El pasado vs el presente de Uribe frente a la paz

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Desde su poderoso Twitter, Álvaro Uribe viene criticando con insistencia las “concesiones” de Santos a las Farc, en el marco de las negociaciones de La Habana, contrastándolo con su proceso de paz con los paras. Sin embargo, al revisar lo que Uribe propuso inicialmente a los paramilitares, antes de que la Corte Constitucional corrigiera lo más polémico de la ley de Justicia y Paz, se llega a la conclusión de que sus ofrecimientos se parecen a dichas “concesiones” que son objeto de su crítica implacable.

                

Desde su poderoso Twitter, Álvaro Uribe viene criticando con insistencia las “concesiones” de Santos a las Farc, en el marco de las negociaciones de La Habana, contrastándolo con su proceso de paz con los paras. Sin embargo, al revisar lo que Uribe propuso inicialmente a los paramilitares, antes de que la Corte Constitucional corrigiera lo más polémico de la ley de Justicia y Paz, se llega a la conclusión de que sus ofrecimientos se parecen a dichas “concesiones” que son objeto de su crítica implacable.

 

1. Sobre el cese de hostilidades

Qué defiende ahora

En septiembre del año pasado, Uribe expresó que era un error adelantar un proceso de paz con las Farc sin antes exigirles un cese de hostilidades. Aunque no hizo una exposición detallada de su argumento, el expresidente dijo que le parecía una equivocación pues las Farc “asesinan a los colombianos y siguen dialogando”. Dos semanas después de que se acabara el cese al fuego unilateral que las Farc declararon entre el 20 de noviembre del año pasado y el 20 de enero de éste, el exmandatario le pidió al Gobierno suspender las negociaciones de La Habana tras sendos ataques de esta guerrilla en el sur de Bolívar y los departamentos de Norte de Santander y Antioquia.  

 

Qué defendía antes

Cuando negoció con los paramilitares en Santafé de Ralito (Córdoba), Uribe sí exigió como condición una declaración unilateral de cese de hostilidades por parte de las AUC, que éstas aceptaron. Al cabo de un año, el Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno resaltó la importancia de esa tregua, anunciando que el número de masacres se había reducido en una tercera parte. Sin embargo, en febrero de 2004 un informe del propio Gobierno  evidenció que, tras 14 meses de negociaciones, los grupos paramilitares habían cometido nada menos que 362 asesinatos, 16 masacres y 180 secuestros. Solo que en esa oportunidad la violación del cese de hostilidades no hizo a Uribe cuestionar la continuidad del proceso.

 

2. Sobre la impunidad

Qué defiende ahora

Este ha sido el punto en el que más ha insistido Uribe. Podría decirse que es su crítica fundamental a las negociaciones en La Habana, como lo dejó en claro en vísperas de la marcha del pasado 9 de abril: “Nuestra oposición al proceso de paz no es a la paz sino a la impunidad”. Los cuestionamientos han sido esencialmente dos: que no va a haber juzgamiento de los jefes de las Farc que se desmovilicen y que no habrá cárcel para autores de delitos atroces, por el uso de los criterios de selectividad y priorización en los procesos judiciales contemplados en el Marco para la Paz.

 

Qué defendía antes

Uribe ha dicho que su famosa Ley de Justicia y Paz está blindada contra la impunidad, pues no contempla amnistías o indultos.Sin embargo, en la práctica sí permitió un amplio margen de amnistía de facto pues los combatientes que al momento de deponer las armas no tuvieran abierto un proceso o una condena en su contra, podían seguir en libertad acogiéndose al decreto 128 de 2003. Así, muy pocos tuvieron que pagar cárcel (Indepaz ha señalado que solo el 2%). Pero además, este grupo de desmovilizados no estaba obligado a declarar ante instancias judiciales sobre otros delitos de su conocimiento, propiciando que un sinnúmero de crímeces atroces quedara sin investigar.

Por otra parte, las penas alternativas contempladas en Justicia y Paz, otorgadas a los desmovilizados con condenas, son de mínimo cinco y máximo ocho años, "una duración desproporcionadamente benigna dada la gravedad de los delitos cometidos, en algunos casos tortura, desaparición, violación o masacre”, como observa el constitucionalista Manuel Fernando Quinche, autor de un libro sobre el tema. Sumado a lo anterior, el proyecto original de Justicia y Paz sugirió que como parte del cumplimiento de la condena se contaran los 18 meses que duraron las “zonas de concentración” de paramilitares, establecidas mientras avanzaban las negociaciones en Santafé de Ralito. Algo que la Corte Constitucional a la postre eliminó.

 

3. Sobre la reparación a las víctimas

Qué defiende ahora

El expresidente también ha intentado tomar la vocería de las víctimas de cara al proceso de paz con las Farc. Como un desarrollo de su crítica anterior, ha sostenido: “van a quedar delitos atroces impunes, por la selectividad y la priorización no se les investiga, entonces quedan sin reparar las víctimas, mal ejemplo”. Para él, su proceso con los paramilitares sí es un buen ejemplo de reparación a víctimas.

 

Qué defendía antes

El castigo del victimario es una de las modalidades más importantes de la reparación a las víctimas, pero como se mostró, Uribe fue partidario de que la gran mayoría de autores y partícipes en los crímenes no fueran condenados ni judicializados a cambio de su desmovilización.

Existen también otras formas de reparación, entre las que está la compensación económica por el daño sufrido. En el caso de la negociación con los ‘paras’, se planteó que esta reparación se financiara principalmente con los bienes de los desmovilizados condenados, lo que ya era una restricción por el bajo número de condenas que se iban a dar. Pero además en la Ley de Justicia y Paz de Uribe se incluyeron dos condiciones adicionales: que los condenados aportarían sus bienes para la reparación “si los tuvieren”, y que solo se tendrían en cuenta sus bienes obtenidos ilícitamente y no todo su patrimonio.

En 2006 la Corte tumbó ambas condiciones, pues según su concepto limitaban fuertemente las posibilidades de reparación.

 

4. Sobre participación política

Qué defiende ahora

En una entrevista reciente, Uribe expresó su desacuerdo con que a las Farc se le ofreciera elegibilidad política tras haber incurrido en “secuestros, asesinatos de menores, narcotráfico y otros delitos atroces”. Como el exmandatario considera que las Farc son un grupo “terrorista”, de paso también cuestiona la legitimidad política que pueden tener para discutir el futuro de sectores económicos como el agropecuario, que es tema en la agenda de La Habana. “¿Qué tal que nuestro gobierno hubiera hecho eso con los paramilitares?”, se ha preguntado.

 

Qué defendía antes

En realidad, discutir una agenda de reformas con los paramilitares no hubiera tenido el mismo sentido que hacerlo con guerrillas insurgentes. Fundamentalmente porque éstas se proponen la transformación radical del Estado mientras los primeros no. Los paramilitares nacieron como una iniciativa contrainsurgente partidaria de que el Estado fortalezca su aparato militar para combatir a las guerrillas, algo que de hecho ya estaba sucediendo con la “Seguridad Democrática” de Uribe.

Asimismo, durante su gobierno Uribe manifestó repetidamente que no debía negarse el delito político a los paramilitares, e incluso inicialmente el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz lo hacía efectivo. Como el delito político o de sedición está excluido del régimen de inhabilidades para aspirar a cargos públicos, así Uribe abría una puerta a la elegibilidad política de los paramilitares. Solo que al final esto nunca se concretó porque la Corte Constitucional tumbó dicho artículo por vicios de forma.

Nota: To see this story in English, check this translation by Matilda Villarraga.

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