El parque nacional que ya no quieren sus papás

Hay dos parques nacionales pioneros en Colombia porque fueron creados por iniciativa de las comunidades locales para protegerlos de megaproyectos. En uno de ellos, Uramba Bahía Málaga, los afro que lideraron la iniciativa están tan molestos con el Gobierno que están pensando tumbar la creación del parque.

Aunque hace una semana decidieron cambiar la tutela que tienen lista contra el parque por otra acción judicial menos fuerte, su descontento con Parques Nacionales es un campanazo de alerta doble: por un lado, porque son considerados un modelo de conservación ambiental socialmente más viable; y, por otro, porque son un ejemplo concreto del enfoque territorial y participativo que tendrían los acuerdos ya logrados en La Habana con las Farc.

Un parque experimental

La Bahía de Málaga es una enorme ensenada de estuarios y manglares a una hora en lancha desde Buenaventura, cuyas aguas son uno de los puntos fijos en la ruta migratoria que hacen todos los años entre 500 y 700 ballenas jorobadas, que paran entre junio y noviembre para criar a sus ballenatos.

Hacia 2008 las comunidades afro que viven allí buscaron a Parques Nacionales y le propusieron proteger la bahía, preocupadas por la idea del Comité Integremial del Valle de instalar un puerto de aguas profundas -similar al de Buenaventura- en su cerrada bahía.

Tras un duro pulso al interior del gobierno y la oposición de los empresarios vallecaucanos, el parque de 47.094 hectáreas vio la luz el 5 de agosto de 2010, dos días antes de que Álvaro Uribe dejara la Casa de Nariño. Con eso se volvió uno de los parques más importantes del Pacífico y uno de los pocos que conservan ecosistemas marino costeros, junto con Gorgona, Sanquianga o Utría.

Eso lo convirtió también en apenas el segundo parque nacional cuya iniciativa ha venido de las comunidades locales, después del Yaigojé-Apaporis en la selva del Vaupés donde viven nueve grupos indígenas que estaban preocupados por las expectativas de minería de oro en la región.

El modelo suena sencillo sobre el papel: Parques Nacionales es la autoridad ambiental y las comunidades, que se comprometen a hacer un uso sostenible de los recursos que hay ahí, se vuelven sus socios en el cuidado del parque.

Pero esa idea ha sido más difícil de llevar a la práctica.

Normalmente los parques tienen como misiones centrales preservar los ecosistemas o la biodiversidad pero en Bahía Málaga hay uno adicional e innovador: fortalecer a las comunidades que viven adentro.

En 2009 Parques y los cinco consejos comunitarios que viven en las costas del parque (La Plata, Ladrilleros, Juanchaco, La Barra y Puerto España-Miramar) acordaron “construir un esquema de manejo conjunto (…) basado en la corresponsabilidad y la toma de decisiones conjuntas”.

Para eso tienen dos espacios fundamentales: una mesa coordinadora en la que se sientan Parques y los consejos a discutir los temas de manejo conjunto del parque y un comité de seguimiento a los compromisos de la consulta previa que hicieron en 2009 (que, bautizada el Acuerdo de Uramba, es considerada un modelo).

Según los líderes del consejo comunitario de La Plata, que con 700 habitantes es el más grande de la zona, ninguno de los dos ha cumplido su misión y se sienten marginados por Parques.

“Cada año el director del parque se sienta con los delegados de los cinco consejos a discutir el presupuesto y los programas prioritarios. Pero nosotros seguimos siendo convidados de piedra porque las decisiones se toman sin nosotros. En realidad sólo nos están informando”, dice Hoovert Carabalí, el líder de La Plata, un consejo comunitario que le viene apostando a la conservación desde hace una década y que además lideró la creación del vecino Parque Regional La Sierpe (que protege 7.700 hectáreas de bosque húmedo tropical).

Sobre todo, los plateros sienten que Parques no le ha hecho seguimiento a la consulta previa. “Dos reuniones en cinco años no son suficientes para mirar cómo vamos. Porque, si no, sólo se cumplen los objetivos de conservación y no los de fortalecer a las comunidades que vivimos allí”, dice Carlos Andrés Hinojosa, el secretario de ese mismo consejo.

Para complicar aún más las cosas, hay roces entre los consejos. Dos de ellos, el de Chucheros y el de La Barra, se han alineado con Rosa Solís, la polémica ex alta directiva afro que -como ha contado La Silla- mantuvo durante varios años un férreo control sobre la representación nacional de los afro ante el Gobierno y era un dolor de cabeza para ambos. Chucheros, que se escindió de La Plata en 2011, incluso la invitó una vez a una mesa de coordinación en Juanchaco, que terminó en gresca por su presencia.

Incluso para Parques -que lidera Julia Miranda– es un esquema muy distinto al que maneja en la mayoría de sus 59 parques nacionales.

Ellos, que reconocen que hay descontento de las comunidades, no sabían sin embargo que La Plata estuviera contemplando llevarlo a la justicia.

“Es un modelo nuevo que requiere concertación y discusión. Fue una apuesta tanto para el Estado como para las comunidades, que implica que muchas veces no tenemos certeza sobre cómo va a ser el manejo compartido. Tenemos que llenar ese concepto de contenido, porque no existía en el país. Y hemos construido ya muchas cosas, pero es lento y difícil”, le explicó a La Silla Juan Iván Sánchez, el director territorial de los parques en el Pacífico.

Un parque de varias manos

Lo que más preocupa a los afro de La Plata es cómo se definirá el uso de los recursos naturales en el parque hacia adelante y que, según ellos, no tienen voz en esa discusión.

Esos criterios quedan consignados en el plan de manejo del parque, que es una suerte de biblia que establece qué se puede hacer y en dónde, cuáles son sus zonas intangibles (de conservación más estricta) y cuáles las actividades tradicionales permitidas a las comunidades.

Normalmente ese documento se elabora en el segundo año de vida de un parque pero en Bahía Málaga solo arrancó hace un año (es decir, tres años después de creado) porque Parques trabaja con muchas limitaciones presupuestales. Tras lograr financiarlo con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), acaban de terminar la fase de diagnóstico y están listos para arrancar la de manejo.

Es ahí dónde quedará claro dónde podrán pescar y cazar. De dónde sacar la robusta madera del mangle con la que fabrican sus remos (‘canaletes’ en la jerga platera), sus canoas de dos puestos (‘potrillos’), los cabos de sus hachas y las bases de sus casas palafíticas (‘bambas’). Y sobre todo dónde ‘pianguar’, el verbo que describe la ardua labor de buscar la piangua, un pequeño y muy apetecido molusco que las mujeres arrancan de los tallos sumergidos del mangle.

“Nos preocupa que, como la coadministración ha sido tan débil, esa debilidad se traslade al plan de manejo y a los proyectos que formulen para su implementación”, dice Carabalí.

Su mayor argumento, aparte de que no se sienten involucrados, es que sienten que Parques los engañó al cambiar el mapa del parque después de hacer la consulta e incluso tras haber enviado la propuesta del área a conservar a la Academia de Ciencias Naturales, cuyo visto bueno es el último paso en la creación de un parque. Es decir, que lo modificaron justo antes de crearlo y sin volverlos a consultar y que eso afectó las zonas donde viven.

“Si la consulta fue regulada por la buena fe y la transparencia, no tendría por qué haber variaciones entre lo consultado y lo que aparece en la resolución [de creación del parque]”, dice Carabalí, subrayando que ellos se dieron cuenta de esas diferencias cartográficas desde el comienzo pero decidieron apostarle a sacar el parque adelante.

Dos personas del sector ambiental consultadas por La Silla, que hicieron advertencias sobre esos cambios hace cinco años, también creen que son “irregulares” en el proceso de creación de un parque y que podrían darle alas al reclamo jurídico de La Plata.

En Parques defienden que esos cambios no afectan el área ni han sido objeto de trámites o permisos, pero admiten que son un factor de discordia.

“En el último comité de seguimiento les propusimos hacer una verificación de los puntos y que tratemos el tema acá, una tarea que requiere unas visitas conjuntas de cada punto que ya arrancaron. Pero hemos tenido incumplimientos por parte y parte y los consejos aún no han terminado las visitas. Y no tiene sentido reunirnos si no hemos hecho toda la tarea”, dice Juan Iván Sánchez.

De todos modos, Sánchez enfatiza en que le apostarán a resolver el tema en la mesa y lejos de los tribunales. “Hay unos espacios donde nos sentamos los consejos y Parques. Si hay un tema tan fuerte, es el espacio natural para colocar las diferencias e inquietudes y trabajarlas”.

En La Plata también decidieron darle un compás de espera a su demanda, tras consultar a varios abogados ambientales. “Vamos a empezar a presionar legalmente para que se cumplan los acuerdos de la consulta. Y en la última vía presentar una acción de nulidad contra la resolución 1501 [que creó el parque]”, dice Carabalí.

Mientras tanto, presentarán una acción de cumplimiento del acta de la consulta previa ante un juez (que, de todos modos, tiene mayor probabilidad de éxito que una demanda contra un parque nacional).

Que Parques y las comunidades afro de La Plata puedan resolver su disputa es clave, dado que -como dice una persona que conoció el proceso de cerca pero no está autorizada para hablar- “lo que garantiza la verdadera conservación de los parques no es solo la institucionalidad, sino las comunidades que viven ahí y que enfrentan los desafíos de protección de los recursos naturales contra los actores armados”.

De hecho, el ‘modelo Bahía Málaga’ se ha extendido y son cada vez más las áreas protegidas pobladas. Como el parque Acandí-Playón-Playona, creado en 2013 en torno a tres comunidades afro en el Urabá chocoano que cuidan las playas donde anidan las tortugas caná y carey. O Bahía Portete, creado en 2014 con los indígenas wayúu víctimas de la masacre del mismo nombre.

El debate cobra fuerza a medida que la gestión ambiental se enfoca cada vez más en la convivencia entre ecosistemas y comunidades, como lo muestra todo el conflicto en el páramo de Santurbán o la discusión que se viene con los humedales.

Como dice Diana Rodríguez Franco, una de las abogadas en temas ambientales de Dejusticia, “¿cómo van a convivir las zonas de reserva campesinas con los parques? ¿Y las zonas de reserva forestal de Ley Segunda? ¿Cómo vamos a convivir todos en épocas del posconflicto? El plan de convivencia que logren armar en este parque podría ser un buen comienzo”.

Más allá del modelo ambiental, el éxito o fracaso del modelo de Bahía Málaga será un predictor del futuro del esquema de participación comunitaria que subyace todo el punto de desarrollo agrario acordado con las Farc en La Habana, en donde las comunidades supuestamente participarán desde la elaboración de presupuestos hasta la veeduría de las obras públicas construidas.

Y se sabrá si sigue siendo acertado el nombre que le dieron las comunidades al parque de ‘Uramba’, un vocablo africano que significa ‘trabajo conjunto’.

Actualización: Después de publicada esta historia, Parques Nacionales le envió este documento a La Silla detallando el proceso de creación del parque, que publicamos porque su información enriquece esta nota.