero eso se desgasta muy fácil y lo que necesitábamos era una vía buena para pasar productos”.
Sobre la vía, la directora de la ART, Mariana Escobar, le dijo a La Silla que el arreglo aún no está concluido y que si bien solo han puesto gravilla, aún faltan las obras de ingeniería.
La electrificación (a cargo de la Alcaldía y Gobernación) solo ha llegado hasta una de las cuatro veredas que se iban a beneficiar, y los paneles solares que instalaron en la escuela de Caño Indio, según nos contaron esas mismas fuentes, y otra de la Defensoría del Pueblo, están fallando.
“Eso sirve para cargar celulares y cositas así, pero hay una nevera y no enfría”, dijo el funcionario. “Nos reportaron que llamaron al proveedor y no les contestan”.
Los salones para la escuela y la cocina escolar, que hacen parte de las pequeñas obras que fueron priorizadas por los mismos campesinos con la ART, están en construcción y sobre ellos no ha habido quejas.
Sobre los grandes proyectos de acueducto y alcantarillado nadie les ha ido a hablar.
La alerta de las disidencias
Encima de todo, hay alerta por la creación de disidencias en la región.
Seis personas, entre campesinos, funcionarios que hacen trabajo en la zona e incluso fuentes del Ejército, le dijeron a La Silla que una parte de los desmovilizados de la región ya se reagruparon y están conformando una disidencia de las Farc en el Catatumbo.
La primera vez que se escuchó de eso en todo el Catatumbo fue en enero cuando circuló un panfleto, principalmente en El Tarra, en el que la presunta disidencia se presentaba como ‘Resistencia Farc’.
Desde entonces, las versiones han ido en aumento.
“Mire si quiere saber la verdad, sí, nosotros hemos visto a gente que antes era de las Farc otra vez armada”, dijo a La Silla un campesino. “Eso váyase por allá a la frontera y verá a toda esa gente. Ya todos esos ranchos que les hicieron en Caño Indio están abandonados”.
Otro campesino nos dio una versión casi idéntica.
En los reportes oficiales, de los los 355 que llegaron a concentrarse ya solo quedan 60 en la zona veredal.
Dos fuentes más con trabajo en la zona nos dijeron que las versiones que existían sobre la división de las Farc eran tres. La primera, que un grupo se cansó de que los siguieran tratando como régimen militar y terminaron yéndose para sus casas; la segunda, que parte de esos guerrilleros cruzaron a Venezuela a trabajar en haciendas de las Farc; y la tercera, que otro grupo de guerrilleros simplemente no le vio mucho al proceso de paz y se dividió entre el ELN, el EPL y empezó a crear la disidencia de las Farc.
Sobre la última en particular, la explicación está en buena parte en que así como se han demorado los programas para los campesinos, los proyectos productivos para la desmovilizada guerrilla tampoco han llegado.
Una alta fuente del Ejército le confirmó a La Silla que ya han identificado grupos de disidencias moviéndose en el Catatumbo, pero que nada se ha dicho oficialmente porque “no ha habido ningún acto terrorista que ellos se atribuyan para salir a luz pública”.
Además, La Silla supo que la rearmada de ese sector tenía como fin retomar el control sobre las rutas del narcotráfico que antes tenía las Farc y que recientemente se las empezó a pelear el EPL.
Sobre esas versiones, La Silla le preguntó a Gloria Martínez, delegada de la Farc en Caño Indio, pero ella ni las corroboró ni las negó.
“Hay muchos comentarios, pero no sé nada de eso… Nada concreto”, aseguró.
Así ha avanzado el tiempo en Caño Indio, que siendo el proyecto piloto de la paz en el Catatumbo -una de las zonas más convulsionadas del país-, ya dejó de ver con esperanza las promesas que llegarían con la paz.
